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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DE JUICIOS DE AMPARO CONTRA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN ESA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. · Registro digital (IUS): 27293
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-08-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo III, Pág. 1419.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, MANUEL ERNESTO SALOMA VERA, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS CON SALVEDAD, VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS Y GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES. DISIDENTES: WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, IRMA RODRÍGUEZ FRANCO Y BENITO ALVA ZENTENO, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. PONENTE: BENITO ALVA ZENTENO. ENCARGADA DEL ENGROSE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIA: MONTSERRAT CESARINA CAMBEROS FUNES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno Civil es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse postulado por un Magistrado integrante de un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Objeto concreto de la denuncia de contradicción de tesis. La cuestión sobre la que versa la denuncia de contradicción de tesis consiste en determinar a favor de qué autoridad, por razón de la materia, recae la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando se reclaman tanto la inconstitucionalidad del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), como la negativa de un Juez del Registro Civil, fundada en dicho precepto, para registrar a un hijo recién nacido con el apellido materno en primer lugar y, posteriormente, el paterno, esto es, en distinto orden al establecido en el artículo 58 del Código Civil.

CUARTO.-Posturas contendientes de los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Noveno en Materia Civil del Primer Circuito.

I. Postura del Décimo Primer Tribunal, al resolver el conflicto competencial (CCC. 7/2014).

Criterio: El artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece una fuerza o vía atractiva especial para los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, que está por encima de las normas de competencia para los Jueces de Distrito en Materia Civil, contenidas en el numeral 54 de la misma ley, cuando el acto proviene de autoridades de naturaleza administrativa. En consecuencia, cuando se reclama del Registro Civil del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) que es una autoridad administrativa, la aplicación del artículo 58 del Código Civil de dicha entidad, que impide asentar los apellidos de un hijo en el orden que prefieran los progenitores, que es un acto administrativo, con independencia de que también se haya reclamado la inconstitucionalidad de dicha disposición, corresponde conocer del juicio de amparo a un Juez de Distrito en materia administrativa.

Razones:

