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Modo: Corpus Pro

FIDEICOMISO DE GARANTÍA. PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA OTORGADA MEDIANTE AQUÉL, ESTÁ CONSTITUIDA POR LA AUDIENCIA DE REMATE TANTO FORMAL COMO MATERIAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 336/2016. · Registro digital (IUS): 27750
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-04-13
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Pág. 2123.

AMPARO EN REVISIÓN 336/2016. 26 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ. PONENTE: VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIO: KARLO IVÁN GONZÁLEZ CAMACHO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Consideraciones y fundamentos jurídicos. En su único agravio, los recurrentes aducen que la sentencia impugnada viola por su inexacta o incorrecta aplicación, lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y el principio de congruencia que toda resolución debe acatar.

Lo anterior, porque contrario a lo que consideró el a quo para decretar el sobreseimiento, la orden de remitir los autos del juicio especial mercantil ********** al notario público a efecto de que tire la escritura correspondiente del inmueble en favor de la actora, sí constituye la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia.

Señalan que no inadvierten que en la sentencia que se pretende ejecutar, se estableció (resolutivo segundo), que de no realizarse el pago de las prestaciones objeto de condena, se ordenaría la entrega a la actora, del inmueble con que se garantizó el pagaré del contrato de crédito, para los efectos de su remate en términos del capítulo aplicable a este asunto, es decir, no ignora que según lo establecido en dicho fallo, habría remate, mismo que evidentemente no se ha realizado.

Empero, refieren, mediante los actos reclamados lo que se está procurando no es el cumplimiento de esa sentencia, sino modificar lo resuelto, porque lo que la ejecutante pretende es que se le entregue la posesión del inmueble dado en garantía y que se otorgue la escritura en que se extinga del fideicomiso el derecho que ellos tienen sobre dicho inmueble, en razón de que en opinión de la tercero interesada, el quántum de la deuda es superior al valor del inmueble, y lo que pretende y la Juez responsable le está autorizando es, precisamente, la adjudicación directa a través del propio fideicomiso "...ya que no puede adjudicarse el dominio directo porque está ubicado dentro de la franja a que se refiere el artículo 27, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Esto, expresan, evidencia un indebido análisis de las constancias de autos y, por ende, una resolución carente de congruencia interna y externa.

En esa tesitura, sostiene, el acuerdo de 5 de abril de 2016 (génesis del acto reclamado), que entre otras muchas cuestiones acordó favorablemente la petición de la ejecutante de remitir los autos al notario público designado, es ilegal.

En efecto, dicen, la extinción de sus derechos a través del establecimiento de un fideicomisario único (**********), equivale a una adjudicación a favor de la actora, que es la forma en que podría "adquirir" el inmueble, porque por su condición de extranjera, tampoco puede adquirir su dominio directo, por prohibición constitucional.

Insisten en que el a quo no vislumbró que el propósito de la actora es adjudicarse el inmueble sin que medie un procedimiento de remate o como si éste se hubiera llevado a cabo.

Lo anterior es fundado.

Previo a señalar las razones de este aserto, es pertinente delinear a grandes rasgos las razones que impulsaron al legislador a crear el procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía y en qué consiste.

En México, los procedimientos judiciales, en términos generales, se caracterizan por su lentitud y la multiplicidad de acciones incidentales que sólo retrasan la resolución de conflictos. Es por ello que los artículos 1414 Bis a 1414 Bis 20 del Código de Comercio precisan un mecanismo de ejecución ad hoc que, en principio, resulta más ágil y efectivo para la prenda sin transmisión de posesión y el fideicomiso de garantía. Este mecanismo comprende 2 vías posibles: una extrajudicial y otra judicial.

Como se aprecia de la exposición de motivos, la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2000, tuvo como origen una iniciativa del Ejecutivo que pretendía crear una legislación autónoma, denominada "Ley Federal de Garantías de Crédito".

