EMBARGO. LA RESOLUCIÓN QUE LO DEJA INSUBSISTENTE ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE RESPECTO DEL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, IRMA RODRÍGUEZ FRANCO, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS, BENITO ALVA ZENTENO Y GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES. PONENTE: MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. SECRETARIOS: ALFREDO DÍAZ MELO, ALEJANDRA FLORES RAMOS, VIANNEY RODRÍGUEZ ARCE Y ANA PAOLA SURDEZ LÓPEZ.
CONSIDERANDO
PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una contradicción de tesis en materia civil, suscitada entre Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentra facultado para ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes:
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión civil 247/2015, sostuvo que es improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que revocó el auto que admitió a trámite el juicio en la vía ejecutiva mercantil, con lo que se dejó insubsistente el embargo realizado a la tercero interesada, toda vez que tal acto no tiene efectos que sean de imposible reparación.
Las consideraciones de la resolución de mérito son las siguientes:
"En primer término debe decirse, que el acto reclamado en el juicio de amparo origen de esta revisión, se hizo consistir en la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil quince, publicada en Boletín Judicial el veinte del mismo mes y año, dictada por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca **********, mediante la cual se revocó el auto de cinco de febrero de dos mil quince, publicado en Boletín Judicial el once del mismo mes y año, que había admitido a trámite el juicio en la vía ejecutiva mercantil, con lo cual también se dejó insubsistente el embargo realizado a la tercero interesada, **********, de la cuenta bancaria número **********, del banco **********, y se previno a la parte actora para que aclarara su demanda en cuanto a los hechos que debe narrar, a fin de seguirla en la vía ordinaria mercantil.
"Sin embargo, contra dicho acto no procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"‘...
"‘V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.’
"Como puede advertirse, de la interpretación sistemática de los citados preceptos, deriva que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
"En otras palabras, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que no ha concluido, únicamente cuando ocasionan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no tratándose de derechos adjetivos o procesales.
"Al respecto cabe precisar, que la jurisprudencia temática del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 37/2014 (10a.), integrada, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, a partir de la reforma a la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, jurisprudencia que aparece publicada en la página 39, Libro 7, Tomo I, junio de dos mil catorce, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), que establece lo siguiente:
"‘PERSONALIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden «... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de derechos «sustantivos» expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de «imposible reparación», no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto «... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo»; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan él los actos irreparables es la afectación que producen a «derechos sustantivos», y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza «material» de la lesión que producen expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.’
"Del citado criterio se advierte la interpretación que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en relación con el texto reformado de la Ley de Amparo, que en su artículo 107, fracción V, define con precisión el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte’.
"Con esa disposición el legislador limitó con claridad los supuestos en los que procede el juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio, al establecer que para que tales actos puedan ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma directa y actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan alguna afectación de naturaleza formal o adjetiva para que pueda trascender o no al resultado del fallo.
"Es decir, para que el juicio de amparo indirecto sea procedente, en relación con los actos intraprocesales, es indispensable que recaigan materialmente sobre derechos sustantivos y, por ende, no procederá tratándose de aspectos procesales o que provengan exclusivamente de las leyes adjetivas.
"En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que atendiendo a la connotación que el legislador plasmó en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’, no puede seguirse afirmando que son actos de imposible reparación, aquellos que transgreden derechos adjetivos en grado predominante o superior.
"Es así, porque dicha interpretación surgió con motivo de un análisis derivado del texto de la Ley de Amparo anterior a la reforma publicada el dos de abril de dos mil trece, que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que podía asumirse como actos de imposible reparación, lo cual a la fecha ya no acontece.
"En efecto, con la nueva definición se concluye que los actos de imposible reparación o de ejecución irreparable reúnen las siguientes características:
"a) Afectan derechos sustantivos, es decir, todos aquellos que no son puramente formales o adjetivos.
"b) La afectación de tales derechos es material y actual, lo que se traduce en que impiden el ejercicio de un derecho en tiempo presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, siempre y cuando la fuente de ese derecho no provenga exclusivamente de una ley adjetiva.
"Antagónicamente, los actos que no son de imposible reparación son aquellos que:
"a) Causan afectaciones de índole formal o adjetiva.
"b) Derivan de las leyes adjetivas, es decir, no rebasan lo puramente procesal.
"c) No causan afectación material ni actual de derechos sustantivos.
"d) No necesariamente trascienden al resultado del fallo.
