AUTO INICIAL DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL IDÓNEA PARA DETERMINAR SI UNA ASOCIACIÓN CIVIL DE COLONOS, CONCESIONARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, REALIZA ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 170/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: ITZELL ADELINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión celebrada el día veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios 170/2024, sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Tercer Circuito.
RESULTANDOS:
PRIMERO. Denuncia. Mediante oficio recibido el catorce de junio de dos mil veinticuatro, en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre ese órgano jurisdiccional [recurso de queja 61/2024]; y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito [recurso de queja 504/2023].
SEGUNDO. Radicación y turno de la denuncia. Por auto de dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este Pleno Regional ordenó formar y registrar el expediente con el número 170/2024; admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de criterios; turnó los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado; y, solicitó a los contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el planteado en el presente asunto, a saber:
"Determinar si es causa notoria y manifiesta de improcedencia para desechar la demanda de amparo, el que se señale como autoridad responsable a una asociación civil de colonos, que es concesionaria del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, cuando se le reclaman actos relativos a la publicación de videos, imágenes y voz de los quejosos."
TERCERO. Vigencia de los criterios. Mediante acuerdos de veintiséis de junio y uno de julio, ambos de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibidos los informes de los tribunales contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios materia de la denuncia se encuentran vigentes.
CUARTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de tres de julio de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio con el que el titular de la aludida Dirección General hizo del conocimiento el diverso informe del Secretario General de Acuerdos del Alto Tribunal, en el sentido de que durante los últimos seis meses, no se radicó en ese Máximo Tribunal contradicción de criterios vinculada con el tema consultado.
QUINTO. Confirmación de turno. Integrado el expediente, en proveído de tres de julio de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1, fracción II, punto 2, y el artículo 2, estos del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados especializados en materia administrativa, pertenecientes al Tercer Circuito, de ahí que se comprenden en la materia y territorio asignados a este Pleno.
Así se desprende del texto del invocado Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal [reformado mediante Acuerdo General 1/2024, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro]; que en lo conducente establece:
"Artículo 8. Circuitos que comprende la Región Centro-Sur. La Región Centro-Sur comprende los Circuitos Primero, respecto de las materias civil y de trabajo; Tercero; Sexto; Séptimo; Décimo; Décimo Primero; Décimo Tercero; Décimo Cuarto; Décimo Octavo; Vigésimo; Vigésimo Primero; Vigésimo Séptimo; Vigésimo Noveno; Trigésimo Primero; y Trigésimo Segundo.
REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 38/2023, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 27/12/2023.
Artículo 9. Número y especialización de los Plenos Regionales. En cada Región habrá dos Plenos Regionales semiespecializados: uno en materias penal y de trabajo, y uno en materias administrativa y civil.
...
Artículo 14. Competencia en contradicciones de criterios. Conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 42, fracciones I y II de la Ley Orgánica; 226 y 227 de la Ley de Amparo y demás normas aplicables, los Plenos Regionales tienen competencia para:
REFORMADA POR ACUERDO GENERAL 1/2024, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 29/02/2024.
I. Resolver las contradicciones de criterios que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma región.
Tratándose de contradicciones de criterios en materia común, sustentadas entre órganos jurisdiccionales de distinta especialización, corresponderá conocer de la contradicción al Pleno Regional que ejerza jurisdicción por territorio y por materia sobre el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió el primero de los criterios en contienda; ..."
Por lo que, como se anticipó, este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, tiene competencia para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios.
SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, al haberse formulado por los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que resolvió el recurso de queja 61/2024, en el que se contiene uno de los posibles criterios contendientes en el presente asunto.
TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se precisan, en lo relevante, los antecedentes y ejecutorias de los asuntos denunciados.
A. Queja 61/2024, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Antecedentes
• Una persona física promovió demanda de amparo, en contra de las autoridades y por los actos siguientes:
"Autoridades responsables.
Como tales señalo a las siguientes:
a. La "Asociación de Colonos Ciudad Bugambilias A.C." que es un Organismo Operador Privado del Sistema de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de Aguas y Lodos Residuales del Municipio de Zapopan, Jalisco. La persona jurídica indicada tiene su domicilio en la calle Jazmines número 2555, fraccionamiento ciudad Bugambilias de Zapopan, Jalisco.
b. Netcommerce WEB S.C. con domicilio en Avenida 16 de septiembre número 730-2401 (Condominio Guadalajara) zona centro de Guadalajara, Jalisco.
