EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003).
AMPARO EN REVISIÓN 430/2014. 15 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAÚL ARMANDO PALLARES VALDEZ. SECRETARIO: HUGO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son fundados pero inoperantes en parte, infundados en otra e inoperantes en lo restante los agravios transcritos, sin que se aprecie motivo alguno para suplirlos en su queja deficiente, acorde con lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.
Por cuestión de método, los citados argumentos son analizados de forma diversa a la que fueron expresados en el recurso de revisión, sin dejar de atender a los postulados previstos en los diversos 74 y 93 de la citada normatividad.
En principio, el inconforme aduce que la Juez constitucional, en el considerando quinto de la sentencia recurrida, soslayó el argumento enderezado en el sentido de que la notificadora responsable no hizo constar en el acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de forma destacada y clara, que tuvo a la vista la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, en favor de ********** -quien acudió a la diligencia reclamada en representación del actor-, ni tampoco, dicha funcionaria precisó los rasgos fisonómicos de aquél y, mucho menos, hizo constar el nombre de la persona a la que éste representaba, el número o tipo de expediente y el órgano jurisdiccional ante el cual debía contestar la demanda, pues sólo se señaló que "ante el Juez de los autos", sin mencionar cuál.
Indicó, que la propia juzgadora federal pasó por alto que en el desarrollo de esa diligencia, la funcionaria actuante no señaló qué documentos la acreditan con dicho carácter, y menos aún si éstos se encontraban vigentes, como al efecto se lo imponía la jurisprudencia de rubro: "DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE BIENES. EL EJECUTOR DEBE ESPECIFICAR EN EL ACTA QUE LEVANTE LOS DATOS ESENCIALES DE SU IDENTIFICACIÓN."
Agregó, que conforme al numeral 1302 del Código de Comercio, la demostración de un hecho requiere la declaración o cita de cuando menos dos testigos, situación que no se aprecia del acta de embargo.
En este contexto, debe decirse que los referidos motivos de disenso resultan parcialmente fundados, pues de la lectura del fallo reclamado se aprecia que la juzgadora federal no se pronunció respecto de éstos -con excepción del aserto relativo a que se omitió asentar el número de expediente del juicio de origen-, no obstante que fueron expresados en la demanda de amparo.
En efecto, en el aludido escrito, el quejoso expuso: "... 2. Así también, si en el presente caso se analiza el acta de requerimiento de pago de que se viene hablando, podrá notarse que la misma tampoco reúne los requisitos previstos en los numerales señalados como violados, toda vez que si bien es cierto que la actuaria o diligenciaria par manifiesta que se constituyó en el domicilio que al efecto señala, asociado de la parte actora **********, por su representación, quien se identificara con su credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral; también lo es que dicha diligenciaria en ningún momento señala que hubiese tenido a la vista el documento que menciona y que, por consecuencia, dicho documento, en su caso, contara con fotografía, cuyos rasgos fisonómicos resultaran ser los mismos de su acompañante; finalmente, que tampoco se indica que si bien es cierto que se constituyó asociada de la parte actora, también lo es que no se menciona el juicio o procedimiento dentro del cual aparezca como actor el C. **********, aunado al nombre de quien, en su caso, supuestamente representara este último, por señalarse que el mencionado ********** actuaba por su representación ... 3. Así también, si en el presente caso se analiza el acta de requerimiento de pago que nos ocupa materia de los actos reclamados, podrá notarse que la C. Actuaria señala que se constituyó en el domicilio identificado como calle **********, número **********, colonia **********, habiéndose cerciorado del mismo por habérselo informado el vecino de la casa número **********, de la misma calle y colonia. Sin embargo, como podrá notarse sobre el particular en momento alguno, se señala el nombre de dicho informante, los rasgos fisonómicos del mismo, si en la especie requirió a su informante de la exhibición de documento legal e idóneo por el que se acreditara su identidad y finalmente, que el documento en cuestión, amén de contar con fotografía, los rasgos fisonómicos de la misma coincidieran con los del vecino en cuestión, elementos todos ellos que al no haberse observado, hacen no creíble que dicha diligenciaria se hubiese constituido en el domicilio que menciona, más aún, que la descripción del inmueble de referencia que se anota en dicha diligencia de requerimiento, sea coincidente con la realidad. ... Independientemente de lo anterior, cabe señalar que para la demostración de un hecho, necesariamente se requiere de la declaración o cita de cuando menos dos testigos, según se desprende del artículo 1302 del Código de Comercio, situación que como podrá apreciarse no parece reunida en el acta de embargo de referencia ... 