ORDEN DE EMBARGO EMITIDA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 429/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 19 DE ABRIL DE 2023. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTES: MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y RICARDO MARTÍNEZ HERRERA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Un Magistrado de Circuito denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por tres tribunales colegiados al existir discrepancia en relación a si la orden de embargo dictada en etapa de ejecución de sentencia puede afectar derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, por tanto, procede el amparo indirecto en su contra; o, en su caso, si la persona afectada debe esperar al dictado de la última resolución en la etapa de ejecución para estar en aptitud de promover el juicio constitucional.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 429/2022, suscitada entre el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito contra el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.
El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la orden de embargo dictada en etapa de ejecución de sentencia puede afectar derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, por tanto, procede el amparo indirecto en su contra; o, en su caso, si la persona afectada debe esperar al dictado de la última resolución en la etapa de ejecución para estar en aptitud de promover el juicio constitucional.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. El nueve de diciembre de dos mil veintidós, J. Jesús Pérez Grimaldi, Magistrado Presidente del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese tribunal al resolver el recurso de queja 276/2021, contra lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito en el recurso de queja 68/2014, así como lo sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito al resolver el recurso de queja 117/2021.
2. El Magistrado denunciante señaló que existe discrepancia en relación con el tema de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la orden de embargo dictada en etapa de ejecución de laudos o sentencias. Lo anterior, pues para el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito la orden de embargo dictada en etapa de ejecución de una sentencia sí puede afectar derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, ya que los posibles bienes embargados no formaron parte del juicio respectivo. Por ende, el escrutinio judicial de ese acto debe ser inmediato, sin necesidad de esperar al dictado de la última resolución en esa etapa procesal.
3. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito) y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito consideraron que la orden de embargo en etapa de ejecución de sentencia no afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, ya que dicha orden sólo forma parte de la efectividad de las resoluciones, en consecuencia, el amparo indirecto es improcedente. Para estos Tribunales Colegiados, este tipo de actos se deben impugnar hasta el amparo que se promueva contra la última resolución en el procedimiento de ejecución, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.(1)
4. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de este alto tribunal admitió a trámite la denuncia de contradicción, ordenó formar y registrar el expediente con el número 429/2022, y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para el estudio respectivo. En el mismo auto, el Presidente solicitó a los Tribunales que informaran si sus criterios seguían vigentes. Al respecto, los tres tribunales manifestaron que sus criterios continuaban vigentes.
5. Avocamiento e integración. Por acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala determinó el avocamiento del asunto, y el siete de febrero siguiente ordenó el envío de los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del país; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, vigente al momento de la denuncia.
7. Lo anterior, ya que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos en la que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno; aunado a que la fecha en que se denunció la presente contradicción aún no entraban en funcionamiento los Plenos Regionales.
II. LEGITIMACIÓN
8. De conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política del país y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, la denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, ya que la formuló J. Jesús Pérez Grimaldi, Magistrado Presidente del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.(2)
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Para una mejor comprensión del asunto, y con la finalidad de determinar la existencia de la contradicción de criterios, en este apartado se desarrollan los elementos relevantes de los asuntos que fueron analizados por los Tribunales Colegiados y la parte medular de los criterios que son denunciados como contradictorios.
III.1 Criterio 1: Procede el amparo indirecto contra la orden de embargo en etapa de ejecución de sentencia.
III.1.1. Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
10. Sentencia condenatoria de origen. El veinte de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México dictó sentencia en el juicio ordinario mercantil Número de expediente "1", mediante la cual condenó al señor Persona "A" a pagar determinada cantidad de dinero en favor de Empresa "A"., lo cual fue confirmado en recurso de apelación.
11. En etapa de ejecución, el cinco de julio de dos mil veintiuno el Juez emitió un acuerdo mediante el cual ordenó al demandado que se presentara en las instalaciones del juzgado para la práctica de una diligencia de requerimiento de pago y embargo. Inconforme con ese acto, el señor Persona "A" promovió un recurso de apelación. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la resolución impugnada.
12. Juicio de amparo indirecto. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, Persona "A" promovió una demanda de amparo indirecto en contra de la sentencia que confirmó la orden de requerimiento de pago y embargo dictada en etapa de ejecución de un juicio ordinario mercantil.
13. Desechamiento. Conoció del asunto el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México con el número 921/2021, cuyo titular desechó la demanda de amparo por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, al considerar que la resolución reclamada no se trataba de la última actuación en etapa de ejecución de sentencia.
