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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 45/2024. · Registro digital (IUS): 32865
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RE
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.249.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 45/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EN APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 13 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al trece de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Ver cuadroI. Competencia

1. Como lo resolvió el Alto Tribunal, el ahora Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México –antes Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México–, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo y noveno, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo general 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 10, 14, fracción I, del Acuerdo general 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo general 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero, y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, toda vez que este pleno regional ejerce jurisdicción sobre el órgano auxiliado y su contendiente, pertenecientes al Quinto Circuito comprendido en la Región Centro-Norte y al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, ya que se formuló por las personas titulares integrantes del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.

3. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución prevé que podrán denunciar la contradicción los propios tribunales o sus integrantes, el o la Fiscal General de la República, en los casos que se señalan, las y los jueces de distrito, las partes en los asuntos o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del gobierno; y este mandato se halla reproducido en los artículos 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, como se aprecia de su reproducción:

Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno podrán denunciar la contradicción ante el pleno regional correspondiente, a fin de que decida el criterio que debe prevalecer como precedente.

Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios contradictorios al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos Regionales, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva decida el criterio que deberá prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos Regionales conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción.

Artículo 226. Las contradicciones de criterios serán resueltas por:

III. Los plenos regionales cuando deban dilucidarse criterios contradictorios entre los tribunales colegiados de circuito de la región correspondiente.

Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de criterios se ajustará a las siguientes reglas:

III. Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, podrán ser denunciadas ante los plenos regionales por la o el Fiscal General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, las magistradas o los magistrados de tribunal colegiado de apelación, las juezas o los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

4. Como se observa, de estos preceptos no se sigue que los Plenos Regionales o sus integrantes tengan legitimación para denunciar las contradicciones que adviertan en el ejercicio de sus funciones.

5. Tampoco les reconoce esta atribución el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en consonancia con el artículo 107, fracción XIII, constitucional, que establece que son competentes para resolver las contradicciones de criterios entre tribunales colegiados de circuito de una misma región y para denunciar las existentes entre órganos de diversas regiones o entre las Salas del Máximo Tribunal, cuando dice:

Artículo 42. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los plenos regionales para:

I. Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma región. En estos casos, conocerá el pleno regional con jurisdicción por materia sobre el Tribunal requirente. Si éste tiene competencia mixta o semiespecializada, conocerá el pleno regional de la materia a la que el Tribunal requerido considere que corresponde el asunto.

II. Denunciar ante el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las contradicciones de criterios entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de distinta región;

6. Y la atribución de este pleno regional para denunciar contradicciones entre los tribunales colegiados de su misma región tampoco se prevé en el artículo 14 del Acuerdo general 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales, que reproduce los mandatos de los preceptos antes referidos, como se advierte de su reproducción:

Artículo 14. Competencia en contradicciones de criterios. Conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 42, fracciones I y II de la Ley Orgánica; 226 y 227 de la Ley de Amparo y demás normas aplicables, los Plenos Regionales tienen competencia para:

I. Resolver las contradicciones de criterios que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma región.

II. Tratándose de contradicciones de criterios en materia común, sustentadas entre órganos jurisdiccionales de distinta especialización, corresponderá conocer de la contradicción al pleno regional que ejerza jurisdicción por territorio y por materia sobre el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió el primero de los criterios en contienda; y

III. Denunciar ante el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las contradicciones de criterios que se susciten entre las mencionadas Salas; entre Plenos Regionales; o entre Tribunales Colegiados de distinta región; ya sea que la denuncia la formule el pleno regional o alguna o alguno de sus integrantes.

7. Sin embargo, este pleno regional estima que si es el órgano facultado constitucional y legalmente para resolver las contradicciones de criterios entre tribunales colegiados de circuito de su región, por mayoría de razón, debe estimarse que cuando en el ejercicio de sus atribuciones observa la existencia de una contradicción, está legitimado para denunciarla.

8. En el caso, al resolver la contradicción de criterios 78/2023, el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, tuvo conocimiento de que alguno de los tribunales participantes había conocido del asunto en vía indirecta y otro en vía directa y esta divergencia derivaba de lo decidido con anterioridad en un diverso expediente, no señalado como parte de la contradicción.

9. La circunstancia de que se advirtiera la contradicción respecto de un expediente no comprendido en la denuncia motivó que se elevara una consulta al Máximo Tribunal sobre la posibilidad de que el referido pleno regional denunciara la contradicción respecto de ese expediente ajeno a la denuncia original.

10. En respuesta a la consulta, la Presidencia del Máximo Tribunal previno al pleno regional para que con motivo del análisis del asunto, aclarara si era su deseo formular la denuncia respectiva e informó que conforme a su marco normativo no correspondía que actuara como órgano consultivo.