5. Continuando con el análisis del acta de embargo de que se viene hablando, podrá notarse que la actuaria una vez constituida en el supuesto domicilio que señala, manifiesta que ante la persona que le abriera la puerta, le hizo saber el motivo de su presencia, identificándose como diligenciaria par adscrita al Juzgado Tercero Civil de la ciudad de Puebla. Sin embargo, cabe mencionar que si bien es cierto que lo manifestado por la diligenciaria par, también lo es que en instante alguno señala con claridad el documento o documentos idóneos que de manera legal la hubiesen acreditado como funcionaria y que, en su caso, de manera textual, hubiese asentado que los supuestos documentos los hubiese puesto a la vista de su informante, amén de que en los mismos apareciera fotografía alguna, con su cara, que ineludiblemente la acreditara como ministra ejecutora, documento además de encontrarse vigente y expedido por autoridad competente, características todas ellas que como podrá observarse no se encuentran asentadas en el acta que se analiza, dejando, por tanto, de observarse en el caso las disposiciones señaladas como violadas ..."
Pese a lo anterior, lo cierto es que deben desestimarse por inoperantes las mencionadas alegaciones, en la medida que no justifican la ilegalidad del emplazamiento reclamado.
En este aspecto cobra aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/132 de este Tribunal Colegiado de Circuito, previamente a su especialización en materia civil, consultable con el número de registro digital 222357 y visible en la página 139, Tomo VII, junio de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el recurso de revisión se hace de un agravio se llega a la conclusión de que es fundado, pero de su análisis se advierte claramente que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, es insuficiente en sí mismo para resolver el asunto favorablemente a los intereses del recurrente, dicho agravio, aunque fundado, debe declararse inoperante."
En principio, cabe señalar que de la lectura del acta de emplazamiento en mención -la cual se encuentra reproducida en el considerando primero de esta ejecutoria- se aprecia que la diligenciaria responsable indicó que se constituyó en el domicilio señalado en autos conjuntamente con **********, quien se identificó con credencial para votar número **********, folio ********** y clave de elector **********, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, lo cual es suficiente para estimar que justificó su identidad, sin que se requiera que de forma destacada hiciera constar la existencia de una fotografía en la mencionada identificación, y mucho menos que ésta era coincidente con sus rasgos fisonómicos, en la medida que estos requisitos se encuentran inmersos en la propia constatación de la identificación oficial en cita. De ahí lo desacertado de sus alegaciones.
Pero sobre todo, porque ni el Código de Comercio, vigente a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de abril y treinta de diciembre, ambas de dos mil ocho -que rige el procedimiento-, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquél en términos de su numeral 1054, exigen tales requisitos.
En evidencia de lo anterior, cabe reproducir los artículos 1392 a 1395 de la aludida normatividad mercantil, que establecen:
"Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste. ..."
"Artículo 1393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. ..."
"Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. El Juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores."
"Artículo 1395. En el embargo de bienes se seguirá este orden: I. Las mercancías; II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor; III. Los demás muebles del deudor; IV. Los inmuebles; V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado. Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el Juez. Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el Juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos aplicables. Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del Juez, quien al decidir deberá recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión. Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial."
De igual modo, los numerales 311 a 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estipulan:
"Artículo 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313."
"Artículo 312. Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien se entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal circunstancia. En igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador."
