INTERÉS LEGÍTIMO. LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE QUERÉTARO, AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, TIENEN LA CARGA PROCESAL DE ACREDITAR TAL CARÁCTER. TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE QUERÉTARO. EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA TARIFA CORRESPONDIENTE, ES DE CARÁCTER AUTOAPLICATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).
INTERÉS LEGÍTIMO. LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE QUERÉTARO, AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, TIENEN LA CARGA PROCESAL DE ACREDITAR TAL CARÁCTER.
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE QUERÉTARO. EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA TARIFA CORRESPONDIENTE, ES DE CARÁCTER AUTOAPLICATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL, TODOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 13 DE DICIEMBRE DE 2016. PONENTE: MARIO ALBERTO ADAME NAVA. SECRETARIO: AQUILES FLORES SÁNCHEZ.
Querétaro, Querétaro. Acuerdo del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, correspondiente a la sesión del día trece de diciembre de dos mil dieciséis.
VISTO, para resolver el expediente 6/2016, relativo a la contradicción de tesis, sustentada entre los actuales cuatro Tribunales Colegiados que integran el Vigésimo Segundo Circuito; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Antecedentes. Por auto de diez de junio de dos mil dieciséis emitido en el expediente administrativo **********, el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, denunció la posible contradicción de criterios sustentados por la totalidad de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito, en torno a la cuestión sobre la naturaleza jurídica del Acuerdo por el que se determina la tarifa aplicable al Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano de Querétaro, publicado el treinta y uno de julio de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", emitido por el director general del Instituto Queretano del Transporte y secretario del Consejo Directivo,(1) así como en relación con la carga de la prueba de los quejosos que se ostentan como usuarios del transporte público colectivo urbano, para promover el juicio de amparo contra dicho acuerdo tarifario impugnado, sobre la base de un interés legítimo o jurídico.
Al respecto, el Juez de Distrito referido, expuso lo que se reseña enseguida:
• Que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, al resolver el amparo en revisión **********,(2) determinó que el acuerdo impugnado, a través del cual se autorizó un incremento a la tarifa del servicio público, es de naturaleza autoaplicativa, por lo que al tratarse de un servicio público básico que el Estado suministra con base en concesiones, supone siempre una prestación instrumental de interés general tendente a posibilitar la satisfacción de otros derechos e interés social; por tanto, todo gobernado ha de ser considerado como usuario potencial, de donde resultaba innecesario que el justiciable debiera acreditar la utilización del servicio, pues el carácter de usuario es inherente a su derecho de utilizar esa prestación en el momento que lo requiera o desee, en tanto todo individuo tiene derecho a la movilidad personal.
• Que el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, al resolver el amparo en revisión **********,(3) sostuvo que el interés debe comprobarse fehaciente e indudablemente, no con base en inferencias, por lo que la parte quejosa debía demostrar que resintió un perjuicio, pues la persona no es per se usuario de un servicio, luego, que debía acreditarse tal carácter (usuario) para el ejercicio de la acción constitucional.
• Que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de este Circuito, al resolver los amparos en revisión administrativa ********** y ********** (antes **********),(4) estableció que el acuerdo impugnado era de naturaleza heteroaplicativa, ya que la afectación se encuentra condicionada a la solicitud del servicio, pues hasta que ello no ocurra sólo son usuarios potenciales.
• Que (sic) Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de este Circuito, al resolver los amparos en revisión **********, ********** (antes **********), ********** y **********,(5) sostuvo que el decreto impugnado era de naturaleza autoaplicativa, no obstante eso, los quejosos debían acreditar ser usuarios del transporte público; asimismo, sostuvo que los agraviados no habían demostrado interés legítimo, porque no acudieron a defender un derecho difuso o en beneficio de alguna colectividad determinada.
