EMPLAZAMIENTO. CUANDO EL CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO LO OBTUVO EL DILIGENCIARIO POR EL DICHO DEL VECINO MÁS CERCANO AL LUGAR, QUIEN NO PROPORCIONÓ SU NOMBRE, ES NECESARIO QUE EN EL ACTA CORRESPONDIENTE INDIQUE LA MEDIA FILIACIÓN DE ESA PERSONA A FIN DE SATISFACER EL REQUISITO DE PRECISAR SU IDENTIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO EN REVISIÓN 7/2017. 18 DE AGOSTO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAÚL ARMANDO PALLARES VALDEZ. SECRETARIO: ÓSCAR ALBERTO NÚÑEZ SOLORIO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Por principio de cuenta, deben quedar firmes por falta de impugnación los considerandos cuarto y sexto, así como el punto resolutivo segundo del fallo recurrido, en los que el Juez Federal desestimó las causales de improcedencia que formuló la parte tercero interesada y dispuso la publicación del fallo recurrido con supresión de datos personales, toda vez que la persona moral recurrente -tercero interesada-, a través de su representación, nada dijo en vía de agravios en contra de esas determinaciones, por lo que las mismas deben seguir rigiendo el sentido del fallo impugnado.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 62/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento ochenta y cinco, Tomo XXIV, septiembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 174177, que establece lo siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES.-Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten solo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y esta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme."
CUARTO.-Son inoperantes en parte y fundados pero inoperantes en lo demás los agravios transcritos, sin que se advierta motivo alguno para suplirlos en su deficiencia, de acuerdo a lo que establece la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo.
En primer término, deben calificarse de inoperantes los embates en que se sostiene que el Juez de amparo, al resolver de la forma en que lo hizo, viola lo que establecen los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales, por desconocer los derechos humanos y garantías constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y debido proceso, habida cuenta que no es posible someter a un análisis de constitucionalidad los actos emitidos por un Juez Federal el cual, a su vez, determina la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos de la autoridad señalada como responsable.
En efecto, en el recurso de revisión deben evidenciarse aquellas posibles infracciones de orden legal en relación con la actuación, razonamientos o argumentaciones vertidos en la resolución impugnada por parte del Juez de Distrito, pero no pretender juzgar su actuación como si fuera una nueva autoridad responsable, ya que actuar de ese modo, implicaría sustanciar un juicio de amparo dentro del juicio constitucional que se somete a la revisión del tribunal de alzada.
Por ende, cuando se sostiene que los Jueces Federales, al ejercer la función de control constitucional, con motivo de su actuación violaron derechos humanos del impetrante del amparo, tales afirmaciones devienen inoperantes, pues desde ninguna perspectiva puede emprenderse un análisis de los argumentos en que sostiene la violación de derechos humanos por parte del Juez Federal a quo.
Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 2/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 14/94, la cual es visible en la página 5 del Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 199492, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, este no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Por otro lado, debe decirse que le asiste razón a la recurrente por su representación, en cuanto sostiene que contrario a lo considerado por el Juez de Distrito a quo, la diligencia de citación a la audiencia de conciliación efectivamente fue realizada con estricto apego a los requisitos establecidos para tal efecto en el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, ya que, contrario a lo estimado por aquél, la diligenciaria actuante sí se cercioró previamente de encontrarse en el domicilio o lugar que habita o se halla temporalmente la persona que se pretende citar; además de que también indicó el medio fidedigno por el que se valió para ello.
Para así estimarlo, es menester traer a cuenta ese precepto y la referida diligencia para analizar la actuación desde una arista diversa a la visión del resolutor federal.
El artículo 72 del código adjetivo civil para esta entidad federativa señala lo siguiente:
"Artículo 72. En la citación deberán observarse por el personal judicial las disposiciones siguientes: I. Se entregará en el lugar designado para dicho fin, o en su defecto, en el lugar en que se localice el citado; II. Deberá cerciorarse previamente que en ese domicilio o lugar, habita o se halla temporalmente la persona citada; indicando el medio fidedigno de que se valió para ello; III. Se entregará el citatorio al interesado y en caso de que éste no se encuentre presente, se entregará a cualquier persona capaz que ahí se halle. De encontrarse cerrado el domicilio, se dejará en poder del vecino más próximo, fijándose además copia del citatorio en la puerta de acceso del inmueble; IV. Si el citado designó en forma previa al citatorio, domicilio para recibir notificaciones, bastará con que se entregue en el mismo a persona capaz que ahí se encuentre."
