ACCIONES COLECTIVAS. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA NOTIFICAR SU ADMISIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ACCIONES COLECTIVAS. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, CONTRA LAS DECISIONES JUDICIALES DICTADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, QUE ADMITAN, ORDENEN EL DESAHOGO O DESECHEN PRUEBAS QUE, POR SÍ SOLAS, NO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS.
ACCIONES COLECTIVAS. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA NOTIFICAR SU ADMISIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
ACCIONES COLECTIVAS. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, CONTRA LAS DECISIONES JUDICIALES DICTADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, QUE ADMITAN, ORDENEN EL DESAHOGO O DESECHEN PRUEBAS QUE, POR SÍ SOLAS, NO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. DISIDENTES: FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ Y NEÓFITO LÓPEZ RAMOS (PRESIDENTE), QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. PONENTE: MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES. SECRETARIO: JORGE BAUTISTA SORIA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
El Pleno Civil es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse formulado por **********, por su propio derecho y como apoderado legal de la **********,(2) de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito.
a. Criterio sustentado por el Primer Tribunal.
El once de junio de dos mil quince, el Primer Tribunal declaró infundado el recurso de queja QC. 95/2015, interpuesto por **********, por conducto de su entonces representante **********, contra el acuerdo dictado el veintinueve de abril de dos mil quince, por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el expediente 295/2015.
La recurrente promovió demanda de amparo en la que reclamó del Congreso de la Unión, del presidente de la República, de la Secretaría de Gobernación y del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México: la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del artículo 2566 del Código Civil Federal, así como el acto de aplicación, consistente en el acuerdo de trece de marzo de dos mil quince.
En este acuerdo, el Juez responsable ordenó al representante común de la colectividad, que diera noticia a sus mandantes del inicio de la acción colectiva, que decretó en el propio auto.
El Juez Federal de amparo desechó la demanda, porque no se observó el principio de definitividad.
El Primer Tribunal declaró infundado el recurso de queja, con base en las consideraciones siguientes:
Que era apegado a derecho que el Juez Federal haya desechado la demanda de garantías, toda vez que, opuesto a lo sostenido por la inconforme, no se dio el caso de excepción al principio de definitividad, previsto en el tercer párrafo de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que éste sólo operaría, siempre y cuando el acto de aplicación fuera de imposible reparación.
Que el acto reclamado no era de imposible reparación, porque no infringió los derechos sustantivos de la parte recurrente, pues simplemente declaró iniciado el ejercicio de la acción colectiva, y mediante notificación personal dirigida a la representante común, le ordenó que procediera en términos del numeral 2566 del código sustantivo civil, esto es, que le diera noticia oportuna a sus mandantes del inicio de la acción colectiva.
Que dicha actuación judicial solamente repercute en los derechos adjetivos de la inconforme, porque sólo dilucidó una cuestión meramente procesal.
Que como el acto reclamado solamente decretó el inicio del juicio, y se dispuso la manera cómo se haría del conocimiento de la colectividad promovente que la controversia ya había empezado, era evidente que sólo constituía una cuestión puramente procesal, que no afectaba los derechos sustantivos de la recurrente, por no actualizarse el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.
Agregó que la violación procesal reclamada sólo era impugnable a través del juicio de amparo directo, que se llegara a promover en contra de la sentencia definitiva, siempre y cuando fuera adversa a la quejosa.
El criterio anterior fue emitido por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes.
b. Criterio sustentado por el Primer Tribunal.
El uno de febrero de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal declaró infundado el recurso de queja QC. 337/2017, interpuesto por **********, por propio derecho y como apoderado legal de la representación común de la **********, contra el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, que desechó la demanda de amparo indirecto, expediente 123/2017.
La recurrente promovió demanda de amparo contra actos del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito y del Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, consistente en la resolución de seis de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 113/2017, derivado del recurso de apelación interpuesto por la colectividad en contra del auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, en la acción colectiva número 321/2013 PL.; así como su ejecución.
Dicha resolución reclamada confirmó el acuerdo que desechó diversas pruebas periciales y los interrogatorios verbales ofrecidos por la recurrente en queja.
Contra dicha resolución, la quejosa promovió juicio de amparo indirecto, y el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente, porque el acto reclamado no era de imposible reparación.