"Artículo 313. Cuando, a juicio del notificador, hubiere sospecha fundada de que se niegue que la persona por notificar vive en la casa designada, le hará la notificación en el lugar en que habitualmente trabaje, si la encuentra, según los datos que proporcione el que hubiere promovido. Puede igualmente hacerse la notificación personalmente al interesado, en cualquier lugar en que se encuentre; pero, en los casos de este artículo, deberá certificar, el notificador, ser la persona notificada de su conocimiento personal, o haberle sido identificada por dos testigos de su conocimiento, que firmarán con él, si supieren hacerlo. Para hacer la notificación, en los casos de este artículo, lo mismo que cuando el promovente hiciere diversa designación del lugar en que ha de practicarse, no se necesita nueva determinación judicial."
"Artículo 314. Cuando la persona que haya de ser notificada por primera vez, resida fuera del lugar del juicio, se aplicará lo dispuesto por el artículo 298."
"Artículo 315. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en la puerta del tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado este término, no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado, y deberá contener, en síntesis, la determinación judicial que ha de notificarse."
"Artículo 316. Las notificaciones que no deban ser personales se harán en el tribunal, si vienen las personas que han de recibirlas a más tardar el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que han de notificarse, sin perjuicio de hacerlo, dentro de igual tiempo, por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado. De toda notificación por rotulón se agregará, a los autos, un tanto de aquél, asentándose la razón correspondiente."
"Artículo 317. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias que no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, mientras esté pendiente el negocio."
Ahora, si bien en el acta en comento no se hizo constar el nombre de la persona a la que representaba **********, lo cierto es que esa omisión resulta intrascendente, en vista que del cuerpo mismo de dicha acta, se aprecia que se entregó al demandado "copia autorizada" -instructivo- del auto admisorio de treinta de noviembre de dos mil nueve, dictado en la litis natural, del que se desprende claramente que a dicha persona le reviste el carácter de endosatario en procuración del actor **********.
En evidencia de lo anterior, cabe reproducir el auto que se encuentra contenido en la mencionada documental, que en lo que aquí importa, dice: "Ciudad judicial, Puebla a treinta de noviembre de dos mil nueve. Visto lo de cuenta el suscrito Juez provee: Primero. Con fundamento en los artículos 2o., fracción I, 33, fracción I y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 75, 76, 1054 y 1063 del Código de Comercio, fórmese el expediente respectivo y regístrese en los libros de gobierno del juzgado, bajo el número que por orden le corresponde, anótese folio, entreséllese y rubríquese en la forma prevista por la ley, resérvense los documentos originales en el secreto del juzgado, corriendo en autos copia simple de los mismos. Segundo. Con fundamento en los diversos 104, fracción I, de la Constitución General de la República, 2o., fracción I, 33, fracción I, 39, fracción I y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 1054, 1085, 1092, 1094, fracción I, 1104 y 1106 del Código de Comercio; 1o., 2o., 5o., 17, 27, 33, 35, 76, 79, 97, 109, 111, 150 a 154, 167, 170, 172 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se declara: Este juzgado es competente para conocer del presente juicio ejecutivo mercantil, promovido por ********** y **********, en su carácter de endosatarios en procuración de **********, en contra de ********** o **********. En su carácter de deudor principal y en contra de **********, en su carácter de fiador, con domicilio señalado en la demanda que hoy se admite. Tercero. Con apoyo en los artículos 1054, 1056 y 1061 del Código de Comercio; 17, 29 y 33 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se reconoce la personalidad de la parte actora para promover el presente juicio. Cuarto. En términos de los diversos 432, 433, 434, 436, 437 y 447 a 457 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de los numerales 2o., 1054, 1059, 1063, 1069, 1391 y 1395 del Código de Comercio, tratándose del documento fundatorio de la acción de títulos ejecutivos que satisfacen los requisitos legales y traen aparejada ejecución, se provee auto de mandamiento en forma, para que se pasen los autos a la diligenciaria del juzgado asociada de la parte actora, respetando los lineamientos a que se contrae el artículo 1393 de la ley mercantil, se constituya en el domicilio del demandado y le requiera del pronto y ejecutivo pago de la