EMBARGO PRACTICADO EN UN JUICIO EJECUTIVO. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LO DEJA INSUBSISTENTE CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE AFECTA MATERIALMENTE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL EJECUTANTE Y, POR ENDE, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO, EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: CÉSAR DE LA ROSA ZUBRÁN.
CONSIDERANDO:
6. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado especializado de distinto Circuito.
7. No pasa inadvertido que, en el caso, la contradicción de criterios ocurre entre el sustentado por un Pleno de Circuito, respecto del sustentado por un Tribunal Colegiado de un diverso Circuito. Sin embargo, tomando en consideración el contenido conducente del punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de este Tribunal,(4) resulta claro que en materia de contradicciones de tesis, se reconoció entonces que son del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación las contradicciones de tesis sustentadas entre los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de un diverso Circuito.
8. Tal determinación plenaria encuentra apoyo, además, en la normatividad constitucional y legal aplicable, dado que, si bien es cierto el artículo 107 constitucional no prevé de manera específica la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de contradicciones de criterios entre un Tribunal Colegiado de un Circuito, respecto del sostenido por el Pleno de un diverso Circuito; no menos cierto resulta que ese precepto de la Constitución General sí prevé de manera expresa que corresponderá a la ley reglamentaria desarrollar las bases fijadas en la Constitución.
9. En esa tesitura, el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(5) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece, en lo conducente, que corresponde al Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de distintos Circuitos o entre los Tribunales Colegiados de diferente Circuito.
10. Lo que permite una interpretación bajo un criterio de mayoría de razón, en el sentido de que si este Alto Tribunal tiene competencia para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de distintos Circuitos o entre los Tribunales Colegiados de diferente Circuito, sobre la base subyacente de que respecto de esos criterios no existe regla constitucional ni legal sobre la prevalencia de alguno sobre el otro; entonces, también tiene competencia para conocer y resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diferente Circuito; dado que no existiría razón jurídica para proponer que este último tipo de contradicciones de criterios deban tratarse de manera diferente a las señaladas en primer término, cuando entre las tesis de jurisprudencia de un Pleno de Circuito respecto de la tesis de un Tribunal Colegiado de diferente Circuito, tampoco existe regla constitucional ni legal sobre la prevalencia de alguno de tales criterios sobre el otro.
11. Lo anterior máxime que es criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que el objetivo fundamental del procedimiento de contradicción de tesis es generar seguridad jurídica, al terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción.
12. En consecuencia, con la finalidad de atender el propósito y objetivo fundamental que persigue el procedimiento de contradicción de tesis, consistente en dotar de mayor seguridad jurídica al sistema jurídico nacional, esta Primera Sala estima que deben ser interpretados de esta manera extensiva y teleológica los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; en el sentido de que es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre el criterio de un Pleno de Circuito respecto del sostenido por un Tribunal Colegiado de distinto Circuito.
13. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución General y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente pues, en el caso, fue planteada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, cuyo criterio se estima discrepante respecto del sostenido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
14. TERCERO.—Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si, en el caso, existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
15. A. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión civil **********, determinó que la resolución dictada en el recurso de apelación que revoca la diversa sentencia interlocutoria que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones y deja insubsistente el embargo en un juicio ejecutivo civil, no constituye un acto de ejecución irreparable, por lo que en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto, lo anterior, al estimar que ese acto constituye una violación adjetiva o procesal que no afecta materialmente, ni de manera inmediata y directa los derechos sustantivos del quejoso (embargante) tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales meramente formales, que en todo caso puede reclamarse en el amparo directo que en su caso se intente contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen.
• El órgano colegiado determinó revocar la sentencia recurrida que analizó el fondo de la litis constitucional, al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que la resolución reclamada no era de imposible reparación, sino que sólo tenía consecuencias procesales.
• Al analizar las manifestaciones que produjo el recurrente en el desahogo de la vista a que se refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, determinó que la insubsistencia del embargo producida como consecuencia de la reposición del procedimiento, no implicaba un acto de imposible reparación, en tanto no engendraba afectación a derechos sustantivos, ya que sus consecuencias no eran de tal magnitud que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que únicamente producían lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva.
