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Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES POR NOVEDOSOS SI SE REFIEREN A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO FISCAL Y ELLO NO SE PLANTEÓ ANTE LA SALA DEL CONOCIMIENTO (ALCANCES DE LA TESIS 2a. LXXII/2006).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 427/2006. · Registro digital (IUS): 20006
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO SEPERSA SERVICIOS EDUCATIVOS Y RECREATIVOS PÉREZ RAMÍREZ, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, , Pág. 1489.

AMPARO DIRECTO 427/2006. GRUPO SEPERSA SERVICIOS EDUCATIVOS Y RECREATIVOS PÉREZ RAMÍREZ, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, como enseguida se precisa.

En el primer concepto de violación se aduce que la Sala Fiscal no analizó el contenido de los conceptos de impugnación segundo, tercero y cuarto del escrito de ampliación de la demanda de nulidad, lo que es violatorio del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación.

El concepto de violación es infundado, en tanto que la responsable no desatendió el contenido del artículo 237 del código tributario federal, pues si no estudió los aludidos motivos de anulación de la ampliación de la demanda del juicio de origen, fue porque estimó legalmente notificado el requerimiento de obligaciones origen de la multa.

Así es, respecto de lo anterior, la Sala Fiscal determinó:

"Derivado de lo anterior, esta Sala juzgadora omitirá entrar al estudio de los conceptos de impugnación identificados como segundo al cuarto, hechos valer en el escrito de ampliación de demanda, toda vez que en ellos se cuestionan los fundamentos y motivos del requerimiento de obligaciones antecedente de la multa impugnada; sin embargo, tomando en consideración que ese acto lo conocía el accionante desde que presentó su escrito de demanda se colige que ya precluyó su derecho para hacer tales argumentos, de ahí que éstos resulten inoperantes y, por ende, esta Sala juzgadora no puede pronunciarse sobre la legalidad de dicho requerimiento de obligaciones."

Así las cosas, resulta inexacto que se infringiera el artículo 237 del código tributario federal, a la vez que la disconforme no controvierte el motivo por el que no se analizaron los precitados conceptos de impugnación, es decir, debido a su preclusión para hacerlos valer.

Además de que el concepto de violación en análisis, la misma disconforme lo relaciona con el diverso cuarto de la demanda de garantías, el cual también se desestimará como más adelante se evidenciará.

En parte del segundo de ellos se aduce, en síntesis, que la Sala Fiscal no analizó el tema de competencia territorial de la autoridad demandada, en específico, respecto de su debida fundamentación en la resolución impugnada, dado que la responsable analizó los mismos numerales que fueron materia de la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que derivó la jurisprudencia intitulada "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", y en especial, respecto del artículo 39, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

Lo anterior es inoperante por novedoso.

Primeramente, vale la pena que quede definido que contrario a lo dicho por la quejosa, la Sala Fiscal no transcribió en su sentencia el contenido del artículo 39, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ni menos estableció que con base en dicho dispositivo la autoridad demandada contara con facultades para el acto de molestia materia del juicio de nulidad.

Destacado lo anterior, es necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que de conformidad con el artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada y que si no hace el pronunciamiento respectivo, puede plantearse ese tema en el amparo directo, aun cuando no lo hubiera propuesto el actor en la demanda de nulidad, debiendo expresar las razones por las cuales considera que la autoridad demandada carece de competencia para emitir el acto cuya invalidez se pretende, a efecto de que el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto resuelva dicha cuestión.

Tales consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de dos mil seis, publicada en la página trescientos cuarenta y cinco, de rubro y texto:

"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, así como la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. En esa virtud, se concluye que el tribunal citado debe, en todos los casos, examinar esos aspectos y declarar que la resolución no adolece de alguno de ellos, lo cual no requiere de consideraciones exhaustivas, o bien, que en el caso se surte la causal de nulidad correspondiente, expresando, entonces sí, de manera fundada y motivada, las consideraciones que den sustento a su decisión."

