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Modo: Corpus Pro

ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 324/2019. · Registro digital (IUS): 30314
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-01-14
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, Pág. 2665.

AMPARO EN REVISIÓN 324/2019. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIO: MARAT PAREDES MONTIEL.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Estudio de los agravios.

Resulta esencialmente fundada la primera parte de agravio y suficiente para revocar la sentencia reclamada, en atención a lo que enseguida se expone.

La razón para determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional en la resolución reclamada fue que el acto reclamado es derivado de otros consentidos, es decir, que la quejosa consintió el contenido de otra determinación en la que no se tuvieron por aceptadas las excepciones que hizo valer.

En la resolución impugnada se sobreseyó en el juicio de amparo, porque el Juez de Distrito consideró que el acto reclamado es derivado de otro consentido, con sustento en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo y de acuerdo con la tesis aislada del Pleno, publicada con el rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.", la que, a su vez, remite a la tesis 19 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, página 38, bajo el rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA."

Debe tomarse en cuenta que la aplicación de las causas de improcedencia debe realizarse conforme al principio de estricto derecho, al tratarse de restricciones al derecho de acceso a la justicia, cuya existencia debe estar fundada en ley, y justificada conforme a las reglas del procedimiento correspondiente.

El juicio constitucional es la defensa idónea para combatir las violaciones a los derechos humanos que cometan las autoridades, no obstante se han regulado en el artículo 61 de la Ley de Amparo, excepciones a la procedencia del amparo, y como excepciones al ejercicio de un derecho son de interpretación estricta, de tal manera que no se deben realizar interpretaciones extensivas, para restringir la procedencia del juicio constitucional, ya sea con base en una interpretación analógica, por mayoría de razón, o alguna otra que, en lugar de permitir el análisis de la actuación de la autoridad responsable, lo restrinja o impida.

La aplicación extensiva de las causas de improcedencia afecta el derecho de acceso a un recurso efectivo, rápido y sencillo, pues habría la posibilidad de que el gobernado estuviera impedido para impugnar las violaciones que le provocara un acto de autoridad y obtener la restitución en el goce de sus derechos; del mismo modo se llegaría a afectar la rapidez con que debe impartirse justicia, al imponerle dilaciones innecesarias en la resolución de su problema; también podría haber efectos negativos para la sencillez, al no haber asidero legal para la imposición de una causa de improcedencia que no esté prevista en la legislación aplicable y dificultad del justiciable de entender el alcance de su derecho de tutela judicial por vía de amparo.

Sostener lo anterior no significa que las causas de improcedencia previstas en la ley no puedan ser interpretadas por los tribunales cuando sea necesario, como en lo siguiente se desarrolla; pero sí en la medida en que no se limite la posibilidad de acceder al juicio de amparo. Así, más que interpretaciones que resulten restrictivas de derechos, más bien deben procurarse aquellas que permitan su optimización.

Giovanni Tarello sostiene que la norma jurídica es precisamente el significado que mediante la interpretación resulta atribuido al enunciado normativo,(33) por lo que ante un enunciado de dudoso contenido en una disposición que admita varias interpretaciones, el intérprete u operador jurídico debe atribuir al enunciado normativo el significado que se estime más conveniente.

De ese modo, se parte de la base de que en la jurisprudencia se emite una proposición o conclusión sustentada persuasivamente en ciertos hechos, actos y razonamientos demostrativos que provienen de la interpretación que realiza el operador jurídico, en ejercicio de la función jurisdiccional, bien sea en los criterios de interpretación, integración o modalidades de aplicación de la ley.

De ahí que sólo sea admisible analizar la aplicabilidad de la tesis al caso concreto y la inconstitucionalidad de los preceptos.

Se advierte que la recurrente aduce la indebida fijación del acto reclamado, sobre la base de que no se ha consentido alguno y, por ende, en concepto de la peticionaria, la causa de improcedencia invocada por la Juez Federal no se actualiza en el caso.

Sobre esas bases serán analizados los planteamientos que se exponen en el recurso de revisión.

Se estima esencialmente fundado el planteamiento relativo a que no debe aplicarse la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA."

En el juicio de amparo, al igual que en todos los procedimientos jurisdiccionales, deben concurrir dos relaciones jurídicas: la relación jurídico-procesal, cuyos componentes son los presupuestos procesales y la relación jurídico-sustancial, que es sobre la que versa el litigio planteado al juzgador.