"Lo anterior permite establecer que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra el acto reclamado que se hizo consistir en la resolución que determinó: 1) revocar el auto de admisión al juicio en la vía ejecutiva mercantil; 2) dejar insubsistente el embargo realizado a la parte demandada; y, 3) prevenir a la parte actora para que aclarara su demanda en cuanto a la narración de hechos, a fin de seguirla en la vía ordinaria mercantil.
"Es así, ya que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, toda vez que es incuestionable que sus efectos son que el juicio de origen continúe por sus etapas procesales en la vía que se consideró correcta, hasta el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, la cual podrá ser favorable a los intereses de la actora, hoy recurrente; de lo que se sigue que el acto reclamado únicamente produce efectos de carácter procesal, y en modo alguno afecta los derechos sustantivos de la quejosa, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera.
"Ciertamente, la resolución que revocó el auto de admisión del juicio en la vía ejecutiva mercantil, dejó insubsistente el embargo realizado a la hoy tercero interesada, y previno a la actora, hoy recurrente, para que aclarara su demanda en cuanto a los hechos que debe narrar, a fin de seguirla en la vía ordinaria mercantil, aun cuando implique el levantamiento del embargo, no lleva a considerar que la resolución reclamada en el juicio de amparo indirecto, involucre en sí misma la afectación de un derecho sustantivo tutelado en favor de la quejosa y recurrente.
"Se estima de ese modo, ya que de conformidad con lo establecido en los artículos 1391 y 1392 del Código de Comercio, el embargo en un juicio ejecutivo mercantil es un privilegio procesal que deriva de la vía ejecutiva, por lo que sólo constituye ‘una garantía de carácter procesal’ sujeta a todas las incidencias que se presenten en el procedimiento jurisdiccional, lo que implica que todo lo que ocurra con esa garantía de índole procesal sólo puede afectar derechos de carácter adjetivo o procesal.
"Así, aun cuando el acto reclamado implicara la nulidad del embargo realizado en la diligencia de exequendo, a juicio de este Tribunal Colegiado de Circuito, no se afectaría de manera directa y material ningún derecho sustantivo de la quejosa acreedora.
"Se estima de ese modo, ya que de conformidad con lo establecido en los artículos 1391 y 1392 del Código de Comercio, el embargo en un juicio ejecutivo mercantil es una garantía que deriva de un derecho procesal que nace por virtud de una acción privilegiada como es la ejecutiva; la cual se constituye sobre uno o diversos bienes del demandado, con la finalidad de asegurar el pago de la deuda reclamada en el caso en que el accionante y presunto acreedor logre acreditar los extremos de su acción y el demandado no cumpla en forma voluntaria con la condena, es decir, el embargo tiene por objeto facilitar la ejecución de la sentencia en caso de que en ésta se condene al demandado al pago de las prestaciones reclamadas.
"En ese contexto debe decirse, que el embargo constituye un derecho procesal en el juicio ejecutivo en favor del actor; quien no tiene constituido un derecho sustantivo sobre tales bienes, por la sola existencia del embargo, sino más bien implica una forma de asegurar que en caso de que el resultado del juicio sea favorable al actor, se facilite en su favor la ejecución de la sentencia.
"Consecuentemente, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se estima que no puede considerarse como un acto de imposible reparación en perjuicio del actor, y presunto acreedor, la resolución que revoca el auto que admitió el juicio ejecutivo mercantil, con lo que dejó insubsistente el embargo realizado en bienes del demandado y previno a la parte actora para que aclarara su demanda en cuanto a los hechos que debe narrar, a fin de seguirla en la vía ordinaria mercantil, pues como quedó establecido, los bienes embargados únicamente constituyen una garantía procesal derivada de la vía en la que se ejercitó la acción y si bien el embargo impide al demandado ocultar o dilapidar el bien embargado lo cierto es que ello no constituye un derecho sustantivo en favor del acreedor, como ocurre en la especie, máxime que al realizarse la diligencia de exequendum aún no ha sido declarada la existencia del derecho controvertido en su favor, a través de una sentencia legal y constitucionalmente firme.
"Igual criterio sostuvo este Tribunal Colegiado en los amparos en revisión números RC. ********** y RC. **********, resueltos por mayoría de votos de los Magistrados Jaime Aurelio Serret Álvarez y Luz Delfina Abitia Gutiérrez, contra el voto particular del Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo.
