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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, CON CARÁCTER DE DEFINITIVA APRUEBA EL MONTO DE LOS HONORARIOS DEL PERITO OFICIAL DESIGNADO POR EL JUEZ EN UN JUICIO CIVIL, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. · Registro digital (IUS): 29058
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-10-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, QUINTO Y SEXTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, Pág. 2255.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, QUINTO Y SEXTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ, CARLOS HINOSTROSA ROJAS, JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. DISIDENTES: RODOLFO CASTRO LEÓN Y JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO. PONENTE: RODOLFO CASTRO LEÓN. ENCARGADA DEL ENGROSE: JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve.

RESULTANDOS:

PRIMERO.—Denuncia de posible contradicción de tesis. Mediante oficio presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve, signado por el Magistrado Jorge Figueroa Cacho, presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio del citado Quinto Colegiado, al resolver la queja 5/2019-II –coincidente con el emitido en la queja 195/2018, del Tercer Colegiado Civil–, y el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, en la ejecutoria relativa al recurso de queja 155/2018.

SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de ocho de abril del presente año,(1) se admitió la denuncia de la posible contradicción de tesis y ordenó su registro bajo el número 3/2019; solicitó a los presidentes del Tercer y del Sexto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, informaran si continuaban vigentes los criterios sostenidos en los recursos de queja 195/2018 y 155/2018.

Además, se dio vista al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la referida admisión, para los efectos a que se refieren los artículos 22 y 27, punto F, del Acuerdo General 20/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito; por último, en el propio auto admisorio se anticipó que el asunto sería turnado, en su oportunidad, al representante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito.

Los presidentes de los indicados Tribunales Colegiados de Circuito comunicaron que los criterios objeto de la denuncia de contradicción de tesis continúan vigentes; en tanto que el director general de la aludida Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, hizo saber al presidente de este Pleno que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 198/2016, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 9/2015 (10a.), de título y subtítulo: "PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN UN JUICIO MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE CON CARÁCTER DE DEFINITIVA APRUEBA EL MONTO DE SUS HONORARIOS Y ORDENA A LAS PARTES SU PAGO, CONSTITUYE UN ACTO CUYOS EFECTOS SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, QUE HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Tomo I, septiembre 2016, página 496, relacionada con el tema de la presente contradicción de tesis.

TERCERO.—Turno. En auto de diez de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó turnar los autos al Magistrado Rodolfo Castro León, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y de este Pleno, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.

CUARTO.—Lista. Una vez formulado el proyecto de resolución del asunto por parte del Magistrado ponente, fue listado el veinticuatro de junio del año que transcurre, para verse en sesión del nueve de julio siguiente, en la cual se determinó su aplazamiento para reflexionar sobre algunos puntos.

QUINTO.—Readcripción del presidente y ponente. Por oficio SEADS/713/2019, de cinco de junio de dos mil diecinueve, suscrito por el Magistrado Fernando Silva García, secretario Ejecutivo de Adscripción, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se informó al Magistrado presidente del Pleno de Circuito, Rodolfo Castro León, que en sesión de esa fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó su reubicación, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, a partir del dieciséis de junio de dos mil diecinueve.

Una vez efectuada la consulta respectiva al citado Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ratificó al Magistrado Rodolfo Castro León como presidente de este Pleno de Circuito, quien continuó con la calidad de ponente del presente asunto.

CONSIDERACIONES:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por los diversos 52/2015 y 28/2018, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, el primero, en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince, y el segundo el 27 de septiembre de 2018; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

TERCERO.—Posturas contendientes. Se trata de los siguientes criterios:

Primera postura

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 5/2019, en sesión de veintiocho (sic) de dos mil diecinueve, en lo conducente, determinó:

"QUINTO.—Los agravios son en una parte inoperantes y por otra infundados.

"Desacierta la quejosa cuando aduce que en el auto recurrido se desechó su demanda de amparo, por considerar que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambas de la ley de la materia, bajo el argumento de que la resolución que confirmó el acuerdo que fijó los emolumentos que percibirá el perito oficial, constituía una violación al procedimiento que no afectaba de manera directa derecho sustantivo alguno de la impetrante, ya que tenía como única consecuencia que continúe la preparación del desahogo de la pericial en los términos en que se admitió, esto es, ocasionaba solamente la prosecución del juicio hasta el dictado de la sentencia, sin trascender al exterior de la contienda.

