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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. EL AUTO QUE ORDENA LA FORMA EN QUE SE NOTIFICARÁ A LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN LA COLECTIVIDAD AFECTADA LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE ACCIÓN COLECTIVA EN SENTIDO ESTRICTO O INDIVIDUAL HOMOGÉNEA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 466/2018. · Registro digital (IUS): 28817
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-07-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo I, Pág. 187.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 466/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 27 DE MARZO DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTES: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA.

CONSIDERANDO:

5. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; ello, porque la denuncia de contradicción se formula respecto de criterios sustentados por un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar y el Pleno de Circuito de la misma especialidad, pero de distinto Circuito, en temas que, por su materia, corresponden a la especialidad de esta Primera Sala.(2)

6. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada para formularla; ello, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue planteada por Acciones Colectivas de Sinaloa, Sociedad Civil, por conducto de su representante, parte quejosa y recurrente en el amparo en revisión ********** del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, quien fue auxiliado en el dictado de la resolución por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con sede en Xalapa, Veracruz, bajo el cuaderno auxiliar **********, criterio que contiende en el presente asunto.

7. TERCERO.—Presupuestos para determinar la existencia de la contradicción de tesis. Para determinar si el presente asunto cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de tesis, debe precisarse que este Máximo Tribunal, a ese respecto, ha sostenido los siguientes requisitos y/o lineamientos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

d) Que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

e) Que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.

8. Tales directrices han sido determinadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia y aisladas de rubros siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(3)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(4)

"CONTRADICCION DE TESIS. PARA SU INTEGRACION NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(5)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)

9. CUARTO.—Posturas contendientes. Las ejecutorias del Tribunal Colegiado de Circuito y del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito versaron sobre las cuestiones siguientes:

10. Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, emitida en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito (amparo en revisión **********, cuaderno auxiliar **********).

11. De ese asunto, interesa conocer lo siguiente:

12. En el juicio de acción colectiva individual homogénea ********** del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, se dictó proveído en el que se admitió a trámite la demanda y se ordenó notificar dicha admisión a la colectividad mediante edictos publicados en diarios de mayor circulación nacional, estatal y local, en términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, rechazándose la petición que formuló la asociación civil representante de la colectividad, para que la notificación del auto admisorio se hiciera mediante la inserción de un aviso en el recibo telefónico en el que la demandada Teléfonos de México factura el servicio y hace saber a los clientes el monto del mismo.

13. La asociación civil actora impugnó ese auto mediante recurso de revocación, el que se declaró infundado mediante interlocutoria de quince de agosto de dos mil diecisiete.

14. Contra esa resolución del recurso de revocación, la actora promovió juicio de amparo indirecto; previa resolución de un conflicto de competencia, conoció de la demanda la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, bajo el expediente **********.

15. Mediante sentencia constitucional de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto; al efecto, consideró que se actualizaba la causa de improcedencia derivada de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo, porque la resolución reclamada no constituía un acto de imposible reparación, pues no afectaba materialmente derechos sustantivos de la quejosa, sino únicamente cuestiones de naturaleza adjetiva, reparables en la sentencia definitiva.

16. Inconforme con la sentencia de amparo, la asociación civil actora interpuso recurso de revisión; éste fue resuelto por el Tribunal Colegiado auxiliar referido, quien revocó el fallo de amparo, levantó el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito, y examinó de fondo los agravios contra la resolución reclamada, los que consideró fundados, en consecuencia, otorgó la protección constitucional a la solicitante.

17. Las consideraciones del Tribunal Colegiado fueron las siguientes:

a) Es incorrecto que la juzgadora federal sobreseyera en el juicio de amparo respecto de la interlocutoria reclamada, en la que se declaró infundado el recurso de revocación hecho valer contra el auto en el que el Juez de origen ordenó notificar por medio de edictos a la colectividad consumidora a la que afectan los actos impugnados en la acción colectiva, y rechazó ordenar la notificación en la forma sugerida por la parte actora, consistente en insertar un aviso en el recibo telefónico que les expide la demandada Teléfonos de México como clientes de sus servicios.