En dicha iniciativa, la necesidad de emitir esa ley se justificó de la siguiente manera:

"Con base en el diagnóstico de la situación que guarda el régimen legal vigente en materia de otorgamiento, registro y recuperación del crédito, basado en un amplio estudio de derecho comparado realizado con objeto de conocer experiencias exitosas de otros países, se ha concluido que tal régimen es obsoleto, mermándose con ello la contribución que el crédito puede hacer al desarrollo económico de México.

"El régimen legal mexicano sobre garantías, inspirado en teorías surgidas en el siglo XVIII, establece requisitos distintos para la constitución, el perfeccionamiento y la ejecución de los diferentes tipos de garantías. Las insuficiencias de la ley se colman con disposiciones de los códigos de comercio y civiles que no están adaptados al contexto económico y comercial de las actuales operaciones financieras y presenta limitaciones tanto por lo que respecta a los sujetos que pueden otorgar ciertos tipos de créditos, como en cuanto al tipo de bienes muebles susceptibles de ofrecerse en garantía.

"Los actos jurídicos mediante los cuales se constituyen las garantías, quedan sujetos a formalidades y registros costosos, lentos e ineficientes. Además, los procedimientos de suspensión de pagos y quiebra, entorpecen seriamente las posibilidades de que los acreedores puedan disponer y hacer efectivas sus garantías oportunamente. Los procedimientos de ejecución, tienen una duración excesiva y, por ende, encarecen el costo del crédito.

"Esta situación origina que el crédito no fluya normalmente, principalmente hacia las actividades socialmente más aceptables, y que el que existe resulte más costoso de lo debido.

"En México existe una marcada predisposición a otorgar créditos sólo en favor de aquellas personas que están en condiciones de otorgar bienes inmuebles en garantía o el aval de una persona que cuente con dichos bienes. Esta situación obedece a que los acreedores estiman que los bienes inmuebles mantienen su valor durante el largo proceso de ejecución, tal valor guarda una proporción adecuada con relación al costo de tales procesos y la legislación aplicable a la Constitución y el registro de la hipoteca inmobiliaria, les brinda cierta protección.

"Los acreedores se resisten a tomar garantías sobre bienes muebles por diversas razones, entre las que destacan: una legislación inapropiada; la necesidad por razones legales o de riesgo, de que el bien dado en garantía se entregue al acreedor; y al hecho de que los procedimientos para la recuperación y ejecución de las garantías son lentos y costosos, sin olvidar que los registros públicos resultan inadecuados.

"La predisposición en favor de la garantía sobre bienes inmuebles, restringe el acceso al crédito, especialmente de los pequeños y medianos empresarios, los cuales no son dueños de inmuebles o no tienen sus títulos de propiedad en orden. Las leyes no parecen estar hechas para los más pobres, que sólo cuentan con su capital humano y generalmente necesitan adquirir bienes muebles (mercancías para revender, herramientas, fertilizantes, equipo de transporte, etc.) para hacer su trabajo, bienes que no les sirven de garantía para su adquisición a crédito.

"La predisposición a preferir bienes inmuebles como garantía, también castiga a los intermediarios y distribuidores en su propia obtención de crédito y, por consecuencia, en la capacidad natural que tienen de otorgarlo a pequeños empresarios.

"En otras partes del mundo, el crédito de intermediarios y distribuidores es un negocio altamente competitivo y lucrativo, que compite con el crédito institucional en forma eficaz. Los intermediarios y distribuidores son magníficos conductos para proveer crédito a los pequeños empresarios, con quienes tienen trato frecuente, por lo que conocen su comportamiento e historial crediticio. Además, tienen ventajas en cuanto a la ejecución de las garantías, por estar en el mercado de los bienes respectivos.

"La evidencia a la vista de diversos estudios sobre el tema, apunta a que en México existe un importante potencial de aumento del crédito a los sectores agropecuario y de la pequeña y mediana empresa, el cual podría detonarse si se contara con un sistema legal de garantías menos riesgoso para garantizar créditos con bienes muebles, lo cual se traduciría en aumento de la inversión, de la producción y del empleo y, por ende, del crecimiento económico.