14. El Juez consideró que la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intermedios en etapa de ejecución se actualiza únicamente cuando se trata de actos que vulneren derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada; sin embargo, en el caso el acto reclamado derivaba precisamente de actuaciones en ejecución de una sentencia definitiva, la cual adquirió el carácter de cosa juzgada.
15. Recurso de queja. Inconforme con el desechamiento, el señor Persona "A" interpuso un recurso de queja, pues consideró que el acto reclamado sí afecta sus derechos sustantivos.
16. Sentencia. En sesión correspondiente al veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en la que declaró fundado el recurso y ordenó admitir la demanda de amparo por las consideraciones siguientes:
• El Tribunal precisó que, como regla general, el juicio de amparo indirecto en contra de actos emitidos en ejecución de sentencia procede exclusivamente en contra del último acto dictado en el procedimiento respectivo.
• Sin embargo, en el caso, la orden para la práctica de una diligencia de requerimiento de pago y embargo sí afecta derechos sustantivos del señor Persona "A".
• Lo anterior, en virtud de la afectación que pudiera producirse sobre el derecho de propiedad de la persona afectada, lo que es una cuestión no juzgada en el juicio de origen. Por tanto, se actualiza la excepción a que alude la jurisprudencia P./J. 108/2010,(3) en relación con los actos impugnables en etapa de ejecución de sentencia.
• Para el Tribunal Colegiado, con la orden para que el quejoso se presentara ante el propio juzgado y se lleve a cabo el requerimiento de pago y embargo se le priva del derecho de señalar bienes para su embargo; y, además, se puede alterar el orden establecido en el artículo 1395 del Código de Comercio para la práctica de este tipo diligencias,(4) con lo que se vulneraría el derecho a la propiedad.
• Al respecto, el Tribunal partió de la premisa de que el embargo judicial constituye, en sí misma, una actuación que eventualmente puede afectar derechos sustantivos, pues está encaminado a gravar el patrimonio, con lo que se imponen límites al ejercicio del derecho de propiedad, como el uso, goce o disposición de los bienes sobre los cuales recae.
• Por otra parte, el Tribunal estableció que los derechos sustantivos afectados por un embargo, decretado en la fase de ejecución, son ajenos a aquellos derechos sustantivos que fueron objeto de pronunciamiento en la condena respectiva.
• Ello es así, debido a que no existe base para sostener que en la sentencia condenatoria el órgano jurisdiccional hubiese valorado o determinado la necesidad de que, en cumplimiento de su sentencia, a la postre se tuviera que decretar una orden de embargo; es decir, una orden encaminada a gravar o asegurar materialmente el patrimonio del deudor.
• En estos casos, no es posible sostener que la resolución en que el Juez se pronuncia sobre la procedencia de las prestaciones demandadas en el juicio se pronuncie igualmente sobre lo imperioso de decretar una orden de embargo a efecto de obtener la satisfacción de las prestaciones que fueron objeto de condena.
• En todo caso, la orden de embargo está condicionada a que, ya iniciada la etapa de cumplimiento de sentencia, la parte obligada se abstenga de satisfacer el pago y, como consecuencia, el juez considere necesario ordenar el embargo sobre determinados bienes.
• Es decir, la sentencia definitiva no constituye el momento procesal en el cual el juez se pronuncia sobre la viabilidad o necesidad de trabar embargo de bienes en contra del condenado. Ello responde a un ulterior análisis, una vez dictada la sentencia definitiva.
• Por esas razones, para el Tribunal no era viable sostener que la orden de embargo sea producto directo de un pronunciamiento emitido en la sentencia definitiva, sino que es el resultado de un análisis valorativo en el que se analiza si el acreedor tiene derecho a pedir el aseguramiento de bienes para garantizar la condena.
• Hay casos en los que en la sentencia definitiva las personas juzgadoras emplean frases que implican la eventual posibilidad de decretar un embargo, tales como "en caso de no hacer pago de las prestaciones objeto de condena, trábese embargo en bienes del deudor para con su producto hacer pago a quien obtuvo."
• No obstante, la experiencia muestra que esas frases tienen un mero alcance sacramental, particularmente, tratándose de juicios ordinarios, como del que deriva el acto reclamado. Esas frases de ninguna manera derivan de una decisión adoptada por la necesidad de trabar efectivamente el embargo.