Y además, en la tesis 2a. LXXII/2006, de la Segunda Sala del Tribunal Supremo, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, publicada en la página cuatrocientos tres, que dice:

"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA OMITE PRONUNCIARSE AL RESPECTO, TAL CUESTIÓN PUEDE PLANTEARSE EN LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada; sin embargo, el hecho de que no haga el pronunciamiento respectivo, no deja en estado de indefensión al actor, pues al promover amparo directo puede plantear ese tema, aun cuando no lo hubiera propuesto en la demanda de nulidad, debiendo expresar las razones por las cuales considera que la autoridad demandada carece de competencia para emitir el acto cuya invalidez se pretende, para que el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto resuelva dicha cuestión; en cambio, si no hay concepto de violación expreso, tal aspecto no puede analizarlo por tratarse de una materia que en amparo es de estricto derecho. Por otra parte, si solamente se aduce que la Sala omitió dicho estudio, sin dar razones de incompetencia, el argumento así planteado debe declararse inoperante por incompleto."

El hecho de que pueda plantearse el tema de competencia en el amparo directo, aun cuando no se hubiera propuesto ante la Sala, no resulta aplicable tratándose del motivo de disenso en estudio, habida cuenta que aquél hace alusión sólo a la hipótesis relativa en que se viertan argumentos respecto a la carencia de competencia de la autoridad administrativa, pero no cuando lo que pretende plantearse a través del motivo de inconformidad se refiere a la falta o indebida fundamentación de la competencia, pues son dos aspectos distintos.

Lo anterior se desprende del contenido de la ejecutoria que dio origen a dicha tesis, en donde en lo conducente, se dijo:

"Las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declararán la nulidad de la resolución administrativa impugnada en el juicio, cuando quede acreditada la incompetencia de la autoridad que inició o instruyó el procedimiento administrativo o de la que emitió la resolución definitiva impugnada con que culminó el mismo, lo que puede hacer incluso de oficio, por ser una cuestión de orden público; así, el legislador federal, estableció la anulación de toda resolución administrativa afectada por un vicio de ilegalidad, como en el caso lo son, el referido a la incompetencia de la autoridad emisora o la falta absoluta de fundamentación y motivación.

"Congruente con lo anterior, se concluye que de conformidad con lo señalado en el artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para analizar de oficio la incompetencia de la autoridad que emitió el acto impugnado, necesariamente debe de llevar a cabo un análisis de los preceptos que le sirvieron de fundamento a la autoridad demandada para emitir la resolución que se impugna, pues si bien, el legislador en el precepto cuestionado estableció el verbo ‘podrá’, tal y como esta Segunda Sala lo ha determinado, no necesariamente implica una facultad discrecional por parte de las autoridades, para que sólo en unos casos ejerza esa facultad y en otros no

"...

"En tales condiciones, si el legislador estableció a favor de las autoridades fiscales la facultad de hacer valer de oficio la incompetencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada así como la ausencia total de fundamentación o motivación, se trata de una modalidad específica de ‘suplencia de queja deficiente’ en materia fiscal, que sólo opera en dos supuestos, siendo el primero, precisamente cuando se advierta la incompetencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada y, el segundo, cuando ésta carezca de fundamentación o motivación, entonces, para cumplir con lo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en todos los casos, debe examinar esos supuestos y declarar, bien, que la resolución no adolece de alguno de ellos, lo cual no requiere de un estudio exhaustivo; o bien, que en el caso se surte la causal de nulidad correspondiente, debiendo expresar, entonces sí, de una manera fundada y motivada las consideraciones que le den sustento a esta determinación.

"En atención a lo expuesto, el criterio que deberá regir con carácter de jurisprudencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, es el que a continuación se redacta con el rubro y texto siguientes:

"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, así como la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. En esa virtud, se concluye que el tribunal citado debe, en todos los casos, examinar esos aspectos y declarar que la resolución no adolece de alguno de ellos, lo cual no requiere de consideraciones exhaustivas, o bien, que en el caso se surte la causal de nulidad correspondiente, expresando, entonces sí, de manera fundada y motivada, las consideraciones que den sustento a su decisión.

"Cabe precisar que el criterio de legalidad a que alude la jurisprudencia anterior, rige en el juicio contencioso administrativo, mas no en el juicio de amparo que tiene sus propias reglas.