• Sostuvo que la afectación de la insubsistencia del embargo se actualizaría hasta el momento en que existiera una sentencia estimatoria firme que pudiera ejecutarse, además de que la parte actora podría embargar nuevamente otros bienes de la deudora; de forma que en tal supuesto dicha afectación ni siquiera llegaría a materializarse.
• Consideró que el embargo insubsistente es un derecho adjetivo, porque derivaba de una cuestión procesal dentro del juicio, con la finalidad de garantizar la satisfacción de un derecho personal de crédito, por lo que no podía considerarse como de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos en forma actual y directa.
• Sobre esa base, precisó no compartir el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. LA RESOLUCIÓN QUE LO DEJA INSUBSISTENTE ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE RESPECTO DEL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." –materia de la presente contradicción–, porque de acuerdo a la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 289/2016, resuelta por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció que sería hasta la etapa de ejecución de sentencia, cuando culminara el procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, en que el postor o el adjudicatario que haya cubierto el precio fijado para la venta judicial, adquiera un derecho sustantivo de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial; lo que –en concepto del Tribunal Colegiado– implicaba que hasta ese momento el acreedor adquiere un auténtico derecho real sobre ese bien raíz. De manera que la insubsistencia del embargo no producía de manera inmediata afectación al patrimonio del acreedor, pues dicho gravamen constituye sólo una forma de aseguramiento del cumplimiento de la obligación reclamada en la controversia y sería hasta que fuera adjudicado ese bien en la etapa de remate del juicio, cuando pasaría a formar parte de su patrimonio, pero no antes.
• Por lo anterior, concluyó que el embargo, al ser un derecho adjetivo por derivar de una norma procesal, su insubsistencia no admitía ser considerada como un acto de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos del ejecutante.
16. B. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en el trámite de la contradicción de tesis **********, procedió de la siguiente forma:
I. Por auto de catorce de julio de dos mil diecisiete, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por dicho tribunal, al resolver el amparo en revisión **********, y el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja **********.
II. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determinó que el problema jurídico materia de la contradicción se encontraba estrechamente relacionado con los criterios emitidos por el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja ********** y el recurso de revisión **********, respectivamente, por lo que debían incorporarse a la contradicción.
III. Asimismo, estimó existente la contradicción de tesis, en virtud de que los tribunales contendientes se ocuparon de una misma problemática jurídica, esto es, los criterios que contendieron sostuvieron:
a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión civil **********, consideró que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que revoca el auto que admitió a trámite el juicio en la vía ejecutiva mercantil y, como consecuencia, deja insubsistente el embargo trabado por la tercero interesada, toda vez que tal acto no tiene efectos que sean de imposible reparación.
b) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, concluyó que es procedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara improcedente el recurso de revocación hecho valer contra la resolución que determinó nula la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada dentro de un juicio ejecutivo mercantil, ya que, al desaparecer la inscripción del embargo en el instituto registral correspondiente, producía afectación a derechos patrimoniales, además de afectar de manera directa e inmediata los derechos del acreedor embargante que adquirió al sustraer de la libre disposición del deudor los bienes embargados, lo que constituye una violación procesal de imposible reparación impugnable en amparo indirecto.
c) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, concluyó que es procedente el amparo contra la resolución que declara fundado el incidente de nulidad de actuaciones y de nulidad de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada en el juicio ejecutivo mercantil y que, en consecuencia, declaró nulo todo lo actuado a partir de esa diligencia, toda vez que tal acto visto unitariamente produce una ejecución de imposible reparación, habida cuenta que tal resolución ocasiona, entre otras cosas, la insubsistencia del embargo que se llevó a cabo, lo que implica una afectación a los derechos sustantivos de la persona en cuyo favor se practicó, dado que por efecto de aquella resolución será privado de la garantía constituida y, en consecuencia, de hacer efectivo el crédito reclamado.