Acto reclamado
La restricción de publicar un comentario que realicé en la página oficial de la responsable, denominada "Colonos Ciudad Bugambilias Oficial"."
• Correspondió conocer de la demanda al Juez Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan –ahora atendiendo a la nueva denominación determinada en el Acuerdo General 8/2024 del Consejo de la Judicatura Federal, Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan– el que en proveído de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro la radicó con el número 219/2024 y, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, desechó la demanda al considerar, en lo esencial, que el acto reclamado no constituye, de acuerdo con su naturaleza, acto de persona de derecho público o de autoridad, sino acto de particulares, pues, las señaladas como responsables no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad para el juicio de amparo, por ello, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los numerales 1º y 5º, fracción II, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, todos de la invocada ley, el juicio constitucional resultaba improcedente.
• Disconforme con ello, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Mediante resolución de siete de febrero de dos mil veinticuatro lo registró con el número 54/2024 y, se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocer del asunto con fundamento en el artículo 46, segundo párrafo de la Ley de Amparo, así como en los numerales 38, fracción III y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al sostener que tomando en consideración que en los antecedentes de la demanda se planteó que:
- Al haberse reconocido a la asociación civil señalada como responsable, mediante Cabildo del Ayuntamiento de Zapopan en el expediente 93/2018, la calidad de Organismo Operador Privado del Sistema de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de Aguas y Lodos Residuales del Municipio de Zapopan, Jalisco, le asistía el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo al haberle conferido la prestación de un servicio público fundamental.
- Dicha asociación tiene dada de alta una cuenta en facebook que utiliza como medio de divulgación de sus actividades y como vehículo de comunicación, en la que el administrador como concesionario informa y da publicidad de todos los referidos servicios públicos, incluso de los tandeos en el suministro de agua potable en la comunidad.
- El quejoso manifestó que como miembro de la comunidad y propietario de un inmueble que se ubica en la colonia en la que se prestan los servicios, tiene derecho a acceder al grupo, enterarse de los comunicados relacionados con esos servicios y expresar sus puntos de vista aunque sean críticos; por lo que considera violatorio de su derecho humano a la información y libertad de expresión que la responsable restrinja su interacción en dicho portal.
- Aduce que en contra de la conducta de la responsable anteriormente ya había promovido un juicio de amparo indirecto del que conoció la Jueza Décimo Cuarta de Distrito en Materia Administrativas, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco bajo el número de expediente 1999/2022, en el que se concedió la suspensión del acto reclamado a fin de evitar que se restringiera la publicación de sus mensajes y a pesar de ello lo siguió haciendo, lo que originó requerimientos así como la promoción de un incidente de incumplimiento a la suspensión, juicio en el que finalmente se dictó sentencia en la que se sobreseyó, confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el recurso de revisión 99/2023.
Entonces si la cuestión a dilucidar era de interés público al estar relacionada con la distribución del agua, el acto reclamado era de naturaleza administrativa.
Que no obstaba a lo anterior, el hecho de que el acto reclamado hubiera sido atribuido a una asociación civil, ya que esa situación no cambiaba su naturaleza administrativa, pues legalmente los particulares podían llevar a cabo la función de distribución de agua potable, pues el Estado en los distintos órdenes de gobierno puede autorizar o, en su caso, concesionar, conforme a la ley la prestación de dicho servicio público de interés social y, no obstante ello, sigue siendo una función estatal de interés público la distribución del agua como líquido vital así como los temas relacionados con su administración, manejo y reporte de actividades. Invocando en apoyo la aplicación al caso por analogía, la tesis III.6o.A.1 A (11a.), con número de registro digital 2024872, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMÓ EL CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE USO DOMÉSTICO AL PRESIDENTE DE UNA ASOCIACIÓN DE COLONOS, CONSTITUIDA COMO ASOCIACIÓN CIVIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA."
Concluyó que además, de las manifestaciones del quejoso se advertía que con anterioridad ya había promovido un juicio de amparo indirecto en contra de las mismas conductas desplegadas por la autoridad responsable, con lo que se constataba que la materia del recurso era de índole administrativa.