"... TERCERO.-En el caso, este tribunal considera que el Juez de Distrito Especializado en Materia Administrativa es el competente para conocer de la demanda de amparo.-Para resolver lo anterior, es preciso transcribir los artículos 52 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen: (los transcribe).-Por su parte, el artículo 107 constitucional, en su fracción VII, a que hace referencia la ley orgánica, dispone: (los transcribe).-Atento a los artículos citados, para decidir la competencia de un Juez de Distrito de amparo especializado, debe atenderse a la materialidad o naturaleza intrínseca de su objeto, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado, que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral y al origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, ya sea judicial o distinta a la judicial.-Esto es, atender a si el acto proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, ello conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada, pero sin perder de vista que los actos provengan de las autoridades judiciales o distintas a las judiciales.-En este orden, de la lectura armónica y sistemática de los artículos citados, atento, inclusive, al 51 y 55 de la misma ley orgánica, que se refieren a la competencia en materia penal y de trabajo, respectivamente, se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito de amparo, especializados por diversas materias, con base en dos elementos fundamentales: a) La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral.-b) El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia.-Así, conocerá un Juez de Distrito en Materia Penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, etcétera, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado.-En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en Materia Laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado.-Entonces, el Juez de Distrito en Materia de Trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio.-En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en Materia Administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia.-Por otro lado, cobra especial relevancia lo dispuesto por el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vía atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal.-De modo que, por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio, el competente será el Juez en Materia Administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal.-Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en Materia Civil.-En este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es evidente que si el acto no proviene de aplicación por autoridades judiciales civiles, no puede ser del conocimiento del Juez de amparo civil.-En el caso, la parte quejosa reclama los siguientes actos: ‘I. Actos reclamados.-De las siguientes autoridades: Congreso de la Unión. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Gobernación. Director del Diario Oficial de la Federación. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Secretario de Gobierno del Distrito Federal. Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal (como órgano difusor de la Gaceta Oficial del Distrito Federal).-Reclamo su respectiva participación en el proceso legislativo (expedición, promulgación y publicación, del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal); de las restantes autoridades, el asentamiento del nombre de ********** y **********, con los apellidos ********** (apellidos paterno y materno, respectivamente), contra nuestra conformidad y acuerdo conyugal de que el orden de los apellidos se colocara primero el de la madre y, posteriormente, el del padre, para que ambas hijas quedaran con los apellidos **********, por discriminatorio; y acentuar un paternalismo y trato desigualitario y contra toda práctica de igualdad de género, libre de interferencias arbitrarias por el Estado, que tuvieron lugar con el registro de nacimiento realizado para ambas el 28 de agosto de 2014.’.-Como autoridades responsables señaló: ‘... Congreso de la Unión. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Gobernación. Director del Diario Oficial de la Federación. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Secretario de Gobierno del Distrito Federal. Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal (como órgano difusor de la Gaceta Oficial del Distrito Federal). Director del Registro Civil del Distrito Federal. Juez 42 del Registro Civil del Distrito Federal. Juez de la Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal ...’.-Ciertamente, la quejosa adujo en su demanda que: ‘... VI. Antecedentes.-1. Los suscritos ********** y **********, contrajimos matrimonio de nuestra unión nacieron nuestras hijas ********** y **********, el 26 de marzo de 2014.-2. Por la imperativa de registrar a los nacidos dentro de los seis meses siguientes, acudimos al Juez ********** del Registro Civil de la delegación **********, en esta ciudad, y propusimos, por mutuo acuerdo, que nuestra hijas llevarían primero el apellido paterno de la madre y posteriormente el del padre para que se llamaran ********** y **********, de apellidos **********; sin embargo, verbalmente declinaron la solicitud y, en vista de que las niñas fueron prematuras, pues nacieron con un peso inferior a un kilo y que duraron casi tres meses en cuidados intensivos en el Instituto Nacional de Perinatología, lo cual ha provocado una dura y declinada necesidad de atención y cuidados, además de restricción para exponerlas al medio ambiente, aunado al riesgo que día a día en que se encuentra condicionada (sic) su estado de salud, no tuvimos ninguna opción que el registrarlas en la forma «legal» que establece el artículo 58 del Código Civil, esto es, que primero lleven el apellido paterno y posterior y relegadamente el materno.