Corpus
Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES DEL REGISTRO CIVIL RELACIONADOS CON EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, CUANDO SE DÉ LA ESPECIALIZACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 353/2017. · Registro digital (IUS): 28876
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Pág. 1021.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 353/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: CÉSAR DE LA ROSA ZUBRÁN.

CONSIDERANDO:

6. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios de órganos colegiados de distinto Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia en la que se encuentra especializada esta Sala.

7. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, 227, fracción II, en relación con el 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue realizada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, el cual es uno de los órganos entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

8. TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, consistentes en que:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea en el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

9. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Alto Tribunal, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por el Tribunal Colegiado y el Pleno de Circuito que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:

10. I. Postura del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. Las ejecutorias del órgano colegiado versaron sobre los temas que a continuación se precisan.

11. i. Amparos en revisión ********** y **********. En estos asuntos, la parte quejosa reclamó del director del Registro Civil y del director de Asesoría Jurídica y Ratificaciones de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, el desechamiento de plano a las solicitudes de rectificación de acta de nacimiento, dentro de las constancias que integran los procedimientos ********** y **********. Adicionalmente, se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 44, 45, 138, fracción I, y 140-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y designaron a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo.

12. Correspondió el conocimiento de las demandas al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato (expedientes ********** y **********). En las sentencias de amparo indirecto se concluyó, en esencia, lo siguiente:

• Se determinó sobreseer en los juicios de amparo, respecto al acto reclamado del director del Registro Civil del Estado de Guanajuato, ya que dicha autoridad no dictó las resoluciones impugnadas, ni intervino en el proceso legislativo que culminó con la publicación del Decreto 253, en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, a través del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Guanajuato, concretamente, los artículos 44, 45, 138, fracción I, y 140-A.

• Al analizar los conceptos de violación, se estimó que el artículo 138, fracción I, del Código Civil para el Estado de Guanajuato reconoce el derecho del particular a solicitar la rectificación administrativa de su acta de nacimiento, pero lo limita al cambio de nombre y sexo, con lo cual anula el derecho de obtener su reasignación sexual partiendo de que ha decidido ostentarse con un género y preferencia sexual diverso al inicialmente asignado.

• Consideró que ese precepto contraviene los derechos fundamentales de las personas transexuales a la igualdad, a la no discriminación, y a la dignidad humana, lo que les impide manifestarse en la forma en que se ven a sí mismos y se proyectan ante la sociedad, de acuerdo con sus características físicas y acciones que los individualizan e identifican propiamente.

• Indicó que si la norma prevé diversos supuestos de procedencia de la rectificación de las actas del estado civil de las personas, por cuanto ve al nombre, pero conservando los mismos apellidos, entonces la autoridad administrativa debe acudir a la interpretación más favorable y con ello tramitar la solicitud de reasignación sexual solicitada.

• Sobre esa base, consideró que previamente al cumplimiento de los requisitos correspondientes, la autoridad debe ordenar la rectificación del acta de nacimiento, pero no mediante una anotación marginal en el original, sino con la expedición de una nueva.

• Declaró la inconstitucionalidad del artículo 138, fracción I, y concedió el amparo para efecto de que el director de Asesoría Jurídica y Rectificaciones de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, no lo aplique en perjuicio de la parte quejosa; deje insubsistente las resoluciones impugnadas y dicte otras, donde admita a trámite las solicitudes presentadas y, previamente al cumplimiento de los requisitos necesarios, resuelva la petición formulada.

13. El Congreso del Estado de Guanajuato, por conducto de su delegada, interpuso recursos de revisión, de los que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.

14. El Tribunal Colegiado estimó ser competente para conocer y resolver los asuntos, en conformidad con lo previsto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84 y 86 de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos primero, fracción XVI, segundo, fracción XVI, número 1, y tercero, fracción XVI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, modificado el trece de noviembre de la citada anualidad, mediante el diverso Acuerdo General 39/2013, así como el punto cuarto, fracción I, inciso B), del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación; por tratarse de un recurso de revisión en materia administrativa, interpuesto en contra de la sentencia dictada por autoridad que reside dentro del territorio donde ese órgano colegiado ejerce jurisdicción, en la que se examinó la constitucionalidad de una ley local.

15. Una vez que el órgano colegiado fijó su competencia, destacó que el acto reclamado (desechamiento de plano de las solicitudes de rectificación de acta de nacimiento ante el Registro Civil) tenía el carácter de administrativo, pues a través de él, la autoridad responsable realizó una declaración unilateral de voluntad, aplicando la norma jurídica al caso concreto, sin que dirimiera alguna controversia en la que resolviera cuestiones relacionadas con prestaciones de naturaleza civil.

