INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTOS EL SINDICATO QUE RECLAMA EL ACUERDO PLENARIO EMITIDO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (TFCA) MEDIANTE EL CUAL TOMA NOTA DEL ALTA DE TRABAJADORES QUE EN EJERCICIO DE SU LIBERTAD SINDICAL MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE AFILIARSE A DIVERSO SINDICATO Y RENUNCIAN A AQUEL AL QUE PERTENECÍAN.
AMPARO EN REVISIÓN 66/2021. SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 15 DE JULIO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO HÉCTOR ORDUÑA SOSA. PONENTE: NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLVERA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio de los agravios. Resulta innecesario realizar el análisis de los agravios planteados por el recurrente, toda vez que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte, de oficio, que en el caso se actualiza una diversa casual de improcedencia; la prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado en el juicio de garantías no afecta el interés jurídico del sindicato quejoso; causal ésta que, como se dijo, es diversa a la invocada por el secretario en funciones de Juez de Distrito en la sentencia que se revisa, y de estudio preferente.
Marco Normativo.
Para justificar lo anterior, en principio debe precisarse que conforme a lo establecido en el artículo 93, fracción III, en concatenación con el diverso 62 de la Ley de Amparo,(31) este órgano colegiado tiene el deber de examinar oficiosamente la actualización de alguna causa de improcedencia, con independencia de que las partes la hayan o no hecho valer, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto.
En efecto, el tribunal revisor está facultado para realizar un análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo no estudiadas por el órgano inferior, o surgidas con posterioridad a la sentencia impugnada, pudiéndolas examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de alguna causal de improcedencia desestimada por el juzgador de amparo, o bien, advertir la actualización de alguna otra no analizada.
La procedencia del juicio de amparo puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el Juez de Distrito, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que a pesar de que el juzgador hubiese tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, el órgano revisor puede abordar su estudio bajo un matiz distinto, que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa, pero por motivo diverso, pues no puede perderse de vista que las causales de improcedencia pueden actualizarse por diversos orígenes, por lo que si el inferior sólo estudió algunas de ellas, o no las advirtió por no estar en ese momento a su alcance, es dable, e incluso obligatorio, que el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión las aborde.
Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia P./J. 122/99,(32) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
Aunado a lo anterior, es dable indicar que el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del recurso de revisión intentado contra una sentencia constitucional, tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal pues, como se dijo, el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, susceptible de estudio en cualquier instancia, e incluso tomando en consideración que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio.
Con base en esto último, se puede estimar que si bien el citado artículo 93, en sus fracciones I y II, de la Ley de Amparo,(33) consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer; lo cierto es que también, en la práctica judicial, se ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio y decretar el sobreseimiento por diversas razones, pues los Tribunales Colegiados de Circuito pueden reasumir plenitud de jurisdicción para estudiar las causales de improcedencia que se advierten de autos, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, porque el tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión.
Sirve de apoyo a esto último, el criterio sustentado en la tesis aislada P. LXV/99,(34) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente:
"IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión."
Destacado lo anterior, es preciso señalar el contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de los numerales 5o., fracción I, 6o., primer párrafo, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que indican, respectivamente, lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."
Ley de Amparo
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.
"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;
"La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley."
"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley.
"Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita."
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."
Del precepto constitucional invocado se observa que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo, y que ese interés se vea agraviado.
Asimismo, de los preceptos legales transcritos se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien se le afecten los intereses jurídicos o legítimos mediante el acto o la norma general que sea reclamada.
En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar, fehacientemente, el interés jurídico o legítimo que le asiste para ello, y no inferirse con base en presunciones.
Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar:
a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y,
b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente.
Por su parte, para probar el interés legítimo deberá acreditarse:
a) Que existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada;
b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva y,
c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad.
Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que, en específico, sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo.
Los elementos constitutivos, tanto del interés jurídico como del interés legítimo, son concurrentes; por ende, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.
El interés jurídico y legítimo representan los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto o la norma reclamada no lesiona de manera personal, individual o colectiva, actual, real y jurídicamente la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente cuando acude en demanda de amparo; que el acto de autoridad o la norma general que reclama vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido, o difuso constitucionalmente otorgado en beneficio de una colectividad a la que el promovente pertenezca, de manera que si estas circunstancias no se encuentran plenamente demostradas, el juicio de amparo resultará improcedente, pues no basta con tener interés simple frente al acto, o bien, que éste ocasione un perjuicio indirecto, para que con ello se estime procedente el juicio de amparo.
Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.),(35) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ‘teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo’, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente."
También, lo considerado tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 225, con número de registro digital: 170500, que señala lo siguiente:
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados."
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, octubre de 1994, página 17, con número de registro digital: 206338, cuyos rubro y texto señalan lo siguiente:
"INTÉRES JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."
Asimismo, ilustra a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.),(36) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora bien, para poner en contexto la actualización de la causal de improcedencia antes citada, es menester precisar que el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(37) prevé que las leyes que expida el Congreso de la Unión, con el fin de regir las relaciones de trabajo entre los poderes públicos y sus trabajadores, deben respetar el principio de libertad sindical, en los términos consagrados por la propia Constitución, sin establecer límites en el ejercicio de dicha prerrogativa, consistente en el derecho a la asociación de los trabajadores al sindicato que elijan conforme a los estatutos de este último.
Tal precepto consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propia. Dicha libertad sindical debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales:
1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado, o de constituir uno nuevo;
2. Un aspecto negativo que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado, y la de no afiliarse a sindicato alguno y,
3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de un sindicato para integrarse a otro, o no afiliarse a ninguno.