11. En desahogo de la prevención, los integrantes del pleno regional informaron al Máximo Tribunal que sí era su deseo formular la denuncia correspondiente, en vista de lo cual la Presidencia del Alto Tribunal radicó el expediente de contradicción y, al estimar que carece de competencia para conocer de una contradicción de criterios entre tribunales de una misma región, lo remitió a este pleno regional.

12. Con estos antecedentes, a partir de la interpretación funcional de los preceptos invocados queda claro que debe reconocerse legitimación al pleno regional para denunciar la contradicción de la que tuvo noticia al resolver uno de los expedientes a su cargo, porque de esa manera contribuye al correcto funcionamiento del sistema adoptado por la Constitución y por la ley para preservar la uniformidad de los criterios de los tribunales en observancia del principio de seguridad jurídica.

13. Luego, es perfectamente válido que si al resolver una contradicción de criterios se advierte la existencia de un diverso tema jurídico que amerita unificación, en aras de la seguridad jurídica que se pretende salvaguardar al resolver esta clase de asuntos, se reconozca tanto al pleno regional, como a cualquiera de las personas titulares que lo integran, legitimación para hacer la denuncia respectiva y así evitar que continúe la incertidumbre que genera la existencia de soluciones distintas sobre un mismo punto de derecho.

14. Adicionalmente, las personas integrantes de los plenos regionales son magistradas o magistrados de circuito ratificados y comisionados por el Consejo de la Judicatura Federal, como se observa de lo previsto en el artículo 19 del Acuerdo general 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales.(6)

15. Luego, si la Ley de Amparo establece que quienes fungen como titulares de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de apelación y de circuito pueden denunciar las contradicción de criterios en cualquier caso, sin distinguir o señalar algún límite a su legitimación, por mayoría de razón debe concederse la misma atribución a las personas titulares que integran los plenos regionales para denunciar las que se susciten entre tribunales colegiados de una misma región, pues sostener lo contrario conduciría a conclusiones jurídicamente inadmisibles, ya que se llegaría a la determinación ilógica de que cuentan con la facultad para denunciar la posible contradicción de tesis entre las sustentadas las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plenos regionales y tribunales colegiados de distinta región, pero no cuando los contendientes pertenecen a una misma región.

16. Cobran aplicación, por analogía, las tesis que enseguida se transcriben:

CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL PRESIDENTE DEL ALTO TRIBUNAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. El artículo 197, primer párrafo, de la Ley de Amparo no establece expresamente que el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté facultado para denunciar la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por las Salas del Alto Tribunal. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la representación de la Suprema Corte recae en su Presidente. Asimismo, del artículo 25 del mismo ordenamiento legal se infiere que los Presidentes de las Salas representan a estas. Luego, si conforme al citado artículo 197 de la Ley de Amparo, los Ministros que integran las Salas pueden ejercer la atribución de que se trata, es dable concluir, por mayoría de razón, que también puede ejercerla el Ministro Presidente del Alto Tribunal, pues sostener lo contrario conduciría a conclusiones jurídicamente inadmisibles, ya que se llegaría a la determinación ilógica de que los Presidentes de las Salas, que únicamente representan a estas, cuentan con la facultad para denunciar la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por aquellas, en tanto que el Ministro Presidente, en quien recae la representación de aquel, carece de la misma.(7)

CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA, INCLUSO CUANDO PERTENEZCAN A ÓRGANOS DISTINTOS DE LOS CONTENDIENTES. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Fiscal General de la República, antes Procurador General de la República, los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron están legitimados para denunciar las contradicciones de tesis a que se refiere el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y si bien la fracción II del artículo 227 de esa ley confiere a los Magistrados de los Tribunales que sostuvieron los criterios discrepantes legitimación para denunciarlas, también establece que los Jueces de Distrito y los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito pueden hacerlo, sin distinguir o señalar algún límite a su legitimación; luego, por mayoría de razón, los Magistrados que pertenezcan a Tribunales Colegiados de Circuito distintos de los contendientes están legitimados para denunciarlas, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la unificación de criterios.(8)

CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA, AUN CUANDO LOS CRITERIOS DISCREPANTES NO EMANEN DEL TRIBUNAL AL QUE PERTENECEN. Los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito tienen legitimación para denunciar las contradicciones de tesis a que se refiere el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, aun cuando los criterios discrepantes no emanen del tribunal al que pertenecen; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el numeral 227, fracción II, de la ley citada, señale que las contradicciones a las que se refiere la fracción II referida podrán denunciarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Procurador General de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron, toda vez que si bien es cierto que la fracción citada establece que deben denunciarlas los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron las tesis discrepantes, también lo es que permite a los Jueces de Distrito, en general, denunciarlas, sin hacer distinción alguna o exceptuarlos respecto de la posibilidad de presentar una denuncia, por lo que, por mayoría de razón, debe entenderse que los integrantes de cualquier Tribunal Colegiado de Circuito, sin importar si emitió o no uno de los criterios discrepantes, puede denunciar una posible contradicción de tesis, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la unificación de criterios.(9)

III. Criterios denunciados

17. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al emitir el acuerdo plenario de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete en el amparo directo 337/2017.

18. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (ahora Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito), al resolver el cuaderno auxiliar 584/2022 derivado del amparo directo 43/2022 en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

19. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos: (10)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

20. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al pronunciarse respecto del amparo directo 337/2017, y el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (actualmente Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito), al resolver el amparo directo 43/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

21. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

22. El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (actualmente Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito), en una parte de la ejecutoria, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

23. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:

Ver información

24. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios, como se explica a continuación:

25. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados contendientes decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la procedencia del juicio de amparo directo cuando se reclama el desechamiento del recurso de revisión previsto en el artículo 99, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora interpuesto en contra de una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.

26. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios contendientes, porque ambos tribunales realizaron su análisis a partir de lo previsto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo directo procede en contra de resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales administrativos (que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido).

27. Sin embargo, entre ellos se observa un disenso, pues mientras uno concluyó que el acto reclamado no actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo directo, el otro consideró lo contrario.

28. En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito consideró que el desechamiento del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia no constituye una resolución que ponga fin al juicio pues se trata de una determinación dictada después de agotado el juicio de nulidad.

29. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (ahora Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito), en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, determinó que la decisión de desechar el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia es de aquellas que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo lo da por terminado al dejar firme la sentencia dictada en el juicio de origen.

30. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver: Este requisito se cumple también pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes cabe la pregunta siguiente: ¿Es procedente el juicio de amparo directo en contra de la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, que desecha el recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada en el juicio?

V. Estudio

31. La procedencia del juicio de amparo directo en contra de resoluciones que ponen fin a un juicio tiene su origen en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez agosto de mil novecientos ochenta y siete, en la cual se modificó, entre otras, las fracciones III, inciso a), y V, inciso b), del artículo 107 para quedar en los siguientes términos:

Art. 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes:

a). Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;

V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:

b). En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.

32. En la parte conducente de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo federal, se expresó que el propósito era que el amparo procediera también respecto de resoluciones que pusieran fin a los juicios que se ventilaran ante tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, por un principio de economía procesal similar al aplicable a los demás supuestos de procedencia del amparo directo –sentencias definitivas y laudos–, como se advierte de la siguiente reproducción(11)

El artículo 107 contiene los principios a los que deben sujetarse las controversias a que se refiere el artículo 103, el cual regula los casos de procedencia del juicio de amparo, por lo que requiere diversas modificaciones para el logro de los propósitos ya establecidos de la reforma judicial relativos al Poder Judicial de la Federación.

Se propone la reforma del inciso a) de la fracción III del artículo 107 para que el amparo proceda contra sentencias definitivas o laudos, como se encuentra en el precepto vigente, pero además respecto de resoluciones que pongan fin a los juicios que se ventilen ante tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, pues la experiencia forense ha demostrado que existen resoluciones que ponen fin al juicio sin que constituyan sentencias definitivas o laudos; resulta contrario a la economía procesal que si la resolución pone fin al juicio, se deba recurrir a un amparo indirecto, cuando para efectos del amparo dichas resoluciones tienen la misma entidad que las sentencias definitivas o laudos.(12)

33. En el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se apuntó que con la reforma se pretendía que resoluciones de una misma naturaleza contaran con el mismo procedimiento de defensa, como se desprende de la siguiente transcripción:

Y por último por lo que respecta a la reforma al artículo 107 en la fracción III y fracción V, se adiciona el término "Resoluciones que pongan fin al juicio", con esta reforma se introduce un nuevo caso de procedencia del Juicio de Amparo Directo, ya que hasta la fecha este solo procedía contra sentencias definitivas o laudos definitivos, pero no contra resoluciones definitivas, por lo que actualmente para hablar de amparo directo es necesario que previamente haya una sentencia o un laudo definitivos, sin embargo, en muchas ocasiones en los juicios que se siguen ante Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, se dictan resoluciones que tienen el mismo efecto de una sentencia definitiva, es decir, resuelven el juicio sin posibilidad posterior de remedio alguno.

Con la reforma se quiere que resoluciones de una misma naturaleza cuenten con el mismo procedimiento de defensa y con eso hacer menos técnico el juicio de amparo, en beneficio de quienes acuden a interponer sus demandas de amparo ante los Tribunales de la Federación.

Por lo señalado anteriormente la Comisión de Justicia considera procedentes las reformas y adiciones materia de la presente iniciativa, las cuales con seguridad repercutirán en forma importante en una mejor administración de Justicia.(13)

34. Como consecuencia de esta reforma constitucional, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se reformaron los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo (abrogada) para quedar como sigue:

Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley.

Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.

También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia.

Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32865-a4b525ce/amparo-directo-procede-contra-la-resolucion-que-desecha · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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