JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REENCAUZAR LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL ORAL A LA VÍA ORAL MERCANTIL Y DEJA INSUBSISTENTE LA ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y APERCIBIMIENTO DE EMBARGO EN CONTRA DEL DEUDOR.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 37/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL TERCER Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE Y DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO Y ABRAHAM S. MARCOS VALDÉS. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIO: JUAN ARMANDO BRINDIS MORENO.
CONSIDERANDO
9. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con lo previsto en los Acuerdos Generales 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por tres Tribunales Colegiados integrantes de la Región Centro-Norte y deriva de juicios de naturaleza civil.
10. SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que se formuló por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, que conoció dos de los juicios de amparo que originaron los recursos en que se sostuvieron los criterios contendientes.
11. TERCERO.—Criterios contendientes.
12. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (queja civil 114/2023)
13. Del expediente electrónico que consta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierten los antecedentes siguientes:
14. ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** instauró demanda en la vía ejecutiva mercantil oral en contra de ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** que se radicó ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, con el expediente **********/2021.
15. La enjuiciante precisó que al momento de la emisión del acto reclamado la demandada no había sido emplazada.
16. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés el Juez de instancia hizo constar, que el estado de cuenta certificado exhibido por la parte actora carece del número de la escritura pública en la que se formalizó el contrato de crédito base de la acción, elemento necesario para constituir título ejecutivo en términos del artículo 12(1) de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, por lo que declaró improcedente la vía ejecutiva mercantil oral, ordenó reencauzar el procedimiento en la vía oral mercantil, declaró inválida la orden de requerimiento de pago y embargo de bienes en contra de la demandada y ordenó emplazarla en términos de las reglas previstas para el juicio oral mercantil.
17. En contra de dicho proveído, la parte actora promovió juicio de amparo indirecto que conoció el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, lo radicó con el expediente **********/2023-3 y por auto de trece de abril de dos mil veintitrés desechó la demanda, por estimar actualizada de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sentido, de la Ley de Amparo.
18. En contra de dicho proveído el quejoso interpuso recurso de queja que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, lo radicó con el número de queja civil 114/2023 y mediante ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veintitrés declaró infundado el recurso.
19. El órgano colegiado declaró infundado el agravio, pues consideró que el reencauzamiento de la vía ejecutiva mercantil oral a la vía oral mercantil no genera un perjuicio de imposible reparación a derechos sustantivos, dado que la única consecuencia es que el juicio se tramite y culmine con una sentencia que puede resultar favorable a la parte actora y la afectación que pudo resentir desaparecería al haber quedado satisfecha su pretensión.
20. El tribunal contendiente destacó que al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 13/2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó innecesario modificar la diversa jurisprudencia 1a./J. 108/2005,(2) de la Primera Sala del Alto Tribunal, registro digital: 176992, del rubro: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", pues se determinó que la sentencia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía constituye una violación procesal que no genera afectación de imposible reparación a derechos sustantivos, lo que actualizó de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo.
21. Respecto al diverso agravio consistente en que el acto reclamado transgrede derechos fundamentales del quejoso, debido a que el reencauzamiento de la vía dejó sin efectos el auto de requerimiento de pago y embargo decretado en la vía ejecutiva mercantil, el Tribunal Colegiado lo declaró infundado bajo el argumento de que la orden de requerimiento, pago y embargo son "cuestiones procesales de la vía ejecutiva", pero no un derecho sustantivo de la parte actora, de modo que, reencauzar la vía no es impedimento para que la parte actora tenga acceso a la justicia y pueda obtener una sentencia favorable; en caso de que la sentencia resulte desfavorable, se podrá hacer valer tal cuestión como violación procesal en amparo directo y se determinará si el reencauzamiento dejó huella en la esfera jurídica del interesado.
22. Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (queja civil 97/2023)
23. Del expediente electrónico que consta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierten los antecedentes siguientes:
24. ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** instauró demanda en la vía ejecutiva mercantil en contra de ********** ********** ********** que se radicó ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con el expediente **********/2021.