cantidad de setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, más intereses legales pactados, el pago de gastos y costas y accesorios legales y demás prestaciones y, de no hacerlo, se le embarguen bienes, siguiendo las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, suficientes de su propiedad para cubrir el adeudo y costas del juicio, poniéndolos bajo responsabilidad de las personas que como depositario nombre de la parte actora. Quinto. Para los efectos de los numerales 304, 310, 311, 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 1054, 1063, 1069, 1075, 1078, 1396 y 1404 del Código de Comercio, efectuando el embargo, entréguese a la parte reo cédula en la que se contenga la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada y emplace a los demandados corriéndoles traslado con las copias simples de la demanda, documentos fundatorios de la acción y de este auto, selladas y cotejadas requiriéndoles para que dentro de los ocho días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de este auto, comparezcan al juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y sus costas, produzcan contestación y opongan las excepciones que tuviere para ello, ofrezca pruebas en el mismo escrito y acompañe los documentos que exige la ley para las excepciones, con el apercibimiento en el sentido que, de no hacerlo, sin necesidad de acusar su rebeldía, el juicio seguirá su curso, se les tendrá por pedido el derecho que debieron ejercitar dentro del término correspondiente y las siguientes notificaciones, incluyendo las personales se le harán por lista. Sexto. Conforme a los relativos 1054 y 1069 del Código de Comercio, téngase a la parte actora señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizados para recibirlas los mencionados. Séptimo. Con apoyo en los diversos 1054 y 1069 del Código de Comercio, téngase como domicilio para emplazar a los deudores los señalados en su escrito de demanda por la parte actora. Octavo. Téngase a la parte actora anunciando como pruebas de su parte sin perjuicio de que le sean admitidas o desechadas en el momento procesal oportuno, las siguientes: la documental pública de actuaciones, la documental privada y la presuncional legal y humana. Noveno. Entérese a las partes que dentro del presente juicio ejecutivo mercantil se aplicarán las disposiciones contenidas dentro de los decretos que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Comercio, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días diecisiete de abril y treinta de diciembre, ambos de dos mil ocho, y vigentes para este procedimiento, según lo determinado por los artículos transitorios único; primero y segundo, respectivamente, de esos decretos. Notifíquese personalmente a la parte actora y al momento del emplazamiento al demandado. Así lo acordó y firma el ciudadano licenciado José Montiel Rodríguez, Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, ante la ciudadana licenciada Elvira Muñoz Sánchez, secretaria que autoriza, Cam. Exp. Núm. 1498/09."
De igual modo, tampoco impacta en la legalidad de la diligencia en comento, que la diligenciaria responsable no haya señalado qué documentos la acreditan con dicho carácter, y menos aún que indicara si éstos se encontraban vigentes, porque ninguno de los citados preceptos del Código de Comercio ni del Código Federal de Procedimientos Civiles, exigen destacar tal proceder. De manera que, en el caso concreto, es suficiente que dicha funcionaria se haya identificado ante el interesado y le haya hecho saber el motivo de su visita -como efectivamente ocurrió-, para estimar legal esa actuación.
Sin que sea apto para apoyar las pretensiones del quejoso el criterio jurisprudencial que cita en el particular, pues de la lectura de su contenido se aprecia que se ciñe a los lineamientos prescritos en el arábigo 152 del Código Fiscal de la Federación, y no a disposiciones de naturaleza comercial y de su supletoria civil adjetiva federal.
Asimismo, los argumentos en los que se sostiene que en el caso era necesario para la legalidad de la diligencia la asistencia de dos testigos, devienen ineficaces pues, por un lado, la fe pública de la que está investido el notificador torna innecesaria la asistencia de cualquier ateste, pero además, porque en el caso concreto no se está en presencia del supuesto previsto en el artículo 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, esto es, que exista la sospecha fundada de que la persona que vive en el domicilio de la búsqueda se niegue a entender la notificación, evento en el que la notificación deberá practicársele en cualquier lugar en el que se encuentre, en la inteligencia de que el interesado deberá ser conocido del notificador o, en su defecto, identificado por dos testigos; supuesto totalmente diverso al que se examina.