b) Para determinar si dicha interlocutoria constituye un acto dictado dentro de juicio, cuyos efectos son de imposible reparación porque afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, es necesario tomar en cuenta que las acciones colectivas han sido catalogadas como una nueva categoría de derechos sustantivos de naturaleza social, por ende, ciertas violaciones procesales cometidas durante ese procedimiento especial, pueden considerarse de carácter sustantivo, porque la finalidad de dichas acciones es la tutela de derechos colectivos con carácter eminentemente social; para ello, se deben analizar los efectos que producen las violaciones procesales en la esfera jurídica del quejoso, es decir, la manera en que inciden en la transgresión de derechos sustantivos.

c) Los derechos sustantivos que tutelan las acciones colectivas son de carácter patrimonial porque, además de lo relacionado con el medio ambiente, el procedimiento colectivo fue creado para proteger a los consumidores de bienes y servicios frente a las empresas privadas y públicas que los proveen, por lo que la acción colectiva tiene como finalidad la protección del patrimonio de los consumidores, de modo que si éstos son víctimas de los proveedores por bienes o servicios deficientes, pueden reclamar las afectaciones que les causen detrimento en su patrimonio.

d) En el caso, la resolución recurrida sí es un acto de ejecución irreparable, porque contrario a lo determinado por la Juez de amparo, la deficiente notificación de la existencia de la acción colectiva implica que el grupo social, cuyos intereses se ven afectados con los actos impugnados en ese proceso colectivo, no tengan la oportunidad de adherirse a dicho procedimiento y, en su caso, de beneficiarse con la resolución que se dicte.

e) Ello es así, reitera, porque la manera en que se notifique a los usuarios de los servicios telefónicos proporcionados por la demandada, trasciende en sus derechos sustantivos, porque implica que no tengan conocimiento fehaciente de la existencia de la acción colectiva, y que no puedan ejercer su derecho a adherirse a ésta, lo cual afecta su patrimonio como consumidores integrantes de la colectividad afectada, que es el derecho sustantivo que protege la acción colectiva.

f) Por tanto, es evidente que se trata de un acto dentro del juicio, que tendrá una ejecución de imposible reparación y que afecta materialmente derechos sustantivos, porque el procedimiento de acción colectiva es especial y está catalogado como derecho sustantivo que tiene como finalidad aportar un servicio social colectivo de carácter patrimonial; tal circunstancia no implica que cualquier transgresión al procedimiento sea susceptible de afectar de manera directa e inmediata esos derechos sustantivos; sin embargo, en cada caso se deben analizar los alcances de la transgresión a algún derecho sustantivo.

g) Si la resolución reclamada confirmó el auto del Juez de origen en que se determinó que no procedía notificar a los consumidores afectados mediante aviso impreso inserto en el recibo telefónico, sino por edictos publicados en diarios de circulación nacional, estatal y local, ese acto transgrede derechos sustantivos porque deja a la colectividad en estado de indefensión ya que incide en la forma en que se hace de su conocimiento la existencia de la acción colectiva, y redunda en que no puedan adherirse a ella; por lo que el juicio de amparo indirecto es procedente.

h) Levantado el sobreseimiento, el órgano colegiado abordó el estudio de los conceptos de violación de la demanda de amparo, los cuales declaró fundados y concedió el amparo, en concreto, para el efecto de que, además de la notificación por edictos, se ordenara a la demandada Teléfonos de México que publicara un aviso con la leyenda: "Se hace del conocimiento a los usuarios de TELMEX que hayan contratado servicios de LADA en los planes y paquetes conocidos como Telmex todo México sin límites y similares antes del uno de enero de dos mil quince que existe promovida la acción colectiva individual homogénea ********** en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado con sede en Mazatlán, Sinaloa para que, de estimar que se les causó perjuicio con tales servicios, se adhieran a tal procedimiento", en su sitio web oficial, e imprimiera el mismo aviso mediante inserción en los recibos factura que emite a sus clientes, esto, por un solo periodo de facturación; previo a ello, el Juez debía dar vista a la demandada para que manifestara y acreditara si incluir tal leyenda en los avisos recibo le representaba un gasto excesivo, y de ser así, el Juez debía prescindir de dicho aviso y únicamente ordenar la notificación por edictos y en la página web oficial.

18. Ejecutoria del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, relativa a la contradicción de tesis **********.