"Derivado de esta aclaración, también resulta conveniente precisar que la circunstancia de que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, omitan hacer pronunciamiento de oficio en cuanto a la competencia de la autoridad demandada, no deja en estado de indefensión al actor, puesto que al promover amparo directo puede plantear en forma expresa ese tema de incompetencia, aun cuando no lo hubiera propuesto en los conceptos de impugnación que formuló en la demanda de nulidad; lo anterior, porque el derogado artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, obliga a las Salas a ocuparse de ese tema, aunque no haya planteamiento.

"Consecuentemente, si en la demanda de garantías la parte quejosa plantea esa omisión y expone las razones por las cuales considera que la autoridad demandada carece de competencia para emitir el acto cuya invalidez se pretende, el Tribunal Colegiado que conozca del asunto debe ocuparse de tal cuestión y pronunciarse sobre la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, aun cuando la resolución reclamada no contenga ese pronunciamiento; en cambio, si no hay concepto de violación expreso, tal aspecto no puede ser analizado en el juicio de amparo por tratarse de una materia que es de estricto derecho, o si solamente aduce que la Sala omitió dicho estudio, el argumento así planteado debe declararse inoperante por incompleto."

De la parte transcrita de la referida ejecutoria se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra constreñido a estudiar de manera oficiosa: 1. La incompetencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada, y 2. La falta total y absoluta de fundamentación y motivación de la resolución controvertida; lo que no redunda en una facultad discrecional sino que debe hacerlo en todos los casos.

También se precisa que derivado de esa obligación, se actualizan, en esos casos, dos supuestos en materia fiscal de la suplencia de la queja, tratándose del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, especificando que ello sólo rige en el juicio contencioso administrativo y no en el juicio de amparo que posee reglas específicas.

Finalmente, en la ejecutoria de mérito se concluye que si el Tribunal Fiscal omite hacer pronunciamiento, específicamente en cuanto a la incompetencia, ello no implica dejar en estado de indefensión al actor pues éste podrá plantear ese tema en el amparo directo, vertiendo los conceptos de violación que contengan las consideraciones por las cuales estime que la autoridad demandada "carece" de competencia, aun cuando no se hubieren planteado ante la Sala; que cuando no lo haga, al estar en presencia de una materia de estricto derecho para el juicio de amparo ello no podrá ser analizado; o bien, si lo hace sólo bajo la mención de que la Sala omitió el pronunciamiento, ello será inoperante por incompleto.

Así, tenemos que se imponen dos obligaciones al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que son:

1. Analizar de oficio en todos los casos, tanto la incompetencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada, cuanto la falta total y absoluta de fundamentación y motivación de la resolución controvertida; y

2. Suplir la deficiencia de la queja, ante tales supuestos, en materia fiscal dentro del juicio contencioso administrativo.

Mientras que para los Tribunales Colegiados de Circuito el criterio jurisprudencial en análisis prevé la posibilidad de emprender el estudio, en amparo directo, de los conceptos de violación que contengan las consideraciones por las cuales se estime que la autoridad demandada "carece" de competencia, aun cuando no se hubieren planteado ante la Sala responsable.

Luego, tal ejecutoria sólo hace referencia -en lo atinente a que deberá abordarse el estudio de argumentos no expuestos ante la a quo-, cuando éstos se refieren específicamente a la "carencia" de competencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada y nada dice en cuanto a la falta de fundamentación de aquélla, que es lo que alega precisamente el accionante en el motivo de disenso constitucional en estudio.

Ciertamente, la propia peticionaria en el citado concepto de violación invocó incluso como apoyo de sus consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página trescientos diez, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE."; lo que revela que en tal motivo de inconformidad pretende plantear, se insiste, aspectos relativos a la falta de fundamentación de la competencia por parte de la autoridad demandada y no a la carencia de ésta.

Así, el segundo de los criterios jurisprudenciales invocados de la Segunda Sala del Tribunal Supremo cuyos rubro, texto y parte de la ejecutoria quedaron transcritos, no resulta aplicable tratándose de un concepto de violación enderezado por falta de fundamentación de la competencia, pues no se refiere a la hipótesis a que aludió el Máximo Tribunal -carencia de competencia-, de ahí que este órgano colegiado sí debe proceder a analizar si el argumento en estudio contenido en tal motivo de disenso fue o no planteado ante la Sala responsable a efecto de determinar si puede o no ser atendido en esta instancia.

