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Modo: Corpus Pro

ACTAS DE EMPLAZAMIENTO ELABORADAS EN FORMATOS PREESTABLECIDOS "MACHOTES" O POR COMPUTADORA E IMPRESORA PORTÁTILES. NO SON ILEGALES POR ESE SOLO HECHO PUES, PARA QUE LO SEAN, DEBE DESVIRTUARSE LA FE DEL DILIGENCIARIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 442/2016. · Registro digital (IUS): 27023
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-03-17
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Pág. 2325.

AMPARO EN REVISIÓN 442/2016. 6 DE ENERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAÚL ARMANDO PALLARES VALDEZ. SECRETARIO: ARMANDO RENÉ DÁVILA TEMBLADOR.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son inoperantes en parte e infundados en lo demás los agravios expresados por la recurrente, sin que se advierta motivo alguno para suplirlos en su deficiencia, de acuerdo a lo que establece la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo.

Son inoperantes en primer lugar respecto a la afirmación de que el Juez de amparo conculcó los derechos humanos de la quejosa contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República al dictar la sentencia recurrida, habida cuenta de que no es posible someter a un análisis de constitucionalidad los actos emitidos por un Juez de amparo que a su vez analiza la constitucionalidad de los actos de la autoridad señalada como responsable.

Ello es así, porque en el recurso de revisión lo que se debe evidenciar por la parte que recurra la determinación del Juez Federal a quo, son las violaciones de orden legal con relación a su actuación, razonamientos o argumentaciones vertidos en la resolución impugnada, pero no juzgarlo como si fuera una nueva autoridad responsable pues, actuar de ese modo, implicaría sustanciar un diverso juicio de amparo dentro del juicio constitucional en que se actúa, mismo que está sujeto a la revisión del tribunal de alzada.

Lo anterior encuentra sustento en las consideraciones que tuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2014, entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, resuelta el 18 de marzo de 2015, en donde se plasmaron diversos razonamientos, que en lo que a este asunto interesa son del tenor siguiente:

"...Si bien la reforma constitucional publicada el diez de junio de dos mil once, entre otras cuestiones, obliga a todas las autoridades del Estado Mexicano a ejercer una evaluación entre el contenido del orden jurídico interno frente a las disposiciones nacionales y, actualmente, internacionales (control difuso), en aras de la mayor protección a los derechos humanos, ...no es posible someter a análisis de constitucionalidad los actos de un Juez Federal, el cual, a su vez, determina la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos de la autoridad señalada como responsable, pues en el recurso de revisión respectivo lo único que se tendrá que evidenciar son las violaciones de orden de legalidad en relación con la actuación o argumentaciones del a quo, y no la de juzgarlo como si fuera una nueva autoridad responsable. ...de estimar lo contrario, significaría que en un recurso de revisión se iniciara un nuevo juicio constitucional donde el Juez de Distrito correspondiente constituya la autoridad responsable, lo cual no es posible ni es la finalidad del citado recurso, pues en este se pueden argumentar toda clase de errores u omisiones del a quo, lo que tendrá que ser revisado por el tribunal de alzada, pero eso no llega a concluir que el Juez de Distrito infringió derechos fundamentales, ya que significaría un juicio de amparo dentro del juicio de amparo. ...los Jueces de Distrito actúan con la autoridad de que están investidos por la ley como representantes del Poder Judicial de la Federación, a quienes corresponde, en su caso, suspender los actos de las autoridades que se dice resultan violatorios de las garantías individuales o derechos humanos y amparar en contra de ellos, una vez comprobada la violación, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad; por lo que el a quo no es parte demandada en la controversia constitucional, sino miembro de la trilogía procesal, a quien con imparcialidad compete resolver sobre la demanda de amparo. ...el recurso de revisión no es un medio de control constitucional autónomo, sino sólo un procedimiento de segunda instancia que, no obstante que tenga su origen en un juicio de amparo, su objetivo no es en forma alguna proteger constitucionalmente a las partes de actos contrarios a la Ley Fundamental, ni anular el fallo impugnado sino confirmarlo, revocarlo o modificarlo. ...si bien es cierto que actualmente tenemos un catálogo amplísimo de derechos humanos, ya que a los reconocidos en la Constitución Federal se sumaron los reconocidos en los tratados internaciones (sic) en esta materia ratificados por el Estado Mexicano, esto es, de fuente nacional e internacional; ...lo que resulta inoperante es la manifestación de la violación de derechos humanos por parte del Juez de Distrito, no las demás manifestaciones relacionadas con la indebida aplicación o inaplicación de estos derechos, las cuales tendrán que ser estudiadas a la luz del marco constitucional actual, lo cual obedece a un principio de orden que en todo sistema jurídico debe ser existente."

