REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA.
AMPARO EN REVISIÓN 23/2014. 13 DE MARZO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE DUEÑAS SARABIA. SECRETARIO: CÉSAR AUGUSTO VERA GUERRERO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. No obstante haberse transcrito tanto la parte considerativa de la sentencia recurrida como los agravios hechos valer, no se analizarán debido a que este tribunal advierte un motivo de improcedencia diverso al que tuvo presente el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio de amparo, cuyo estudio es preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de febrero de dos mil trece.
Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 269 publicada en la página 291 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, que especifica: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
Para comprensión de lo que se expondrá se estima útil destacar, como antecedentes relevantes del caso, lo siguiente:
En auto de quince de enero de dos mil trece, el juzgador responsable abrió la etapa de remate en el juicio generador; ahí mismo, efectuó prevenciones tanto a la parte actora como al demandado, a la primera para que en el plazo de cinco días contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, exhibiera copias simples del cuestionario sobre el que versaría la prueba pericial valorativa a fin de correr traslado a su adversario; en tanto que a este último para que designara un experto en avalúo de inmuebles a más tardar cinco días antes de la audiencia pericial valorativa; también, se designó como perito auxiliar al ingeniero ********** a quien se le tuvo por discernido el cargo. Ese acuerdo es el que enseguida se copia (se digitalizan documentos).
El dieciséis de abril de dos mil trece, tuvo verificativo la audiencia pericial valorativa, misma que se desahogó en los siguientes términos (se digitalizan documentos).
En escrito de dieciocho de junio posterior, el abogado patrono de la parte actora, solicitó se declarara firme el avalúo del bien objeto de la hipoteca; exhibió certificado de gravámenes expedido por el director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco, y solicitó se señalara fecha para la almoneda correspondiente. La aludida promoción es la que se copia (ibídem).
Lo anterior se proveyó en auto de veinticuatro del aludido junio, en el que se tuvo exhibiendo el certificado de libertad de gravámenes respecto de la finca hipotecada y, previo a señalar fecha para la subasta, requirió al ejecutante para que aclarara lo relativo a **********, sociedad anónima de capital variable, que aparece en dicho certificado como acreedor. Tal acuerdo, establece (ib).
En escrito de uno de julio del año próximo pasado, la parte ejecutante refirió que el crédito que aparece a favor de **********, sociedad anónima de capital variable, es el que se está ejecutando y del cual es la nueva acreedora. La referida promoción indica: (ib).
Esa promoción se acordó en proveído de nueve del propio julio, en el que además se calificó el precitado avalúo, puesto que la indicada constancia dice: (ib).
En observancia a la primer parte del acuerdo copiado, la actora solicitó se llamara al remate correspondiente al primer acreedor que aparece en el supradicho certificado de libertad de gravámenes, es decir, a **********, sociedad anónima de capital variable, así como al segundo acreedor **********, sociedad nacional de crédito, pidiendo, a la vez, se señalara fecha para la almoneda respectiva.
Esa promoción se acordó en auto de doce de agosto de dos mil trece, que se escanea (ib).
Contra dicha determinación, el codemandado **********, promovió recurso de revocación alegando que no debió tenerse al ejecutante cumpliendo la prevención ordenada en auto de veinticuatro de junio de dos mil trece, precisando lo siguiente: (ib).
El copiado medio ordinario de defensa fue desestimado al través de resolución de diez de septiembre de dos mil trece, que dispone: (ib).
Esta determinación es la que constituye la materia del acto reclamado.
De las constancias copiadas, claramente se advierte que el acuerdo tildado de inconstitucional se emitió en la fase ejecutiva del juicio generador, específicamente en la de remate del bien dado en garantía hipotecaria. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la ley de la materia, el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución emitida en los procedimientos de remate, siendo ésta la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes subastados.
El comentado artículo señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior."