El perfeccionamiento de la relación procesal se da con la concurrencia de todos los presupuestos procesales, quedando fallida por la ausencia de cualquiera de ellos y tal perfeccionamiento resulta indispensable para resolver válidamente la controversia sustancial. De lo contrario, a falta de algún presupuesto procesal el juzgador no puede entrar al análisis del fondo del asunto y, consecuentemente, debe emitir un fallo inhibitorio.

En el juicio de amparo, la ausencia de presupuestos procesales se tipifica en causas de improcedencia que conducen al desechamiento de plano de la demanda o al sobreseimiento en el juicio.

En el artículo 61 de la Ley de Amparo se enumeran las causas de improcedencia del juicio constitucional.

Por su parte, el artículo 63 de esa ley dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61.

Como se ve, las hipótesis previstas en la ley sirven de fundamento para determinar la improcedencia del juicio e impiden al juzgador de amparo conocer y resolver lo relativo a la constitucionalidad de la ley o acto reclamado, por no encontrarse satisfechos los requisitos que se exigen para la existencia de la acción de amparo.

Por esa razón, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, es necesario que la causa que lo motive esté expresamente regulada en la ley.

Lo anterior conduce a estimar que la causa invocada por la Juez de Distrito, relativa a que el acto reclamado es derivado de otro consentido, no se encuentra expresamente regulada en la ley, por lo que sobre la base de la legislación no es admisible considerar la improcedencia del juicio de amparo.

Ahora bien, en el fallo recurrido se advierte que para tener por actualizada la causa de improcedencia, el Juez de Distrito citó el criterio que tiene el siguiente rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", pero como ya se mencionó, esencialmente, reitera el criterio de la tesis del mismo rubro, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(34)

Este criterio no admite servir de base para sobreseer en el juicio de amparo, porque carece de obligatoriedad, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo.

Dicho precepto dispone:

"Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

"La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.

"La jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás Tribunales Colegiados de Circuito.

"La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."

En primer lugar, conforme al precepto citado, la tesis invocada por la Juez de Distrito no es obligatoria para este órgano, debido a que fue emitida por otro Tribunal Colegiado y, por otro lado, tampoco se comparte que lo ahí establecido pueda ser considerado una causa de improcedencia del juicio de amparo, por las razones que más adelante se exponen.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 222 y 225 de la ley de la materia, son jurisprudencia obligatoria, entre otros, los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes supuestos: a) cuando se sustenten en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en distintas sesiones y que hayan sido aprobadas por una mayoría de cuando menos cuatro votos; y, b) cuando se diluciden los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas del Máximo Tribunal, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados en los asuntos de su competencia.

En virtud del carácter obligatorio de la jurisprudencia, es incuestionable que debe conocerse con claridad y precisión, tanto por los juzgadores, como por el público en general. Esto explica que el artículo 220 de la Ley de Amparo prevea que la publicación de las tesis, resoluciones necesarias para constituir, interrumpir o sustituir la jurisprudencia, los votos particulares y las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes se publiquen en el Semanario Judicial de la Federación.

De acuerdo con los datos existentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Semanario Judicial de la Federación fue creado por decreto de ocho de diciembre de mil ochocientos setenta.

En enero de mil ochocientos ochenta y uno se inició regularmente la publicación del Semanario Judicial de la Federación, que con algunos tropiezos, continuó su vida hasta la crisis provocada por la Revolución de mil novecientos diez.

Expedida la Constitución de mil novecientos diecisiete, se integró de acuerdo con dicha Ley Fundamental la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que inició sus actividades el uno de junio de mil novecientos diecisiete y diez días después se reanudó la publicación del Semanario Judicial de la Federación, el cual ha continuado su publicación.

Quince años después de reanudada la publicación, apareció un Apéndice que contenía la primera compilación de jurisprudencia. Este Apéndice al Tomo XXXVI comprendió la jurisprudencia formada del diez de junio de mil novecientos diecisiete al quince de diciembre de mil novecientos treinta y dos.(35)

Posteriormente se han publicado otros Apéndices más, siendo el último el que abarca de mil novecientos diecisiete a dos mil.