"No lleva a distinta conclusión, lo aducido por la quejosa al desahogar la vista a que se refiere el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
"Es así, pues la quejosa, de manera toral señaló que el acto reclamado sí afecta sus derechos sustantivos, porque al dejarse sin efecto la vía ejecutiva mercantil y admitirse el juicio principal en la ordinaria mercantil, como consecuencia se liberaría el embargo realizado a la cuenta de la demandada, lo cual afectaría materialmente el derecho de la quejosa al cobro del crédito mercantil, a recuperar el monto que se le adeuda por virtud de una venta que hizo de bienes de su propiedad, por lo que involucra derechos patrimoniales de la quejosa, y al liberarse el embargo, la deudora podría disponer libremente de los fondos de la cuenta bancaria hasta ahora sujeta a embargo, de manera que aun cuando obtuviera sentencia favorable en el juicio ordinario mercantil, no podría evitar que la deudora retire el dinero existente en la cuenta bancaria y que luego se ubique intencionalmente en estado de insolvencia, por lo que no existiría garantía de pago a la quejosa; que por ello, el acto reclamado afecta a la quejosa en grado predominante e irreparable.
"La quejosa citó en apoyo a sus argumentos, las tesis de los rubros: ‘DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS.’ y ‘ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).’
"Las anteriores aseveraciones no llevan a considerar que en el caso no se actualice la causal de improcedencia, pues tal como se ha determinado con antelación, los bienes embargados únicamente constituyen una garantía procesal que deriva de la vía ejecutiva que tiene por objeto facilitar el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria procesal, mas esa garantía no constituye un derecho sustantivo en favor de la parte actora.
"Por ello, atendiendo a que el acto reclamado revocó el auto que admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil y requirió a la actora para que la aclarara a fin de seguirla en la ordinaria mercantil, con la consecuente insubsistencia del embargo para entonces realizado, es de considerar que los efectos son meramente procesales, pues además de lo antes dicho en cuanto a que el embargo no constituye un derecho sustantivo en favor del actor, y es así porque tampoco está constituido el derecho controvertido en favor de la parte accionante, a través de una sentencia legal y constitucionalmente firme.
"Por tanto, la circunstancia de que al liberarse el embargo como consecuencia del acto reclamado, el deudor llegara a disponer de sus bienes e incluso se colocara en estado de insolvencia, no confiere carácter irreparable a la decisión que entre otras cosas dejó insubsistente el embargo, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa debido a que los bienes embargados no eran de su propiedad, y en todo caso, resulta cuestión ajena al carácter irreparable de los actos para efectos del juicio de amparo, el hecho de que el enjuiciado pueda sufrir las consecuencias legales de colocarse en estado de insolvencia.
"De ahí que no beneficien a la parte quejosa, las tesis que citó, pues aun cuando la de rubro: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS.", menciona entre los derechos sustantivos, a los derechos patrimoniales, lo cierto es que en la especie, tal como se ha visto, por virtud del embargo, los bienes del deudor no ingresan al patrimonio del deudor.
"Por cuanto hace a la tesis de rubro: ‘ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).’, se trata de un criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual determina que la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean relevantes, debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior; por lo que en ese sentido, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio, pues como quedó expuesto en esta ejecutoria, este Tribunal atiende a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que la nueva Ley de Amparo señala con precisión el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, por lo que no pueden seguirse considerando como tales, a los de índole formal o adjetiva que afectaran a las partes en grado predominante o superior.
"En el contexto anotado, al actualizarse la causal de improcedencia antes mencionada, procede revocar la resolución materia de la revisión, y en su lugar sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo."
II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 107/2013, concluyó que es procedente el juicio de amparo contra la resolución que declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer contra la resolución en la que se determinó nula la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada en el juicio ejecutivo mercantil, pues en el caso, desapareció la inscripción que ya se había hecho del embargo en el Instituto Registral y Catastral correspondiente, por lo que existe afectación a derechos patrimoniales, además que se afecta de manera directa e inmediata el derecho del acreedor embargante que adquirió al sustraer de la libre disposición del deudor los bienes embargados, lo que constituye una violación procesal de imposible reparación impugnable en amparo indirecto.
Las consideraciones que sustentan la determinación de que se hace mérito establecen:
"El acto reclamado consiste en la resolución de once de julio de dos mil trece, que declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer en contra de la resolución de diecinueve de junio de dos mil trece, en la que se determinó nula la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada a la codemandada ********** en el juicio ejecutivo mercantil **********.
"El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo Vigente, bajo la consideración fundamental de que no se trata de un acto de imposible reparación, ya que únicamente tiene como consecuencia que se emplace de nueva cuenta a la codemandada para continuar con la secuela procesal correspondiente, por lo que la sentencia definitiva que en su momento se dicte podría tener como efecto la restitución de los derechos que estime transgredidos.