No obstante lo anterior, esa libertad no abarca el derecho de los trabajadores para afiliarse a todas las organizaciones sindicales que se constituyan en la dependencia a la que prestan sus servicios.
Esto último tiene apoyo en el criterio sustentado en la tesis aislada I.13o.T.296 L, de este Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que establece:
"LIBERTAD SINDICAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO ABARCA EL DERECHO PARA AFILIARSE A TODOS LOS SINDICATOS QUE SE CONSTITUYAN EN LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECEN, POR LO QUE SU BAJA EN UNO POR PERTENECER A OTRO NO VIOLA AQUÉLLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: ‘SINDICACIÓN ÚNICA. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.’, declaró la inconstitucionalidad del artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que da lugar a que en cada dependencia gubernamental pueden existir más de un sindicato. Asimismo, en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por nuestro País en mil novecientos cincuenta, impone la obligación a los Estados de respetar la decisión de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen pertinentes; y en su artículo 3o. se precisa que las autoridades públicas deberán de abstenerse de toda intervención que limite el derecho o entorpezca el ejercicio legal, para redactar sus estatutos, elegir a sus representantes y organizar su administración y actividades. Por tanto, la garantía de libertad sindical en tratándose de los trabajadores al servicio del Estado, se refiere a su libertad de asociación en el sentido de que pueden afiliarse al sindicato que ellos elijan, no ingresar o separarse de uno y que dentro de cada dependencia gubernamental puede conformarse más de un sindicato. Por otra parte, el artículo 123 constitucional establece la garantía social de la libertad sindical como derecho de los trabajadores, la que en correlación con el contenido de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debe entenderse como la obligación del Estado de respetar la libertad de los trabajadores, profesionales y empresarios, para organizarse en defensa de sus intereses; asimismo, dicha garantía se refiere a que esas organizaciones deben funcionar con verdadera democracia interna sin que el Estado intervenga directa o indirectamente en la designación de sus dirigentes; como la obligación de asegurar la representación auténtica de los agremiados mediante elecciones directas y secretas, sin aceptar presiones políticas o económicas; establecer un sistema objetivo y eficaz para exigir responsabilidades a sus dirigentes y proscribir cualquier tipo de sanciones por razones políticas o ideológicas; además, da derecho a los sindicatos, y en general a todas las organizaciones formadas por razón de ocupación o de trabajo, a actuar en la vida pública para gestionar, frente al Estado y a la opinión pública, las medidas generales o particulares que reclamen el bien común o el interés profesional de sus agremiados y de recomendar las opciones electorales que consideren más convenientes para los mismos, con la limitante de actuar directamente en cuestiones políticas, principalmente en las electorales, y respetar la libertad y los derechos de sus miembros. Lo anterior da lugar a tres aspectos fundamentales en el derecho sindical de cada trabajador, a saber: 1. Un aspecto positivo, que se traduce en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya formado, o de concurrir a la constitución de uno nuevo. 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a ninguno; y, 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. No obstante lo anterior, esa libertad no abarca el derecho de los trabajadores para afiliarse a todas las organizaciones sindicales que se constituyan en la dependencia a la que pertenecen; ello, porque la conformación de un sindicato tiene por objeto, entre otros, la defensa de los intereses comunes de los trabajadores que podrían dar margen a conflictos con otras agrupaciones sindicales, para obtener la prioridad en un contrato colectivo de trabajo o cualquier otro diverso del mencionado; o bien, lograr mejoría de alguna otra índole; y por lo mismo, no es admisible que trabajadores miembros de un sindicato, puedan ser a su vez integrantes de otro en una misma dependencia, ya que de aceptarse así, se daría lugar a pugnas intergremiales o a choques de intereses encontrados entre esos dos sindicatos, y al mismo tiempo, a que miembros de ambas agrupaciones, estuvieran indistintamente con alguna de ellas, según les conviniera, pues ello rompería con la armonía que debe reinar en dichas agrupaciones, trascendiendo en perjuicio de la finalidad a que se refiere el numeral 356 de la ley laboral."
El referido principio constitucional que prevé la libertad sindical tiene coincidencia con el Convenio Número 87, de la Organización Mundial (sic) del Trabajo, aprobado por el Senado de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de octubre de mil novecientos cincuenta, en cuyo artículo 2 dispone lo siguiente:
"Artículo 2.
"Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones de su elección así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de conformarse a los estatutos de las mismas."
Por tanto, la garantía de libertad sindical, tratándose de los trabajadores al servicio del Estado, se refiere, como se apuntó, a la libertad de asociación que abarca el derecho de las personas a no ser obligadas a asociarse a algún sindicato, a afiliarse voluntariamente al sindicato de su preferencia, y a renunciar al que pertenecen cuando así sea su deseo, ya sea para afiliarse a otro, o bien, para no pertenecer a ninguno de los que puedan existir en la dependencia en donde laboran.
En concatenación con lo anterior, el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,(38) precisa que todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato que opere en la dependencia a la cual se encuentran adscritos, por lo que pueden elegir la asociación de su preferencia, cuando sean dos o más sindicatos de trabajadores, o en caso de que así lo deseen, no pertenecer a ninguno, en ejercicio del referido principio de libertad sindical.
No obstante, cuando el trabajador manifiesta expresamente su deseo de afiliarse a un sindicato, dicho gremio, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley burocrática,(39) tiene la obligación de comunicarlo al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), para el efecto de que esa autoridad, en función de órgano registral, después de verificar los requisitos formales que correspondan, realice la declaración correspondiente mediante la toma de nota del alta de los nuevos afiliados al sindicato solicitante y, así, dicho registro surta los efectos correspondientes frente a terceros, como lo es la persona moral oficial, en su carácter de patrón y encargado de realizar las deducciones de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31161-9bda6191/interes-juridico-y-legitimo-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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