16. Sostuvo que tales actos no podían reputarse como civiles, pues si bien las rectificaciones de actas están vinculadas con el estado civil de las personas, en esa hipótesis no se dirime ninguna controversia entre partes, mediante la cual se decidan temas de carácter civil.

17. Adicionalmente, consideró que el artículo 138, fracción I, del Código Civil para el Estado de Guanajuato, no resulta violatorio de los derechos humanos de igualdad, discriminación y dignidad humana; por tanto, modificó las sentencias recurridas, sobreseyó respecto de algunas autoridades y negó la protección constitucional respecto a los actos legislativos que motivaron la emisión del Decreto 253, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Guanajuato, publicado el veintisiete de diciembre de dos mil once en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, específicamente los numerales 44, 45, 138, fracción I, y 140-A, así como su acto de aplicación consistente en las resoluciones emitidas dentro de los procedimientos PRA/2215/16 y PRA/2216/16.

18. ii. Amparo de revisión **********. El quejoso solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el desechamiento de plano de la rectificación de acta de nacimiento, emitido por el director de Asesoría Jurídica y Rectificaciones de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, dentro de las constancias que integran el procedimiento **********. En la demanda se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 138, fracción I, y 140-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato.

19. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien le asignó el número **********, y una vez celebrada la audiencia constitucional, ordenó remitir el asunto al Centro Auxiliar de la Tercera Región, donde se turnó al Juzgado Primero de Distrito de ese Centro Auxiliar, bajo el número **********. Mediante resolución de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, resolvió sobreseer en el juicio de amparo respecto de algunos actos y conceder el amparo respecto de otros.

20. Inconforme con el fallo anterior, el Congreso del Estado de Guanajuato, por conducto de su delegada, interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, quien lo registró con el número **********, y emitió resolución el siete de septiembre de dos mil diecisiete, en la que determinó tener competencia para conocer del recurso, por estimar que el acto reclamado tenía el carácter de administrativo, y por haberse interpuesto contra una sentencia en materia administrativa dictada por un Juez de Distrito Auxiliar, en auxilio de las labores del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado.

21. En la ejecutoria de amparo se resolvió modificar la sentencia recurrida, para negar la protección constitucional.

22. iii. Amparo en revisión **********. El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el desechamiento de plano de la solicitud de rectificación de acta de nacimiento, emitido por el director de Asesoría Jurídica y Rectificaciones de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, dentro de las constancias que integran el procedimiento **********, y adicionalmente impugnó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 138, fracción I, y 140-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato.

23. La demanda se turnó al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, se registró con el número 1165/2016, y en audiencia constitucional celebrada el nueve de enero de dos mil diecisiete, determinó sobreseer en el juicio de amparo respecto de algunos actos y negar la protección constitucional respecto de otros.

24. Inconforme con el fallo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitió resolución en la que, en primer término, destacó que era competente para conocer de la revisión planteada, al estimar que el asunto era de naturaleza administrativa; analizó la regularidad constitucional de los artículos con los que la autoridad responsable sustentó el desechamiento de plano a la solicitud de rectificación de acta de nacimiento y aunque con algunas modificaciones, confirmó la sentencia recurrida.

25. iv. Amparo en revisión **********. La quejosa promovió amparo donde precisó como acto reclamado, entre otros, el desechamiento de plano a la rectificación de acta de nacimiento, emitido por el director de Asesoría Jurídica y Rectificaciones de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, dentro de las constancias que integran el procedimiento **********, y adicionalmente impugnó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 138, fracción I, y 140-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato.

26. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien le asignó el número **********, y una vez celebrada la audiencia constitucional, en acuerdo de nueve de agosto de dos mil dieciséis, ordenó la remisión de los autos al Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, para el dictado de la sentencia; el asunto se turnó al Juzgado Segundo de Distrito de ese Centro Auxiliar, quien lo radicó con el número 396/2016, y en resolución de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, resolvió sobreseer respecto de algunos actos y negar la protección constitucional en relación a otros.

27. Inconforme con esa resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito (toca **********). En la ejecutoria de trece de julio de dos mil diecisiete, el órgano colegiado determinó tener competencia para conocer del medio de impugnación, al considerar que se trataba de un recurso de revisión en materia administrativa, y al analizar los motivos de agravio, resolvió confirmar la sentencia recurrida.

28. v. Amparo en revisión **********. El quejoso promovió juicio de amparo indirecto donde señaló como actos reclamados la discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 44 y 142-A del Código Civil del Estado de Guanajuato, aplicado en el oficio **********, de 30 de agosto de 2016, emitido por el oficial del Registro Civil 01 de León, Guanajuato, y del oficial del Registro Civil 01, de León, Guanajuato, reclamó la resolución contenida en el oficio anteriormente señalado, relacionado con la solicitud de cancelación o anotación marginal de un acta de nacimiento.

29. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato (expediente **********). El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia constitucional, donde se sobreseyó en el juicio de amparo respecto de unas autoridades y concedió el amparo por otras.

30. Inconforme con esa resolución, el Congreso del Estado de Guanajuato, por conducto de su delegado, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito (toca **********). El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, el órgano colegiado emitió su resolución en la que consideró tener competencia para conocer y resolver el asunto, por tratarse de un recurso de revisión en materia administrativa, y respecto al fondo determinó modificar la sentencia recurrida, para negar la protección constitucional.

31. II. Criterio del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis **********.(4)

32. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito conoció de la contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el diverso emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, donde el punto de contradicción consistió en determinar, si la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra determinaciones, actos u omisiones de las autoridades del Registro Civil relativos al estado civil de las personas, al igual que las normas que regulan sus fuentes, se surtía a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa o de un Juez de Distrito en Materia Civil. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

• Al resolver la contradicción de tesis **********, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 constitucional, lo que le otorga el carácter de orden público.

• En términos de lo previsto en los artículos 52 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán del amparo indirecto contra actos provenientes de autoridades o de procedimientos de naturaleza administrativa, en los cuales apliquen leyes federales; o de aquellos actos dictados en procedimientos seguidos por autoridades administrativas, u omisiones en el juicio, fuera de juicio o después de concluido, contra leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o contra actos de tribunales administrativos ejecutados dentro de juicio, fuera de él o después de concluido.

• Por su parte, los Jueces de Distrito en Materia Civil conocerán de los juicios de amparo indirecto que se promuevan contra resoluciones del orden civil o de actos u omisiones dentro de juicio; fuera de él, o después de concluido éste; contra leyes y disposiciones de observancia general en materia civil; de cualquier asunto competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo que no sea competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, Administrativa o Laboral y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil.

• Sobre esa base, determinó que las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de Juzgados de Distrito especializados por materia, toman como elemento para determinar la competencia material, el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado y la naturaleza del acto que emiten; lo cual sostuvo la Segunda Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS."

• Las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, tal como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no es relevante el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo; pues estimar que el carácter formal de la autoridad responsable determina la competencia de un Juzgado de Distrito, equivaldría a concluir que todos los juicios de amparo en los que se reclamara la inconstitucionalidad de leyes y/o reglamentos de autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo y/o Legislativo, provocarían la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, hipótesis que resulta inaceptable conforme al sistema jurídico imperante, tal como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********.

• Precisó que, en términos de lo previsto en el artículo 130 de la Constitución Federal, el Registro Civil en el Estado de Jalisco tiene por objeto hacer constar de manera auténtica, a través de un sistema organizado, todos los actos relacionados con el estado civil de las personas, mediante la intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública, a fin de que las actas y testimonios que otorguen, tengan un valor probatorio pleno en el juicio y fuera de él.

• Sin embargo, consideró que en atención a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis **********, no es determinante el carácter formal de la autoridad señalada como responsable, para establecer la competencia del Juez de Distrito al que corresponde conocer del juicio de que se trate, ya que para ello, lo preponderante resulta la naturaleza del acto reclamado, por ser éste el que da la pauta y referencia para el análisis constitucional, a partir de la legislación en la cual se apoye.

• Es decir, es el contenido del acto reclamado el que otorga su naturaleza jurídica, de acuerdo a las disposiciones normativas en las que se sustente; de suerte que si el acto deriva o tiene como sustento la aplicación de una ley de determinada materia, será precisamente esa materia la que defina la naturaleza del acto reclamado.

• En ese sentido, sostuvo que en relación con actos consistentes en determinaciones negativas u omisiones de las autoridades del Registro Civil, así como cuestiones relacionadas con normas vinculadas con el estado civil, se debe atender a la naturaleza de los actos jurídicos en disputa y su regulación.

• Consecuentemente, sostuvo que las determinaciones, actos u omisiones de las autoridades del Registro Civil, relativas al estado civil de las personas, al igual que las normas que regulan sus fuentes, son de naturaleza civil –y no administrativa–, por encontrarse contempladas en leyes y reglamentos de esa materia, además de ser uno de los objetos del derecho civil, lo que incluso corrobora la doctrina, por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra actos u omisiones de las autoridades del Registro Civil, relativos al estado civil de las personas, se surte en favor de los Juzgados de Distrito Especializados en Materia Civil.

