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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. EN CASO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTUDIE LA CAUSA ADUCIDA POR ALGUNA DE LAS PARTES AL SOBRESEER POR UN MOTIVO DISTINTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA ESA DETERMINACIÓN, PUEDE ACOGER AQUÉLLA SIN NECESIDAD DE DAR VISTA PREVIAMENTE AL RECURRENTE PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 208/2014. · Registro digital (IUS): 25573
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-04-10
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Pág. 1499.

AMPARO EN REVISIÓN 208/2014. 18 DE DICIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LUIS GARCÍA SEDAS. SECRETARIO: MANUEL CUAUHTÉMOC BARRAGÁN GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Por otra parte, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 93, fracción I, de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben ser examinadas, aun de oficio, en atención a que la procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal de orden público que debe ser estudiado de manera preferente a los motivos de inconformidad, no obstante que el Juez de Distrito hubiese estimado actualizada una causal de improcedencia al analizar motivos específicos, ello no impide que al resolver el recurso se sobresea en el juicio por improcedente, por motivos diferentes a los analizados por el inferior. Así, se estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia que el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en suplencia del procurador general de la República y éste en representación del presidente de la República, así como el secretario de Gobernación aducen y que, además, como se dijo, por ser una cuestión de orden de público, este Tribunal Colegiado advierte, en el sentido de que, al no reclamarse por vicios propios el refrendo y la publicación de la ley que contiene el precepto impugnado, atribuidos, respectivamente, al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, mismos que, respectivamente, disponen: "El juicio de amparo es improcedente: I ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." y "La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I ... III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; ..."

No pasa inadvertido que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo señala: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.", sin embargo, dicha hipótesis no aplica en el caso justiciable, pues la causa de improcedencia que se estimó actualizada, como antes se evidenció, sí fue alegada por la autoridad responsable durante el trámite del juicio de amparo indirecto de que se trata y notificada a la quejosa, aquí recurrente, el veinticuatro y veinticinco de septiembre y diez de octubre de dos mil trece, según constancias de notificación (fojas 162, 170 vuelta y 215), razón por la cual resulta innecesario darle vista con ella en esta segunda instancia para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis VII.1o.A.1 K (10a.), con registro digital: 2005494, de este Tribunal Colegiado, consultable en la página 2419, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título, subtítulo y texto siguientes:

"-En caso de que alguna de las partes en el juicio de amparo indirecto aduzca una causa de improcedencia y el Juez de Distrito no la estudie al sobreseer por un motivo distinto, el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto contra esa determinación, puede acoger aquélla, sin necesidad de que previamente le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, ya que al margen de que se inactualiza el requisito legal de que fuera ‘no alegada por algunas de las partes’, sería ocioso darle vista sobre un aspecto que ya conocía desde la primera instancia y que, desde entonces, estuvo en aptitud de controvertir."

En esas condiciones, con fundamento en los artículos 63, fracción V y 93, fracción III, de la Ley de Amparo debe sobreseerse respecto a los actos atribuidos al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo y publicación de los artículos 33, fracciones I, II, III, 34, fracción II, inciso b), 44, fracción V, 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V, 48, 49, 51, 52, 53, 57, primera parte y 63, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 114, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

OCTAVO.-En tales condiciones, procede modificar la sentencia recurrida en la parte que incorrectamente sobreseyó en el juicio, sólo por cuanto hace a los indicados artículos 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V y 57 de la invocada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y, en su caso, aplicados en la resolución final con la que concluyó el multicitado procedimiento **********, dictada el diecinueve de junio de dos mil trece por el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, sin que, en este momento, dada la subsistencia de la materia de constitucionalidad, deban analizarse los conceptos de violación, los cuales no se transcriben pues, por un lado, no existe disposición legal que obligue a ello y, por otro, se entregaron copias certificadas de la demanda relativa que los contiene a los Magistrados integrantes de este Tribunal Colegiado, adjuntas al proyecto de sentencia.

NOVENO.-Al no existir diversas causas de improcedencia pendientes de estudio o que se adviertan de oficio, lo que procedería es examinar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos por la quejosa, aquí recurrente; sin embargo, toda vez que combatió la constitucionalidad de los artículos 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V y 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que se estiman aplicados en la resolución final dictada el diecinueve de junio de dos mil trece que decretó la separación del cargo de la quejosa respecto de los cuales subsiste la materia de constitucionalidad, este Tribunal Colegiado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, por las razones que a continuación se exponen:

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, su análisis es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que si bien conforme a la esfera de competencias que establece el punto cuarto, fracción I, inciso A), del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se delegaron facultades a estos últimos para que conocieran de asuntos de constitucionalidad de leyes, resulta que este Tribunal Colegiado se encuentra impedido para resolver el problema de fondo que subsiste en cuanto a la constitucionalidad de las normas reclamadas, porque el tema del asunto no se encuentra comprendido en las hipótesis que dicho acuerdo prevé en el punto cuarto, fracción I, incisos B), C) y D), según se expone a continuación:

a) La norma combatida no corresponde a un ordenamiento local o a un reglamento;

b) Tampoco existe jurisprudencia sobre el tema debatido, inclusive, pendiente de publicación; y,

c) Sobre el tema controvertido no existen tres precedentes del Pleno o de las Salas, indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para integrar jurisprudencia.