• Con motivo de la incompetencia anterior, el recurso de queja fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se registró bajo el número 61/2024, se avocó al conocimiento y, en sesión de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, fue resuelto por unanimidad de votos, al tenor de los siguientes resolutivos:
"PRIMERO. Es fundado el recurso de queja a que esta resolución se concreta.
SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido.
TERCERO. Denúnciese la contradicción de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y este tribunal, de conformidad con lo precisado en el considerando sexto de este fallo."
Entre los motivos que sustentaron esa decisión se encuentran los que a continuación se insertan:
"... QUINTO. Estudio. Los agravios suplidos en su deficiencia –con base en el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo– son fundados, ya que este Tribunal Colegiado, de oficio, advierte la existencia de una violación manifiesta de la ley, que dejó sin defensa a la parte quejosa, toda vez que se desechó la demanda de amparo indirecto que promovió, aun cuando la causa de improcedencia invocada no se actualiza de manera manifiesta e indudable.
...
En la especie se considera que la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito no se actualiza de forma indudable y manifiesta, pues este Órgano Colegiado estima que en el acuerdo inicial del juicio de amparo indirecto, no pueden hacerse estudios exhaustivos; de ahí que la postura asumida por él, es incorrecta toda vez que por el momento procesal en que se actúa -auto inicial-, no se advierte que se encuentre demostrada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que invocan, a saber, la contenida en la fracción XXIII del numeral 61, relacionados con los artículos 1° y 5° fracción II todos de la Ley de Amparo, en virtud de que sólo existen las alegaciones contenidas en la demanda, así como los anexos que a ella se acompañaron y para estimar que se actualiza la causal de inejercicio de que se trata, se requiere de un análisis profundo que es propio de la sentencia definitiva.
...
Razones que hacen patente el hecho de que, en el caso particular, opuesto a lo precisado en el acuerdo recurrido no se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se viene haciendo referencia; lo anterior, pues se considera que el tema relativo a verificar si se pueden equiparar o no como actos de autoridad los realizados por los particulares señalados en perjuicio del peticionario de amparo, necesariamente y acorde a los datos que de forma preliminar arrojan las constancias que integran el juicio de amparo de origen, conlleva un análisis profundo de lo expuesto en la demanda de amparo y sus anexos, lo cual, amerita su ponderación en el momento en que se cuente con mayores elementos probatorios, verbigracia, hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Por tanto, señalar que los actos reclamados por el quejoso respecto a las autoridades que señala como responsables, no constituye una causal manifiesta ni indudable de improcedencia para desechar de plano la demanda de amparo, dado que examinar la naturaleza de los actos de reclamo, así como la relación que guarda la autoridad señalada como responsable frente al peticionario de derechos fundamentales para determinar la procedencia del juicio constitucional es una cuestión que es objeto de prueba durante el procedimiento, por lo que no es materia de análisis en el auto inicial.
En efecto, en esa etapa inicial del juicio únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en la demanda y las pruebas que se hubiesen acompañado a ésta; por tanto, el juez federal no está en aptitud de determinar, desde la entrada, la afectación o no que pudieran causar en la esfera jurídica del peticionario los actos reclamados, bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro ni fehaciente, pues esos aspectos son materia de prueba durante el juicio constitucional y de un estudio profundo propio de la sentencia definitiva.
Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, dado que se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al juicio de amparo a fin de justificar dicho requisito de procedibilidad relacionado con que los actos realizados por los particulares se tratan o no en su calidad de supra a subordinación o de coordinación; en consecuencia, ante esta hipótesis debe admitirse la demanda, porque el motivo aparente que, en principio se advirtiera sobre ese aspecto, aún no es claro ni evidente como para desecharla de plano, por ser susceptible de demostrarse, o en su caso, desvirtuarse durante el procedimiento que culmina con la audiencia constitucional.
De manera que, si bien el juez debe analizar lo relativo a los actos reclamados a particulares, que efectivamente se traten de actos realizados en un plano de supra a subordinación, lo anterior se trata de un análisis preliminar, y sólo en el caso de que lo anterior sea notorio y manifiesto, podrá desechar la demanda de amparo. Aún más, que el auto inicial por el que se admite o desecha aquélla, reviste el carácter de mero trámite, en el que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen el estudio detallado del asunto, propio de una resolución y no de un acuerdo. ...