El Primer Tribunal declaró infundado el recurso de queja en base a las consideraciones siguientes:
Que fue correcto que se desechara la demanda, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, porque efectivamente el acto reclamado no era de imposible reparación.
Que el desechamiento de las periciales no le produjo a la inconforme un perjuicio de imposible reparación, porque los efectos que generó el desechamiento de tales pruebas no se traducen en una afectación a los derechos sustantivos de aquélla, ya que este tipo de decisión solamente afecta derechos adjetivos, debido a que solamente se impidió que el resultado de las periciales que propuso la colectividad actora se incorporara al acervo probatorio del juicio.
Que el desechamiento de las periciales no produce un perjuicio de imposible reparación en la esfera jurídica del inconforme, porque no se advierte que versen sobre una situación especial que de no practicarse pudiera poner en riesgo la salud y la vida de las personas; así como la conservación de los maíces nativos y sus parientes silvestres, pues el único efecto de la inadmisión de las periciales era impedir que el resultado que pudieran arrojar se incorporara al acervo probatorio del juicio de origen; pero, si la acción llegara a ser declarada procedente, dicha infracción no trascendería en la esfera jurídica sustantiva de la disidente.
Que era inaplicable la tesis I.9o.C.1 CS (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ACCIONES COLECTIVAS. LAS VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ÉSTE, AL TENER EL CARÁCTER DE SUSTANTIVO POR MANDATO CONSTITUCIONAL, SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de julio de 2017 a las 10:21 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Tomo II, julio de 2017, página 1054, por no ser obligatoria para el Primer Tribunal, y porque no beneficiaba a los intereses de la recurrente, ya que no todas las violaciones procesales en el procedimiento colectivo, tienen el carácter de actos de imposible reparación.
Además, que en el juicio natural del que derivó el acto reclamado, origen de la queja materia de estudio del Noveno Tribunal, se ejecutó una acción distinta que versó sobre la protección de los consumidores de bienes y servicios.
El criterio anterior fue emitido por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes.
c. Criterio sustentado por el Noveno Tribunal.
El doce de mayo de dos mil diecisiete, el Noveno Tribunal declaró fundado el recurso de queja QC. 272/2016, interpuesto por la Procuraduría Federal del Consumidor, representada por sus apoderados **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** e **********, en el que reclamó el auto dictado el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, pronunciado por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en el expediente 141/2016.
La quejosa promovió demanda de amparo en contra de la resolución de alzada de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, que revocó el acuerdo de desechamiento de pruebas que emitió el Juez natural, para admitir las pruebas confesionales a cargo de cada de uno de los consumidores de la colectividad, ofrecidas por su contraparte.
El Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito desechó la demanda por notoriamente improcedente, en atención a que el acto reclamado no era de imposible reparación.
El Noveno Tribunal, al resolver el recurso de queja, estimó fundados los agravios, de acuerdo con las consideraciones siguientes:
Que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra de actos dictados en juicio, que afecten materialmente derechos sustantivos, los cuales se identifican con la vida misma, el patrimonio, la libertad, etcétera.
Que el desechamiento de la demanda de amparo por el Tribunal Unitario, es resultado de no haber analizado la naturaleza del acto reclamado.
Que el veintinueve de julio de dos mil diez, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la adición del párrafo tercero del artículo 17 constitucional, que prevé las acciones colectivas.
Que mediante reforma de treinta de agosto de dos mil once, se adicionó al Código Federal de Procedimientos Civiles, el libro quinto, denominado "De las acciones colectivas", para reglamentar el ejercicio de los derechos difusos, colectivos en sentido estricto, e individuales de incidencia colectiva; y cuyo artículo 585 le otorga a la Procuraduría Federal del Consumidor legitimación para ejercer las acciones colectivas.
Que el treinta de agosto de dos mil once, se publicó la reforma al artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para regular también la legitimación de la Procuraduría Federal del Consumidor para ejercer la acción colectiva.
Que en la exposición de motivos de la reforma de treinta de agosto de dos mil once, al Código Federal de Procedimientos Civiles, se determinó que las acciones colectivas son una nueva categoría de derechos sustantivos.