25. El quejoso precisó que al momento de la emisión del acto reclamado el demandado no estaba emplazado.
26. Por auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el Juez de instancia hizo constar que el estado de cuenta certificado exhibido por la parte actora carece del número del instrumento público en el que se formalizó el contrato de crédito base de la acción, elemento necesario para constituir título ejecutivo en términos del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, por lo que declaró improcedente la vía ejecutiva mercantil oral, ordenó reencauzar el procedimiento en la vía oral mercantil, declaró inválida la orden de requerimiento de pago y embargo de bienes en contra de la parte demandada y ordenó emplazarla en términos de las reglas previstas para el juicio oral mercantil.
27. En contra de dicho proveído, la parte actora promovió juicio de amparo indirecto que conoció el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, lo radicó con el expediente **********/2023 y por auto de dos de mayo de dos mil veintitrés desechó la demanda, por estimar actualizada de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sentido, de la Ley de Amparo.
28. En contra de dicho proveído el quejoso interpuso recurso de queja que conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, lo radicó con el número de queja civil 97/2023 y mediante ejecutoria de quince de junio de dos mil veintitrés declaró fundado el recurso y ordenó admitir la demanda de amparo.
29. El órgano colegiado declaró fundados los agravios, porque consideró que la causa de improcedencia invocada para desechar la demanda no se actualizó de forma manifiesta e indudable, debido a que el reencauzamiento de la vía impide a la parte actora embargar precautoriamente bienes y la vía oral mercantil carece de esa posibilidad.
30. Agregó, que el auto que reencauzó la vía oral mercantil no contiene la ejecución de la diligencia de exequendo y produce efectos de imposible reparación al afectar derechos materialmente sustantivos de la parte actora, porque la orden de reencauzar la vía produce que el actor pierda el derecho de asegurar bienes del demandado que garanticen el adeudo hasta tanto el juicio se resuelva en definitiva.
31. Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (queja civil 100/2023)
32. Del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierten los antecedentes siguientes:
33. ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** instauró demanda en la vía ejecutiva mercantil oral en contra de ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, que se radicó ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, con el expediente **********/2021.
34. Del expediente electrónico se advierte que al momento de la emisión del acto reclamado la demandada no estaba emplazada.
35. Por auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés el Juez de instancia hizo constar que el estado de cuenta certificado exhibido por la parte actora carece del número del instrumento público y nombre de notario o corredor público que emitió la escritura en que se formalizó el contrato de crédito base de la acción, elemento necesario para constituir título ejecutivo en términos del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, por lo que declaró improcedente la vía ejecutiva mercantil oral, ordenó reencauzar el procedimiento en la vía oral mercantil, declaró inválida la orden de requerimiento de pago y embargo de bienes en contra de la parte demandada y ordenó emplazarla en términos de las reglas previstas para el juicio oral mercantil.
36. En contra de dicho proveído, la parte actora promovió juicio de amparo indirecto que conoció el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, lo radicó con el expediente **********/2023 y desechó la demanda por auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por estimar actualizada de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.
37. En contra de dicho proveído el quejoso interpuso recurso de queja que conoció el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, lo radicó con el número de queja civil 100/2023 y mediante ejecutoria de dieciséis de junio de dos mil veintitrés declaró fundado el recurso y ordenó admitir la demanda de amparo.
38. El órgano colegiado consideró que la causa de improcedencia invocada para desechar la demanda no se actualizó de forma manifiesta e indudable, dado que el reencauzamiento de la vía y la posibilidad de que se tramite un juicio en la vía incorrecta puede transgredir derechos sustantivos al contravenir el derecho de seguridad jurídica y acceso a la justicia y debe admitirse la demanda de amparo.
39. El tribunal contendiente agregó, que el Máximo Tribunal del País ha sostenido que actos de naturaleza similar causan agravio, porque contravienen el derecho de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues el solo hecho de que un juicio se siga en la vía incorrecta causa perjuicio a las partes, se genera una situación de anarquía procesal y da lugar a procedimientos tramitados en contra de las normas procesales imperativas en perjuicio de la seguridad jurídica.