"Así, en opinión de la recurrente, el proveído que declara firme la resolución que fija el monto que deberá recibir el perito oficial por concepto de honorarios, constituye un acto que afecta los derechos sustantivos de la oferente, ya que la circunstancia de obtener sentencia favorable en el juicio resultaría insuficiente por sí misma para restituirla del importe pagado.

"Ello es así, porque, como con acierto se concluyó en el auto sujeto a revisión, las consecuencias del acto reclamado sólo se traducen en una violación de tipo procesal, ya que no impone a la disconforme la obligación de pagar honorarios a través de una ejecución coactiva, a fin de estimar que sí viola sus derechos sustantivos; de ahí que, en el caso, no cobra actualización la jurisprudencia que aquélla invoca, de rubro: ‘PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN UN JUICIO MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE CON CARÁCTER DE DEFINITIVA APRUEBA EL MONTO DE SUS HONORARIOS Y ORDENA A LAS PARTES SU PAGO, CONSTITUYE UN ACTO CUYOS EFECTOS SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, QUE HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’

"En efecto, en la ejecutoria de la que derivó la citada jurisprudencia, se analizó la regla contenida en el artículo 1257 del Código de Comercio, que estatuye, entre otros aspectos, que en caso de que alguna de las partes en un juicio no realice el pago correspondiente de los honorarios del perito designado por el Juez, será apremiado por resolución que contenga ejecución y embargo de sus bienes, lo que no sucede en materia civil, específicamente con el supuesto contenido en el precepto 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues el único efecto que esa disposición legal establece, es tener por perdido al oferente el derecho para desahogar dicha prueba, con o sin petición de la contraria, lo que, se reitera, redunda en una violación de carácter procesal, dado que se limita a vulnerar derechos adjetivos, cuyos efectos pueden desaparecer si obtiene una sentencia favorable a sus intereses; evidenciándose así la ineficacia del motivo de disenso sintetizado.

"Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver, en sesiones de seis y trece de septiembre de dos mil dieciocho, los recursos de revisión principal 104/2018-II y 229/2018-I, en su orden.

"Por otra parte, el hecho de que un Juez de Distrito hubiere admitido una demanda de amparo donde también se reclamó una resolución que fija el monto que el perito oficial recibiría por concepto de honorarios, de manera alguna obliga a sus homólogos a resolver en ese sentido, toda vez que no ejerce jurisdicción sobre ellos ni sus determinaciones integran jurisprudencia, decisiones unas y otras que se encuentran supeditadas al criterio de su superior jerárquico, el cual, como en el caso, resulta coincidente con el contenido en el auto impugnado ..."

Segunda postura

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 195/2018, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en lo conducente, determinó:

"CUARTO.—Los agravios esgrimidos resultan inoperantes por una parte e infundados en otra.

"Como antecedentes del asunto que nos ocupa, resulta importante destacar que ********** reclamó la resolución de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veinticuatro de abril del año en curso, que tuvo por hechas las manifestaciones que efectuó la parte quejosa en cuanto a la fijación del monto de los honorarios del perito auxiliar en relación con la prueba pericial grafoscópica ofertada, en las actuaciones del juicio civil sumario 470/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad.

"Pues bien, resulta inoperante el motivo de inconformidad en que se alega que con el desechamiento de la demanda de garantías, el Juez de Distrito transgredió sus garantías contenidas en los numerales 16 y 17 constitucionales.

"Esta determinación obedece a que, si bien a juicio de las partes, el tribunal federal puede violar garantías individuales al momento de emitir su resolución, tal cuestión no es posible analizarla técnicamente en el presente recurso de queja, por las razones que se dicen en la jurisprudencia 2/97, aplicable por analogía, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.—Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.’