"Como se aduce en los agravios, la consideración de que se trata dejó de tener en cuenta que al declararse nula la diligencia de emplazamiento y embargo trabado respecto del inmueble de la codemandada, desaparece la inscripción del referido embargo ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.
"Además, que dicha inscripción implicó la erogación de gastos para cubrir el pago de derechos correspondientes y, por ende, el derecho de prelación y preferencia que pudiera oponer en un concurso de acreedores que se realice al momento de rematar el inmueble embargado, con lo que se afectan sus derechos patrimoniales, sin que ello sea materia de análisis al momento de dictar la sentencia definitiva.
"Lo fundado de dichos agravios radica, en que al haberse declarado nula la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, se afecta de manera directa e inmediata el derecho del acreedor embargante, que había adquirido de sustraer de la libre disposición del deudor los bienes embargados, aun cuando su destrabamiento sea temporal.
"Esto es, con dicha determinación desaparece el gravamen que garantizaba el crédito base de la acción ejecutiva, lo cual ya no podrá ser resarcido ni aunque obtenga sentencia favorable, dado que al decretar la nulidad de la diligencia de embargo se pierde el derecho adquirido preferente de inscripción de embargo en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, con el que se otorga seguridad jurídica frente a otros acreedores.
"Ese acto otorgaba publicidad de la constitución, declaración, transmisión, modificación, extinción y gravamen de los derechos reales y posesión de bienes inmuebles, porque los actos que se inscriben en aquél surten efectos y son oponibles frente a terceros.
"Al haberse declarado nula la diligencia en la que se llevó a cabo el embargo que fue inscrito, y que generó gastos en el haber patrimonial del acreedor, éste puede perder el derecho preferente sobre el bien embargado frente a otros acreedores que pretendan hacer exigible el cobro de cualquier crédito personal contra el mismo deudor y sobre el mismo inmueble, perdiendo la facultad preferente de asegurar cautelarmente la pretensión derivada de la acción ejecutiva.
"Es aplicable por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 1a./J. 29/2010, publicada en la página 430 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro y texto siguientes:
"‘EMBARGO. LA NEGATIVA DEL JUEZ NATURAL DE ORDENAR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS E HIDALGO).-De los artículos 526 y 534 de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Chiapas e Hidalgo, respectivamente, se advierte la obligación de inscribir el embargo de bienes inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, para dar seguridad jurídica frente a otros acreedores de la situación que guardan aquéllos, a través de la publicidad de la constitución, declaración, transmisión, modificación, extinción y gravamen de los derechos reales y posesión de bienes inmuebles, porque los actos que se inscriben en aquél surten efectos y son oponibles frente a terceros, de ahí que el acreedor pueda oponer su derecho preferente sobre el bien embargado frente a acreedores futuros que pretendan hacer exigible el cobro de cualquier crédito personal contra el mismo deudor y sobre el mismo inmueble. Por tanto, la negativa del Juez natural de ordenar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad el embargo trabado sobre un bien inmueble, constituye una violación procesal de imposible reparación, impugnable en amparo indirecto, ya que afecta de manera directa e inmediata un derecho sustantivo, del cual no se ocupará la sentencia definitiva ni podría repararse la afectación aun obteniendo sentencia favorable, pues la falta de inscripción en dicho Registro, impide que surja el derecho preferente del acreedor frente a otros créditos que puedan fincarse sobre el mismo.’
"En ese contexto, el auto que no admitió el recurso de revocación contra la resolución por la que se declaró nula la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, constituye una violación procesal de imposible reparación, impugnable en amparo indirecto, ya que afecta de manera directa e inmediata el derecho preferente de embargo, como garantía del pago del crédito del acreedor, del cual no se ocupará la sentencia definitiva ni podría repararse la afectación aun obteniendo sentencia favorable, pues al declarar nula la diligencia, se anula un derecho adquirido preferente del acreedor frente a otros créditos que pueden fincarse sobre el inmueble embargado.
"Por tanto, contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, no se trata únicamente de que se emplace de nueva cuenta a la demandada para continuar con la secuela procesal correspondiente, sino que al declararse nula la diligencia desaparece el gravamen de manera temporal y en consecuencia el derecho adquirido preferente de embargo que garantizaba e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27596-f59b070f/embargo-la-resolucion-que-lo-deja-insubsistente-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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