"El financiamiento para la vivienda, es una de las actividades en las cuales se materializa más palpablemente la contribución que el crédito hace al desarrollo social y económico, en vista del gran número de insumos que demanda el proceso de construcción de la vivienda y a que se trata de una industria intensiva en el uso de mano de obra.

"Aun cuando en esta materia se cuenta con una legislación sustantiva que podría considerarse como relativamente adecuada, las disposiciones adjetivas que regulan la ejecución de la garantía en caso de incumplimiento del deudor y la eficiencia de los procedimientos judiciales correspondientes, son francamente malas. El tiempo que consume hacer efectiva una garantía real sobre casas habitación es muy prolongado y solamente se recupera una fracción de cada peso prestado.

"Esta situación, obliga a la aplicación de márgenes muy elevados en los créditos vigentes, para compensar el costo de la cartera vencida.

"El crédito bancario para nuevas operaciones está prácticamente detenido y sólo se concede con márgenes elevados y luego de estudios muy prolongados para analizar la capacidad de pago e historial crediticio del solicitante de crédito.

"En otras partes del mundo, en las cuales gozan de procedimientos judiciales expeditos para resolver los casos de deudores incumplidos, los márgenes de intermediación son reducidos y el crédito se otorga en una o dos semanas, sin mayor investigación respecto a la capacidad de pago del deudor o su historial crediticio. El acreedor basa su decisión en dos factores: el monto del enganche, que le sirve de reserva para absorber los gastos de ejecución, y la eficiencia del régimen legal de ejecución de la garantía en caso de incumplimiento.

"Bajo estas condiciones, existe el crédito necesario para satisfacer la demanda de compra de casas a crédito, a tasas de interés más razonables que las observadas en México, lo que constituye un apoyo muy importante para la industria de la construcción, los adquirientes de vivienda a crédito y, desde luego, para el desarrollo social y económico del país.

"Las instituciones financieras, a la luz de la mala experiencia que han tenido en la recuperación, por vía judicial, de su cartera vencida en los años recientes, no se muestran optimistas en cuanto al crecimiento de su cartera de crédito, manifestando una marcada preferencia a canalizar los recursos que captan en el mercado, hacia la compra de valores gubernamentales.

"Esta situación apunta a que, de no tomarse medidas, la atonía que se observa en el otorgamiento de crédito bancario desde hace ya varios años, se mantendrá por algún tiempo.

"Los estudios realizados por la comisión redactora, llevaron a la conclusión de que la modernización del régimen en materia de garantías debía reunir, al menos, las características siguientes:

"Hacer accesible el crédito a los deudores, permitiendo su otorgamiento a todo tipo de acreedores, sin dar preferencias en cierto tipo de operaciones a los acreedores institucionales.

"La regulación debe ser sencilla y permitir al deudor otorgar en garantía cualquier bien mueble con valor económico, corporal e incorporal que obre en su patrimonio o que vaya a ser adquirido por el deudor en el futuro, mediante procedimientos ágiles y de bajo costo.

"Además, debe permitirse que la garantía real sobre un bien mueble, pueda extenderse a otros bienes que se deriven como fruto o producto del bien originalmente dado en garantía, así como a cualquier bien o dinero que el acreditado reciba en pago por la venta del bien dado en garantía.

"Resulta indispensable contar con mecanismos simples y baratos para el registro de las garantías, a fin de que los acreedores puedan informarse sobre garantías preexistentes; tengan claridad y precisión acerca de su prelación respecto a todo tipo de acreedores, y puedan notificar por esa vía a futuros acreedores acerca de las garantías constituidas a su favor.

"El régimen debe ofrecer a los acreedores mecanismos baratos, rápidos y confiables, para hacer efectivas las garantías a su favor, en caso de que los deudores no paguen oportunamente, contando con la intervención expedita de las autoridades judiciales.