SEGUNDO.-Trámite. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la presidencia de este Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, tuvo por recibido el escrito de mérito, y admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de criterios, ordenando su registro bajo el número 6/2016, y se solicitó de las presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes, copia certificada de las ejecutorias dictadas en los asuntos de sus respectivos índices, así como también informaran sobre la circunstancia de si los criterios sustentados continuaban vigentes y, en su caso, la causa que pudiera suscitarse para tenerlo por superado o abandonado.
En proveídos de veintidós de junio y cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Presidencia del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, tuvo por recibidos los oficios 7461/2016, 2400, 44/2016, 7787 y 3974/2016, por los que los secretarios de Acuerdos de los Tribunales Colegiados contendientes, remitieron copia certificada de las ejecutorias que les fueron requeridas, e informando que seguía vigente el criterio ahí sustentado.
TERCERO.-Turno. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, al estimar que el asunto se encontraba debidamente integrado, con fundamento en los artículos 94, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216 y 217 de la Ley de Amparo, 41 Quáter 1o., fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y artículo 13, fracciones VI y VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la presidencia de este Pleno de Circuito ordenó turnar los presentes autos al Magistrado Mauricio Barajas Villa, para el efecto de la formulación del proyecto de resolución respectivo.
CUARTO.-Dictamen del ponente. El trece de julio de dos mil dieciséis, en atención al dictamen formulado por el Magistrado ponente Mauricio Barajas Villa, se solicitó a la presidencia del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, remitiera copia certificada de las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión administrativa ********** y **********, e informara si el criterio emitido en esas ejecutorias seguía vigente; asimismo, se solicitó al resto de los Tribunales Colegiados contendientes, comunicaran la existencia de algún otro asunto relacionado con los temas de la presente contradicción de criterios y, en su caso, enviaran copia certificada de las ejecutorias correspondientes, además de indicar si el criterio adoptado en éstas seguía vigente.
En el mismo acuerdo, con fundamento en el artículo 28, en relación con el diverso 13, fracción VI, ambos del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se dejó sin efectos el proveído de cuatro de julio de dos mil dieciséis, por el que se turnó el presente asunto.
Por oficio **********, de tres de agosto de dos mil dieciséis, el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de este Circuito, comunicó que no se ha emitido nueva sentencia en relación con los temas de la contradicción de tesis.
Mediante oficio 64/2016, de dos de agosto de dos mil dieciséis, la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, remitió copias certificadas de las ejecutorias correspondientes a los recursos de revisión ********** y **********, e informó que el criterio sustentado en éstas se encuentra vigente.
En proveído de diez de agosto de dos mil dieciséis, la presidencia del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, tuvo por recibidos los oficios referidos de los secretarios de Acuerdos de los Tribunales Colegiados contendientes, mediante los cuales dieron cumplimiento al auto dictado el trece de julio de la misma anualidad y ordenó agregar las copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que les corresponden.
De igual forma, tuvo al secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de este Circuito, informando que no se había resuelto asunto diverso en relación con los temas de la presente contradicción de criterios.
Por oficio 3328 de nueve de agosto de dos mil dieciséis, el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, informó que en sesión de veintiséis de mayo del año en curso, se resolvió el recurso de revisión ********** (antes **********), en términos similares al recurso de revisión **********, para lo cual remitió copia certificada de la ejecutoria correspondiente y, comunicó que hasta el momento, el respectivo criterio se encontraba vigente, lo cual se acordó, mediante auto de once de agosto siguiente.
Mediante oficio 4518/2016, de veinte de julio de dos mil dieciséis, el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de este Circuito, informó que con posterioridad a las ejecutorias remitidas, en relación con los temas de la presente contradicción de criterios, se resolvieron los amparos en revisión ********** (antes **********) y **********, sesionados el siete de abril y siete de julio del mismo año, respectivamente, para lo cual remitió las copias certificadas correspondientes, e informó que no había variado el criterio sostenido en las indicadas ejecutorias, el cual se acordó por proveído de diecinueve de agosto siguiente.