Por último, el aspecto relativo a si el asunto en sí mismo considerado o por el estudio que deba realizarse reviste interés excepcional o sea inédito, y se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una cuestión que sólo el Pleno de ese Alto Tribunal puede decidir.

En ese orden de ideas, si como se vio, en el caso se impugna la constitucionalidad de los repetidos numerales 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V y 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque se sostiene, en esencia, que transgreden los principios de libertad de trabajo, irretroactividad, legalidad y audiencia, entre otros, así como las garantías individuales y derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 5o., 14, 16, 113 y 123, apartado B, constitucionales, tema que es de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que sobre ellos exista, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas del Máximo Tribunal del País, o bien, tres precedentes emitidos en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación necesaria para constituirla, para que este órgano estuviera en condiciones de resolverlo, en términos de lo dispuesto en el punto cuarto, fracción I, incisos B), C) y D) del aludido Acuerdo General Número 5/2013, de lo que se colige que lo procedente es remitir esta revisión principal y los autos originales del juicio constitucional número 759/2013, al Pleno del Más Alto Tribunal del País para su conocimiento y resolución, toda vez que es necesario el establecimiento de un criterio definitivo y firme en relación con ese tema.

Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 83 de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el punto noveno, fracción III, del Acuerdo General Número 5/2013 del trece de mayo de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, procede remitir los autos de este toca, junto con los del señalado juicio de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales procedentes, con testimonio de esta ejecutoria y disquete de la misma, así como copia certificada de ella al Juez de Distrito para los efectos legales a que haya lugar y, además, formar, con copias certificadas de los respectivos escritos de expresión de agravios y de esta ejecutoria, el cuaderno de antecedentes que corresponda.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 92 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida para quedar como sigue:

SEGUNDO.-Se sobresee en relación a los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto número 759/2013, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, promovido por **********, atribuidos a las autoridades titular del Centro de Control de Evaluación y Control de Confianza, encargado de la delegación estatal y secretario general instructor del Órgano Auxiliar del Consejo de Profesionalización, todas de la Procuraduría General de la República, consistentes, respectivamente, en la aplicación de evaluaciones de control de confianza (poligráfico, toxicológico y médico), queja promovida mediante oficio **********, de primero de octubre de dos mil doce, y el oficio **********, de veinticuatro de enero de dos mil catorce, por el que se notificó el inicio del procedimiento de separación y se cita a la audiencia de ley a la citada **********, puntualizados en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO.-Se sobresee respecto de los actos atribuidos al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo y publicación de los artículos 33, fracciones I, II, III, 34, fracción II, inciso b), 44, fracción V, 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V, 48, 49, 51, 52, 53, 57, primera parte y 63, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 114, fracción IV, de su reglamento, en términos de la última parte del considerando séptimo de esta ejecutoria.

CUARTO.-Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, por subsistir el problema de constitucionalidad de los artículos 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V y 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, respecto de las autoridades Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en México, Distrito Federal, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente revisión principal número 208/2014, interpuesta por **********, en contra de la sentencia emitida en el citado juicio de garantías.

QUINTO.-Con testimonio de esta ejecutoria y disco compacto de la misma, remítanse al Pleno del Máximo Tribunal del País tanto los autos del toca 208/2014, como los del repetido juicio de amparo 759/2013, para lo que tenga a bien decidir.

Notifíquese personalmente a la recurrente y como corresponda a las demás partes; agréguese previamente al engrose copia certificada de la sentencia recurrida, así como de la demanda de garantías relativa al juicio de amparo indirecto número 759/2013; envíese copia certificada de esta ejecutoria al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para este tribunal, el cual tiene relevancia documental, y es conservable conforme a la respuesta dada a la consulta formulada por este tribunal, en relación al Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Graciela Guadalupe Alejo Luna, Luis García Sedas y Eliel Enedino Fitta García, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. Fue ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25573-6f8e87ed/improcedencia-en-el-amparo-indirecto-en-caso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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