El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito conoció de una contradicción de tesis que tuvo su origen en un escrito signado por René Sánchez Galindo, por propio derecho y como apoderado de la Representación Común de la Colectividad de Titulares del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar de todas las personas, en el que denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Primero y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, en las quejas civiles ********** y **********, respectivamente. La denuncia se radicó con el número **********; integrado el expediente, se turnó a la Magistrada designada ponente; con posterioridad, el mismo denunciante solicitó se agregara como ejecutoria contendiente, la emitida también por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de queja **********, la cual quedó integrada al asunto.

19. Cabe mencionar brevemente que las ejecutorias contendientes en dicha contradicción de tesis, versaron sobre lo siguiente:

20. A) La dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el recurso de queja **********, examinó el desechamiento de una demanda de amparo indirecto, planteada por la asociación civil representante de la colectividad actora en un juicio de acción colectiva, en la que se señaló como acto reclamado: el artículo 2,566 del Código Civil Federal, y como acto de aplicación, el proveído dictado por el Juez de origen, "en el que ordenó al representante común de la colectividad que diera noticia a sus mandantes del inicio de la acción colectiva que decretó en el propio auto; demanda que el Juez de Distrito desechó por no haberse agotado principio de definitividad. El Tribunal Colegiado, en la resolución de la queja, consideró que ese proveído reclamado no era un acto de imposible reparación que afectara directamente derechos sustantivos, sino que sólo repercutía en derechos procesales, por tanto, que no se actualizaba ninguna excepción al principio de definitividad, ni resultaba procedente el juicio de amparo por no actualizarse el supuesto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

21. B) La dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el recurso de queja **********, en la que analizó el desechamiento de una demanda de amparo indirecto, planteada por la asociación civil representante de la colectividad actora en un juicio de acción colectiva, en la que se señaló como acto reclamado: la resolución dictada en apelación, que confirmó el auto del Juez de origen, en el que se desecharon diversas pruebas periciales e interrogatorios verbales ofrecidos por la parte actora; demanda de amparo que se desechó por el Juez de Distrito considerando que los actos reclamados no eran de imposible reparación por no afectar directamente derechos sustantivos de la quejosa, sino únicamente derechos adjetivos, reparables en la sentencia definitiva. El Tribunal Colegiado confirmó lo anterior estimando que sí se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado.

22. C) La dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el recurso de queja **********, en la que examinó el desechamiento de plano de una demanda de amparo indirecto, instada por la Procuraduría Federal del Consumidor en representación de diversos consumidores, contra la resolución emitida por un Tribunal de Alzada en un recurso de apelación, en la que revocó un acuerdo de desechamiento de pruebas dictado por el Juez de origen, en un juicio colectivo, a efecto de que fueran recibidas pruebas confesionales de cada uno de los consumidores miembros de la colectividad; el Tribunal Unitario de Circuito que conoció de la demanda de amparo, la desechó bajo la consideración de que el auto que admite pruebas no es un acto de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos. El Tribunal Colegiado de Circuito revocó esa determinación y estimó procedente el juicio de amparo indirecto considerando que las acciones colectivas son una nueva categoría de derechos sustantivos de naturaleza eminentemente social que tienen como finalidad un servicio social de carácter patrimonial y tutelan derechos sustantivos también patrimoniales, por ello, en una parte afirmó que "algunas" violaciones procesales podrían considerarse "de carácter sustantivo" y en otra parte adujo que "cualquier" transgresión al procedimiento es susceptible de afectar derechos sustantivos de manera directa e inmediata por la simple circunstancia de que no se sigan las formas procesales; asimismo, por un lado, dijo que la improcedencia en el caso no era manifiesta e indudable y, por otro, que el acto reclamado –resolución que admite pruebas– sí era de ejecución irreparable. De ese fallo de queja publicó la tesis, de rubro: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ACCIONES COLECTIVAS. LAS VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ÉSTE, AL TENER EL CARÁCTER DE SUSTANTIVO POR MANDATO CONSTITUCIONAL, SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO."