QUINTO.-Devolución de autos al ponente. Una vez recabadas las constancias requeridas, por diverso proveído de diecinueve de agosto del año en cita, se ordenó devolver el asunto al Magistrado ponente, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
Por auto de primero de septiembre de dos mil dieciséis, el secretario de Acuerdos del Pleno de este Circuito, informó que en razón a lo acordado en sesión celebrada el treinta de agosto del mismo año, en torno a la petición formulada por el Magistrado Mauricio Barajas Villa, mediante escrito presentado el veintidós del mismo mes y año, en el sentido de que se le concediera prórroga para la elaboración del proyecto de sentencia para resolver la presente contradicción de tesis, hasta por el número de días que estaría ausente, con motivo de la licencia académica, que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de su conocimiento que le fue autorizada en sus términos.
SEXTO.-Primer proyecto de sentencia y returno del asunto a diverso ponente. En sesión de pleno de este Circuito, celebrada el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, fue presentado el proyecto de resolución por parte del Magistrado ponente Mauricio Barajas Villa, y discutido que fue, se desechó el mismo por mayoría de tres votos de los Magistrados María del Carmen Sánchez Hidalgo, Carlos Hernández García y Mario Alberto Adame Nava; ante lo cual se acordó returnar el asunto al último de los nombrados, para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, con fundamento en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, artículos 41 Bis al 41 Quáter 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con base en el artículo quinto transitorio del Acuerdo General 13/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la semiespecialización y cambio de denominación de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito con sede en Querétaro, Querétaro; a las reglas de turno, sistemas de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados órganos colegiados;(6) pues dicha contradicción emana de Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, pues fue formulada por el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(7)
TERCERO.-Síntesis de las decisiones materia de la denuncia de contradicción. A fin de verificar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, es menester relatar una reseña de las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias que respectivamente emitieron; en efecto:
El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, al resolver los recursos de revisión números ********** (antes **********), ********** (antes **********) y ********** (antes **********),(8) determinó confirmar el sobreseimiento decretado en los juicios de amparo por los Jueces de Distrito, aunque por razones distintas, para lo cual se apoyó en las siguientes consideraciones esenciales siguientes:
• Que el acuerdo tarifario impugnado goza de las características de una norma general, a saber, generalidad, abstracción, impersonalidad y obligatoriedad, ya que no se agota o se extingue con una aplicación concreta, además de que no va dirigido a un sujeto o conjunto de sujetos determinados, sino a un grupo que satisface ciertas características, esto es, para todo aquel usuario o potencial usuario del transporte público colectivo urbano en la zona metropolitana del Municipio de Querétaro, y en el resto del Estado; además de ser obligatorio tanto para concesionarios y usuarios del servicio.(9)
• Que el acuerdo impugnado tiene la naturaleza de norma autoaplicativa porque del examen sistemático de los artículos sexto, séptimo y octavo del mismo, se advertía que las tarifas incrementadas en los porcentajes relativos entraron en vigor el dos de agosto de dos mil quince, fecha desde la cual se estableció el deber a cargo de los concesionarios de informar al usuario los incrementos, mediante la exhibición pública de la tarifa autorizada en forma permanente en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases de ruta; en tanto que, a los usuarios correlativamente se les impuso la obligación de pagar, también desde aquella fecha, dicho servicio con el incremento aprobado, esto es, las obligaciones a cargo del concesionario y el usuario surgieron de modo incondicionado (con la sola entrada en vigor del acuerdo impugnado), pues si bien establece hipótesis normativas que, de entrada, no van dirigidas sino a los concesionarios como terceros vinculados de forma inmediata sin la necesidad de acto de aplicación, lo cierto era que los quejosos, por su posición frente a ese ordenamiento, resentían los efectos de la conducta asociada a esa hipótesis normativas al momento en que realizaran el uso del servicio público de transporte, ya que necesariamente tendrían que pagar la nueva tarifa correspondiente, sin importar si el quejoso era un usuario potencial, ocasional o frecuente.(10)
• Que resultaba incorrecto atribuir a los quejosos la carga de probar el carácter de usuarios del transporte colectivo urbano, porque al tratarse de un servicio público básico que el Estado suministra bajo el esquema de concesiones, supone siempre una prestación instrumental de interés general tendente a posibilitar la satisfacción de otros derechos e intereses sociales en ámbitos como el laboral, educativo, social y cultural; esto es, todo gobernado ha de ser considerado como usuario potencial, por el solo hecho de estar inmerso en la sociedad en que se presta el servicio público.