En esa medida, lo que se discute en el concepto de violación en análisis no es la carencia de competencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada.

Acotado lo anterior, como se adelantó, el planteamiento contenido en el motivo de inconformidad es inoperante por novedoso.

Basta destacar que en el escrito de demanda no se advierte que el ahora quejoso se hubiese ocupado de verter tales planteamientos ante la Sala responsable.

Ciertamente, en el ocurso de demanda el aquí peticionario de garantías se limitó a discutir aspectos ajenos a los que ahora pretende alegar, como que en términos del artículo 20, fracciones XXXVII y XXI, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria no quedaba establecido cuáles infracciones son materia de competencia de la autoridad demandada, y cuáles son las autoridades facultadas para imponer sanciones por infracción a las disposiciones fiscales, a la vez que en términos de la fracción III del artículo 41 del código tributario federal, tampoco quedaba establecido cuáles autoridades y qué tipo de multa podría imponerse ante su violación.

Luego, resulta palmario que la quejosa no introdujo el tema atinente a la indebida fundamentación de la competencia territorial de la autoridad emisora de la resolución impugnada, específicamente lo que ahora pretende alegar.

Por ello, el motivo de disenso constitucional en estudio tiene el carácter de novedoso y por lo mismo, deviene inoperante, al no encontrar sustento el examinar lo planteado bajo argumentos que no conoció la Sala Fiscal responsable, al no habérselos propuesto, en la especie, en el escrito de demanda, aun cuando como quedó precisado, el tema de competencia puede ser planteado en el amparo directo; sin embargo, se insiste, tal aspecto se surte cuando se controvierte la carencia de aquélla y no a su falta o indebida fundamentación, lo que permite concluir que no puede atenderse específicamente el planteamiento en análisis, en la forma en que lo vierte, por su novedad.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia 417 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página trescientos seis, que a la letra reza:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE. Los argumentos que se aducen en los conceptos de violación y que no se hicieron valer ante la Sala del Tribunal Fiscal que emitió la sentencia que constituye el acto reclamado, no pueden ser tomados en consideración, pues resultaría injustificado examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz del razonamiento o hechos que no conoció la Sala Fiscal responsable, al no haberse propuesto a la misma."

Por compartirse, se cita también la jurisprudencia VI.2o.A. J/7 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, página mil ciento treinta y siete, que a la letra reza:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas."

Dentro del mismo concepto de violación en análisis se expone que no se desprende de los numerales citados en la resolución impugnada que corresponda a la Administración Local de Recaudación de Tlaxcala la emisión de las resoluciones impugnadas, pues en tales numerales se citan determinadas facultades que podrán ejercerse siempre y cuando éstas no sean competencia de otras autoridades.

El concepto de violación es inoperante, en tanto que no controvierte eficazmente la conclusión a la que llegó la responsable en torno a este tópico.

Así es, la responsable determinó, en resumidas cuentas -considerando cuarto- que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada en el aspecto atinente a la competencia material de la autoridad demandada, para lo cual adujo que la fracción XXXVII del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria establece en forma genérica que se pueden imponer multas por infracción a las disposiciones fiscales materia de su competencia, pero que al también haberse citado la diversa fracción XXI del mismo numeral, de manera específica se refirió a la facultad de exigir la presentación de declaraciones, avisos, documentos e instrumentos autorizados, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos, e imponer la multa que corresponda.

A lo anterior, la responsable agregó:

"En esa virtud se considera que son suficientes los preceptos citados por la autoridad para acreditar que el acto combatido cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que al efecto exigen los artículos 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, resultando en consecuencia infundados los argumentos de la parte actora al respecto. A mayor abundamiento es de señalar que, el accionante sostiene que en los preceptos citados se aduce que la autoridad podrá imponer ‘multa que corresponda’ pero no se señala cuál es esa multa; sin embargo, esos argumentos también resultan infundados, toda vez que el hecho de que en esos preceptos no se señale en específico cuál es la multa correspondiente, ello en nada afecta la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, atento a que el Código Fiscal de la Federación contiene artículos que contemplan las infracciones y las sanciones que corresponden a esas sanciones (sic), por lo que es suficiente que el artículo que prevé la competencia de la autoridad contemple como facultades de ésta la relativa a imponer multas y se señalen las materias en que lo podrá hacer, para que se considere como debidamente fundada y motivada la competencia de la autoridad para imponer una sanción de ese tipo. En ese orden de ideas es dable señalar que la autoridad también citó los artículos 81, fracción I y 82, fracción I, inciso a), que son los que contemplan la infracción en que incurrió la empresa al no haber dado cumplimiento al requerimiento formulado por la autoridad y la sanción que corresponde imponer a esa sanción (sic), por lo que contrario a lo que aduce el accionante la resolución impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada por cuanto hace a la competencia material de la autoridad para imponer multas."