-3. No estamos de acuerdo ni estuvimos en que nuestras hijas lleven el nombre que actualmente tienen asentado en la partida de nacimiento al que fuimos constreñidos a seguir y que ahora quedó reflejado en las copias certificadas de actas de nacimiento de las niñas, por lo cual, al tratarse de un acto derivado de normas tildadas de inconstitucionales, es que promovemos este juicio de garantías, para que reparen el daño y violación de los derechos de nuestra hijas de que lleven el nombre que hemos deseado como padres y además, se respete el acuerdo e igualdad de género entre los acuerdos y decisiones propias de nuestra familia. ...’. De lo anterior se advierte que la impetrante reclama la aplicación de la ley que le impide cambiar o asentar los apellidos de sus hijas en el orden que prefieran los progenitores.-Es evidente que con independencia de las autoridades que crearon la ley, las autoridades a quienes se atribuye la aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional, son autoridades administrativas y no judiciales.-Más aún si se considera que el Registro Civil como oficina pública no es una autoridad judicial, sino administrativa, quien tiene a cargo el registro civil de las personas, y el acto mismo de registro es un acto administrativo que se verifica ante dicha autoridad administrativa, y no ante autoridades de índole judicial.-En efecto, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los artículos 35 a 53 y demás aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, el Registro Civil, es una institución de orden público dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, cuyo objetivo es, de acuerdo con el citado artículo 35 del Código Civil vigente, autorizar los actos y hechos que tienen ver con el estado civil de las personas, así como expedir las copias certificadas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes, etcétera.-En este orden, cuando en la demanda de amparo se reclaman actos a dicha autoridad administrativa, relacionados con el registro, sus vicios o inconformidades, siempre que se trate del despliegue de las facultades de las autoridades administrativas, y no judiciales en materia civil, no se surte la competencia para conocer y resolver el juicio de amparo a favor de un Juez de Distrito en materia de amparo civil.-Del análisis de lo ante (sic) relacionado, deriva la naturaleza administrativa de las autoridades a las que se les atribuye el principal acto reclamado, quienes estarían llevando a cabo actos de igual naturaleza administrativa que tienen que ver precisamente con el registro civil; por lo cual, debe atenderse a la regla que incide en el acto y autoridad principal para la asignación de la competencia.-Entonces, el criterio que sirve para decidir la competencia se encuentra contenido en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que indica que corresponde conocer a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, de los juicios de amparo que se promuevan contra una autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y amparo contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal, porque, además, el acto mismo del registro civil de las personas es un acto administrativo.-Máxime que las normas que regulan la competencia del Juez de Distrito en materia de amparo civil, no están por encima de la regla especial antes citada, cuando el acto no proviene de autoridades judiciales en materia civil, sino administrativas.-Esto es así, porque la ley estableció una fuerza atractiva de la competencia en materia administrativa respecto de los actos provenientes de una autoridad distinta de la judicial, con las excepciones, en materia penal, de la extradición y del amparo promovido contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, o que afectan la libertad o el acto sea materialmente penal; y es evidente que si no es autoridad judicial en materia civil, no puede ser del conocimiento del Juez de amparo civil.-Sirve de apoyo a lo anterior, por ser un caso análogo, la tesis 2a. LXXIII/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 527, que dice: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE UNA ESCRITURA PÚBLICA TRASLATIVA DE DOMINIO SOBRE BIENES EMBARGADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SE SURTE A FAVOR DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.-De los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora bien, cuando se promueve un amparo contra la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de una escritura traslativa de dominio en bienes embargados en un juicio ejecutivo mercantil, sin reclamar alguna actuación derivada de éste ni señalar como responsable a una autoridad jurisdiccional de carácter civil, es evidente que se cuestiona un acto administrativo emanado de una autoridad de la misma naturaleza, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa a los órganos jurisdiccionales especializados en la materia administrativa.’.-Asimismo, la tesis III.3o.A.16 A (10a.), localizable en la misma fuente, Décima Época, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1617, que dice: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE NATURALEZA AGRARIA RECLAMADOS A AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.-Cuando el quejoso reclama actos de naturaleza agraria a autoridades administrativas, la competencia para conocer del amparo indirecto contra éstos corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, con fundamento en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por ende, es inaplicable la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 54 del propio ordenamiento, relativa a la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil. Sin que sea relevante que el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo excluya a la materia agraria, en razón de que se refiere a su regulación específica, lo que es distinto a lo previsto en la ley orgánica mencionada respecto de la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.’ ..."