Ahora bien, la diligencia de citación a la audiencia de conciliación, se desarrolló en los términos siguientes:
"Citación.-En la heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diez horas cero minutos del día veinticuatro del mes de noviembre del año dos mil quince, la licenciada Lidia Caporal de Matías, diligenciaria adscrita al Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, con las formalidades previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, 79, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, 72, fracciones I, II, III y IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que entró en vigor el día uno de enero del año dos mil cinco, en cumplimiento a la citación de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, citado por la Juez Quinto Especializada en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente **********, me constituyo al domicilio señalado en autos, el ubicado en: calle **********, **********, despacho **********, de la colonia **********, de la ciudad de Puebla, cerciorada previa y plenamente de ser éste el domicilio de la parte demandada el C. **********, por así coincidir la nomenclatura oficial de la calle y el número exterior que se encuentra en la fachada, así como en la colonia en que me encuentro, así también por el dicho de un vigilante del lugar en que se actúa, quien tiene las siguientes características físicas tez **********, ojos **********, cabello **********, complexión **********, estatura aproximada de ********** metro con ********** centímetros y de ********** años de edad, aproximadamente, quien no se identifica por no querer hacerlo, a quien se le pregunta si es el despacho número **********, de este edificio en que se actúa, labora el C. ********** argumentando que sí, hago constar que dicho domicilio se trata de un inmueble que se ubica en el ********** de un nivel, fachada **********, puerta de acceso ********** color **********, número oficial inserto en la fachada, acto continuo procedo a tocar en repetidas ocasiones la puerta de acceso del domicilio ordenado, atendiendo mi llamado una persona del sexo **********, ante quien me identifico con una credencial que me acredita como diligenciaria adscrita al Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; acto continuo, le solicito se identifique y manifiesta no tener con qué hacerlo en este momento, quien dice responder al nombre de **********, persona a quien describo físicamente como: una persona de tez **********, cabello **********, complexión **********, de aproximadamente ********** metro con ********** centímetros de estatura y de ********** años de edad, aproximadamente, mismo a quien le pregunto, si él sabe, si en el domicilio que se actúa, calle **********, **********, despacho **********, de la colonia **********, de la ciudad de Puebla, sabe si habita, trabaja o si conoce al C. **********, a lo que me responde que sí, que el domicilio es correcto y que, efectivamente, en este domicilio encuentro a **********, y lo sabe porque él es empleado de **********, requiriéndole la presencia de **********, argumentándome bajo protesta de decir verdad, que la persona que busco no se encuentra, ya que tuvo que salir, acto continuo y toda vez que la persona buscada no se encuentra presente en este momento, procedo a hacerle saber a **********, el motivo de mi presencia entregándole citación de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, asimismo, le hago saber que deberá presentarse el C. **********, debidamente identificado en Ciudad Judicial Siglo XXI, ante el Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, con domicilio en periférico ecológico arco sur número cuatro mil, San Andrés, Cholula, Puebla, a las nueve horas treinta minutos, del día uno de diciembre de dos mil quince, a fin de llevar a cabo una audiencia de conciliación dentro del expediente número **********, relativo al juicio ordinario civil de rescisión de contrato de prestación de servicios profesionales, promovido por **********, en su contra, con el apercibimiento que de no comparecer el día y hora señalados, sin justa causa, se entenderá su negativa a conciliar y se considerará tal conducta un desacato a un mandato legítimo de autoridad y, como consecuencia, se le impondrá una multa de cinco días de salario mínimo general vigente en la zona, manifestó **********, quedar debidamente entendido y que de igual manera se lo entregará a su patrón **********, el documento recibido. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, solicitándole a ********** firme por su recibo sin querer hacerlo. Doy fe. Conste."
En ese contexto, contrastando los requisitos legales establecidos que rigen el desarrollo de esa actuación judicial, se concluye que la diligenciaria actuante, contrario a lo estimado por el Juez de Distrito, sí se cercioró de manera previa de encontrarse en el lugar designado para citar a la persona que se pretendía llamar a conciliar, esto, por coincidir la nomenclatura oficial de la calle; el número exterior que se encuentra en la fachada, así como por el hecho de saber y reconocer que coincide la colonia en la que se encontraba, con aquella señalada en los autos.