Que como el procedimiento especial de las acciones colectivas, perfecciona el marco jurídico de tales acciones para hacer de dicha herramienta legal un verdadero instrumento de defensa de los intereses de los ciudadanos y consumidores, mediante un procedimiento ágil de carácter eminentemente social; entonces, algunas violaciones procesales cometidas durante ese procedimiento especial, pueden considerarse de carácter sustantivo, porque su finalidad es la tutela de derechos colectivos con carácter social, por mandato constitucional
Que los derechos sustantivos que tutelan las acciones colectivas son de carácter patrimonial, porque el procedimiento fue creado como un marco jurídico protector de los consumidores de bienes y servicios respecto de las empresas privadas y públicas que los proveen, es decir, tiene como finalidad la protección del patrimonio de los consumidores, pues la obtención de bienes y servicios tiene un costo económico.
Que si los consumidores son víctimas de bienes o servicios deficientes, pueden reclamar las afectaciones que se les causen, porque estas afectaciones repercuten en un detrimento en su patrimonio, de ahí que si la controversia se suscita en relación con el desahogo de la prueba confesional, no procede desechar la demanda de amparo, ya que no era manifiesta ni indudable la causal de improcedencia, basada en que no se trataba de un acto de ejecución irreparable.
Que no pasaba inadvertido que, en términos generales, el desahogo de una prueba no es considerado un acto de imposible reparación, porque existe la posibilidad de que la parte afectada obtenga un fallo favorable a sus intereses, pero en el procedimiento creado para dirimir las acciones colectivas es especial de rango constitucional, catalogado como un derecho sustantivo, que tiene como finalidad aportar un servicio social colectivo de carácter patrimonial, por lo que cualquier transgresión al procedimiento es susceptible de afectar de manera directa e inmediata derechos sustantivos, lo cual puede suceder tan sólo si no se cumplen las formas creadas para ventilar dicho procedimiento, pues de admitirse o desahogarse una prueba en una forma distinta a la prevista en el procedimiento especial, impactará en la sentencia, desde el momento en que el procedimiento fue creado de tal manera que la Procuraduría Federal del Consumidor represente en juicio a un sinnúmero de consumidores en forma colectiva, afectados por un mismo proveedor, que no pueden defenderse en lo individual, porque no obtendrían el mismo resultado.
Que la sentencia no afecta o beneficia sólo a los consumidores que aparecen en el escrito inicial de demanda, sino a toda la colectividad que se encuentre en el mismo supuesto, pues tiene efectos ultrapartes.
Que el acto reclamado, por su propia naturaleza, es susceptible de afectar derechos sustantivos, los cuales no pueden esperar a ser reclamados en amparo directo, ya que se encuentra en juego desde el inicio del procedimiento el patrimonio de los consumidores.
El criterio anterior fue emitido por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes.
CUARTO.—Estudio sobre la existencia de la contradicción de tesis.
En primer término, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se analizará si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, examinaron hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegaron a conclusiones opuestas respecto a la solución que debía darse a dichas cuestiones.
El análisis de las mencionadas ejecutorias de amparo pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, respecto de los criterios sostenidos por el Primer Tribunal con lo resuelto por el Noveno Tribunal, como se advierte de lo siguiente:
A. En la sentencia dictada en el recurso de queja 95/2015, el Primer Tribunal consideró que la circunstancia de que la recurrente haya promovido juicio de amparo indirecto contra el primer acto de aplicación del artículo 2566 del Código Civil Federal, no actualizaba la causa de excepción al principio de definitividad, previsto por el tercer párrafo de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no era optativo que interpusiera el recurso previsto en la ley ordinaria o acudir al juicio de amparo.
Agregó que esa excepción opera siempre y cuando el acto controvertido pueda considerarse de imposible reparación por infringir derechos sustantivos; sin embargo, el acto reclamado en la demanda de amparo de la que derivó tal recurso, no tenía esas características, pues simplemente declaró el inicio de la acción colectiva y ordenó que su mandataria diera noticia oportuna a sus mandantes, en términos del artículo impugnado de inconstitucional.
Puntualizó que esa actuación sólo repercutía en los derechos adjetivos de la recurrente, por lo que no podía ser considerado un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, en tanto que no afectaba su vida, libertad, propiedad e integridad personal.