23. El Pleno de Circuito, en su resolución, consideró existente la contradicción de tesis. Al efecto, señaló que: "mientras que el primero considera sustancialmente que, por regla general, las violaciones adjetivas acaecidas en acciones colectivas no hacen procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, salvo que, por sí mismas pudieran generar alguna violación directa a los derechos sustantivos de la colectividad; el segundo considera que en general las violaciones procesales acontecidas en este tipo de acciones, sí son susceptibles de transgredir derechos sustantivos". Por tanto, precisó que ambos tribunales, contra actos de una misma naturaleza aunque de diferente contenido (violaciones de carácter procesal que ordenan hacer saber del inicio de la acción colectiva a los mandantes; inadmisión de pruebas periciales y admisión de pruebas confesionales en forma individualizada), un tribunal consideró que no procede el juicio de amparo indirecto en tanto que son violaciones que se pueden reparar en la sentencia definitiva y si no, se pueden plantear en amparo directo; y el otro consideró que por tratarse de una acción colectiva "de rango constitucional" las violaciones procesales transgreden derechos sustantivos y hacen procedente el juicio de amparo indirecto. 24. Y dicho Pleno de Circuito fijó como punto de estudio: "... determinar si las resoluciones procesales como son el auto de inicio de la acción colectiva en el que se ordena al representante de la colectividad actora, notificar a sus mandantes el inicio del procedimiento; la resolución de admisión y desahogo de pruebas, o bien, el desechamiento de éstas, dictadas en un proceso especial de acción colectiva constituyen o no actos de imposible reparación, contra los que proceda el juicio de amparo indirecto".

25. Punto jurídico respecto del cual concluyó: que las resoluciones referidas, no eran actos de imposible reparación que afectaran materialmente derechos sustantivos, por lo que no era procedente el juicio de amparo indirecto en su contra.

26. Las razones medulares en las que el Pleno de Circuito sustentó ese aserto, son las siguientes:

1) En principio, estableció algunas consideraciones básicas sobre las acciones colectivas, a saber: que quedaron instituidas expresamente en el párrafo tercero del artículo 17 constitucional mediante reforma de veintinueve de julio de dos mil diez; que su regulación se implementó en el Código Federal de Procedimientos Civiles por reforma de treinta de agosto de dos mil doce; precisó que son procedimientos por medio de los cuales una colectividad o grupo de personas, a través de un representante, puede comparecer a los tribunales de la Federación en defensa de derechos o intereses colectivos o individuales, con la particularidad de que, tratándose de estos últimos, no podrían obtener una solución adecuada si acudieran a una acción individual; que dichas acciones buscan proteger intereses o derechos colectivos en sentido estricto y difusos, e individuales homogéneos que se les da el trato de colectivos; que la limitante de estas acciones está en que sólo se pueden promover respecto de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados y medio ambiente; explicó cuál es la definición, objeto y tipo de derechos o intereses de cada una de las acciones colectivas previstas en el aludido código.

2) Enseguida, precisó que en el procedimiento de la acción colectiva, el artículo 591, prevé que el acuerdo de admisión de la demanda se notifique personalmente al representante legal y que se notifique también a la colectividad a través de medios idóneos.

3) Explicó cómo está regulada la etapa probatoria en las acciones colectivas y las características especiales que tiene ésta.

4) Precisó que en relación con las violaciones procesales acaecidas en un proceso de acción colectiva, tendría en cuenta lo dicho por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución del amparo directo **********.

5) Sentado lo anterior, reiteró que la contradicción de tesis se centraba en determinar si la resolución de inicio de la acción colectiva y las resoluciones sobre admisión, desechamiento o desahogo de pruebas, pueden considerarse actos de imposible reparación que violen derechos sustantivos o si, por el contrario, constituyen actos formales o adjetivos.

6) Señaló que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de la contradicción de tesis **********, de la que surgió la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ÚLTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que los actos de imposible reparación son aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, que impiden el ejercicio de algún derecho en forma presente y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. En cambio, los actos formales o adjetivos derivan, generalmente, de leyes adjetivas y la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.

7) Consideró que aun cuando las acciones colectivas fueron elevadas a rango constitucional, ello fue en cuanto al derecho de ejercer una acción de esa naturaleza, mas no implica que el procedimiento instrumentado para su ejercicio afecte, por sí, derechos sustantivos, pues el procedimiento consagra derechos formales.