40. Agregó, que la tramitación del juicio en la vía correcta no es un mero formalismo procedimental y existe posibilidad de transgredir una estructura creada por el legislador para la sustanciación de la controversia, cuya ausencia impide tener plena certeza de que se respetó el derecho a la seguridad jurídica y legalidad, de manera que, concluyó, la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito no es indudable ni manifiesta, porque existen casos en que el reencauzamiento de la vía en un juicio ejecutivo mercantil puede afectar derechos sustantivos.
41. CUARTO.—Existencia de la contradicción de criterios.
42. Para determinar si el presente asunto cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de criterios, debe precisarse que el Máximo Tribunal del País ha establecido los siguientes lineamientos:
43. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
44. Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.
45. Que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, por lo que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, debiéndose privilegiar, en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
46. Tales directrices están contenidas en las jurisprudencias de rubros siguientes:
47. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)
48. "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO."(4)
49. Precisado lo anterior, atento a los aspectos relevantes que informan las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, advierte que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
50. Lo anterior, porque el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito declaró infundado el recurso de queja y consideró actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sentido, de la Ley de Amparo, cuando se reclama la resolución que ordena reencauzar la vía ejecutiva mercantil oral a la vía oral mercantil, pues no genera una afectación a derechos sustantivos, dado que se trata de una determinación de carácter procesal reparable en sentencia en caso de que la parte actora obtenga fallo favorable o, en su caso, podrá reclamarla en la vía directa si la sentencia es contraria a sus intereses, lo que motiva desechar la demanda de amparo indirecto.
51. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito arribó a la conclusión contraria, pues declaró fundado el recurso de queja bajo la premisa de que no se actualiza de forma manifiesta ni indudable la causa de improcedencia precisada en el párrafo anterior, cuando el acto reclamado es la resolución que ordena reencauzar la vía ejecutiva mercantil oral a la vía oral mercantil, pues se impide al actor ejercer el derecho de asegurar bienes del demandado que garanticen el adeudo hasta tanto el juicio se resuelva en definitiva, por lo que debe admitirse la demanda de amparo indirecto.
52. Por último, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito también declaró fundado el recurso de queja y ordenó admitir la demanda de amparo, pues consideró que no se actualiza la causa de improcedencia invocada de forma manifiesta e indudable, porque la continuación del juicio en la vía incorrecta causa perjuicio a las partes, debido a que se tramitan juicios en contra de normas procesales provocando inseguridad jurídica, por lo que existen casos en que el reencauzamiento de la vía en un juicio ejecutivo mercantil puede afectar derechos sustantivos y contravenir el derecho de seguridad jurídica y acceso a la justicia.
53. Por lo expuesto, sí existe un punto jurídico en el que los Tribunales Colegiados incurrieron en discrepancia, pues el Primer Tribunal Colegiado estima que procede desechar la demanda de amparo en la que se reclama la resolución que ordena reencauzar la vía ejecutiva mercantil a la oral mercantil, porque se trata de una violación procesal reparable en sentencia definitiva y se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado consideró que no se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues el mencionado acto reclamado impide al actor ejercer el derecho de asegurar bienes del demandado que garanticen el adeudo, de modo que puede producir efectos de imposible reparación y afectar derechos sustantivos y el Quinto Tribunal Colegiado consideró que existen algunos casos en los que el reencauzamiento de la vía ejecutiva mercantil puede producir afectación a derechos sustantivos, dado que se tramitan juicios en la vía incorrecta y en contra de normas procesales provocando inseguridad jurídica; por tanto, este último tribunal consideró el cambio de la vía como un acto de ejecución irreparable, porque se modificó la tramitación del procedimiento ejecutivo mercantil y esta circunstancia incluye la etapa de aseguramiento; por tanto, estos últimos tribunales coincidieron en que debe admitirse la demanda de amparo cuando se reclama un acto de esta naturaleza.