B. En la ejecutoria emitida en el recurso de queja 337/2017, el propio Primer Tribunal señaló que el desechamiento de las pruebas periciales en un procedimiento de una acción colectiva, no constituía un acto de imposible reparación, porque no afectaba de manera cierta e inmediata derechos fundamentales, sino que afectaba derechos adjetivos que podían ser reparados si la parte oferente obtenía una sentencia favorable.
Puntualizó que aun cuando los derechos que dan lugar a las acciones colectivas se consideran derechos sustantivos constitucionales, no todas las infracciones que se cometen en estos procedimientos originan un acto de imposible reparación.
Refirió que el desechamiento de las pruebas periciales solamente afecta derechos adjetivos de la colectividad, pues impidió que se incorporaran a su acervo probatorio en el juicio, pero no produciría un perjuicio de imposible reparación, en tanto que no versan sobre una situación especial que de no desahogarse pudiera poner en riesgo la salud y la vida de las personas; así como la conservación de los maíces nativos y sus parientes silvestres, pues si la acción intentada se declarara procedente, la infracción jamás trascendería en la esfera jurídica sustantiva de la recurrente.
C. Al resolver el recurso de queja 272/2016, el Noveno Tribunal razonó que el ejercicio de las acciones colectivas fue catalogado como una nueva categoría de derechos sustantivos de naturaleza social, por lo que algunas de las violaciones procesales cometidas durante ese procedimiento especial pueden considerarse de carácter sustantivo, porque su finalidad es la tutela de derechos colectivos con carácter eminentemente social.
Indicó que los derechos sustantivos tutelados por las acciones colectivas son de carácter patrimonial, pues el procedimiento fue creado como marco jurídico protector de los consumidores de bienes y servicios adquiridos de empresas privadas y públicas que los proveen.
Consideró que el procedimiento de una acción colectiva en sentido estricto, se encuentra catalogado como un derecho sustantivo con la finalidad de aportar un servicio social colectivo de carácter patrimonial, por lo que, cualquier transgresión al procedimiento es susceptible de afectar derechos sustantivos de manera directa e inmediata, con la simple circunstancia de que no se cumplan las formas creadas para ventilar el procedimiento, verbigracia, al admitirse o desahogarse una prueba en forma distinta a la prevista en el procedimiento especial, lo que impactaría en la sentencia, pues ese tipo de procedimientos fue creado como marco jurídico protector de los bienes patrimoniales de los consumidores frente a las empresas que proveen de servicios y bienes a aquéllas.
Puntualizó que, por tanto, el acto reclamado, por su propia naturaleza, era susceptible de afectar derechos sustantivos, los que no se pueden reclamar hasta el amparo directo, porque desde el inicio del procedimiento se encuentra en juego el patrimonio de los consumidores.
Conforme a lo anterior, es evidente la contradicción que existe respecto de los criterios del Primer Tribunal y del Noveno Tribunal, pues mientras que el primero considera sustancialmente que, por regla general, las violaciones adjetivas acaecidas en acciones colectivas no hacen procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, salvo que, por sí mismas pudieran generar alguna violación directa a los derechos sustantivos de la colectividad; el segundo considera que, en general, las violaciones procesales acontecidas en ese tipo de acciones, sí son susceptibles de transgredir derechos sustantivos.
Hay contradicción porque contra actos de una misma naturaleza pero de diferente contenido (violaciones de carácter procesal que ordenan hacer saber del inicio de la acción colectiva a los mandantes; inadmisión de pruebas periciales y admisión de pruebas confesionales en forma individualizada) un tribunal considera que no procede el juicio de amparo en la vía indirecta, en tanto que puede reclamarse como violación procesal en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, pues sus efectos podrían desaparecer con una resolución favorable a sus intereses; mientras que el otro considera que, por tratarse de una acción colectiva con rango constitucional, las violaciones procesales transgreden derechos sustantivos que hacen procedente el juicio de amparo en la vía indirecta.
Por tanto, se entrará al estudio de fondo de la contradicción de tesis; con la aclaración de que al hacerlo, se invocará la ley aplicable y vigente.
QUINTO.—Resolución del Pleno Civil del Primer Circuito.