d) El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, estableció que es procedente el juicio de amparo contra la resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto contra el auto dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil que determinó nulificar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, pues tal acto sí tiene ejecución de imposible reparación, por afectar directamente el derecho sustantivo de garantía del embargante respecto del crédito reclamado, pues como consecuencia de la nulidad de la diligencia de exequendo se levanta el embargo, con lo que se impide garantizar el pago de las prestaciones reclamadas y que el enjuiciado se sustraiga de la acción ejercida en su contra, al colocarse en estado de insolvencia, lo que no sea reparable en ninguna otra etapa del juicio, ni en sentencia definitiva.
17. Por lo anterior, al resolver la contradicción de tesis **********, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determinó que la resolución que deja insubsistente el embargo en un juicio ejecutivo mercantil, constituye un acto de ejecución irreparable que admite ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, al afectar derechos sustantivos del quejoso (embargante), ya que la medida cautelar es una extensión del derecho del crédito y éste como un objeto que forma parte del patrimonio del acreedor; además, porque tal medida precautoria tiene como fin efectivizar la sentencia que resuelva el juicio ejecutivo mercantil, esto es, una de las tres prerrogativas que integran el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
18. Por lo anterior, el referido Pleno de Circuito consideró que la tesis que debía prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es la que dice:
"EMBARGO. LA RESOLUCIÓN QUE LO DEJA INSUBSISTENTE ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE RESPECTO DEL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tienen ejecución de imposible reparación los actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; por otro lado, el derecho de acceso a la jurisdicción se ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, la resolución que deja insubsistente el embargo en un juicio ejecutivo mercantil es un acto de ejecución irreparable, respecto del cual procede el juicio de amparo indirecto, pues se afectan los derechos patrimoniales del quejoso, entendiendo al embargo como una extensión del derecho del crédito, y éste como un objeto que forma parte del patrimonio del acreedor, además, porque tal medida precautoria tiene como fin efectivizar la sentencia que resuelva el juicio ejecutivo mercantil, esto es, una de las tres prerrogativas que integran el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional reconocido por el artículo 17 constitucional."(6)
19. C. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, del que derivó la tesis Vl.2o.C. 261 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1283, con número de registro digital: 186282, de rubro: "EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE LO DEJA SIN EFECTO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO."(7)
20. CUARTO.—Existencia de la contradicción. De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala considera que en el presente caso sí existe la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, respecto del criterio del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. Sin embargo, no existe contradicción de tesis respecto del criterio sustentado por el diverso Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
21. Se sostiene que sí existe la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, respecto del criterio del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito; porque las temáticas que abordaron en los casos que tuvieron a la vista para resolver, tienen similitudes jurídicas que permiten efectuar un cotejo de las respectivas decisiones jurídicas de fondo adoptadas.
22. Lo relevante es que las líneas argumentativas que adoptaron esos órganos colegiados para confeccionar sendas determinaciones judiciales, incurrieron en un "punto de toque" sobre la naturaleza que debe atribuirse al derecho derivado de un embargo practicado en un juicio ejecutivo, pues el Tribunal del Noveno Circuito fue claro al señalar que la resolución que declara insubsistente el embargo no podía considerarse un acto de imposible reparación, por ser un derecho personal que deriva de una norma procesal y al no afectar derechos sustantivos en forma actual y directa, el juicio de amparo indirecto resultaba improcedente; entre tanto el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito fue enfático al sostener que la resolución que deja insubsistente el embargo en un juicio ejecutivo es un acto de ejecución irreparable, por afectar los derechos sustantivos del quejoso (embargante), al entender al embargo como una extensión del derecho para obtener el pago de un crédito, aunado a que tal medida precautoria tiene como fin efectivizar la sentencia estimatoria que se llegue a dictar en el juicio ejecutivo, por lo que determinó que la resolución que deja insubsistente el embargo es un acto de ejecución irreparable respecto del cual procede el juicio de amparo indirecto.