Como puede verse, la disconforme no rebate ninguno de los argumentos desarrollados por la Sala Fiscal para desestimar sus conceptos de impugnación primero, tercero y quinto de la demanda de nulidad, de manera que la simple manifestación genérica en el sentido de que no quedó justificada la competencia material de la autoridad demandada es insuficiente para que este tribunal determine si fue correcto o no el proceder de la responsable, de ahí la inoperancia.

Apoya lo anterior la jurisprudencia 38 que sostuvo la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veinticinco del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:

"AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."

Dentro del tercer concepto de violación se aduce que resulta contrario a derecho que la responsable determinara que al imponerse el monto mínimo de la multa no existe la obligación de motivarla, dado que se tomaron en cuenta todos y cada uno de los elementos necesarios para su individualización, razón por la cual dicha sanción se encuentra apegada a derecho.

El motivo de disentimiento es inoperante, porque atribuye aspectos de los que la sentencia reclamada no se ocupó, es decir, la Sala Fiscal en ningún momento sentenció lo que se discurre en el concepto de violación, motivo por el que debe declararse inoperante, al tenor de la jurisprudencia 1a./J. 26/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y nueve del Tomo XII, octubre de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante."

Dentro del mismo motivo de disentimiento se aduce que la responsable no se pronunció en el sentido de que se manifestó el desconocimiento de las operaciones aritméticas para arribar a la cuantía de la sanción impugnada; que también se desconoció la motivación del monto por el que se actualizó la multa.

Los conceptos de violación son inoperantes, en tanto que es inexacto que dichos argumentos se propusieran a la Sala Fiscal responsable, razón por la que no es dable que este tribunal los aborde.

Como apoyo de lo anterior se tienen aquí por reproducidas las tesis anteriormente transcritas intituladas: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE" y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL."

En el mismo concepto de violación se aduce que el artículo 82, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, únicamente prevé un mínimo y un máximo de sanción, pero no establece que para la individualización respectiva se deban tomar en cuenta los elementos del contribuyente, tales como su capacidad económica, su reincidencia, la gravedad de la infracción, lo que prohíbe el numeral 22 de la Constitución Federal; que la responsable no analiza si en el acto administrativo cuya nulidad se demanda se individualizó correctamente el monto de la sanción.

El concepto de violación es inoperante.

De inicio, debe mencionarse que en la sentencia reclamada la Sala Fiscal declaró la nulidad de la multa impugnada para el efecto de que la autoridad demandada la fundara adecuadamente, motivo por el que, contrario a lo que sostiene la disconforme, sí se advirtió por la responsable que la citada multa no se individualizó de manera correcta.

Por otro lado, en amparo directo puede analizarse la constitucionalidad de una norma aplicada tanto en el acto o resolución de origen como en la sentencia reclamada, mas el presupuesto necesario para llevar a cabo el estudio respectivo trae consigo que el dispositivo cuestionado se haya aplicado en perjuicio de quien alega su inconstitucionalidad.

De esa forma lo sostiene la jurisprudencia 2a./J. 53/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos setenta y ocho del Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, CUANDO SE IMPUGNEN POR SU APLICACIÓN EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN Y NO SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA). Cuando el juicio de amparo directo derive de un juicio de nulidad en el que se controvierta un acto o resolución en que se hubiesen aplicado las normas generales controvertidas en los conceptos de violación, y no se actualice el supuesto de suplencia de la queja previsto en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, para que proceda el estudio de su

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20006-e7f80e97/conceptos-de-violacion-en-el-amparo-directo-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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