"Por encima de todo lo demás, los derechos del deudor ante posibles abusos por parte del acreedor en la ejecución de las garantías, deben quedar suficientemente salvaguardados."

La Cámara de Origen (Diputados), bajo las mismas bases, también presentó una iniciativa en la que consideró necesario incorporar en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 2 nuevas figuras para la constitución de garantías, que se denominarían prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía.

Tal iniciativa destacó que para poder alcanzar los propósitos que inspiraban la creación de estas figuras, era necesario establecer procesos específicos de ejecución de las garantías otorgadas al amparo de las mismas, los cuales se propuso incluir en el Código de Comercio, vía adición de un título tercero Bis al Código de Comercio.

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, que dictaminaron las iniciativas en comento, fueron coincidentes en que ambas "buscan facilitar los procesos de otorgamiento y recuperación del crédito a fin de que el mismo fluya hacia las distintas actividades productivas y, de esta manera, apoye el desarrollo económico y social del país, sobre todo en lo que respecta al crédito para la pequeña y mediana empresas, así como para la compra de vivienda, entre otros."

Luego de su discusión en ambas Cámaras y aprobación por la Revisora (Senadores), la reforma se aprobó y, entre otros cambios, y en lo que aquí interesa, trajo consigo la adición de un título tercero Bis al Código de Comercio.

A. Procedimiento extrajudicial de ejecución de garantías.

Este procedimiento es opcional y no es necesario agotarlo para iniciar la instancia judicial según lo dispuesto por los artículos 1414 Bis a 1414 Bis 6 del Código de Comercio. Esta vía es la idónea cuando no existe controversia alguna entre las partes sobre la exigibilidad del crédito, su monto y la entrega de los bienes objeto de la garantía, aunque como lo evidencian los antecedentes de este asunto, no siempre es fructífero.

Para iniciarlo se realiza un avalúo de los bienes a través de un perito que puede ser designado por las partes en el contrato o en un momento posterior o por cualquier otro procedimiento que acuerden las partes por escrito.

Debido a que el objetivo es que el deudor ponga a disposición del acreedor los bienes objeto de la garantía, éste debe realizar un requerimiento formal por medio de un fedatario público que, a su vez, da fe de su entrega material y expide un acta pormenorizada que detalla el inventario. El acreedor queda como depositario judicial hasta que se realice la venta de los mismos.

En caso de que el deudor se opusiera a entregar los bienes al pago del crédito o no se pudieran poner de acuerdo en quién va a realizar el avalúo, o cuando éste no fuere posible, se da por terminada esta vía y se procede por la judicial.

B. Procedimiento judicial de ejecución de garantías.

Para iniciar esta vía, el acreedor debe presentar un escrito de demanda y acompañar el contrato con un informe o estado de cuenta sobre el saldo que el deudor debe cubrir; si el acreedor es un banco (como en el caso), el estado de cuenta debe ser certificado.

Los términos del procedimiento se reducen considerablemente; el Juez admite la demanda en un plazo no mayor a 2 días y emite un auto (de mandamiento en forma), para que el deudor sea requerido y pague el adeudo o, en su caso, haga entrega material de los bienes objeto de la garantía al acreedor, el cual se convierte en depositario judicial con el deber de informar al Juez la ubicación de los bienes en tanto se realiza su venta.

Si el deudor no realiza el pago ni entrega los bienes, el Juez lo emplaza a juicio en el mismo auto y le concede 5 días para que conteste la demanda y oponga las excepciones que correspondan. Estas últimas son limitadas, según lo establecido en la ley, además de que el Juez es conminado a desecharlas de plano cuando son notoriamente improcedentes o cuando no se acompañan las pruebas documentales respectivas.

En el mismo auto en el cual el Juez tiene por contestada o no la demanda, se admiten o desechan las pruebas, según corresponda, y se otorga al acreedor un plazo de 3 días para que las estudie. Transcurrido este plazo, se señala fecha y hora para la audiencia de desahogo correspondiente, donde se harán los alegatos y se dictará la sentencia. Esto debe realizarse dentro de los 10 días siguientes.