"Por otra parte, el recurrente sostiene, básicamente, lo siguiente:

"a) Que indebidamente el Juez de amparo desechó la demanda de garantías, al estimar que los actos reclamados no causan un perjuicio de imposible reparación, en contravención a lo establecido en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el juicio natural una vez admitida la prueba pericial grafoscópica que ofreció, se designó perito auxiliar a quien se le tuvo protestando y aceptando el cargo; asimismo, fijó sus honorarios y cuando se le dio vista con ese ocurso, se inconformó con los mismos al estimarlos excesivos y contra dicha determinación interpuso recurso de revocación que se declaró infundado.

"Asimismo, sigue diciendo que, contrario a lo señalado por el juzgador federal, si en el juicio de origen aún no se ha dictado sentencia definitiva, la verdad es que el acto reclamado sí le irroga un perjuicio de imposible reparación, debido a que si obtiene sentencia favorable no le beneficia el que se hubiese inconformado con los honorarios del perito auxiliar y se haya omitido analizar tal cuestión; además, que si se dicta sentencia desfavorable tal violación procesal no podría hacerse valer en el amparo directo, porque no tiene relación con la litis; además de que el perito ya realizó el dictamen encomendado y cobró los honorarios fijados, lo que le genera tal perjuicio.

"b) Igualmente, que el criterio en que se sustentó su determinación se refiere a la materia mercantil que previene a las partes de que en caso de no pagar los honorarios del perito tercero se despachará ejecución, no menos cierto es que en la materia civil local la prevención de tener por desierto el citado medio de convicción, igualmente, viola sus derechos sustantivos de acceso a la justicia previstos en el numeral 17 de la Ley Fundamental, de suerte que, contrario a lo señalado por el juzgador, sí resulta aplicable por analogía la jurisprudencia de rubro: ‘PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN UN JUICIO MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE CON CARÁCTER DE DEFINITIVA APRUEBA EL MONTO DE SUS HONORARIOS Y ORDENA A LAS PARTES SU PAGO, CONSTITUYE UN ACTO CUYOS EFECTOS SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, QUE HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’, de manera que no se actualiza la causal de improcedencia invocada.

"Lo anterior resulta infundado.

"Al respecto, para determinar cuándo se trata de actos de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) (la que resulta obligatoria por disposición del numeral 217, primer párrafo, de la ley de la materia), publicada el seis de junio de dos mil catorce, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, de la Décima Época (registro «digital»: 2006589), de rubro: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’, estableció que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto cuando se desestima la excepción de falta de personalidad planteada, porque no constituye un acto de ejecución irreparable, cuyo criterio resulta aplicable en el caso a estudio, porque interpreta el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia.

"Efectivamente, en dicha jurisprudencia se estableció que a partir de la publicación de la nueva Ley de Amparo, el numeral 107, fracción V, de dicho ordenamiento, establece cuáles son los actos de imposible reparación, al indicar que debe entenderse por aquéllos ‘... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;’, con lo que el legislador proporcionó seguridad para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que para ser calificados de esa forma, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, lo que implicaba que deberían ser de tal gravedad que impidieran el ejercicio de un derecho, pero no que produjeran una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente podría trascender al resultado del fallo, así como que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebasara lo procesal, esto es, que no sólo proviniera de leyes adjetivas.

"Las conclusiones a que se arribó, derivó (sic) de las condiciones que estableció el legislador en el proceso, la primera, consistente en la exigencia de que se tratara de actos que afectaran materialmente derechos, es decir, que impedía su libre ejercicio, y podía ser hasta antes del dictado del fallo; y la segunda, que dichos derechos afectados, revistieran la característica de sustantivos, porque dependía del desenlace del procedimiento.

"De ahí que no podía ser aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haberse originado al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión ‘imposible reparación’, ni estimar procedente el juicio de amparo indirecto, ya que a pesar de que reconoció su procedencia, aunque no se tradujera en la afectación de un derecho sustantivo, lo cierto era que actualmente resultaba incompatible con el nuevo texto legal, por la descripción de los actos que caracterizan a la afectación a derechos sustantivos y la naturaleza material de la lesión que producen.