Además de ello, se cercioró de que ahí podía encontrar a la persona que buscaba, porque asentó el dicho del vigilante, del que se describió su media filiación, pues no pudo o no quiso identificarse en ese momento, quien le corroboró a la notificadora que en ese lugar, específicamente el despacho **********, laboraba la persona que buscaba para citarla a conciliar, agregando la descripción física del inmueble en el que se encontraba y del despacho **********; en el cual al tocar en repetidas ocasiones, acudió a su llamado una persona ante la cual se identificó como servidor público, la que le proporcionó su nombre y señaló que no tenía ningún documento con qué identificarse, por lo que describió la media filiación de esa persona, a quien cuestionó si en ese domicilio en el que se encontraba, habitaba o trabajaba la persona buscada; a lo que contestó afirmativamente y refirió ser su empleado, y después de requerir la presencia de la persona buscada, respondió bajo protesta de decir verdad, que tal persona no se encontraba, por lo que la diligenciaria le hizo saber con quién entendió la diligencia, el motivo de su presencia y le dejó copia de la referida citación a la audiencia de conciliación, a lo cual dijo esa persona que se la entregaría a su patrón.
De todo lo anterior se colige claramente que la funcionaria notificadora, ciertamente colmó los requisitos impuestos por el código adjetivo de esta entidad federativa, para considerar legalmente válida una actuación de esa naturaleza, pues entregó la citación en el lugar designado para tal efecto; se cercioró de encontrarse en el lugar correcto y de que ahí podía encontrar al interesado, tal como fue descrito en párrafos anteriores. Advirtiéndose también que se entregó copia del citatorio a la persona con quien entendió esa actuación.
Por tanto, es posible concluir que las consideraciones expresadas por el juzgador de amparo en el sentido de establecer que la diligenciaria aludida vulneró la garantía de audiencia del quejoso son desacertadas pues, contrario a ello, la diligencia de citatorio a la audiencia de conciliación fue correcta y llevada a cabo con base en los requisitos legales establecidos para tales efectos.
Máxime si se toma en consideración que dentro del juicio de amparo no se aportaron elementos de convicción de los que se desprenda alguna ilegalidad o inexactitud que lograra desvirtuar la fe pública con la que cuenta la diligenciaria para llevar a cabo actuaciones judiciales como ésta, tal como lo establece la jurisprudencia VI.3o.C. J/37, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil quinientos sesenta y cuatro del Tomo XIII, de enero de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 190374, misma que señala lo siguiente: "DILIGENCIARIO. VALOR DE SUS ACTUACIONES, SALVO PRUEBA FEHACIENTE EN CONTRARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-El diligenciario es un funcionario que se encuentra investido de fe pública respecto de los actos que realiza en ejercicio de sus funciones, por lo que las constancias levantadas por él tienen pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 326, fracción VII y 424 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. De aquí se sigue, que quien afirme que no es cierta una circunstancia asentada por el diligenciario en un acta por él levantada, está obligado a probar fehacientemente su dicho."
Así las cosas, y no obstante lo fundado de los agravios esgrimidos en ese sentido, se sostiene que los mismos devienen inoperantes, puesto que cuando el Juez de amparo analizó los conceptos de violación planteados en contra de la actuación judicial consistente en el citatorio a la audiencia de conciliación y los declaró fundados, tal circunstancia condujo al resolutor federal a conceder el amparo, sin que fuere necesario desde su perspectiva continuar la ponderación acerca de la constitucionalidad de los restantes actos reclamados, por lo que soslayó el análisis del citatorio relativo al emplazamiento y la diligencia de emplazamiento del demandado al juicio de origen, actos que como ya quedó establecido en el resultando tercero de esta ejecutoria, fueron reclamados por el quejoso al ampliar su demanda, lo que consta en las fojas 90 a 115 del expediente principal de amparo.
En consecuencia, lo procedente es realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados respecto de los cuales el Juez de Distrito a quo no se pronunció por las razones ya expresadas, concretamente el citatorio de quince de diciembre de dos mil quince, y la diligencia de emplazamiento a juicio de dieciséis de diciembre de dos mil quince, ambas practicadas por la misma autoridad responsable ejecutora.
Esto encuentra su razón de ser, en que el llamamiento a juicio es la actuación judicial en donde se materializa la garantía de audiencia y parte esencial del debido proceso, derechos humanos éstos, que se encuentran tutelados por la Constitución General de la República.