El proceso es expedito, ya que no existe un periodo probatorio distinto al de los alegatos y la audiencia para dictar sentencia. Obviamente, si el deudor se allana a la demanda, el Juez procede de manera inmediata a dictar sentencia definitiva.

Dictada la sentencia se procede al avalúo y, posteriormente, a la venta de los bienes objeto de la garantía, esta última puede realizarse por el Juez que presidió el juicio o por un fedatario público.

Para la venta existen varias reglas aplicables. Las más destacadas son:

a) Se notifica al deudor la realización de la venta y se publica en un periódico un aviso con la descripción de los bienes, su valor y, el día y la hora en que se realizará la venta.

b) Si no se venden en la primera ocasión, cada semana se reduce su valor en 10%. Cuando se llegue a un valor equivalente o menor al monto del adeudo, el acreedor puede optar por adjudicarse los bienes.

c) Si el valor de los bienes es igual al monto del adeudo condenado, quedará liquidado totalmente el crédito respectivo, sin corresponder en consecuencia acción o derecho alguno a la parte actora para ejercitar o hacer valer con posterioridad en contra del demandado, por lo que respecta al contrato base de la acción.

En este caso, el actor podrá disponer libremente de los bienes objeto de la garantía.

d) Si el valor de los bienes es menor al monto del adeudo condenado, el actor podrá disponer libremente de los bienes objeto de la garantía y conservará las acciones que en derecho le correspondan, por la diferencia que no le haya sido cubierta.

e) Si el valor de los bienes es mayor al monto del adeudo condenado, la parte actora, según se trate y una vez deducido el crédito, los intereses y los gastos generados, entregará al demandado el remanente que corresponda por la venta de los bienes.

El Juez puede multar al deudor y ordenar medios de apremio, como el auxilio de la fuerza pública, en caso de que no haga entrega de los bienes. Por otro lado, el deudor también está protegido, ya que el Juez puede imponer al actor, en caso de que no se entregue el remanente del valor del inmueble, medidas de apremio y le ordenará pagar una pena equivalente de 100 y hasta 3000 veces el salario mínimo diario general vigente en la Ciudad de México, en las fechas de incumplimiento, por día transcurrido, mientras subsista el incumplimiento. Lo anterior se aprecia del análisis de los artículos 1414 Bis a 1414 Bis 20.

Como se advierte, en ambos procedimientos la peculiaridad es que, colocados en el ámbito del deber ser, el deudor debe entregar la posesión material del mueble o del inmueble a través del que se garantizó la prenda o el fideicomiso al acreedor, quien queda como depositario (no tiene opción), lo que facilita su posterior venta judicial.

Se trata de una inversión de lo que ocurre ordinariamente, donde la entrega de la posesión material, vía adjudicación, siempre es posterior a la verificación de la venta judicial, su aprobación y la consecuente escrituración.(9)

En efecto, en un juicio ordinario la posesión material del bien inmueble no se entrega, sino hasta después de que se efectúa la escrituración.

Como lo evidencia el caso justiciable, tal escenario ideal pensado por el legislador es de difícil realización, ante la oposición del deudor.

Ahora bien, para efectos de este estudio, es importante transcribir el contenido de los artículos 1414 Bis 16 y 1414 Bis 17:

"Artículo 1414 Bis 16. El Juez debe presidir la audiencia, ordenar el desahogo de las pruebas admitidas y preparadas, y dar oportunidad a las partes para alegar lo que a su derecho convenga, por escrito o verbalmente, sin necesidad de asentarlo en autos en este último caso. Acto continuo, el Juez dictará sentencia, la que será apelable únicamente en efecto devolutivo."

