AMPARO DIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE, SIN ULTERIOR RECURSO, RESUELVA SOBRE LA INCOMPETENCIA DE UN JUEZ DE PRIMER GRADO Y DEJE A SALVO LOS DERECHOS DE LA PARTE ACTORA PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTE, YA QUE SE TRATA DE UNA RESOLUCIÓN QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DA POR CONCLUIDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON SEDE EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 7 DE JULIO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, FROYLÁN BORGES ARANDA, FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA Y SONIA ROJAS CASTRO. DISIDENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. PONENTE: SONIA ROJAS CASTRO. SECRETARIO: JUAN CARLOS MENDOZA GARCÍA.
Nezahualcóyotl, Estado de México. Acuerdo del Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, correspondiente a la sesión del día siete de julio de dos mil quince.
VISTOS, para resolver los autos que integran la contradicción de tesis 1/2015, del índice del Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.
RESULTANDO:
I. Denuncia de la contradicción de tesis.
Mediante oficio dirigido a los Magistrados integrantes del Pleno del Segundo Circuito, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional de su adscripción al resolver los amparos directos 217/2014, 443/2014 y 742/2014, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, al fallar el juicio de amparo directo 612/2014.
II. Admisión por el Pleno del Segundo Circuito.
Mediante proveído de veinte de marzo de dos mil quince, el Magistrado presidente del Pleno del Segundo Circuito admitió a trámite la posible contradicción de tesis denunciada, por lo que ordenó formar el expediente respectivo y registrarlo con el número de contradicción de tesis 2/2015.
III. Admisión del asunto por el Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Mediante diverso acuerdo de veinte de mayo de dos mil quince, dictado por el presidente del Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, tuvo por recibido el oficio 59/2015, signado por el secretario del Pleno del Segundo Circuito, mediante el cual remitió los autos relativos a la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, al resolver los amparos directos 217/2014, 443/2014 y 742/2014, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, al fallar el juicio de amparo directo 612/2014.
En el auto precitado de veinte de mayo de dos mil quince, el presidente del Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, se avocó al conocimiento del asunto, formó expediente y lo registró en el sistema de Plenos de Circuito con el número 1/2015; de igual manera, se admitió a trámite y se turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Sonia Rojas Castro, para efectos de la formulación del proyecto correspondiente.
IV. En sesión de siete de julio de dos mil quince del Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, el secretario de Acuerdos dio cuenta con el juicio de amparo directo DC. 305/2015, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, promovido por **********, contra una resolución que puso fin al juicio, en la que se resolvió sobre la incompetencia de una diversa autoridad, y en el cual, en sesión de dos de julio de dos mil quince, por mayoría de votos, dicho Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo y ordenó remitir los autos respectivos al Juez de Distrito en turno, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual constituye un hecho notorio para los integrantes de este Pleno de Circuito.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
Este Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y transitorio tercero del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, ya que se trata de una contradicción de tesis suscitada entre dos tribunales sin especialización, en concreto, el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl.
SEGUNDO.-Legitimación.
De conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, como se señala a continuación:
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"I. ...
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
Ahora bien, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contendientes en la presente contradicción, al resolver los amparos directos 217/2014, 443/2014 y 742/2014; de ahí que los mismos sí tengan legitimación para denunciarla.
TERCERO.-Consideraciones que dieron origen a las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
A. El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver el juicio de amparo directo 217/2014, promovido por **********, por su propio derecho, contra la resolución de **********, dictada por la Primera Sala Civil Regional de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación **********, derivada del expediente **********, relativo al juicio ordinario civil de usucapión, interpuesto por **********, en contra del quejoso y **********, en sesión de veintiuno de agosto de dos mil catorce, por unanimidad, sostuvo las consideraciones siguientes:
"42. Este Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, es legalmente competente para conocer del asunto, en términos de los artículos 1o., 103, fracción I, 107, fracciones III, inciso a), V, inciso c) y VI, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II y 170 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, apartado c) y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, que deroga el diverso Acuerdo General 17/2012; así como el acuerdo 41/2012, que cambia la denominación de este órgano colegiado, por reclamarse una resolución que puso fin al juicio dictada por una autoridad judicial, cuya residencia se encuentra dentro del ámbito territorial sobre el cual ejerce jurisdicción este órgano colegiado.