Situación que necesariamente conlleva una serie de ponderaciones sobre el caso en concreto para poder lograrlo, esto es, desde atender el origen de los actos reclamados, las circunstancias que los originan, así como las pruebas acompañadas a la demanda inicial, y aquellas aportadas por la contraparte; claramente dicho tema torna más exhaustivo el estudio que se debe realizar, a fin de concluir que el caso tampoco se encuentre en ese supuesto.
En ese orden de ideas, se advierte que el juez de distrito emitió un pronunciamiento anticipado respecto la fijación y naturaleza de los actos reclamados, el cual incluso es propio de la sentencia como se desprende del numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo.
Así pues, se estima que en el caso en estudio no se encuentra frente a la existencia manifiesta e indudable de la causal de inejercicio actualizada por el juzgador.
De esta forma, es claro que el supuesto bajo el cual el juzgador desechó de plano la demanda, no conforma un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues al no ser material y jurídicamente factible determinar, en esta etapa procesal, con claridad estas situaciones, la demanda debe admitirse ya que, a través de la sustanciación del juicio, será cuando, en su caso, se diluciden tales extremos.
...
Bajo este contexto, en el caso a estudio, no resulta claro y notorio que el juicio de amparo sea improcedente y, ante ello, no resulta factible vedar a la quejosa el acceso a la justicia.
Lo anterior, sin perjuicio de que si durante el juicio de amparo, no se demuestra la procedencia del juicio, el juzgador podrá sobreseer en el juicio.
Sin que obste, como se indicó, que posteriormente, con mayores datos, se pudiera llegar a la determinación ahora impugnada, pero una vez que la causal de improcedencia se acredite fehacientemente.
...
Decisión. En relatadas circunstancias procede revocar el auto recurrido, para el efecto de que el Juez de Distrito emita uno nuevo en el que provea nuevamente respecto de la demanda de amparo de que se trata, prescindiendo de los argumentos que aquí se consideraron desacertados."
B. Queja 504/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Antecedentes
• La misma persona física que interpuso la anterior queja 61/2024, promovió demanda de amparo, en contra de las autoridades y por los actos siguientes:
"Autoridad responsable
La persona jurídica denominada "Asociación de Colonos Ciudad Bugambilias A.C." que es un Organismo Operador Privado del Sistema de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de Aguas y Lodos Residuales del Municipio de Zapopan, Jalisco.
Domicilio de la autoridad responsable: Calle Jazmines número 2555, fraccionamiento Ciudad Bugambilias de Zapopan, Jalisco.
V. ACTO RECLAMADO.
1. La publicación de opiniones y comentarios en la red social consistente la página oficial de Facebook de la responsable, denominada "Colonos Ciudad Bugambilias Oficial", de videos en los que se menciona mi nombre y se utiliza mi imagen y grabaciones de mi voz sin que yo los hubiera autorizado y a través de los cuales se me imputan hechos falsos y hasta delictuosos en detrimento de mi prestigio y buen nombre. Esa red social es el medio que la responsable utiliza para la divulgación de sus actividades y es un vehículo de comunicación con la comunidad."
• De la demanda correspondió conocer al entonces Juez Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, quien la radicó con el número 2388/2023-V y, desechó la demanda al considerar, sustancialmente, que la relación jurídica entre el quejoso y la asociación civil señalada como responsable, se desarrolló en un plano de coordinación entre particulares y no de supra a subordinación, característica de los actos de autoridad para el juicio de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la invocada ley, el juicio constitucional resultaba improcedente.
• En desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja; del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 504/2023, resuelto el diez de enero de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos, en el sentido de:
"ÚNICO. Es infundado el recurso de queja"
El citado tribunal expuso, sustancialmente, lo que enseguida se transcribe:
"
16. ... el recurrente alega que la persona jurídica precitada sí tiene la calidad de autoridad responsable porque es concesionaria del ************ ** *******, Jalisco, en el servicio público de distribución de agua potable en la colonia ****** *********** de dicho municipio y en caso de falta de pago de las cuotas puede suspender el servicio; además, porque como prestadora de un servicio público, está obligada a cumplir con la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la Ley de Agua del Estado de Jalisco y sus Municipios; por ello, cualquier ciudadano puede pedirle información. También afirmó que el hecho de divulgar información que lesione a un particular, lo desprestigie o haga uso de sus datos personales, a través del medio oficial que utiliza para dar información sobre su actividad como concesionaria de un servicio público constituye un acto de autoridad.