"Artículo 1414 Bis 17. Obtenido el valor de avalúo de los bienes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1414 Bis, se estará a lo siguiente:

"I. Cuando el valor de los bienes sea igual al monto del adeudo condenado, quedará liquidado totalmente el crédito respectivo, sin corresponder en consecuencia acción o derecho alguno a la parte actora para ejercitar o hacer valer con posterioridad en contra del demandado, por lo que respecta al contrato base de la acción. En este caso, el actor, podrá disponer libremente de los bienes objeto de la garantía;

"II. Cuando el valor de los bienes sea menor al monto del adeudo condenado, el actor, podrá disponer libremente de los bienes objeto de la garantía y conservará las acciones que en derecho le corresponda, por la diferencia que no le haya sido cubierta, conforme lo establecen las leyes correspondientes.

"Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los créditos a la vivienda por un monto inferior a 100,000 unidades de inversión (UDIS), siempre que se haya pagado cuando menos el 50% del saldo insoluto del crédito. En este caso el valor del bien dado en garantía, actualizado a UDIS, responderá por el resto del crédito otorgado, sin corresponder en consecuencia acción o derecho alguno sobre otros bienes, títulos o derechos que no hayan sido dados en garantía a la parte actora para ejercitar o hacer valer con posterioridad en contra del demandado, por lo que respecta al contrato base de la acción.

"En ningún caso y bajo ninguna forma se podrá renunciar a este derecho;

"III. Cuando el valor de los bienes sea mayor al monto del adeudo condenado, la parte actora, según se trate y una vez deducido el crédito, los intereses y los gastos generados, entregará al demandado el remanente que corresponda por la venta de los bienes.

"La venta a elección del actor se podrá realizar ante el Juez que conozca del juicio o fedatario público, mediante el procedimiento siguiente:

"a) Se notificará personalmente al demandado, conforme a lo señalado en el libro quinto, capítulo IV, del título primero de este código, el día y la hora en que se efectuará la venta de los bienes a que se refiere el inciso siguiente. Dicha notificación deberá realizarse con cinco días de anticipación a la fecha de la venta;

"b) Se publicará en un periódico de la localidad en que se encuentren los bienes por lo menos con cinco días hábiles de antelación, un aviso de venta de los mismos, en el que se señale el lugar, día y hora en que se pretenda realizar la venta, señalando la descripción de los bienes, así como el precio de la venta, determinado conforme al artículo 1414 Bis.

"En dicha publicación podrán señalarse las fechas en que se realizarán, en su caso, las ofertas sucesivas de venta de los bienes. Cada semana en la que no haya sido posible realizar la venta de los bienes, el valor mínimo de venta de los mismos, se reducirá en un 10%, pudiendo el actor, a su elección, obtener la propiedad plena de los mismos cuando el precio de dichos bienes esté en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I o II de este artículo.

"El demandado que desee que se realicen más publicaciones relativas a la venta de los bienes podrá hacerlo directamente a su costa, y

"c) Realizada la venta de los bienes, si el precio de venta de los mismos fuera superior al monto del adeudo, el actor procederá a entregar el remanente que corresponda al demandado en un plazo no mayor de cinco días, una vez que se haya deducido el monto del crédito otorgado, incluyendo intereses y demás gastos incurridos para la venta, en efectivo, cheque de caja o mediante billete de depósito a favor de la parte demandada a través del fedatario." (énfasis añadido)

De lo preinserto, se advierte que en el procedimiento judicial de ejecución, luego del dictado de la sentencia, siempre habrá una etapa de remate o venta, que puede ser judicial o privada (ante notario público), a elección del actor.

La necesidad de un avalúo, realizado conforme al artículo 1414 Bis del Código de Comercio (perteneciente al procedimiento extrajudicial), la obligación de notificar personalmente al deudor, para efectos de su asistencia y la publicación del aviso correspondiente, evidencian dicha afirmación (aunque como se verá, sólo en un caso se procede propiamente a la venta del bien).

Dicha venta concluirá con 3 escenarios posibles determinados por el valor de los bienes y del monto adeudado.