• Esa necesidad obedecerá, en todo caso, a las circunstancias que se produzcan en la etapa de cumplimiento de la sentencia, mismas que, en consecuencia, serán ajenas a lo debatido y juzgado en la sentencia definitiva, razón por la que procede el amparo indirecto contra dicha orden de embargo.
• Si se sostuviera lo contrario, implicaría tolerar que el embargo queda fuera de escrutinio constitucional, incluso cuando se trate de prestaciones que no fueron objeto de la sentencia definitiva, reservando dicho análisis hasta la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, con la consecuente afectación a la persona condenada mientras se desarrolla esa etapa.
• Por ejemplo, en aquellos casos en que la orden de embargo es decretada por una cantidad claramente superior a la que fue objeto de condena, o que de manera equivocada se ordene el embargo de bienes inembargables.
• Así, determinar que el embargo no afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada implicaría prejuzgar sobre los posibles vicios en la orden de embargo e, implícitamente, se estaría concluyendo que dicha orden se ajustó al objeto de la condena, lo cual resulta inadmisible.
III.2 Criterio 2: No procede el amparo indirecto contra la orden de embargo en etapa de ejecución de sentencia.
III.2.1. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito.
17. Sentencia condenatoria de origen. El doce de mayo de dos mil catorce, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz dictó un laudo en el juicio laboral Número de expediente "2", en el que condenó al Ayuntamiento Constitucional de Acajete, Veracruz, al pago de determinadas prestaciones. El doce de junio siguiente, la titular del Juzgado Municipal de Acajete, Veracruz, ordenó el embargo de bienes del referido Ayuntamiento y, posteriormente, se llevó a cabo la diligencia respectiva.
18. Amparo indirecto. Inconforme con el embargo decretado, el Ayuntamiento quejoso promovió un juicio de amparo indirecto.
19. Desechamiento. Conoció de la demanda el Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz con el Número de expediente "3", quien la desechó por considerar que el acto reclamado no constituía la última resolución que pusiera fin al procedimiento de ejecución de la sentencia. Asimismo, para la persona juzgadora tampoco se afectaban derechos sustantivos distintos a la cosa juzgada, ya que es un acto tendiente al cumplimiento de un laudo. Por lo tanto, el juicio de amparo indirecto era notoriamente improcedente.
20. Recurso de queja. Nuevamente inconforme, el Ayuntamiento quejoso interpuso un recurso de queja en que planteó vulneración a derechos sustantivos de imposible reparación, los cuales no podían ser materia de estudio en la última resolución del procedimiento.
21. En sesión correspondiente al veintidós de septiembre de dos mil catorce, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito) declaró infundado el medio de impugnación y confirmó el desechamiento de la demanda. Las consideraciones de esa determinación fueron las siguientes:
• El Tribunal Colegiado estableció que el desechamiento del amparo indirecto atendió a que los actos reclamados no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución del laudo, ni tampoco afectan derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada, lo cual consideró adecuado.
• De los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo,(5) se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra los actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, lo que tiene por objeto evitar abusos que obstaculicen la ejecución de una sentencia con carácter de cosa juzgada.
• En este tipo de procedimientos el amparo sólo procede contra la última resolución que ahí se dicte, entendida ésta como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso.
• Para el Colegiado no había duda de que los actos dictados dentro del procedimiento de ejecución en el que el recurrente fue parte demandada no pueden ser impugnados, por el momento, en la vía de amparo indirecto.
• Por esos motivos, el Tribunal Colegiado consideró que la jurisprudencia P. 108/2010,(6) no implicaba la procedencia del amparo indirecto en el caso concreto. Ello, porque atendiendo al contexto de la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia, si los actos reclamados no afectan derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, tales actos sólo pueden impugnarse en amparo indirecto contra la última resolución que se emita en el procedimiento de ejecución.
• En el caso, la orden de embargo tiene que ver con la cosa juzgada en la medida que se deben ejecutar de manera directa y necesaria los derechos establecidos en un laudo en el que el quejoso figuró como parte demandada.
• Si bien los actos reclamados podrían afectar el derecho sustantivo de propiedad de quien ya fue oído y vencido en juicio, dicha afectación deriva de la cosa juzgada en el juicio natural. Por tanto, el acto y los derechos afectados no son ajenos a los que puedan afectarse por la propia ejecución del laudo.