17. Sin embargo, esos agravios son infundados, pues como se verá, la relación jurídica entre el quejoso y la mencionada asociación de colonos de la que surgió el acto reclamado se desarrolló en un plano de coordinación entre particulares, lo que excluye la posibilidad de que el acto reclamado derive de una relación de supra a subordinación, característica necesaria, acorde con lo previsto en la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia, para que los entes particulares puedan tener la calidad de autoridad a efecto de que sus actos sean impugnables mediante el juicio de amparo.
18. ...
19. Así, para que a un particular pueda asignársele la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es necesario que sus funciones estén determinadas por una norma general, que el acto que se le reclame impacte situaciones jurídicas en los términos de dicho artículo, que lo realice de forma unilateral y obligatoria, y que derive de una relación en la que se encuentre en superioridad respecto de otro particular; es decir, que el acto que emita provenga de una relación o un plano de supra a subordinación, y no que se haya emitido en el contexto de una relación de coordinación.
20. ...
21. De modo que aun cuando la asociación de colonos mencionada presta un servicio público, de manera concesionada por un Ayuntamiento Municipal, tal y como lo sostuvo el Juez de Distrito, en el caso particular el acto reclamado no se emitió en ejercicio de esa actividad, ya que no se trata, por ejemplo, del cobro de cuotas por suministro de agua, o la cancelación del servicio por la falta en el pago de las mismas, sino que, como se precisó en esta sentencia, el quejoso reclamó la publicación de opiniones y comentarios en la página oficial de Facebook de la ********** ** ******* ****** ************ ****, de videos en los que dice que se menciona su nombre y se utiliza su imagen y grabaciones de su voz sin que los hubiera autorizado y a través de los cuales se le imputan hechos que califica de falsos y delictuosos en detrimento de su prestigio y buen nombre.
22. Lo cual, en todo caso sólo puede dar lugar a un conflicto entre particulares.
23. Por tanto, es claro que dichas publicaciones no tienen las características de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues surgen en un contexto de relación entre particulares (las personas que manejan la página de Facebook de la asociación de colonos y los colonos). De ahí lo infundado de los agravios relativos.
24. No pasa inadvertido que el inconforme alegó que la asociación de colonos señalada como autoridad responsable tiene la obligación de rendir la información que le sea solicitada, con base en la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; empero, en el caso a estudio no se reclamó a dicha autoridad la omisión de proporcionar información que se le hubiese solicitado relacionada al servicio público que presta de manera concesionada.
25. En otro orden de ideas, es infundado el agravio en que la recurrente considera que la demanda de amparo no debió desecharse en el auto inicial, porque requiere un estudio profundo que debe realizarse en la sentencia.
26. Lo anterior, pues como ya se explicó, se está en presencia de un caso en el que el motivo de improcedencia es patente, claro y certero, cuyo resultado no podrá variar durante el trámite del juicio de amparo, pues desde este momento se conoce la naturaleza del ente señalado como responsable, así como la del acto que se le reclamó; y dada esa misma naturaleza no satisfacen los requisitos previstos en la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, particularmente porque la relación jurídica entre las partes se desenvolvió en un plano de coordinación, regulado por la legislación civil del Estado de Jalisco.
27. En ese sentido, la causa de inejercitabilidad de la acción constitucional sí resulta "manifiesta e indudable" en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, y, por ello, es posible desechar la demanda desde el auto inicial, en aras del principio de economía procesal, tal como ocurrió en el caso.
28. Por ende, fue acertada la decisión del juez de distrito de desechar la demanda de amparo con sustento en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque los entes particulares señalados como responsables no tienen la calidad de autoridades para efectos del juicio constitucional.
29. En co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33037-2ff0f0bd/auto-inicial-del-juicio-de-amparo-indirecto-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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