II. Postura del Noveno Tribunal, al resolver el conflicto competencial (CCC. 1/2017).

Criterio: Cuando se reclama de un Juez del Registro Civil del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y de su director, la negativa de registrar a un hijo con el apellido materno en primer lugar, y al mismo tiempo la inconstitucionalidad del artículo 58 del Código Civil para esa entidad, en que se fundó dicha negativa, si bien es cierto que el registro referido, como oficina pública, es una autoridad administrativa y que despliega actividades de esa naturaleza, entre las que se encuentra el acto de registro, y que, en términos del artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ello, en principio, es suficiente para estimar que los juicios de amparo en los que se cuestione la legalidad de tales actos deben ser del conocimiento de Jueces de amparo en materia administrativa, también lo es que la reclamación relativa a la inconstitucionalidad de una ley de observancia general en materia civil debe abordarse de manera preferente, ya que, en caso de resultar fundada, la parte quejosa obtendría un mayor beneficio, en virtud de que el acto de aplicación reclamado carecería de fundamento y, por ello, se actualiza el supuesto comprendido en el artículo 54, fracción II, de la ley orgánica referida y, consecuentemente, la competencia para conocer del juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil.

Razones:

"... TERCERO.-Este tribunal considera que la competencia para conocer del asunto corresponde a la Jueza Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.-Para evidenciar lo anterior, es necesario tener en consideración el acto reclamado, el cual fue expuesto por la parte quejosa en los siguientes términos: ‘Del jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy denominada Ciudad de México, la promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en específico, el artículo 58 de dicha norma, aplicable a la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de enero de 2004.-De las autoridades señaladas bajo los numerales 2 y 3, la aplicación del inconstitucional artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, esto es, el asentamiento obligatorio del nombre de nuestro menor hijo ********** bajo los apellidos **********, en lugar de los apellidos ********** que convenimos los suscritos.’.-Como puede advertirse, los actos reclamados consisten básicamente en: 1. La negativa a una petición planteada a autoridades administrativas, concretamente el Juez Octavo del Registro Civil de esta ciudad y el director de dicho Registro, sobre el orden de los apellidos en que los peticionarios querían que fuera registrado su menor hijo, esto es, en primer lugar el apellido materno y en segundo lugar el paterno.-2. La promulgación del decreto del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para reformar, adicionar y derogar disposiciones del Código Civil Local, concretamente de su artículo 58.-En esa tesitura, es evidente que los actos reclamados inciden sobre el estado civil de las personas, que se refiere a los apellidos que habrá de llevar el menor hijo de las partes, lo cual trascenderá a todos sus actos futuros.-Ahora bien, en principio, es de considerar que el Registro Civil, como oficina pública, es autoridad administrativa que tiene a cargo el registro civil de las personas, y el acto mismo de registro es un acto administrativo que se verifica ante dicha autoridad administrativa y no ante autoridades judiciales.-Igualmente, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los artículos 35 a 53 y demás aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, el Registro Civil es una institución de orden público dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, cuyo objetivo es, de acuerdo con el citado artículo 35 del Código Civil vigente, autorizar los actos y hechos que tienen que ver con el estado civil de las personas, así como expedir las copias certificadas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes, etcétera.-En ese orden, es claro que las actividades y facultades del Registro Civil mencionadas, tienen el efecto directo de definir distintos estados jurídicos civiles de los gobernados.-Del análisis de lo anterior se desprende con claridad que, en su actuar, el Registro Civil despliega actividades de naturaleza administrativa; lo que es suficiente para estimar que los juicios de amparo en que se cuestione la legalidad de tales actos deban ser conocidos y resueltos por Jueces de amparo en materia administrativa.-En otro orden, es verdad que el criterio que sirve para decidir la competencia se encuentra contenido en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que indica que corresponde conocer a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, de los juicios de amparo que se promuevan contra una autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y amparo contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal.-Lo que, además, tiene sustento en el artículo 130, párrafo sexto, de la Constitución Federal, que establece que los actos que atañen al estado civil de las personas es de competencia exclusiva de las autoridades administrativas, dicho numeral ordena: (lo transcribe en su parte conducente).-Sin embargo, también es de hacer notar que, en la especie, se planteó en la demanda de amparo, el tema de la constitucionalidad del artículo 58 del Código Civil local, como norma general y este cuestionamiento de abordarse en primer término y, en caso de resultar fundado, pudiera significar un mayor beneficio para la parte quejosa, ya que el acto reclamado en concreto tiene sustento en lo previsto en el referido numeral 58, por tanto, si se llegara a declarar su inconstitucionalidad, los actos de aplicación específicos reclamados carecerían de fundamento.-Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis, número P./J. 3/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XXI, febrero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.-De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional.’.-De lo anterior se sigue que, aun cuando los actos reclamados al Juez y al director, ambos del Registro Civil, son de naturaleza administrativa; sin embargo, esta circunstancia sería insuficiente para determinar la competencia a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, porque en el caso, el acto reclamado no se impugna solamente por vicios de legalidad, sino que se aducen cuestiones de inconstitucionalidad de la ley en que se funda, lo que es una circunstancia adicional, esto es, el hecho de que también se reclamó de manera destacada el procedimiento generador de una ley de observancia general en materia civil, concretamente el artículo 58 del Código Civil local, hace que se actualice el supuesto comprendido en el artículo 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo que, como ya se dijo, en caso de abordarse de manera preferente y de ser fundado pudiera generar un mayor beneficio a los impetrantes.-En este tenor, se debe destacar que los criterios para definir la competencia atienden a dos lineamientos básicos, el primero, es la naturaleza intrínseca de los actos reclamados y su injerencia en la materia o en el bien jurídico tutelado y, el segundo, es el origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, fundamentalmente si es judicial o no.-Así las cosas, si se trata de un acto reclamado de naturaleza judicial, el Juez de Distrito que conozca del amparo será aquel que tenga asignando el conocimiento de conflictos de la misma materia de la controversia y, en caso de que no sean actos judiciales, la competencia atenderá a la materia regulada.-Sin embargo, en la especie, aun cuando los actos reclamados no son de naturaleza judicial; pero al incluir el proceso creador de una ley de observancia general de naturaleza civil, esto actualiza los supuestos para definir que la competencia para conocer del juicio de amparo corresponde a un Juez federal civil, concretamente la contendiente Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.-Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número I.3o.C.100 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1431, Tomo XXXII, noviembre de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27293-68f510d6/competencia-de-juicios-de-amparo-contra-el-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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