De ahí que cuando se alega falta o ilegal emplazamiento, como en este caso, el examen de constitucionalidad que se realice debe atender a los argumentos planteados, supliendo, incluso, la deficiencia de la queja, de acuerdo a lo que establece la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, si se advierte que ha habido en contra del quejoso, una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa.
Estas consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintidós del Tomo XII, de diciembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 190656, que señala lo siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.-Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón."
Así las cosas, la legislación procesal del Estado de Puebla, en relación con el emplazamiento señala lo siguiente:
"Artículo 57. Se practicará personalmente el emplazamiento, el que consiste en dar a conocer al demandado, que existe un juicio iniciado en su contra y que se le concede un plazo para que comparezca a deducir sus derechos."
"Artículo 58. Los efectos del emplazamiento son: I. Prevenir el juicio a favor del tribunal que primero lo hace; II. Sujetar al demandado a seguir el juicio ante el tribunal que lo emplazó; III. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, y IV. Imponer a las partes el deber de presentarse ante el tribunal, cuando durante el juicio sean citados o requeridos por éste."
"Artículo 59. Son aplicables a la audiencia de conciliación y al emplazamiento las disposiciones siguientes: I. Admitida la demanda, el tribunal mandará citar al demandado para que acuda en día y hora preestablecidos al recinto judicial, bajo la prevención que de no hacerlo se considerará un desacato y se le impondrá una multa hasta de cien días de salario mínimo general vigente; II. Cuando el demandado acuda personalmente o por conducto de su representante legal a la cita para la audiencia de conciliación procesal y no hubiere acuerdo de las partes, se practicará el emplazamiento en el recinto del tribunal por el secretario; III. Cuando el demandado incumpla con la citación para comparecer ante el tribunal a la audiencia de conciliación, ésta se tendrá por fracasada y se ordenará el llamamiento a juicio en la forma establecida en este código para el emplazamiento fuera del recinto judicial, y IV. Cuando en autos se justifique que la parte actora de mala fe, proporcionó un domicilio falso de su contraparte, con el fin de impedir su debido emplazamiento, se procederá penalmente en su contra."
"Artículo 61. El emplazamiento fuera del recinto judicial se practicará por quien deba hacerlo, con sujeción a las formalidades siguientes: I. Se hará personalmente al interesado en la residencia designada entregándole copia simple con el sello del juzgado de la resolución que se notifica, de la demanda y sus anexos, quedando a su disposición los originales en la secretaría para su consulta; II. Quien lo practique debe cerciorarse por cualquier medio, de que la persona que deba ser emplazada tiene su domicilio en la casa designada de lo cual asentará en autos, la razón correspondiente; III. Si el interesado no se encuentra en la primera busca y habiéndose cerciorado el ejecutor que en el domicilio en que se constituyó, vive el demandado, le dejará citatorio con la persona capaz presente, para que aquél lo aguarde en hora fija del día siguiente; IV. Si el ejecutor, encuentra cerrado el lugar señalado para el emplazamiento, se niegan a abrir o no encontrare presente persona capaz, cerciorado previa y plenamente de que en el mismo tiene su domicilio el demandado, fijará el citatorio en la puerta de acceso; V. Si la persona a emplazar no atiende al citatorio, el emplazamiento se entenderá con cualquier persona capaz que se encuentre en la casa, dejándole copia simple con el sello del juzgado de la resolución que se notifica, de la demanda y sus anexos; VI. Si en la casa designada para el emplazamiento, no se encontrare persona capaz alguna, el ejecutor fijará en la puerta de acceso de la casa, los documentos con que se integra el traslado y además emplazará por edicto, y VII. En autos se asentará razón de haberse cumplido lo que disponen las fracciones anteriores."
De estas porciones normativas se desprende lo siguiente:
• El emplazamiento tiene por objeto, dar a conocer al demandado que existe un juicio en su contra, lo cual se le hace saber y se le concede un plazo para que comparezca a defenderse.
• Los efectos del emplazamiento son, en lo que a este asunto interesa, sujetar al demandado a seguir el juicio ante el órgano jurisdiccional que lo emplazó e imponer a las partes el deber de presentarse cuando sean citadas o requeridas.
• Cuando el demandado incumpla con la citación para comparecer ante el tribunal a la audiencia de conciliación, ésta se tendrá por fracasada y se ordenará el llamamiento a juicio fuera del recinto judicial.