I. Delimitación del tema.
El aspecto a dilucidar, se centra en determinar si las resoluciones procesales, como son el auto de inicio de la acción colectiva en el que se ordena al representante de la colectividad, notificar a sus mandantes del inicio del procedimiento; la resolución de admisión y desahogo de pruebas, o bien, el desechamiento de éstas, dictadas en un proceso especial de acción colectiva constituyen o no actos de imposible reparación, contra los que procede el juicio de amparo indirecto.
Lo anterior hace necesario referir algunos aspectos de las acciones colectivas.
II. La acción colectiva.
Las acciones colectivas surgieron a través de la reforma al artículo 17 constitucional, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de julio de dos mil diez, en el que se adicionó el tercer párrafo que dice:
"Artículo 17. ... El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los Jueces Federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos."
Lo anterior demuestra que se elevó a rango constitucional el derecho para ejercer una acción colectiva; sin embargo, la regulación procesal de estas acciones se delegó a leyes secundarias.
Derivado de ello, el treinta de agosto de dos mil doce, se reformó el Código Federal de Procedimientos Civiles, y se adicionó el libro quinto, "De las acciones colectivas".
En éste, se encuentran los artículos 578, 579 y 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevén:
"Artículo 578. La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente."
"Artículo 579. La acción colectiva es procedente para la tutela de las pretensiones cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a los miembros de un grupo de personas."
"Artículo 580. En particular, las acciones colectivas son procedentes para tutelar:
"I. Derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquéllos de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes.
"II. Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como aquéllos de naturaleza divisible cuya titularidad corresponde a los individuos integrantes de una colectividad de personas, determinable, relacionadas por circunstancias de derecho."
De los preceptos transcritos se colige que las acciones colectivas son los medios por los cuales una colectividad o grupo de personas a través de un representante, puede comparecer a los tribunales de la Federación en defensa de derechos o intereses colectivos o individuales, con la particularidad de que, en tratándose de estos últimos, no podrían obtener una solución adecuada si acudieran en una acción individual.
Por medio de estas acciones se busca proteger intereses o derechos:
a) Colectivos en sentido estricto y los difusos; e
b) Individuales homogéneos que se les da el trato de colectivos.
Sin embargo, la limitante a estos derechos se encuentra en el primer precepto transcrito, pues indica que las acciones en comento sólo pueden promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.
Así, tenemos que las acciones colectivas surgen para la defensa de la titularidad de derechos de una colectividad de personas o individuos, o de los derechos individuales que tienen un origen común.
Ahora bien, el artículo 581 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé:
"Artículo 581. Para los efectos de este código, los derechos citados en el artículo anterior se ejercerán a través de las siguientes acciones colectivas, que se clasificarán en:
"I. Acción difusa: Es aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la afectación, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y el demandado.
"II. Acción colectiva en sentido estricto: Es aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos, cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente del demandado, la reparación del daño causado consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo y que deriva de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado.
"III. Acción individual homogénea: Es aquella de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable."
El precepto transcrito define la acción difusa, colectiva en sentido estricto y la individual homogénea.
Acción difusa, es aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos, su titular es una colectividad indeterminada, su objeto es reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad, mediante la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la afectación o, en su caso, al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista vínculo jurídico entre dicha colectividad y el demandado.
Acción colectiva en sentido estricto, es de naturaleza indivisible y se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos, su titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes, su objeto es reclamar judicialmente del demandado, la reparación del daño causado consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo y que deriva de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado.
Acción individual homogénea, es de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, sus titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato, o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable.
Así, los derechos e intereses que pueden ser objeto de protección a través de las acciones colectivas, son los siguientes:
Derechos e intereses difusos, éstos son los que pertenecen a una comunidad como un todo, son indivisibles, porque no pueden distribuirse en partes para atribuirlas a los miembros de la colectividad y originar pretensiones individuales independientes, es decir, no puede emitirse una resolución que solamente beneficie a un individuo, porque se verían beneficiados todos, pues si los derechos o intereses de uno se transgreden, lo mismo sucede con los demás integrantes de la colectividad.
Derechos e intereses colectivos en sentido estricto, a diferencia de los difusos, la colectividad es determinada o determinable, pertenecen a un grupo, categoría, o clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria debido a una relación jurídica por mandato de la ley.
En este supuesto, se demanda la reparación del daño causado consistente en la realización
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28014-97db18cd/acciones-colectivas-contra-el-auto-que-ordena-notificar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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