Finalmente, la última porción de los referidos asertos debe estimarse inoperante en cuanto a que no se indicó el número de expediente o procedimiento en el acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, puesto que esa cuestión ya fue atendida por la resolutora constitucional, y con esa simple afirmación el inconforme no ataca las consideraciones que aquélla sostuvo para dar respuesta a tal aserto.
Como se aprecia del contenido del fallo combatido -inmerso esencialmente en el considerando primero de esta ejecutoria-, la Juez de amparo refirió que no obstante que en la citada acta no se había hecho constar el número de expediente natural, lo cierto es que al haberse entregado al reo copia autorizada del proveído admisorio, quedaba subsanada esa deficiencia, en la medida que en esa fotostática se menciona el dato en cuestión.
Por ende, en el caso concreto se imponía que el inconforme formulara embates a través de los cuales combatiera ese razonamiento, y no sólo se limitara a abundar en el argumento que expuso en su demanda de amparo, a fin de atacar esa parte de la sentencia recurrida, de modo que al no haberse conducido en tales términos, es clara la inoperancia de su afirmación.
Sobre el particular cabe invocar la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número de registro digital 159947, página 731, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo."
Por otro lado, el recurrente sostiene que la Juez de Distrito se equivoca al destacar la intrascendencia de la omisión en la que incurrió la notificadora responsable, de señalar los datos del vecino que le indicó que se encontraba en el domicilio de la búsqueda, sobre el argumento de que la diligencia trifásica se entendió personalmente con quien dijo ser el demandado; puesto que no se requirió a dicho vecino que proporcionara su nombre ni que se identificara, lo cual contraría el criterio intitulado: "EMPLAZAMIENTO. SI EL DILIGENCIARIO OBTIENE CERTEZA DE QUE EL DEMANDADO VIVE EN EL DOMICILIO EN QUE SE CONSTITUYE POR EL DICHO DE SUS VECINOS, DEBE CONSIGNAR MAYORES DATOS PARA DOTAR DE EFICACIA AL MEDIO EMPLEADO PARA TAL EFECTO.", y lo cual torna inaplicable la diversa jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."
No asiste razón al inconforme.
En principio, cabe señalar que el primero de los criterios jurisprudenciales que indica el recurrente -emitido por este Tribunal Colegiado de Circuito-, parte de la base de que el medio de cercioramiento que el funcionario actuante tiene a su alcance, es obtenido únicamente por el dicho de los vecinos; de ahí que en tal supuesto sea requisito indispensable allegarse de mayores elementos, verbigracia, su nombre, domicilio, media filiación, la solicitud de su identificación, o cualquier otro medio objetivo que dote de certeza a dicha actuación.
En soporte de lo anterior, es preciso invocar, en su integridad, la aludida jurisprudencia, que fue registrada con el número VI.2o.C. J/284 y puede consultarse con número de registro digital 172768, en la página 1419, Tomo XXV, abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SI EL DILIGENCIARIO OBTIENE CERTEZA DE QUE EL DEMANDADO VIVE EN EL DOMICILIO EN QUE SE CONSTITUYE POR EL DICHO DE SUS VECINOS, DEBE CONSIGNAR MAYORES DATOS PARA DOTAR DE EFICACIA AL MEDIO EMPLEADO PARA TAL EFECTO. El cercioramiento que obtenga el diligenciario de que en la casa en que se constituye vive el demandado, a quien ha de emplazar a juicio, constituye una formalidad esencial en la práctica de esta actuación, por tanto, debe dejar constancia en autos de cuáles fueron los medios de que se valió para arribar a la certeza de que se constituyó en el lugar correcto, ante lo cual, la expresión genérica de que esa seguridad la obtuvo por la información proporcionada por el vecino inmediato, vecinos del lugar, o alguna otra similar, no permite tener por satisfecho este requisito, ni sostener la legalidad del llamamiento a juicio, en tanto no constituye la razón pormenorizada de su actuar; además, esas expresiones deben robustecerse con datos que reflejan que los hechos asentados en el acta respectiva corresponden a la realidad, en el entendido de q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25519-44e5ad6f/emplazamiento-en-el-juicio-ejecutivo-mercantil-basta-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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