Al aplicar lo hasta aquí expuesto al caso que se analiza se arriba a lo siguiente:

De conformidad con las disposiciones normativas, sólo los criterios a los que la ley les concede el carácter de jurisprudencia son obligatorios.

En cuanto al criterio invocado por el Juez de Distrito para sustentar el sobreseimiento en el juicio de amparo, el cual ya quedó identificado en párrafos anteriores, no existe obstáculo alguno para evidenciar que se trata de una tesis que carece de obligatoriedad, pues en su publicación así se advierte.

El criterio 17, publicado con el rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", debe tenerse en cuenta que fue indebidamente compilado como jurisprudencia, sin que en realidad lo sea, por las razones que a continuación se detallan.

Este criterio apareció publicado por última ocasión en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, en el que al final de la tesis se observa la siguiente nota:

"Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época y los Apéndices 1917-1954, 1917-1965 y 1917-1975 aparece la tesis publicada con el rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS."

Al realizar una búsqueda de la forma en que fue publicado el criterio, se observa que en el Apéndice al Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación de octubre de mil novecientos treinta y cinco, dicho criterio aparece de la siguiente manera:

"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. El amparo es, el que se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos."

Ver tabla 1

Posteriormente, en el Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación de noviembre de mil novecientos treinta y ocho, dicho criterio fue publicado en los siguientes términos:

"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos."

Ver tabla 2

Como se ve, el mismo criterio y que, incluso, hace referencia a los mismos precedentes varió, en virtud de que en esta publicación de mil novecientos treinta y ocho se agregó la expresión "es improcedente cuando", con independencia de que la publicación inicial no lo mencionaba de esa manera.

Por otro lado, en los precedentes que dieron lugar a la emisión de esa tesis no se advierte que se haya expresado el sentido de ese criterio.

A continuación, se transcriben las cinco ejecutorias que dieron lugar a la emisión de la tesis que se analiza.

II.2.1. Precedentes

a. Primer precedente. Amparo en revisión 8/17. **********. 17 de julio de 1918. Unanimidad de once votos.

"RESULTANDO:

"PRIMERO: El día cuatro de octubre de mil novecientos diecisiete, ********** pidió amparo ante el Juez de Primera Instancia de Jalapa, en auxilio de la Justicia Federal, contra actos del inspector general de policía de esa ciudad, quien por orden del Juez Segundo de Primera Instancia, pretendía lanzar al quejoso de las casas números ********** de la calle de **********, actos que éste considera violatorios de las garantías consignadas en los artículos 13, 14, 16 y 21 de la Constitución de la República.

"SEGUNDO: Admitida la demanda, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, la que lo rindió transcribiendo el auto de veintidós de septiembre de mil novecientos diecisiete, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia de Jalapa, auto en el cual se comisiona al inspector general de policía, para que en auxilio de dicho juzgado, practique la diligencia de lanzamiento decretada contra el quejoso, en el juicio que en su contra promovió **********; y manifestando además, que tal diligencia se llevó a cabo el día veinticinco del expresado mes de septiembre.

"TERCERO: En treinta de octubre del mismo año, se verificó la audiencia de ley en el Juzgado de Distrito de Veracruz, a la cual sólo asistió el agente del Ministerio Público, quien pidió que el Juez se declarara incompetente para conocer del amparo; en la misma audiencia el Juez de Distrito pronunció sentencia, negándolo, porque el acto reclamado del inspector general de policía no es sino una consecuencia de un auto judicial contra el cual no se interpuso el amparo, como debió hacerse. En el mismo acto, el agente del Ministerio Público interpuso el recurso de revisión; notificada la sentencia a las partes, el quejoso a su vez, la recurrió y en treinta de marzo último fueron remitidos los autos a esta Corte, ante la cual el Ministerio Público formuló pedimento en el sentido de que se sobresea en el juicio.

"CONSIDERANDO:

"El acto reclamado, que consiste en el lanzamiento del quejoso, llevado a cabo por el inspector general de policía de Jalapa, se funda, como lo ha hecho observar el Juez de Distrito de Veracruz, en el auto de veintidós de septiembre de mil novecientos diecisiete, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia de aquella ciudad, mediante el cual se comisionó a la autoridad responsable para que en auxilio de dicho juzgado, practicara la diligencia de lanzamiento; de manera que, si no se hubiera decretado por la autoridad judicial aquella providencia, ni siquiera habría podido existir el acto contra el cual se promovió el amparo. Y si contra el expresado auto de veintidós de septiembre no se interpuso recurso alguno ordinario, ni se pidió la protección de la Justicia Federal, es evidente que no puede prosperar este juicio contra un acto que sólo es consecuencia de un mandamiento judicial consentido.

"Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y IX, de la Constitución, se resuelve:

"PRIMERO: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Veracruz el día treinta de octubre de mil novecientos diecisiete, en el juicio de amparo promovido por ********** contra actos del Inspector General de Policía de Jalapa, que consisten en el lanzamiento que practicó por comisión del Juez Segundo de Primera Instancia de esa ciudad, en las casas números ********** de la calle de **********, habitadas por el quejoso.

"SEGUNDO: Con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado del que provinieron, para los efectos legales.

"TERCERO: Notifíquese."

b. Segundo precedente. Amparo en revisión. **********. 7 de agosto de 1918. Mayoría de nueve votos.

"CONSIDERANDO:

"Se reclama en el juicio de amparo, la resolución de fecha veintiséis de junio último que declaró no haber lugar a la substanciación de un incidente de nulidad y la suspensión de los procedimientos en un juicio hipotecario; y siendo el acto reclamado esencialmente negativo, porque de concederse la suspensión, se obligaría a la autoridad responsable a darle entrada a dicho incidente y a suspender sus procedimientos, que es precisamente el punto que debe resolverse en la sentencia principal, es improcedente conceder la suspensión atendiendo a que ésta no puede surtir efectos restitutorios.

"Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 68 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 Constitucionales, se resuelve:

"PRIMERO: Se confirma el auto de fecha veintitrés de julio de mil novecientos veintitrés, dictado por el ciudadano Juez Primero Supernumerario de Distrito del Distrito Federal, en el incidente a que este toca se refiere; en consecuencia, se niega la suspensión del acto reclamado.

"SEGUNDO: Notifíquese."

c. Tercer precedente. Amparo en revisión 84/17. **********. 9 de octubre de 1918. Mayoría de 8 votos.

"RESULTANDO:

"PRIMERO: **********, como albacea de la sucesión de ********** demandó, ante el Juez de Primera Instancia de Juchitán, a **********, como albacea de la sucesión de **********, por la entrega de una casa y solar anexo, situada en la cuarta sección de dicha ciudad, en la que habitaban el demandado y su familia; seguido el juicio por sus trámites respectivos, el alcalde segundo de Juchitán, por recusación del Juez de Primera Instancia, lo falló con fecha diecisiete de marzo de mil novecientos diecisiete, condenando a **********, como sucesora de su esposo **********, a la entrega de dicha finca y, en ejecución de tal sentencia, ordenó al presidente municipal de la misma ciudad, dispusiera que la citada viuda de ********** fuera separada de la casa, la cual debía entregarse a **********.

"SEGUNDO: El presidente municipal aludido citó a la quejosa y ésta estimando que la intervención de dicho funcionario en el asunto era ilegal, por no ser autoridad competente, ni fundar ni motivar la causa legal de sus procedimientos, y que los actos del alcalde segundo que la condenó a la entrega de la finca, violaban en su perjuicio las garantías consignadas en el artículo 16 constitucional, con fecha dieciocho de junio de mil novecientos diecisiete, ocurrió ante el Juez de Distrito de Tehuantepec en demanda de amparo.

"TERCERO: El presidente municipal de Juchitán y el alcalde segundo constitucional rindieron informe justificado, manifestando: el primero, que en acatamiento de la orden que acompañaba, procedente de la autoridad judicial, había citado a la quejosa para oírla y no para lanzarla, como ésta aseguraba, acto con el cual no podía violar las garantías individuales de la promovente; y el segundo, remitió con carácter de informe los autos originales del juicio civil seguido por ********** en contra de **********, en el cual consta la sentencia en cuya virtud la quejosa fue condenada a entregar la finca de que se trata, y los autos dictados con el fin de ejecutar aquel fallo.