"43. En efecto, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo procede cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a juicio.
"44. A su vez, la fracción V del referido numeral establece que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverán ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, en términos de la ley reglamentaria; en tanto que el artículo 170, fracción I, párrafos primero y segundo, consigna que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas, entre otros, por tribunales judiciales.
"45. El referido párrafo segundo establece la siguiente definición:
"‘Se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.’
"46. Por su parte, el artículo 34 de la Ley de Amparo vigente establece que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo, y que tal competencia se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.
"47. En la especie, la inconforme reclama la resolución de once de marzo de dos mil catorce, dictada en el toca de apelación 150/2014, por la Primera Sala Regional Civil de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; como se verá, el acto reclamado es una resolución que puso fin al juicio y, por ende, de la competencia de este Tribunal Colegiado para conocer de la demanda de amparo.
"48. Con independencia de las consideraciones de fondo que sustentan el acto reclamado, es pertinente destacar el último párrafo del considerando tercero, y los puntos resolutivos de la sentencia reclamada:
"‘Por lo que se revoca la sentencia de primera instancia, a efecto de declarar que el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, México, carece de competencia legal por materia para resolver el juicio sometido a su conocimiento, dejando a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía idónea y ante la autoridad competente.
"‘PRIMERO.-Se revoca la resolución apelada para quedar como sigue:
"‘PRIMERO.-Se declara la incompetencia en razón de materia.
"‘SEGUNDO.-Se dejan a salvo los derechos de las partes que los hagan valer en la vía idónea y ante la autoridad competente.
"‘SEGUNDO.-No se hace condena en costas en esta instancia.’
"49. De las constancias del juicio natural se advierte que el hoy tercero interesado demandó del inconforme y de diversa persona moral la prescripción adquisitiva del inmueble litigioso, así como la cancelación de la inscripción en el Instituto de la Función Registral en Texcoco, Estado de México, del inmueble materia de la controversia; al contestar la demanda, el hoy inconforme se opuso a las prestaciones reclamadas y reconvino la acción reivindicatoria; la persona moral demandada contestó en forma extemporánea la demanda; en su oportunidad, el demandado en la reconvención se opuso a las prestaciones reclamadas.
"50. El Juez de primera instancia acogió la reconvención y declaró propietario al hoy inconforme, respecto del inmueble controvertido, aunque absolvió al hoy tercero interesado de algunas prestaciones accesorias, por ende, condenó al tercero interesado a restituir en favor del reconventor el inmueble litigioso; en consecuencia, absolvió al hoy inconforme de las prestaciones reclamadas con motivo de la acción principal.
"51. Inconforme con la sentencia, el hoy tercero interesado, parte actora en el juicio natural, interpuso recurso de apelación, con el resultado ya mencionado, es decir, la autoridad responsable revocó la resolución apelada, declaró la incompetencia legal del Juez natural (e implícitamente también se declaró legalmente incompetente) para conocer del asunto en razón de la materia y dejó a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer en la vía idónea, ante la autoridad competente.
"52. En ese tenor, es claro que la resolución reclamada, aunque no decidió el juicio en lo principal, lo dio por concluido, pues revocó la sentencia de primer grado que había resuelto el fondo del litigio y, en su lugar, por razón de materia, declaró la incompetencia legal del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, para resolver el juicio sometido a su conocimiento, e implícitamente la del tribunal responsable para los mismos efectos, por lo que dejó a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía idónea ante la autoridad competente, es decir, le puso fin a la instancia en la medida en que ni siquiera ordenó la remisión de los autos a la autoridad que pudiera haber considerado competente (tribunales agrarios).
"53. De haber ordenado la citada remisión, sería clara la improcedencia del juicio de amparo directo y, por ende, la incompetencia legal de este Tribunal Colegiado para hacer el pronunciamiento respectivo, en términos de la jurisprudencia que establece que no es dable a un Tribunal Colegiado declarar la improcedencia de una demanda de amparo si carece de competencia legal para conocer de la misma; sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 16/2003 (9a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época» Tomo XVIII, julio de 2003, materia común, página 10, del tenor siguiente:
"‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.-De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.». Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.’