• Finalmente, el Colegiado determinó que la tesis CIV/99, emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) tampoco era aplicable porque la ejecutoria de la que derivó analizó el embargo decretado dentro de un juicio en el que no había resolución de condena, y los actos reclamados en el presente caso se emitieron en ejecución de un laudo.
III.2.2. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito
22. Sentencia condenatoria de origen. El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Tercero de Juicio Mercantil Oral del Primer Distrito Judicial en el estado de Nuevo León dictó sentencia en el juicio oral mercantil Número de expediente "4", mediante la cual declaró la rescisión de un contrato de franquicia y el pago de diversas prestaciones a cargo de Persona "B".
23. En etapa de ejecución, el Juez concedió a la demandada un plazo para cumplir voluntariamente con el fallo, o bien, señalara bienes para embargo. Posteriormente, el propio deudor señaló bienes para tal efecto, por lo que el Juez ordenó el embargo sobre los mismos. No obstante, por escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la parte actora promovió incidente de ampliación de embargo, el cual fue declarado procedente. 24. Amparo indirecto. Inconforme con la ampliación de embargo, Persona "B" promovió juicio de amparo indirecto.
25. Desechamiento. Conoció del asunto el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el estado de Nuevo León, quien desechó la demanda de amparo registrada con el Número de expediente "5", por considerar que el acto reclamado consistía en una sentencia interlocutoria que resolvió sobre una ampliación de embargo en etapa de ejecución de sentencia.
26. Para el Juez, dicha determinación no constituía la última resolución que aprobara o reconociera de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que estableciera la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o bien ordenara el archivo del expediente. Por tanto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto era improcedente.
27. Recurso de queja. Inconforme con el desechamiento, el señor Persona "B" interpuso un recurso de queja en que argumentó que se trata de un acto de imposible reparación ajeno a la cosa juzgada, pues con la ampliación de embargo se causa una afectación de modo cierto e inmediato a los derechos sustantivos respecto a la propiedad y posesión de los bienes del deudor. Dicha afectación no es susceptible de repararse aún impugnando la última resolución de sentencia, pues no podría restituirse al quejoso el tiempo que estuvo vigente el embargo y privado de la posesión o propiedad de los bienes.
28. Sentencia. En sesión correspondiente al siete de julio de dos mil veintidós el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito dictó sentencia en la que confirmó el desechamiento de la demanda. Las consideraciones del Tribunal fueron las siguientes:
• El Tribunal Colegiado declaró infundados los agravios del recurrente pues los derechos sustantivos que se pudieran vulnerar con el acto reclamado no son ajenos a la cosa juzgada.
• Las reglas establecidas en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo supeditan la procedencia del juicio de amparo contra actos después de concluido el juicio, a que se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; o, cuando se trata de remates, aquélla que ordene la entrega y escrituración de los bienes rematados.
• Sobre ese aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 108/2010, creó una excepción al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, consistente en que se admite la procedencia del juicio de amparo dentro del procedimiento de ejecución, a condición de que la resolución respectiva afecte derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada.
• En el caso concreto, la cantidad que se pretende garantizar con la ampliación del embargo reclamado es producto de la sentencia que obtuvo en su favor la parte actora, en la cual se determinó la rescisión del contrato de franquicia y condenó al demandado al pago de diversas prestaciones.
• Si bien existe afectación al derecho de propiedad del peticionario, al gravarse su patrimonio con la ampliación del embargo, no es posible concluir que tal derecho sustantivo es independiente de la cosa juzgada en el juicio de origen, pues el quejoso se encuentra vinculado a responder con su patrimonio de las prestaciones objeto de condena en el juicio de origen.
• La razón de ser de la improcedencia del juicio de amparo en este tipo de casos consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias que tienen la calidad de cosa juzgada, a través de la promoción de juicios de amparo. Por tal motivo, la persona afectada debe esperar al dictado de la última resolución para promover el juicio constitucional, con la posibilidad de reclamar las violaciones cometidas durante esa fase. Lo que incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte estableció en la jurisprudencia 1a./J. 90/2011.(8)
• De esa manera, mientras que el auto que niega un embargo en ejecución de sentencia tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada; el auto que ordena un embargo tiene como finalidad lograr el cumplimiento de la sentencia, de ahí la improcedencia en este supuesto.