33. Esa resolución dio origen a la tesis de jurisprudencia(5) que dice:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES DEL REGISTRO CIVIL, RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN MATERIA CIVIL.—De acuerdo con lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dirimió la contradicción de tesis 313/2012, el carácter formal de la autoridad señalada como responsable no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito al que corresponde conocer del juicio de que se trate, ya que para ello prima la naturaleza del acto reclamado, por ser éste el que da la pauta y la referencia para el análisis constitucional que debe realizarse, partiendo de la legislación en la cual se apoye. En ese contexto, las determinaciones, actos u omisiones de las autoridades del Registro Civil, relativos al estado civil de las personas, al igual que las normas que regulan sus fuentes, son de naturaleza civil, por encontrarse contempladas en leyes y reglamentos de esa materia, además de ser uno de los objetos del derecho civil; de ahí que la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra se surte en favor de los Juzgados de Distrito Especializados en Materia Civil."

34. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala del Alto Tribunal considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos contendientes hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada.

35. En efecto, mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito estimó que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra determinaciones, actos u omisiones del Registro Civil, por la naturaleza del acto (administrativo), corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, porque las autoridades responsables no dirimieron controversia alguna entre las partes, en la que decidieran cuestiones respecto de prestaciones de carácter civil, ni resolvieron cuestión contenciosa civil determinada, sino que únicamente aplicaron la norma jurídica.

36. En cambio, el Pleno de Circuito llegó a la conclusión de que dicha competencia se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Civil, cuando en la demanda se reclaman actos emitidos por las autoridades del Registro Civil, relacionados con la negativa de expedir un acta de nacimiento acorde con la adecuación de la identidad de género, porque: a) El carácter formal de la autoridad señalada como responsable no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito al que corresponde conocer del juicio de que se trate, ya que para ello prima la naturaleza del acto reclamado, por ser éste el que da pauta y referencia para el análisis constitucional que debe realizarse, partiendo de la legislación en la cual se apoye; y, b) Las determinaciones, actos u omisiones de las autoridades del Registro Civil, relativos al estado civil de las personas, al igual que las normas que regulan sus fuentes, son de naturaleza civil, por encontrarse contempladas en leyes y reglamentos de esa materia, además de ser uno de los objetos del derecho civil.

37. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: ¿En relación con la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos u omisiones de las autoridades del Registro Civil, en relación con el estado civil de las personas, se surte a favor de un Juzgado de Distrito Especializado en Materia Civil o Administrativa?

38. CUARTO.—Estudio. Se considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el Juzgado de Distrito Especializado en Materia Civil es el órgano jurisdiccional legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto que se promueva contra actos u omisiones de las autoridades del Registro Civil, relacionados con el estado civil de las personas.

39. La razón de esa decisión encuentra sustento en las consideraciones siguientes:

40. De inicio es necesario precisar, que la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público.

41. En opinión de algunos autores,(6) en el Estado moderno, ya sea por la amplitud del territorio o por el número y diversidad de las controversias, se impone la necesidad de instituir un gran número de Jueces, esto con el fin de obtener un regular y completo ejercicio de la función jurisdiccional.

42. Aunque en abstracto esa función corresponde a todos los Jueces vistos en conjunto, lo definitivo es que, en concreto y por necesidades prácticas, se fracciona y distribuye entre los diversos juzgadores que integran el Poder Judicial de la Federación, lo que produce la competencia de los órganos jurisdiccionales.

43. Así, la competencia se define como aquella parte de la función jurisdiccional que corresponde en concreto a cada Juez de los que integran determinado sistema judicial.

44. En relación al tema, Adolfo Maldonado(7) afirma lo siguiente:

"Dentro de cada orden jurídico, es una la función jurisdiccional, como es una la soberanía, y, ‘si fuese posible instituir en todo el territorio del Estado un único tribunal investido del poder de juzgar, sin recurso, todas las cuestiones, fuese cual fuese su naturaleza, su valor, la calidad y la residencia de las personas, la situación de los bienes y el lugar del cumplimiento de las obligaciones, ese tribunal tendría la plenitud del Poder jurisdiccional y, por tanto, competencia ilimitada.’ (Dos Reis, Processo Ordinario e Sumario, vol. 1, página 471).

"Dada la complejidad de la vida moderna y la cada vez más grande cantidad de negocios jurídicos, en correlación con la complicación de la vida en el Estado moderno, se explica que un solo órgano jurisdiccional sería incapaz de atender a todos los negocios que debe resolver el Poder Judicial. De aquí que se imponga una necesaria división del trabajo, la que debe realizarse tanto en el orden vertical como en el horizontal. Estas divisiones de la jurisdicción dan lugar a su fraccionamiento o atribución limitada a una serie de órganos articulados de manera sistemática, cada uno de los cuales sólo tiene encomendada una porción de la función jurisdiccional, y la parte de que está investido un determinado órgano o tribunal, es lo que se llama la competencia del mismo (Dos Reis, Op. Cit.); o en los términos de Aureliano de Gusmao, la competencia es la parte o porción fragmentaria de jurisdicción que la ley otorga a cada uno d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28876-eaf29f62/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.