54. QUINTO.—Estudio de la contradicción.
55. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que se sustenta en este fallo de acuerdo con las siguientes consideraciones:
56. El artículo 107,(5) fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuya ejecución es de imposible reparación, concepto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.),(6) en la que consideró que los actos de ejecución irreparable deben cumplir dos condiciones, a saber: 57. a) la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo.
58. b) la segunda, en el sentido de que los "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", entendidos éstos como los que forman parte del acervo jurídico de las personas para la realización de sus fines, como el derecho a la libertad, en sus diversas manifestaciones, como la libertad personal, libertad de expresión, libertad de trabajo o libertad de tránsito, el derecho a poseer bienes y conservarlos en propiedad o en cualquier modalidad prevista por la ley, derechos económicos o derechos familiares.
59. El más Alto Tribunal del País consideró que el concepto de afectación material de los derechos sustantivos es antagónico a la afectación de los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que repercute en las posiciones que van asumiendo las partes durante el desarrollo del procedimiento y la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, etapa procesal en que la afectación adjetiva podrá consumarse de forma efectiva.
60. Por ende, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos intraprocesales está acotada a casos verdaderamente excepcionales, cuya trascendencia impacta de manera inmediata a los derechos sustantivos de las personas sin necesidad de esperar el fallo definitivo, pues aún si el agraviado obtuviera sentencia favorable, la afectación a su esfera jurídica se habrá consumado irreparablemente.
61. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 113(7) de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto podrá desechar de plano la demanda, siempre que advierta alguna causa de improcedencia.
62. Máxime, que las causas de improcedencia son de orden público y, por tanto, deben analizarse de oficio(8) para lo cual requieren quedar probadas fehacientemente sin inferirse en presunciones y para desechar una demanda de amparo debe tenerse la seguridad total de que surten los extremos del motivo de improcedencia.
63. De acuerdo con lo expuesto, este Pleno Regional en Materia Civil considera que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, ambos de la ley de la materia, porque la determinación que declara la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil oral, reencauza a la vía oral mercantil y como consecuencia inmediata dejar sin efectos la orden de requerimiento de pago y embargo puede producir efectos de imposible reparación.
64. En los juicios ejecutivos mercantiles orales que originan la discrepancia de criterios, el Juez de instancia analizó el estado de cuenta certificado base de la acción y concluyó que carece de los requisitos necesarios para constituir título ejecutivo previstos en el artículo 12(9) de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, lo que según el juzgador actualizó la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil oral y ordenó reencauzar el procedimiento a la vía oral mercantil; asimismo, declaró inválida la orden de requerimiento de pago y embargo de bienes en contra del demandado y sólo ordenó emplazarlo a juicio, decisión que involucra los siguientes aspectos:
65. a) El juzgador desconoció la categoría de título ejecutivo al documento base de la acción exhibido por la parte actora.
66. b) Declaró la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil oral y, en consecuencia, dejó insubsistente la orden de requerimiento de pago y embargo de bienes en contra de la parte demandada.
c) Se ordenó reencauzar el trámite del juicio en la vía oral mercantil distinta a la propuesta por la parte actora.
67. La resolución de esta naturaleza produce efectos de carácter irreparable de manera inmediata, porque impide al acreedor asegurar bienes y garantizar el crédito base de la acción, así como la obtención, en su caso, del derecho de prelación en el cobro del crédito frente a otros acreedores con igual derecho, lo que no tendrá oportunidad de reclamar cuando promueva amparo en contra de la sentencia definitiva, como se acredita a continuación.
68. En efecto, conforme con lo dispuesto en el artículo 1390 Ter(10) del Código de Comercio, el procedimiento ejecutivo mercantil oral tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los documentos que traigan aparejada ejecución previstos en el artículo 1391(11) del mismo ordenamiento mercantil y, en el caso, los procedimientos que originan esta contradicción se basan en un documento que la ley considera ejecutivo consistente en un instrumento público que contiene un contrato de crédito junto con el estado de cuenta certificado por contador facultado por la Financiera Rural, en términos del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero.(12)
69. Los títulos ejecutivos hacen prueba por sí mismos de la existencia de una obligación patrimonial, líquida y exigible, sin necesidad de reconocimiento, cotejo o autenticación, pues cuentan con eficacia ejecutiva propia, como ocurre con los documentos base de la acción consistentes en contratos de crédito que junto con los estados de cuenta hacen fe de los saldos resultantes a cargo de los acreditados, salvo prueba en contrario, en términos del artículo 12 de la ley precisada en el párrafo anterior.