• Que los accionantes del amparo que reclaman el incremento a las tarifas relativas, sobre la base de un interés legítimo, están relevados de la carga de la prueba acerca del uso habitual u ocasional del transporte público en circunstancias precisas de tiempo, modo y lugar, pues el carácter de usuario es inherente a su derecho de utilizar dicha prestación, en el momento que así lo requiera o desee, en tanto que todo individuo tiene el derecho fundamental a la movilidad personal, que en consonancia con lo (sic) principios de unidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos, permite la satisfacción de otro cúmulo de derechos fundamentales.
• Que en torno al interés legítimo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 50/2014,(11) estableció que dicho interés se traduce en la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que ésta requiera de una facultad legal otorgada expresamente, en tanto que basta con ubicarse y expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, por tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto reclamado produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.
• Que los recurrentes no demostraron la circunstancia diferenciada en que, bajo protesta de decir verdad, dijeron hallarse frente a la norma reclamada, y en contraste a la posición de cualquier otro gobernado, que condujera a la conclusión sobre la existencia de una afectación real y cualificada, que es el requerimiento necesario para satisfacer la comprobación del interés legítimo.
• Que los quejosos sostuvieron junto a una colectividad, un interés legítimo a partir de afirmar su pertenencia a un sector de la población que por sus bajos ingresos económicos precisan necesariamente del uso del servicio de transporte público colectivo urbano en Querétaro.
• Que aun cuando en el caso de personas de escasos recursos económicos el principio de autoadscripción -por cuya aplicación se presume cierto que se encuentran en la categoría que ostentan y bajo la cual se identifican, de suerte que no pesa sobre ellos la carga de probar que se encuentran en dicha posición o identidad-, pudiera ser aplicable, tal supuesto exige ponderar las circunstancias fácticas y el contexto de cada caso, de manera que si, por ejemplo, las personas en cuestión aducen una determinada condición económica por cuanto dicen percibir un determinado número de salarios mínimos diarios, será menester que el operador valore la eventual verosimilitud de ese aserto, bajo la aplicación del principio ontológico por el cual, lo ordinario se presume, pero lo extraordinario merece ser explicitado y demostrado a través de elementos probatorios asequibles, aptos e idóneos.
• Que los quejosos no habían demostrado el aserto fáctico expresado bajo protesta de decir la verdad en que hicieron descansar su situación especial frente a la norma reclamada, esto es, pertenecer a un grupo de la población de ingresos económicos bajos, a fin de acreditar el interés legítimo que exige ser real y actual.
• Que al margen de que tal aserto resultaba contradictorio, no se encontraba respaldado con prueba alguna aportada por los recurrentes; en ese contexto, que no acreditaron la afectación real a su esfera jurídica, al no demostrar ese vínculo especial apoyado en sus aducidos bajos ingresos económicos, por lo que no demostraron esa situación jurídica identificable.
• Que el interés que la parte quejosa enarboló, lo tiene cualquier otra persona, por lo que se traducía su pretensión en un interés simple no tutelable en el juicio constitucional.