23. De ahí que se afirme que respecto de esos órganos sí existe un tema jurídico en el que incurrieron en apreciaciones contradictorias respecto de un mismo punto de derecho y que, en consecuencia, sí existe la contradicción de tesis entre sus criterios,(8) cuya materia consiste en determinar si la resolución definitiva que deja insubsistente el embargo en un juicio ejecutivo constituye un acto de ejecución irreparable en contra del cual procede el juicio de amparo indirecto.
24. En otro orden de ideas, se afirma que no participa de la contradicción de criterios el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, porque el contenido de la ejecutoria del recurso de revisión **********, revela que ese órgano colegiado analizó la misma problemática, pero el estudio lo hizo desde perspectiva diferente, ya que sustentó su decisión en una legislación distinta (Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece).
25. En efecto, el referido Tribunal Colegiado del Sexto Circuito analizó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que dejó sin efectos el embargo trabado en un juicio ejecutivo mercantil, y al atender a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, determinó que la resolución mediante la que se decreta la reposición del procedimiento en un juicio ejecutivo mercantil a partir del emplazamiento y, como consecuencia, produce el levantamiento del embargo, constituye un acto que tiene ejecución de imposible reparación, respecto del cual procede el juicio de amparo indirecto.
26. De lo anterior es claro que el referido Tribunal Colegiado no analizó propiamente la misma cuestión jurídica, ya que el estudio que desarrolló fue alrededor de instituciones jurídicas diferentes, pues aunque en todos los criterios contendientes se reclamó la resolución que dejó sin efectos el embargo trabado en un juicio ejecutivo, la realidad es que no puede pasar inadvertido que, al resolver la cuestión planteada, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito partió del análisis de una legislación diversa.
27. Esto porque tal y como puede advertirse de las ejecutorias remitidas por los órganos contendientes, en la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se resolvió la pretensión de amparo con base en la Ley de Amparo vigente hasta el tres de abril de dos mil trece, mientras que el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, resolvieron en términos de la legislación de amparo vigente al día de hoy.
28. Esta circunstancia resulta importante, porque justamente este cambio de legislación implicó un cambio significativo con relación al concepto de actos de imposible reparación, tal y como se puede advertir del siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
29. Con relación a la nueva Ley de Amparo, es importante señalar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el nuevo texto de la fracción V del artículo 107, constituía un cambio significativo con relación al concepto de actos de imposible reparación, puesto que antes de dicha reforma la legislación dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por este concepto, lo cual ya no acontece bajo el nuevo ordenamiento, en tanto que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que estableció que para que dichos actos pudieran ser calificados como irreparables, era necesario que produjeran una afectación material a derechos sustantivos, dejando fuera, por consecuencia, aquellos actos que generan lesiones de naturaleza formal o adjetiva. Dicho criterio integró la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), cuyos título, subtítulo y texto dicen:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;’; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ‘... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo’; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado –con toda razón– a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."(9)
30. Por tanto, es claro que esta diferencia en las legislaciones a partir de las cuales el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió el asunto sometido a su consideración, vuelve inviable la configuración de una contradicción de tesis con los otros órganos contendientes, al haberse analizado la misma problemática pero desde la óptica de supuestos normativos distintos que condujeron necesariamente a análisis jurídicos diferenciados, lo que permite afirmar que no existe la contradicción de tesis por lo que hace al criterio del referido Tribunal Colegiado.
31. De manera que sobre la posible cuestión controvertida, sí existe la colisión entre los criterios sustentados por los diversos órganos Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
32. QUINTO.—Determinación del criterio a prevalecer. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer el criterio relativo a que la resolución definitiva que deja insubsistente el embargo practicado en un juicio ejecutivo, sí es un acto que tiene ejecución o efectos de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos del embargante, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto.
33. En primer término, es conveniente establecer que la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) fue aprobada sin modificación alguna durante el proceso de reformas de seis de junio de dos mil once, conservando hasta la actualidad el señalamiento relativo a la procedencia del juicio de amparo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29183-07450a96/embargo-practicado-en-un-juicio-ejecutivo-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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