"CUARTO: En cinco de noviembre último, se verificó la audiencia de ley, en ella alegaron la quejosa y el agente del Ministerio Público; el Juez de Distrito negó el amparo por estimarlo improcedente e impuso a la quejosa una multa de diez pesos; y recurrida la sentencia por la señora viuda de **********, fueron remitidos los autos a esta Corte, ante la cual el Ministerio Público formuló pedimento en el sentido de que se reformara el fallo del inferior y se declarara improcedente el amparo, sobreseyéndolo en cuanto a los actos del alcalde segundo constitucional de Juchitán, y se negara respecto a los actos del presidente municipal.

"CONSIDERANDO:

"PRIMERO: Del juicio civil remitido como informe por el alcalde segundo constitucional de Juchitán, aparece que contra la sentencia de diecisiete de marzo de mil novecientos diecisiete, que condenó a la quejosa a la entrega de la casa en que ésta habita, no se interpuso ningún recurso, es decir, fue tácitamente consentida y como los actos de ejecución de este fallo sólo pueden reputarse como la consecuencia natural y jurídica de él, y el amparo no se interpuso sino hasta mucho después de transcurridos los quince días que para pedirlo concede el artículo 775 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este amparo es improcedente contra los referidos actos del alcalde segundo constitucional, y debe sobreseerse en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 747, fracción III, del mismo código.

"SEGUNDO: El presidente municipal de Juchitán no ha obrado, en el caso, de propia autoridad, sus actos aparecen fundados en la orden expedida por el repetido alcalde, la cual se ha limitado a obedecer y como aquella orden procede de autoridad competente, y los fundamentos y motivos de ella son los mismos de la sentencia pronunciada en un juicio seguido con arreglo a la ley, es evidente que aquellos actos no violan en perjuicio de la quejosa las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitución.

"TERCERO: Esta Corte estima que no se está en el caso comprendido en el artículo 744 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, por tanto, no puede confirmar la multa impuesta a la promovente.

"En tal virtud, de acuerdo con el pedimento del Ministerio Público y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y IX, de la Constitución de la República, se reforma la sentencia del inferior y, se resuelve:

"PRIMERO: Es de sobreseerse y se sobresee este amparo, en cuanto a los actos reclamados por **********, del alcalde segundo constitucional de Juchitán, que consisten en haber ordenado en cumplimiento de la sentencia que pronunció con fecha diecisiete de marzo de mil novecientos diecisiete, en el juicio entablado por el albacea de la sucesión de **********, en contra de la quejosa, que el presidente municipal de aquella ciudad obligara a la promovente a entregar la casa en que habita.

"SEGUNDO: La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los actos del mencionado presidente municipal, consistentes en haber citado a la quejosa con el objeto de hacerla cumplir la relacionada sentencia de la autoridad judicial.

"TERCERO: Notifíquese."

d. Cuarto precedente. Amparo en revisión. **********. 13 de enero de 1919. Mayoría de diez votos.

"RESULTANDO:

"PRIMERO: En cuatro de abril del año pasado, **********, como apoderado de **********, presentó al Juez Primero de Distrito del Distrito Federal, una demanda de amparo en la que manifiesta: que en el juicio ejecutivo mercantil que ante el Juez Primero de lo Civil de esta capital, sigue **********, contra **********, fueron embargados los muebles existentes en el domicilio conyugal de este último, los cuales tienen un valor que no excede de diez mil pesos; que el demandado ya había pagado el documento en que se funda la acción ejecutiva y que por exceso de confianza no recogió dicho documento, ni exigió al actor que se desistiera de la acción deducida, razón por la que, al haberse ausentado el actor de esta capital, su apoderado ha vuelto a gestionar en el juicio, exigiendo el pago de lo que ya no se debe y pidiendo el cambio de depósito de los muebles embargados. Que como estos hechos son delictuosos, fueron denunciados a la autoridad del ramo penal, la cual pidió al Juez de lo Civil que le remitiera el original de la letra de cambio, base de la acción ejecutiva, que como la resolución que se dicte en lo penal tiene que influir en el juicio civil, se pidió al mencionado Juez que suspendiera el procedimiento, a lo que se negó dicho funcionario, decretando, como ya se dijo, el cambio de depósito de los muebles embargados. Que estos actos violan en perjuicio de su mandante, el artículo ciento veintitrés de la Constitución y el doscientos ochenta y cuatro de la Ley de Relaciones Familiares, así como también las garantías otorgadas por los artículos catorce y diez y seis constitucionales; por lo que pide, contra dichos actos, el amparo de la Justicia Federal.