• El emplazamiento fuera del recinto judicial, se hará personalmente al interesado en el domicilio designado para tal efecto, entregándole copia simple con el sello del juzgado de la resolución que se notifica, de la demanda y sus anexos, quedando a su disposición los originales en la secretaría para su consulta.
• El diligenciario debe cerciorarse por cualquier medio, de que la persona que deba ser emplazada tiene su domicilio en la casa designada de lo cual asentará la razón correspondiente.
• Si el interesado no se encuentra en la primera búsqueda y una vez cerciorado el diligenciario de haberse constituido en el domicilio correcto, dejará citatorio con la persona capaz presente, para que quien es buscado espere al servidor público a la hora fija del día siguiente.
• Si el demandado no atiende al citatorio, el emplazamiento se entenderá con cualquier persona capaz que se encuentre en la casa, dejándole copia simple con el sello del juzgado de la resolución que se notifica, de la demanda y sus anexos.
• En autos se asentará razón de haberse cumplido con todas las disposiciones antes reseñadas.
Con base en lo antes resumido, procede traer a cuenta las actuaciones judiciales reclamadas -citatorio y emplazamiento-, llevadas a cabo el quince y dieciséis de diciembre de dos mil quince, respectivamente, por la diligenciaria impar adscrita al juzgado de origen, las cuales obran en la foja 161 del anexo I del expediente de amparo, para dilucidar si las mismas cumplen o no con los requisitos legales para su desarrollo y validez jurídica.
Tales actuaciones son del tenor siguiente:
"Citatorio. En la heroica Puebla de Zaragoza, siendo las doce horas con treinta minutos del día quince de diciembre de dos mil quince, la diligenciaria impar abogada Lidia Caporal de Matías, adscrita al Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, hago constar que me constituí para efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas veintitrés de octubre y uno de diciembre, ambos de dos mil quince, en calle **********, número **********, despacho **********, de la colonia **********, de la ciudad de Puebla, inmueble con las siguientes características: ubicado en el ********** del edificio, puerta de acceso pintada en color **********, número inserto en el frente de la puerta, siendo éste el domicilio o lugar donde habita, se halla temporalmente o tiene el principal asiento de sus negocios la parte demandada **********, cerciorándome previa y plenamente por el nombre de la calle, por el dicho del vigilante y la contadora encargada del edificio, quienes se encuentran en la entrada del mismo, a quienes les pregunto si en el despacho **********, están las oficinas del señor **********, respondiéndome que sí, por lo que procedí a tocar la puerta principal, acudiendo a mi llamado una persona del sexo **********, quien dijo ser empleado de la parte demandada y dijo llamarse **********, quien manifiesta que no tiene ninguna identificación en este momento, por lo que procedo a describirlo con sus rasgos físicos, tez **********, complexión **********, de ********** metros, aproximadamente, y ********** años de edad, aproximadamente, persona con quien me identifico con credencial expedida por el Poder Judicial del Estado, como diligenciaria adscrita al Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil de los de esta ciudad, enseguida le requiero la presencia de la parte demandada, manifestando que no se encuentra presente en este momento, acto seguido procedo a dejarle citatorio a fin de que espere a la suscrita diligenciaria en este mismo domicilio a las doce horas con treinta minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil quince, con el objeto de practicar una diligencia de carácter judicial en este mismo domicilio con el apercibimiento que, de no hacerlo, se entenderá la diligencia ordenada con la persona que en él se encuentre o con el vecino más inmediato en términos de ley, haciéndose constar que se deja citatorio en poder de la persona con quien me entrevisto, quien no firma de recibido por el citatorio. Doy fe. Lic. Lidia Caporal de Matías.-Diligenciaria non. ..."
"Emplazamiento fuera del recinto judicial. En la heroica Puebla de Zaragoza, siendo las doce horas con treinta minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil quince, la suscrita licenciada Lidia Caporal de Matías, diligenciaria impar, adscrita al Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil de esta ciudad capital, hago constar que me constituí nuevamente para efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas veintitrés de octubre y uno de diciembre, ambos de dos mil quince, en calle **********, número **********, despacho **********, de la colonia **********, de la ciudad de Puebla, inmueble con las siguientes características: ubicado en el ********** del edificio, puerta de acceso pintada en color **********, número inserto en el frente de la puerta, siendo éste el domicilio o lugar donde habita,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27369-24dc8ba1/emplazamiento-cuando-el-cercioramiento-del-domicilio-lo-obtuvo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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