El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en su anterior denominación,(12) al resolver el amparo en revisión **********,(13) determinó confirmar el sobreseimiento en el juicio de amparo decretado por el Juez de Distrito, porque los quejosos no acreditaron el interés jurídico para instar la acción constitucional, bajo las siguientes consideraciones:
• Que el interés jurídico -como requisito o presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo-, es de comprobación fehaciente e indudable, y no con base en presunciones o con la sola afirmación de los impetrantes de que son sujetos de la norma reclamada, sobre todo cuando se enjuicia una norma de carácter general y abstracto, de donde no puede tenerse acreditado por la falta de controversia por parte de las autoridades responsables, en torno a los hechos que narraron en su demanda de amparo, esto es, de tener el carácter de sujetos usuarios del transporte público colectivo en la zona metropolitana de Querétaro, ya que con independencia de ello, el solicitante de amparo debía acreditar -como carga procesal ineludible- la demostración de resentir un perjuicio jurídico ocasionado por la ley o acto reclamado, que en este caso, conllevaba la demostración de que el justiciable fuera usuario -ocasional o permanente- del transporte público en la zona metropolitana del Municipio de Querétaro.
• Que con independencia de la naturaleza de la norma reclamada, esto es, que fuera de individualización condicionada o no, ya que ello no lo había precisado el Juez de amparo ni constituía materia de análisis del recurso de revisión, en función de que los agravios planteados por los quejosos no se enfocan a ello, porque sólo se fincaron en una problemática relacionada con el modo y la forma en que debía acreditarse el interés jurídico, esto es, relativa a que no existió contienda por parte de las autoridades sobre su carácter de usuarios o no del servicio de transporte público colectivo en la zona metropolitana de Querétaro, se convenía con lo resuelto por el juzgador de Distrito en cuanto a que correspondía a los quejosos -como carga procesal- probar su interés jurídico de modo fehaciente y no con base en presunciones, o bien con la sola afirmación de que eran sujetos de la norma reclamada.
• Que ante la impugnación de una norma en la vía constitucional, en principio debía esclarecerse su naturaleza, esto es, si era de individualización condicionada o no, pues dependiendo de ello debía analizarse la existencia del perjuicio como requisito o presupuesto, a fin de tener por satisfecho el interés jurídico y, por ende, la procedencia del juicio de amparo; asimismo se determinó que un parámetro útil para dilucidar tal naturaleza lo era el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 55/97, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."(14)
• Que para la satisfacción del interés jurídico, tratándose de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, no basta que el quejoso asegure estar dentro de los supuestos de la norma, o haber sido afectado con la misma, pues incluso siendo sujeto destinatario de la norma si la disposición general y abstracta, establece para su generación de efectos con relación a su destinatario, el previo cumplimiento de ciertas condiciones fácticas o de derecho, no podría considerarse que la norma irrogara perjuicio y, por ende, el juicio de amparo resultaría improcedente.
• Que debía evidenciarse de forma concreta y material los supuestos de individualización de la norma reclamada en la esfera jurídica del particular, sea con motivo de su sola entrada en vigor o con motivo de un acto concreto que imponga su mandato.(15)
• Que, como conclusión, se estableció que al concepto de "interés jurídico" subyace, entre otros, un presupuesto que constituye una de sus bases, esto es, la existencia de un perjuicio ocasionado a la persona que se sienta lesionada con el acto concreto o norma abstracta, pues de no existir tal base sería superfluo emprender el análisis de constitucionalidad del acto reclamado.
• Que en torno a la relación del concepto "interés jurídico" para efecto del juicio de amparo y el "perjuicio", se invocó la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO.",(16) así como la tesis aislada 2a. CLXXV/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA."(17)
• Que sea la naturaleza de la norma reclamada la de autoaplicativa o heteroaplicativa, se requería tener satisfecha la demostración de su afectación contra el justiciable, esto es, probado el interés jurídico, ello, a partir del acreditamiento de ser el sujeto obligado por la norma impugnada, o porque de la misma derivó un acto concreto que se individualizó contra el quejoso, pues ello encontraba justificación con el efecto reparador del juicio de amparo.