En esa virtud, considerando que el auto reclamado de diez de septiembre de dos mil trece, se emitió durante el procedimiento de remate y, además, no es el que autorizó la escritura de adjudicación ni la entrega del patrimonio licitado, puesto que sólo desestimó el recurso de revocación que hizo valer el ahora quejoso contra el acuerdo de doce de agosto anterior, el que, entre otras cosas, ordenó citar a la audiencia de almoneda a **********, sociedad anónima, institución de banca múltiple, **********, así como a otros dos acreedores más; resulta inconcuso que en el caso se actualiza el motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, razón por la que habrá de confirmarse el sobreseimiento decretado por la autoridad federal pero con base en la causal descrita en esta ejecutoria.
Sobre el particular cobra aplicación la tesis aislada III.5o.C.22 C (10a.), de este órgano de control constitucional, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero 2014, página 3212, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate ‘es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados’; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución."
Igual de ilustrativa resulta la jurisprudencia VI.3o.C. J/68, publicada en la página 792 del Tomo XXVIII de agosto de dos mil ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE SI NO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA O DESAPRUEBA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede el amparo indirecto contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; estableciendo el último párrafo de la fracción citada, que tratándose de remates sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; lo que implica que pueden plantearse en la demanda todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo. En esa virtud, aunque el juicio de amparo se promueva después de que se hubiera decretado el remate, si se reclaman únicamente violaciones cometidas durante el procedimiento correspondiente, no así la resolución por la que se aprobó o desaprobó el remate; dicho juicio resulta improcedente."
De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera sobre la causal de improcedencia que advirtió este órgano de control.
En escrito de veintiséis de febrero del presente año, el impetrante de garantías expresó lo siguiente: (ib).
Tales manifestaciones son infundadas, puesto que es inexacto que se conculque el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la circunstancia de aplicarse a contrario sensu el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la nueva Ley de Amparo, puesto que no debe darse una interpretación estricta al artículo 61 de la citada normatividad, en el sentido de que sólo puede desecharse la petición constitucional cuando se actualice alguno de los motivos de inejercitabilidad que prevé, ya que su fracción XXIII autoriza a hacer una aplicación analógica del mismo, lo que permite utilizar el argumento a contrario sensu para analizar la procedencia del amparo a través de una interpretación integradora.
Sobre el particular cobra aplicación la tesis I.2o.C.1 K (10a.), publicada en la página 1771 del Libro XX, Tomo 3, correspondiente al mes de mayo de dos mil trece, de la Décima Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que especifica: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."
Igual de ejemplificativa resulta la tesis XI.T.Aux.C.1 K, publicada en la página 1880 del Tomo XXXII, atinente al mes de julio de dos mil diez, de la Novena Época del referido Semanario, que preceptúa: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: ‘El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación’, numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo."
Del mismo modo, adverso a lo que se indica, en el caso, no resultan aplicables las jurisprudencias de rubros: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" y "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL E INMEDIATA CONTRA LA INTERLOCUTORIA DE APELACIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DE REMATE EN EL QUE YA SE HABÍA ADJUDICADO EL BIEN OBJETO DE LA VENTA JUDICIAL, PUES CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."
Es así, en virtud de que el acto reclamado no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, toda vez que el mismo únicamente desestimó la revocación que esgrimió el quejoso contra el acuerdo de doce de agosto de dos mil trece, el cual, entre otras cosas ordenó citar a la audiencia de remate a **********, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero ********** y a otros dos acreedores más, por lo que es evidente que si en su momento se llega a reprobar la almoneda, la infracción alegada desaparecerá sin dejar una huella en la estela jurídica del inconforme, lo que de suyo revela que el acto de que se trata, no sea de imposible reparación y, por consiguiente, no cobran vigencia las jurisprudencias de que se trata.
Por tanto, al no prosperar las manifestaciones formuladas por la recurrente, no resta más que confirmar el sobreseimiento decretado en autos, aunque por el motivo de inejercitabilidad que aquí se indica.
Por lo expuesto y, de conformidad con los artículos 92 y 93 de la nueva Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por **********, contra la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Eduardo Francisco Núñez Gaytán y Enrique Dueñas Sarabia, así como de la secretaria de tribunal en funciones de Magistrada, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, licenciada Jacqueline Ana Brockmann Cochrane, en sustitución de la Magistrada Alicia Guadalupe Cabral Parra, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25081-4d5657ef/remate-conforme-a-lo-establecido-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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