Ahora bien, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 14/94, sustentó la jurisprudencia P./J. 2/97, visible en la página 5 del Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 199492, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, este no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por ende, cuando se pretenden establecer argumentos encaminados a sostener que los Jueces Federales al ejercer la función de control constitucional con motivo de su actuación, violaron derechos humanos del peticionario de la protección constitucional, tales afirmaciones resultan inoperantes en la medida en que el recurso de revisión no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual puedan analizarse posibles transgresiones a la esfera jurídica del justiciable, sino que solamente constituye un procedimiento de segunda instancia, tendiente a garantizar un correcto ejercicio de la función jurisdiccional de los Jueces de Distrito y por medio del cual los Tribunales Colegiados analizan la legalidad, motivos y fundamentos que se tuvieron en cuenta para la emisión del fallo sujeto a revisión.

Pero no es posible analizar tales argumentos pues, como se ha señalado, se desvirtuaría la teleología del juicio de amparo; de ahí la calificativa de inoperancia de la que adolecen los agravios esgrimidos en ese sentido.

Igualmente inoperantes resultan los argumentos en lo que se pretende impugnar el uso que hizo la diligenciaria responsable de los esquemas, formularios o machotes al momento de llevar a cabo la diligencia de citatorio, así como la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, en cuanto sostiene la inconforme que si bien no son ilegales o violatorios de derechos fundamentales, los mismos deben ser llenados durante el desarrollo de la actuación judicial y no en momentos distintos, tal como lo hizo la diligenciaria responsable.

La inoperancia radica en que esas alegaciones ya fueron debidamente atendidas y contestadas por el Juez de Distrito en la sentencia que se analiza en donde sostuvo lo siguiente:

"Ahora bien, el hecho de que el citatorio realizado a las once horas, con cuarenta minutos, del cinco de noviembre de dos mil trece, se haya realizado en lo que comúnmente se conoce como ‘machote’, que no es más que un formato impreso con datos en blanco, los cuales serán llenados en un momento determinado; a consideración de quien resuelve, tal documento, por sí solo, no es violatorio de garantías, siempre y cuando cumpla con las exigencias legales aplicables al caso. Aunado a que el Código de Comercio no dispone impedimento alguno para el uso de formatos previamente impresos."

Más adelante, el Juez de amparo agregó: "Respecto a que existen diversas irregularidades en la diligencia de citatorio, ya que se advierte la frase ‘citatorio que se dejó en poder de’, y más adelante ‘quien lo recibe y manifiesta que lo entregará y hará saber a la parte demandada’; frases que fueron incluidas por la funcionaria actuante; a consideración de quien resuelve, estima que tales argumentos son infundados.-En primer lugar, si bien la diligenciaria trabajó sobre un formato previamente impreso, de los que se conocen comúnmente como ‘machote’, el llenado del mismo depende de los datos que se vayan obteniendo conforme se desarrolla la diligencia en la que se emplean éstos; razón por la cual, en caso de que un dato no coincida con el formato, la funcionaria, quien está investida de fe pública siempre podrá testar o hacer las aclaraciones correspondientes; y si en el presente caso no hizo aclaraciones o testó alguna parte de su diligencia, se entiende que fue porque no resultó necesario ello. Aunado a que no se allegó medio probatorio alguno que los desvirtúe. ...En tales condiciones, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en contra del citatorio de cinco de noviembre de dos mil trece."