"54. Además, es aplicable al caso, a contrario sensu, la jurisprudencia 2a./J. 61/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Décima Época» Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, materia común, página 1156, del tenor siguiente:
"‘TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. LA DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y SU REMISIÓN A OTRA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA NI UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.-De la interpretación armónica de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución General de la República, así como de los diversos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se aprecia que el juicio de amparo directo procede: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. De esta manera, de acuerdo con lo que dispone el artículo 168 de la Ley Agraria, la resolución de incompetencia del Tribunal Unitario Agrario, ante quien se presentó la demanda de origen, que determina la remisión de los autos a la autoridad jurisdiccional del fuero común a quien estima competente para conocer del asunto, no puede considerarse como de aquellas resoluciones que deciden el juicio en lo principal, porque no establece el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que motivaron la litis contestatio; ni una resolución que pone fin al juicio, sin decidir el conflicto jurídico en lo principal, porque tal determinación en modo alguno conlleva la conclusión del juicio, dado que el tribunal declinante previamente ordenó la suspensión del procedimiento y que, en todo caso, será el nuevo tribunal que acepte la competencia, el que lo reanudará. Consecuentemente, contra la declaración de incompetencia del Tribunal Unitario Agrario, al no constituir una sentencia definitiva ni una resolución que pone fin al juicio, es improcedente el juicio de amparo directo.’
"55. Se afirma que la tesis mencionada es aplicable al caso, interpretada en sentido contrario, porque precisamente la declaración de incompetencia de la Sala responsable no ordenó la suspensión del procedimiento ni su remisión a otra autoridad jurisdiccional, sino que, como ya se dijo, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y, respecto de esa resolución, no existe en la ley común recurso ordinario en virtud del cual pueda ser modificada o revocada.
"56. También sirve de apoyo para sostener la competencia de este Tribunal Colegiado la jurisprudencia 2a./J. 65/98 (9a.), sustentada por el órgano terminal de referencia, consultable en la referida compilación, «Novena Época» Tomo VIII, septiembre de 1998, materia administrativa, página 346, del tenor siguiente:
"‘DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO.-De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa.’
"57. Lo anterior, pues si bien el acto reclamado no es en sentido estricto el acuerdo inicial dictado por el órgano jurisdiccional, como refiere la jurisprudencia transcrita, lo cierto es que la autoridad responsable, al reasumir jurisdicción, se pronunció de motu proprio, acerca de la competencia legal del Juez de primera instancia y, por ende, de la propia Sala, con el resultado de referencia, en el sentido de dejar a salvo los derechos de las partes, para que éstos tramiten en la vía y ante la autoridad correspondiente lo necesario; de ahí que resulta indudable que el acto reclamado es una resolución que le puso fin al juicio y, por tanto, la demanda de amparo debe ser del conocimiento del Tribunal Colegiado, en la vía directa.
"58. No es óbice para considerar lo anterior la circunstancia de que, por regla general, contra lo resuelto por el tribunal de competencia que resuelve el conflicto entre dos órganos jurisdiccionales sometidos a la jurisdicción del tribunal de competencia, lo procedente sea el amparo indirecto, porque en ese caso se está en presencia de una resolución intermedia, además, lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, que establece que el amparo indirecto procede ‘contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto’, debe ser interpretado en términos hábiles, es decir, en función de lo resuelto respecto de la excepción procesal, hecha valer por las partes, lo que no ocurre en el caso.
"59. Finalmente, aunque el acto reclamado contiene de fondo una decisión de competencia, por las razones que ya se han explicado, constituye en realidad una resolución que le puso fin al juicio; de ahí que corresponderá al pronunciamiento de fondo en este juicio de amparo establecer si fue o no correcto el pronunciamiento contenido en el acto reclamado, lo anterior se explica y se entiende con mayor claridad, si se atiende al contenido de la jurisprudencia P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la compilación mencionada, materia común, «Novena Época» Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, del tenor:
"‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.-En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.’