"Lo que permite concluir que la resolución de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veinticuatro de abril del año en curso, que tuvo por hechas las manifestaciones que efectuó la parte quejosa en cuanto a la fijación del monto de los honorarios del perito auxiliar en relación con la prueba pericial grafoscópica ofertada, no constituye un acto de imposible reparación, al carecer de afectación a derechos sustantivos, tales como la vida, la libertad, la propiedad o la posesión, además que, de acuerdo con la redacción del citado precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, se limitó el sentido que debía darse a los actos de imposible reparación, sólo a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea Parte, entre los que no se encuentra comprendida la resolución que confirmó el auto que le tuvo realizando manifestaciones en relación con la fijación del monto de los honorarios del diestro auxiliar, dado que ya no se comprenden los actos de naturaleza adjetiva o procesal que causen una afectación exorbitante o en grado superior, los que pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable y, por ende, no se encuentra sujeta a análisis constitucional en la vía indirecta, sino en el amparo directo cuando le fuera adversa la sentencia; de ahí que no puede estimarse que se hubiese infringido en su perjuicio el citado precepto 107, fracción V, de la ley de la materia.

"De ahí que no puede estimarse que sea procedente el juicio de garantías, porque lo que se reclama es el auto que negó revocar el proveído que le tuvo realizando manifestaciones en cuanto al monto de los honorarios del perito auxiliar, entonces, para efectos del juicio de amparo no se encuentra comprendida dentro de ese concepto la violación intraprocesal de carácter exorbitante, ni aun cuando pudiera considerarse esencial el desahogo de la prueba pericial grafoscópica ofertada en el procedimiento, porque se desconoce el resultado del juicio, de manera que el proveído reclamado, sólo constituye una violación a derechos adjetivos, como se ha establecido.

"Aunado al hecho de que existe la posibilidad de que tal violación procesal (realizar manifestaciones en cuanto al monto de los honorarios) pueda repararse en el supuesto de que resulte desfavorable la sentencia, toda vez que podrá controvertirla a través del amparo directo que promueva, alegando tal violación procesal, acorde con lo establecido en el numeral 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, pues, se insiste, tal violación, en su caso, podrá impugnarla en el juicio de amparo directo.

"Sin que se esté en el caso de estimar que se trata de una violación procesal que no tiene relación con la litis, pues, precisamente, al constituir una violación al procedimiento, de ser desfavorable la sentencia reclamada, sí podrá hacerla valer en el amparo directo que promueva; empero, no debe perderse de vista que el acto reclamado derivó de las manifestaciones que realizó en cuanto al monto de los honorarios del diestro auxiliar, entonces, las consecuencias posteriores, tales como el que se hubiesen exhibido y cobrado los honorarios y la emisión del dictamen sólo será una consecuencia de tal violación procesal, en el supuesto de acontecer, las cuales no es factible estudiar al estarse examinando un acto diverso, pues deberá esperar al resultado del fallo.

"Luego, aun cuando afirme que si obtiene sentencia favorable no le beneficiará el que se hubiese inconformado de los honorarios del perito; dado que la consecuencia de tal acto, sólo se traduce en que podría tenerse por perdido el derecho a desahogar la prueba pericial, pero no se le impone la obligación de pagar honorarios a través de una ejecución de forma coactiva a fin de estimar que se violan sus derechos sustantivos.

"La jurisprudencia a que se hizo referencia es de rubro y texto siguientes:

"‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden «... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;» puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de derechos «sustantivos», expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de «imposible reparación», no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto «... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo»; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a «derechos sustantivos», y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza «material» de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado –con toda razón– a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.’

"Asimismo, cabe precisar que la determinación de si un acto es o no de imposible reparación, debe atenderse a si se afectan o no derechos sustantivos, mas no a los planteamientos que los gobernados aducen en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia del juicio de amparo, dado que bastaría que imputaran la violación a sus garantías individuales para que fuera procedente el juicio de amparo biinstancial, lo que no es jurídicamente posible, dado que se llegaría al extremo que por ese solo hecho todo amparo resultara procedente de manera inmediata.

"Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis I.1o.A.7 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, consultable en la página 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, si se insta el amparo contra la resolución recaída a un medio de defensa interpuesto contra un acto intraprocesal, para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a la naturaleza de la determinación recurrida, pues la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso es que se revoque o modifique el acto materia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29058-95734f4d/amparo-indirecto-es-improcedente-contra-la-resolucion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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