Además, como correctamente se sostuvo en la sentencia de amparo, la diligenciaria goza de fe pública la cual puede llevarle a testar o corregir las circunstancias que erróneamente se encuentren asentadas en la diligencia, evidenciándose que de no haberse hecho teste o aclaración alguna, se debe entender que la diligencia se desarrolló en los términos indicados por la funcionaria, salvo prueba en contrario, sin que en la acción constitucional se hayan aportado pruebas que logren desvirtuar la fe pública de la que están investidas las actuaciones de la notificadora responsable.

De lo anterior se advierte que el resolutor federal expuso razonamientos jurídicos concretos a través de los cuales determinó que el uso de esos formatos previamente impresos, no hace ilegal la notificación y tampoco conculca los derechos fundamentales de la persona a quien está dirigida esa actuación judicial pues, además, no existe evidencia alguna de que tales actuaciones se hayan llenado en un momento diverso al de la diligencia, o que se hubiere cometido una infracción a las normas que regulan ese procedimiento; de ahí que los agravios vertidos en este sentido constituyan simples aseveraciones subjetivas de la recurrente, carentes de apoyo jurídico o material.

Consideraciones que no se controvierten por la recurrente dentro de los embates expresados en su escrito de agravios; de ahí que resulten ineficaces para destruir las consideraciones del Juez de Distrito.

No obstante la inoperancia advertida, y tomando en consideración que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tratándose de la falta o ilegal emplazamiento del demandado al juicio natural, procede la suplencia de la queja en las materias civil, mercantil y administrativa, en la jurisprudencia P./J. 149/2000, visible en la página 22 del Tomo XII de diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 190656, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.-Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón."; debe decirse que efectivamente las actuaciones judiciales como lo son los citatorios o las diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en materia mercantil, que se realizan por medio de formatos o formas preimpresas denominadas "machotes" en modo alguno vulneran la esfera jurídica de la quejosa.

Ciertamente, su uso no está prohibido por la ley, ni existe precepto alguno que estipule una forma especial por escrito, ya sea manuscrita, o a través de dispositivos electrónicos, siempre y cuando tales formatos y el desarrollo mismo de la actuación judicial cumplan con las exigencias establecidas en la legislación procesal aplicable al caso concreto y, en ese sentido, es que se reitera que en la especie no se demostró que al haber empleado los mismos o de la actuación propia de la diligenciaria responsable se haya cometido una infracción a las porciones normativas que regulan ese tipo de actuaciones judiciales.

En ese sentido, cobra aplicación el criterio aislado VI.2o.C.10 K (10a.), invocado por este Tribunal Colegiado, al resolver los recursos de revisión 131/2013, 484/2014, 503/2014 y 285/2015, el cual es consultable en la página 1696 del Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro digital: 2003460, de título, subtítulo y texto siguientes: "ACTAS DE EMPLAZAMIENTO ELABORADAS EN COMPUTADORA E IMPRESORA PORTÁTILES. NO SON ILEGALES POR ESE SOLO HECHO, PUES PARA QUE LO SEAN SE DEBE DESVIRTUAR LA FE DEL DILIGENCIARIO.-Es criterio reiterado que las actas de emplazamiento elaboradas en máquina de escribir no son ilegales por ese solo hecho, sino que para que lo sean, se debe desvirtuar la fe del diligenciario; luego, por las mismas razones debe considerarse que tampoco son ilegales las actas que se lleven a cabo empleando para su elaboración computadora e impresora portátiles, pues no existe disposición legal que limite el uso de ese tipo de instrumentos y mucho menos que dicha utilización implique la ilegalidad de la actuación del diligenciario; de igual forma no se considera ilegal, por no ser un requisito, que se asiente en qué momento y lugar se llevó a cabo la impresión del documento, pues lo único que se debe tomar en cuenta es que el llamamiento a juicio cumpla con los requisitos que los cuerpos de normas aplicables señalen."