En los primeros 2 supuestos (cuando el valor de los bienes sea igual o menor al monto del adeudo condenado), la venta culmina con la adjudicación directa del bien al actor.(10)

En estas hipótesis, en realidad inició el procedimiento de remate, sólo que concluyó anticipadamente debido al resultado particular del avalúo del bien materia de la controversia, es decir, que no hubo necesidad de llamar a interesados a comparecer a la audiencia respectiva con la finalidad de que ese inmueble lo adquiriera el mejor postor.

La frase "podrá disponer libremente de los bienes objeto de la garantía", que indudablemente tiene connotación de dominio pleno y el hecho de que se establezca, en el primer supuesto, que no se conserva acción a ejercitar con posterioridad y, en el segundo, que se conserva acción para ejercitar por el remanente, son indicativos de esta conclusión.

Esta conclusión queda corroborada con lo que establece el artículo 1414 Bis 17, fracción III, inciso b), párrafo segundo, que regula la publicación del aviso de venta y, en lo que interesa, establece:

"En dicha publicación podrán señalarse las fechas en que se realizarán, en su caso, las ofertas sucesivas de venta de los bienes. Cada semana en la que no haya sido posible realizar la venta de los bienes, el valor mínimo de venta de los mismos, se reducirá en un 10%, pudiendo el actor, a su elección, obtener la propiedad plena de los mismos cuando el precio de dichos bienes esté en alguno de los supuestos a que se refieren las (sic) fracción I de este artículo."

Como se aprecia, la depreciación del inmueble que originalmente tiene un valor superior al adeudo condenado, puede ocasionar que se llegue a los supuestos del artículo 1414 Bis 17, fracciones I y II, en cuyo caso, la adjudicación ya no será a favor de un postor ajeno a la controversia (indirecta), sino a favor del actor (directa).

De lo hasta aquí expuesto y dadas las peculiaridades advertidas, conviene preguntarse para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ¿cuál es aquí la última resolución dictada en el procedimiento de remate?

La Ley de Amparo define que ésta es "aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados" y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya precisó (debido a la inclusión de la conjunción copulativa "y"), que en el procedimiento de remate "...para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la resolución definitiva impugnable, es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados."(11)

No obstante, como se indicó, de los 3 supuestos que definen la forma en que concluye el remate en este tipo de procedimiento, sólo uno conducirá al dictado de una resolución de esa naturaleza y contenido.

En efecto, en los primeros 2 supuestos (fracciones I y II del artículo 1414 Bis 17), la adjudicación a favor del actor es directa y ocurre ipso facto en el curso mismo de la audiencia correspondiente, lo cual es congruente con la naturaleza y los fines que motivaron al legislador a crear los procedimientos de ejecución en análisis (pronta recuperación del crédito).

Sólo en el tercer supuesto (fracción III del citado dispositivo), único caso de una verdadera venta y aunque la ley no lo mencione expresa y detalladamente, habrá una resolución que ordene que se adjudique el inmueble a favor de un postor.

Por otra parte, debido al hecho de que en estos procedimientos el deudor debe desde el inicio entregar la posesión material del bien dado en garantía, en el caso de que se cumpla dicha obligación, es manifiesto que no existirá una resolución dictada con posterioridad a la venta, que ordene tal extremo.

Por el contrario y dicho sea de paso, en lo que constituye un supuesto contrario al espíritu de la ley que da al traste con todo el diseño legislativo de los procedimientos de ejecución en análisis, se estima que sí existirá una resolución que ordene la entrega del bien rematado en el caso de que el deudor no acate la condena que tenga por materia esa entrega (pues en ese caso no es válido afirmar que la orden primaria acaecida por virtud del auto con efectos de mandamiento en forma, que ordena dicha entrega, pueda ser considerada la última resolución).

Empero, a este respecto surge un problema que es preciso dilucidar, pues ante el desacato de la deudora a cumplir la condena, es manifiesto que la orden de entrega de la poses

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27750-53c908c4/fideicomiso-de-garantia-para-la-procedencia-del-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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