• Que de acuerdo a las consideraciones precedentes, en el caso que se resolvió, los recurrentes carecían de razón al sostener que no les correspondía probar su interés jurídico y que éste estaba probado desde que no fue materia de controversia por parte de las autoridades responsables si eran o no sujetos usuarios del servicio de transporte público colectivo en la zona metropolitana de Querétaro, ya que para tener por colmado el interés jurídico se requería cumplir con un estándar de prueba de carácter fehaciente para tener certeza sobre el derecho reclamado y la lesión a reparar, por lo que si bien un "hecho notorio" no requiere de prueba, también lo era que no correspondía dicha notoriedad a la circunstancia particular de que los justiciables sean usuarios del servicio público de transporte público colectivo en la zona metropolitana de Querétaro, antes bien, que en todo caso, únicamente se podría tener certidumbre de que los quejosos eran personas, en el sentido de personas físicas con derechos y obligaciones, pero no que por ese solo hecho tuvieran el carácter (sic) usuarios, pues la calidad de persona no es equivalente a ser sujeto usuario de tal servicio o de cualquier otra calidad.
• Que el hecho de que sean personas y que tengan derecho a la movilidad, ello no hacía certeza sobre el carácter de usuarios del servicio público de transporte colectivo en la zona metropolitana de Querétaro, de donde por ello es que debían probar que concretamente eran recipiendarios de tal servicio de modo permanente o temporal, para concretar que la norma reclamada les causaba un perjuicio con su sola entrada en vigor o, en su caso, con motivo de un primer acto de aplicación.
• Que no era óbice la circunstancia que refirieron los quejosos en el sentido que debía tenerse en cuenta como hecho notorio y público que al recibir el servicio de transporte público no se expedía ningún comprobante, siendo por ello excesivo exigir la prueba de tal carácter, ya que se partía de un hecho carente de sustento legal, porque conforme a lo previsto en los preceptos 3, fracción IX, 165, 197, párrafo primero, 200, fracción II y 214, fracción X, de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, sí se preveía la expedición de comprobante por la recepción del servicio de transporte.
• Que era irrelevante que los quejosos sostuvieran tener en cuenta como hecho notorio que todas las personas podrían ser usuarios del servicio de transporte público colectivo, pues ello sólo equivale ciertamente a una posibilidad genérica, sin embargo, para efecto del acreditamiento del interés jurídico se requería partir de una circunstancia específica, a fin de demostrar el perjuicio y su reparación, siendo necesario acreditar la calidad de usuario del servicio público colectivo de transporte en la zona metropolitana de Querétaro, pues por disposición legal y jurisprudencial el acreditamiento del interés jurídico corresponde a los quejosos y el modo de probarlo debía ser de modo patente.
• Que de la revisión al sumario del juicio de amparo de origen, se advertía que los quejosos no ofrecieron medio de convicción alguno que constituyera prueba plena o indiciaria, tendente a evidenciar haber recibido la prestación del servicio de transporte público, como pudieran ser los insumos relativos a una inspección de fedatario público, fotografías, dichos de testigos, entre otros, de ahí que la ausencia de medios de prueba sí constituyan convicción que en la especie no está demostrado que los justiciables hayan sido afectados por la norma que reclamaron.
El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito (antes Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito), al resolver el amparo en revisión ********** (antes **********),(18) confirmó el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, porque las quejosas no demostraron su interés legítimo para promover el juicio de amparo, contra el acuerdo tarifario impugnado, bajo las siguientes consideraciones:
• Que para tener por comprobado el interés legítimo, el quejoso debía demostrar, entre otros elementos, que la norma, acto u omisión reclamados, produjera una afectación real y actual a su esfera jurídica, y no una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.(19)
• Que la sola afirmación del quejoso, en el sentido de que goza de interés legítimo, no bastaba para tenerlo acreditado.(20)
• Que las quejosas, en carácter de usuarias del servicio público de transporte colectivo, impugnaron la constitucionalidad del acuerdo tarifario como una norma general autoaplicativa.
• Que para acreditar el interés legítimo, las quejosas debier
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27020-cf6797bb/interes-legitimo-los-usuarios-del-transporte-publico-colectivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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