8) Estimó que la notificación a la colectividad del inicio del procedimiento y la forma en que dicha notificación se debe realizar, no trascienden de manera directa e inmediata a la acción colectiva, porque no impiden el ejercicio del derecho que en esta se intenta; tampoco afecta algún derecho fundamental de los gobernados como la vida, las propiedades, las posesiones, la libertad, etcétera, sino que sólo incide en el aspecto procesal de dar a conocer el inicio del procedimiento por parte del mandatario. Por tanto, la resolución que da inicio al procedimiento y ordena al mandatario notificarlo a sus mandantes, tiene la naturaleza de acto formal o adjetivo, pues no impide el ejercicio de algún derecho en forma presente, y será hasta el dictado de la sentencia que resuelva la acción, en que podrían reflejarse los efectos de ese acto, por lo que, de ocasionar algún perjuicio que trascendiera al resultado del fallo, podrán ser reclamados vía amparo directo, como infracción procesal. Citó como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 4/2012 (10a.) de esta Primera Sala, de rubro: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO."

9) Añadió que, la incorrección que pudiere existir en la forma en que se ordena hacer del conocimiento de la colectividad el inicio del procedimiento, sólo atañe a aspectos adjetivos no reclamables de inmediato en la vía de amparo indirecto, porque el derecho patrimonial que se deduce en la acción colectiva será decidido en la sentencia definitiva del juicio, pero no se afecta con la notificación del procedimiento.

10) Expuso las razones por las cuales consideró que las resoluciones sobre admisión, desechamiento o desahogo de pruebas tampoco pueden considerarse actos de imposible reparación; señalando básicamente que, si el quejoso no obtuviera sentencia favorable, podría reclamar la violación procesal en materia de prueba en el juicio de amparo directo. Destacó algunas consideraciones emitidas por esta Primera Sala en el amparo directo **********, que estimó apoyaban el criterio de que, incluso en las acciones colectivas, las violaciones procesales deben constituir actos de imposible reparación para que puedan ser impugnadas en amparo indirecto; aclaró que, tratándose del desahogo de pruebas, el juicio de amparo indirecto sólo podría resultar procedente en forma excepcional, cuando se afecten derechos sustantivos, como en el caso recogido en la jurisprudencia 1a./J. 145/2011 (9a.) de esta Primera Sala, de rubro: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO SOBRE LA CONTABILIDAD DE ÉSTE. CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO QUE PROCEDE EN SU CONTRA SE TRAMITA CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETOS DE 17 DE ABRIL Y 30 DE DICIEMBRE DE 2008)." y en la jurisprudencia 1a./J. 17/2003, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA."

11) Concluyó señalando que, por regla general, respecto de las violaciones procesales que, por sí mismas, no afecten derechos sustantivos, derivados de procedimientos o juicios colectivos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo.

12) De la contradicción de tesis derivaron dos jurisprudencias, una en relación con el auto que ordena notificar el inicio del procedimiento de acción colectiva a la colectividad, y otra en relación con la admisión, desechamiento o desahogo de pruebas. Aquí interesa citar la primera, que dice:

"ACCIONES COLECTIVAS. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA NOTIFICAR SU ADMISIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El acuerdo que admite a trámite una acción colectiva y ordena al promovente una determinada forma de notificación a los integrantes de la colectividad, constituye un acto formal o adjetivo que no vulnera, por sí mismo, derechos sustantivos de las partes, porque sólo incide en el conocimiento del inicio del procedimiento colectivo; por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente en su contra, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo."

27. QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

28. El examen de las ejecutorias contendientes permite establecer que sí existe la contradicción de tesis.

29. Se llega a esa conclusión, porque como puede observarse de la síntesis de consideraciones de las resoluciones respectivas, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, sostuvo que la resolución emitida en un recurso de revocación, que confirma el acuerdo en que, admitida la demanda de una acción colectiva, se ordena notificar el inicio del juicio a la colectividad a través de un determinado medio (en el caso, por edictos), sí es un acto de imposible reparación que afecta materialmente derechos sustantivos y hace procedente el juicio de amparo indirecto para controvertirlo, básicamente, porque de la forma en que se ordene realizar esa notificación depende que la colectividad conozca la existencia del juicio y pueda ejercer su derecho de adherirse a la acción colectiva y hacer posible la satisfacción de los derechos sustantivos de orden patrimonial deducidos.

30. Mientras que, el Pleno en Materia Civil del Primer Circui

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28817-41bb5bdf/amparo-indirecto-el-auto-que-ordena-la-forma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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