• En conclusión, el acto que ordenó la ampliación de embargo tiene como finalidad ejecutar la sentencia y, por ende, guarda estrecha relación con la cosa juzgada, por lo que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
29. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para determinar la existencia de una contradicción de tesis, es necesario que los órganos jurisdiccionales involucrados: i) hayan examinado cuestiones jurídicas iguales en las que ejercieron su arbitrio judicial a través de consideraciones lógico-jurídicas para justificar la resolución y ii) que hayan llegado a conclusiones discrepantes sobre esa misma cuestión jurídica divergente en las resoluciones respectivas, a pesar de que las cuestiones fácticas no sean iguales.(9)
30. La Primera Sala de este alto tribunal ha sostenido también que, para advertir si se está o no frente a la materialización de una contradicción de tesis, se deben satisfacer los siguientes requisitos:
i) La resolución de alguna cuestión litigiosa por parte de los tribunales contendientes en la que hayan tenido que plasmar su arbitrio judicial mediante un ejercicio interpretativo a través del empleo de un canon o método;
ii) La existencia en los criterios de dichos tribunales de un razonamiento en el que la diferencia interpretativa formulada haya girado en torno a una misma cuestión o problema jurídico; y
iii) La configuración de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que también sea legalmente posible.(10)
31. La unificación de criterios es una cuestión que contempla la Constitución Política del país y la ley para proporcionar coherencia y congruencia cuando se presentan tesis discrepantes de distintos tribunales, con la finalidad de dotar de certeza y seguridad jurídica al razonamiento judicial dentro del sistema jurídico mexicano.
32. Con esas precisiones, este Tribunal Pleno considera que es existente la contradicción de criterios denunciada, pues los órganos jurisdiccionales arribaron a conclusiones distintas en cuanto a la procedencia del amparo indirecto contra una orden de embargo en etapa de ejecución de las resoluciones judiciales.
IV.1 Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial
33. Este requisito se satisface porque los tribunales colegiados contendientes llevaron a cabo un ejercicio interpretativo respecto de los asuntos sometidos a su jurisdicción y recurrieron a su arbitrio judicial para emitir sus resoluciones.
34. Los órganos contendientes decidieron sobre recursos de queja donde analizaron acuerdos de desechamiento de demanda, en los que distintos Jueces de Distrito consideraron que el amparo indirecto era improcedente contra una orden de embargo en etapa de ejecución, pues conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional sólo es procedente contra la última resolución dictada en esa etapa procesal.(11)
35. Al emitir sus resoluciones, los tribunales desarrollaron consideraciones jurídicas para fallar de una forma u otra.
IV.2 Segundo requisito. Punto de toque en la cuestión jurídica planteada y diferendo en criterios interpretativos
36. Este segundo requisito también se satisface, ya que existe un punto de toque en el problema jurídico planteado.
37. Al resolver los asuntos sometidos a su consideración, los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones distintas en relación con si la orden de embargo dictada en etapa de ejecución de sentencia puede afectar derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, por tanto, procede el amparo indirecto en su contra; o, en su caso, si la persona afectada debe esperar al dictado de la última resolución en esa etapa para estar en aptitud de promover el juicio constitucional.
38. El Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que la orden de embargo dictada en etapa de ejecución de una sentencia sí puede afectar derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, ya que los posibles bienes embargados no formaron parte del juicio respectivo. Por ende, el escrutinio judicial debe ser inmediato, sin necesidad de esperar al dictado de la última resolución en esa etapa.
39. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito) y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito consideraron que la orden de embargo en etapa de ejecución de sentencia no afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, ya que dicha orden sólo forma parte de la efectividad de las resoluciones, en consecuencia, el amparo indirecto es improcedente y la persona afectada debe esperar al dictado de la última resolución en esa fase del proceso.
40. Del contraste entre las consideraciones sustentadas en las resoluciones de queja en estudio, se obtiene una genuina contradicción de criterios en cuanto a la procedencia del amparo indirecto contra actos en etapa de ejecución. En consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito relativo a la existencia de un diferendo en criterios interpretativos entre tribunales sobre una misma cuestión jurídica.
41. No es obstáculo para establecer la contradicción el hecho de que sean distintos los procedimientos de origen, en el entendido de que en un caso se trató de un juicio ordinario mercantil, en el otro supuesto de un juicio laboral y, en el tercero, de un procedimiento oral merc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32482-1a6c568e/orden-de-embargo-emitida-en-la-etapa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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