De modo tal que, aun cuando pudiera estimarse que los puntos de disenso expresados en ese sentido fueran operantes, de cualquier manera resultarían infundados por las razones hasta aquí expuestas. Sobre lo antes dicho, debe reiterarse que la manifestación de la recurrente, de que los formatos se elaboraron en dos momentos y lugares distintos, solamente se trata de una afirmación que, además de que no explica el porqué de la misma, no encuentra sustento en las constancias del juicio natural.

Por otro lado, la recurrente sostiene que la sentencia resulta contraria a derecho, porque de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio, el diligenciario al efectuar el emplazamiento debe cerciorarse previamente a su realización de que el lugar en el que se encuentra es precisamente el domicilio de la persona que pretende llamar a juicio -demandado-; que, de lo contrario, esa actuación es ilegal; y que no basta con que la notificadora haya señalado que se lo confirmaron "unos vecinos", pues los mismos no se identificaron.

Que de la misma manera, se asentó que la demandada no se identificó, lo cual no era suficiente, sino que debió cerciorarse "con otros medios" para saber que realmente estaba entendiendo la diligencia con la demandada; que, además, el hecho de que la persona a notificar no se hubiera identificado debió provocar "duda" en la diligenciaria, puesto que no es creíble que una persona que se encuentre en su domicilio no se identifique, por lo que al no existir más elementos de convicción que permitan corroborar el cercioramiento de que ése era el domicilio correcto señalado y que la persona con la que se entendió la diligencia era la demandada, no es posible tener por acreditados esos dos elementos de corroboración, pues es posible que se dé una suplantación de identidad de la demandada, tal como aconteció en el caso.

Lo argumentado por la quejosa en ambos aspectos es inoperante, básicamente porque tampoco controvierten las consideraciones de orden jurídico que al respecto expresó el Juez de Distrito, como a continuación se expondrá.

Las diligencias a través de las cuales se entregó el citatorio en el domicilio de la demandada realizada el cinco de noviembre de dos mil trece y la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de seis de noviembre de ese mismo año, son del tenor siguiente:

"Citatorio.-En Huejotzingo, Puebla, perteneciente al Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, siendo las once horas, cuarenta minutos, del día cinco del mes de noviembre del año dos mil trece, la suscrita licenciada Griselda Pérez Cruz, diligenciaria adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con fundamento en los artículos 14 y 16 constitucionales, 79, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396 del Código de Comercio, asociada de la parte actora **********, nos constituimos en el domicilio señalado en autos, sito en la casa marcada con el número **********, de la calle **********, ********** de Huejotzingo, Puebla, con el fin de localizar a **********, parte demandada en el presente juicio e identificando el inmueble por las siguientes características, por así coincidir la denominación oficial de la calle, barrio y Municipio, así como del inmueble en que se actúa, tratándose de un inmueble de dos niveles, el segundo nivel de block y el primer nivel de tabique, con puerta metálica negra con cristal.-Acto seguido la suscrita se cerciora de ser éste el domicilio de la parte demandado (a) **********, en virtud de que al preguntar con la vecina del inmueble de dos niveles, fachada blanca rústica, con una puerta verde, de su interior, me atiende una persona del sexo **********, quien no se identifica pero cuya media filiación es tez **********, cabello **********, edad aproximada ********** años, estatura aproximada de ********** metro, ********** centímetros, complexión ********** , manifiesta que en el inmueble indicado vive y habita la parte demandada, y en virtud de que al preguntar con el vecino del inmueble de un nivel fachada de tabique y puerta metálica negra, y de su interior, me atiende una persona del sexo ********** quien no se identifica pero cuya media filiación es tez **********, cabello **********, edad aproximada ********** años, estatura aproximada de ********** metro, ********** centímetros, complexión **********, manifiesta que en el inmueble indicado vive y habita la parte demandada; a mayor abundamiento, al llamar a la puerta de acceso principal del inmueble en comento, sale de su interior una persona del sexo ********** el (la) que dijo responder al nombre de **********, quien dice ser hija del (la) demandado (a) quien sí se identifica con una credencial de elector, con número de folio **********, folio nacional **********, cuya media filiación es tez morena, cabello **********, edad aproximada ********** años, estatura aproximada de ********** metro, **********, centímetros, complexión **********, ante quien me identifico como diligenciaria del juzgado de mi adscripción con la credencial oficial correspondiente; enseguida se pregunta a el (la) señor (a) **********, manifestando bajo protesta de decir verdad, que así es, por ese motivo se le solicita su presencia, pero me informa que no se encuentra, por tal causa con fundamento en el artículo 1393 del Código de Comercio, procedo a dejar citatorio con el fin de que se sirva el (la) demandado (a) a aguardar a la suscrita en éste su domicilio a fin de desahogar una diligencia de carácter judicial o bien deje persona autorizada para ello, señalándose las once horas, con cuarenta minutos, del día seis del mes de noviembre del año dos mil trece, citatorio que dejo en poder de **********, no firma por negarse a hacerlo y atento a ello la suscrita firma en lugar de la persona con quien se entendió la diligencia. Doy fe.-C. Diligenciaria. Lic. Griselda Pérez Cruz." (El énfasis es añadido)

"Diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento.-En Huejotzingo, Puebla, siendo las once horas, cuarenta minutos, del día seis del mes de noviembre del año dos mil trece, la suscrita licenciada Griselda Pérez Cruz, diligenciaria adscrita a los expedientes pares del Juzgado Segundo de lo Civil perteneciente al Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con fundamento en los artículos 14 y 16 constitucionales, 79, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396 del Código de Comercio, asociada de la parte actora **********, nos constituimos en el domicilio señalado en autos sito en la casa marcada con el número **********, de la calle ********** de Huejotzingo, Puebla, a fin de localizar a **********, parte demandada en el presente juicio, identificando el inmueble con las características por así coincidir la denominación oficial de la calle, barrio y Municipio, así como del inmueble en el que se actúa, tratándose de un inmueble de dos niveles, el segundo nivel de block y el primer nivel de tabique, con puerta metálica negra con cristal.-Acto seguido la suscrita procede a cerciorarse de ser éste el domicilio de la parte demandado (a) **********, en virtud de que: al preguntar con la vecina del inmueble de dos niveles, fachada blanca rústica, con una puerta verde, quien se niega a identificarse y proporcionar su nombre para no tener problemas, cuya media filiación es tez **********, cabello **********, edad aproximada ********** años, estatura aproximada de ********** metro, ********** centímetros, complexión **********, manifiesta que en el inmueble indicado vive y habita la parte demandada **********, y en virtud de que al preguntar con el vecino del inmueble de un nivel fachada de tabique y puerta metálica negra, quien se niega a proporcionar su nombre para no tener problemas, cuya media filiación es tez **********, cabello **********, edad aproximada ********** años, estatura aproximada de ********** metro, ********** centímetros, complexión media, manifiesta que en el inmueble indicado vive y habita la parte demandada **********.-A mayor abundamiento, al llamar a la puerta de acceso principal del domicilio de referencia, de su interior sale una persona de sexo femenino quien dice responder al nombre de **********, quien no se identifica por negarse a hacerlo, pero cuya media filiación es tez **********, complexión **********, cabello **********, estatura aproximada ********** metro, ********** centímetros y de aproximadamente ********** años de edad, manifestando bajo protesta de decir verdad ser la parte demandada, en consecuencia, y encontrándose presente en ese momento la parte demandada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1393, 1394, 1395 y 1396 del Código de Comercio, procedo a entender personalmente con el demandado (a) la diligencia ordenada por auto de fecha dieciséis de octubre del año dos mil trece, dictado dentro del expediente número **********, de los del juzgado de mi adscripción, y así identificándome con la credencial oficial del Poder Judicial de la que se infiere la calidad en que se actúa, se hace saber a dicha persona el motivo de mi presencia, notificando personalmente a la parte demandada los autos de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, dictado por el juzgado de mi adscripción (los) que se lee (n) en voz alta, y además le entrego cédula autorizada de la misma, cuya copia se agrega al expediente, manifestando quedar enterada. Acto continuo, procedo requerir a la parte demandada para que por su propio derecho, en este momento el pronto y ejecutivo pago de la cantidad de cien mil pesos, cero centavos, moneda nacional, como suerte principal más las prestaciones reclamadas y los accesorios legales sobre dicha suma, a lo que dice que no puede realizar dicho pago; en virtud de lo anterior, requerida nuevamente la parte demandada, para que por su propio derecho señale bienes de su propiedad bastantes a garantizar las prestaciones reclamadas y los accesorios legales, en los cuales poder trabar formal embargo y ejecución, y en la advertencia que de no hacerlo, este derecho le será trasladado a la parte actora, manifiesta que no puede señalar bienes para ese efecto. En consecuencia, procedo a trasladar el derecho a la parte actora, quien manifiesta que señala para que se trabe formal embargo y ejecución sobre el inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Huejotzingo, Puebla, bajo la partida mil quinientos ochenta y seis, del libro uno, tomo ciento treinta y seis.-Al respecto, se designa como depositario de los mismos, al que estando presente manifiesta que acepta y protesta el cargo que se le confiere y, señala tanto como para la guarda de los bienes como para recibir sus notificaciones el domicilio ubicado en ___. Acto seguido, la suscrita diligenciaria en funciones de ministro ejecutor declara que se traba formal embargo y ejecución sobre el bien inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Huejotzingo, Puebla, bajo la partida **********, del libro **********, tomo **********, hasta en tanto baste a cubrir todas y cada una de las prestaciones reclamadas y las accesorias legales; asimismo, se tiene como depositario de dichos bienes a quien en vista de su aceptación y protesta se le discierne el cargo, no sin antes hacer de su conocimiento de las penas en que incurren los depositarios infieles, y no lo pongo en posesión de su cargo por la manifiesta oposición que hace valer la persona con quien se entiende la presente diligencia. Acto continuo, procedo a emplazar a la parte demandada en términos de lo dispuesto por el artículo 1396 del Código de Comercio, personalmente a la demandada **********, ante el juzgado de los autos, a hacer paga llana de las prestaciones reclamadas y las costas o, en su caso, a oponerse a la ejecución haciendo valer las excepciones que tuviere y asimismo, señale domicilio para recibir sus notificaciones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, respecto a la contestación de la demanda se tendrán por perdidos sus derechos, que pudo haber ejercitado en tiempo y forma legal y las notificaciones aun las de carácter personal se le harán por lista que se fija en los estrados del juzgado. Enseguida, procedo a hacer entrega de las copias de traslado selladas y cotejadas compuestas de siete fojas que integran la demanda, el documento base de la acción, así como los demás anexos y copias de esta diligencia, los que recibe de conformidad la demandada. Finalmente, se da por terminada la presente diligencia, levantándose ésta para constancia que se firma por la suscrita, el actor, depositario y no por la demandada, por no querer hacerlo y atento a ello, la suscrita firma en lugar de la persona con quien se entiende la diligencia a quien también se le entrega copia de la misma. Doy fe.-Diligenciaria.-Abogada Griselda Pérez Cruz." (El énfasis es a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27023-f242c9ae/actas-de-emplazamiento-elaboradas-en-formatos-preestablecidos-machotes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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