70. El saldo adeudado a cargo del acreditado que consta en el estado de cuenta certificado por contador público de la Financiera Rural y que según la ley tiene naturaleza ejecutiva, forma parte del patrimonio del acreedor, pues se trata de un derecho de carácter personal que constituye una obligación a cargo de otra persona consistente en una prestación pecuniariamente valorable, que puede ser exigido a través del juicio ejecutivo diseñado precisamente para garantizar la eficacia de los documentos ejecutivos.
71. El diverso artículo 1390 Ter 5(13) señala que, presentada la demanda por el actor en la vía ejecutiva mercantil oral, el Juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el demandado sea requerido de pago y no haciéndolo se proceda al embargo de bienes del enjuiciado suficientes para cubrir la deuda conforme con las reglas establecidas en el propio código.
72. Conforme con las disposiciones señaladas, el juicio ejecutivo mercantil es un procedimiento sumario privilegiado, que tiene por objeto el cobro de créditos que constan en títulos ejecutivos reconocidos por la ley con esa característica, que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, prueba plena, puesto que no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino hacer efectivo el pago que ha sido reconocido en un documento ejecutivo de tal fuerza que constituye una presunción iuris tantum de que el derecho del actor es legítimo y suficientemente probado, para que sea ejecutado desde luego.
73. Así, al admitir la demanda instaurada en la vía ejecutiva mercantil el Juez dicta un mandato de naturaleza coercitiva dirigido en contra del deudor, en el sentido de requerirle de pago del adeudo cierto, líquido y exigible en el acto mismo del requerimiento, con el apercibimiento de que se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo en caso de que no cumpla con la obligación, de ahí que el auto que contiene un requerimiento de esa naturaleza se denomine auto de exequendo, que deriva del latín executio(14) que significa ejecutar o cumplimentar.
74. La emisión del auto de exequendo deriva del examen que realizó el Juez al documento ejecutivo con el que se instaura la acción; es decir, previo a su otorgamiento se analizó si el título base de las pretensiones está comprendido o reúne las características legales previstas en el artículo 1391 del Código de Comercio y debido a que el juzgador estimó reunidos los requisitos legales necesarios, admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil oral propuesta por el enjuiciante y dictó la orden de requerir de pago al deudor y trabar embargo de bienes de su propiedad en caso de impago.
75. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 6/2010(15), registro digital: 164629, en la que definió que el auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del Juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y en su defecto, el embargo de bienes, con el objetivo de asegurar la eventual ejecución de una pretensión que pudiera obtenerse en sentencia.
76. Es evidente que la emisión del auto de exequendo que ordena el embargo tiene como objetivo garantizar el adeudo consignado en el documento que constituye prueba plena de un crédito cierto, líquido y exigible y corresponderá a la parte demandada desvirtuar el adeudo consignado.
77. Asimismo, el análisis sistemático de los artículos 1390 Ter 5,(16) y 1392(17) del Código de Comercio, revela que el embargo en el juicio ejecutivo mercantil tiene como objetivo evitar que las pretensiones del actor se tornen irrealizables y se pueda asegurar la eventual ejecución de una condena, como también lo precisa la jurisprudencia 1a./J. 6/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcrita en la página 31 de esta sentencia, registro digital: 164629, del rubro "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO."
78. Por tanto, el objeto del embargo es la individualización y la disponibilidad del bien afectado, mediante el cual se asegura el importe obtenido por la realización judicial del mismo que será aplicado para satisfacer el interés del acreedor.
79. Aunado a lo expuesto, en los juicios ejecutivos que ori
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32054-bd043138/juicio-de-amparo-indirecto-procede-contra-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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