"60. Lo anterior, porque la autoridad responsable no resolvió un conflicto competencial, sino que, por el contrario, seguido el procedimiento por su cauce natural, atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción ejercida, el Juez natural conservó expedita su jurisdicción y, finalmente, el tribunal de alzada resolvió lo que consideró que en derecho procedía, tal como lo marca la jurisprudencia citada en último término.
"61. En conclusión, el artículo 170, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, consigna que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas, entre otros, por tribunales judiciales.
"El referido párrafo segundo establece que ‘se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido’. De esta manera, si el acto reclamado constituye una resolución de incompetencia por materia, en la que se revocó la sentencia de primera instancia y se dejan a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía idónea, ante la autoridad competente, es claro que no decidió el juicio en lo principal, sino que lo dio por concluido, pues revocó la sentencia de primer grado que había resuelto el fondo del litigio, no ordenó la remisión de los autos a la autoridad que pudiera haber considerado competente (tribunales agrarios) y, respecto de esa resolución, no existe en la ley común recurso ordinario en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, es claro que se está ante una resolución que le puso fin al juicio, por lo que la demanda de amparo debe ser del conocimiento del Tribunal Colegiado, en la vía directa."
B) El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver el juicio de amparo directo 742/2014, promovido por **********, por conducto de su endosatario en procuración, contra el auto de **********, emitido por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil **********, promovido por el quejoso, por propio derecho, contra **********, en sesión de doce de febrero de dos mil quince, por mayoría de votos, con la disidencia del Magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías, sostuvo las consideraciones siguientes:
"24. En principio, es importante destacar que conforme a lo estipulado en los artículos 44, 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo abrogada,(1) los Tribunales Colegiados de Circuito tienen competencia para conocer del amparo directo que se promueva contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio (artículos 44 y 158); sin embargo, para que se genere tal competencia, no basta que el acto reclamado sea una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio, sino que es indispensable, además, que la ley no prevea ningún recurso ordinario en su contra, por virtud del cual pueda ser modificado o revocado, pues habiéndose previsto en el numeral 44 ante qué autoridad deberá promoverse el amparo contra ese tipo de actos (así como también laudos) y las obligaciones que aquélla tendría, acorde con otros dispositivos a los que remite,(3) resulta que en el artículo 46 el legislador señaló, precisamente como complemento a lo dispuesto en el 44, qué era lo que debía entenderse por ‘sentencia definitiva’ y por ‘resolución que pone fin al juicio’, respecto de las cuales dijo que la primera era la que decidía el juicio en lo principal y la segunda aquella que sin decidir el juicio en lo principal, lo daba por concluido, pero añadió que en contra de ambas, las leyes comunes no concedieran algún recurso ordinario, por virtud del cual, pudieran ser modificadas o revocadas.
"25. Así de la interpretación de los preceptos de ley en comento se sigue que cuando en la demanda de amparo se reclama una sentencia o resolución que pone fin al juicio, contra la cual, la ley común concede un recurso ordinario, ya no se trata de un acto, para efectos de competencia, que pueda ser impugnable en amparo uniinstancial, por lo que, en términos del último párrafo del precepto 47 transcrito, el Tribunal Colegiado debe declararse incompetente y enviar el asunto al Juez de Distrito (o Tribunal Unitario de Circuito) competente, sin que le sea dable, ni aun por economía procesal, desechar la demanda (o sobreseer, si se admitió inadvertidamente), en razón de que un órgano incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías.
"26. Sin embargo, los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establecen:
"‘Artículo 34. Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.
"‘La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.
"‘En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Tribunal Colegiado de Circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquel que dicte acuerdo sobre la misma.’
"‘Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
"‘I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
"‘Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. ...
"‘Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.’
"27. De la correcta interpretación de lo estatuido en el artículo 170 de la Ley de Amparo, se sigue lo que ahora debe entenderse por sentencia definitiva y por resolución que pone fin a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26272-d2563782/amparo-directo-procede-en-contra-de-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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