"SEGUNDO: En su informe con justificación, la autoridad responsable manifiesta: que el embargo de los bienes de los esposos ********** y **********, fue practicado el diez y siete de noviembre de mil novecientos diez y seis (sic), y que como la Ley de Relaciones Familiares es de doce de abril de mil novecientos diez y siete (sic), no puede ésta ser aplicada con perjuicio de los derechos que el actor había adquirido con anterioridad, puesto que ello equivaldría a dar efecto retroactivo a la mencionada ley; que el cambio del depósito fue ordenado con fundamento en lo que dispone el artículo mil trescientos noventa y dos del Código de Comercio; que el hecho de que el demandado no haya recogido el documento, ni el comprobante de pago, es cosa que sólo a él perjudica, pero que no puede desvirtuar los procedimientos seguidos en el juicio. Que el demandado opuso una resistencia sistemática a la diligencia de embargo, habiendo promovido un incidente de nulidad; que el Juez Quinto de lo Civil falló en su favor, fallo que fue revocado por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior, que con posterioridad promovió nuevo incidente, el cual fue desechado e interpuso el recurso de revocación, que no le fue admitido; por lo cual se verán todas las trabas que ha puesto el quejoso para la tramitación del juicio.

"TERCERO: En once de mayo del año próximo pasado, fue celebrada la audiencia, y en ella falló el Juez de Distrito negando el amparo. La quejosa interpuso el recurso de revisión, y admitido éste por la Corte, se mandó correr traslado al Ministerio Público, quien en su escrito de fecha veintidós de junio de mil novecientos diez y ocho (sic), pide que sea confirmada la sentencia que se revisa.

"CONSIDERANDO:

"PRIMERO: En la demanda de amparo se mencionan como actos reclamados, diversas resoluciones dictadas en el juicio ejecutivo mercantil seguido por ********** contra **********, y de esas resoluciones, algunas se relacionan con el embargo de los muebles del domicilio conyugal a que se refiere la quejosa, y otras son completamente extrañas a ese embargo. Por lo que a estas últimas se refiere, es evidente que la quejosa, por no ser parte en el juicio de que se trata, no ha sido agraviada con esas resoluciones y, en consecuencia, no puede pedir amparo contra ellas, por prevenirlo así expresamente el artículo ciento siete de la Constitución, en su párrafo primero y los artículos seiscientos sesenta y dos, y seiscientos sesenta y tres del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"SEGUNDO: En cuanto a las resoluciones que se relacionan con el embargo de los muebles, la quejosa reclama contra ellas por considerarlas violatorias del artículo ciento veintitrés de la Constitución y de la Ley de Relaciones Familiares. Ahora bien, según consta de autos, el embargo fue practicado en diez y siete (sic) de noviembre de mil novecientos diez y seis (sic), de donde se deduce que este acto no puede estar regido por la Ley de Relaciones Familiares, que es de doce de abril de mil novecientos diez y siete (sic), ni por la Constitución de Querétaro, que empezó a estar en vigor el día primero de mayo de dicho año. La aplicación retroactiva de estas leyes perjudicaría los derechos legítimamente adquiridos por la parte que practicó el embargo y, en consecuencia, esa aplicación sería violatoria de la garantía otorgada en el primer párrafo del artículo catorce constitucional. Así pues, tanto por estas razones, como por las que han sido expuestas en el considerando que precede, debe ser negado el amparo que se solicita, confirmándose la sentencia que se revisa.

"TERCERO: Haciendo uso del arbitrio que le concede el artículo setecientos cuarenta y cuatro del Código Federal de Procedimientos Civiles, la Corte estima que debe imponerse una multa de veinticinco pesos a la quejosa y otra de igual cantidad a su abogado."

e. Quinto precedente. Amparo en revisión. **********. 16 de julio de 1919. Unanimidad de once votos.

"RESULTANDO:

"PRIMERO: Refiere al quejoso que en febrero de mil novecientos catorce, la **********, le promovió un juicio hipotecario en el Juzgado Segundo de lo Civil de esta capital, habiéndome continuado la tramitación hasta que se clausuraron los tri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30314-19f27d4e/acto-derivado-de-otro-consentido-no-es-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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