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Modo: Corpus Pro

VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 527/2012. · Registro digital (IUS): 24369
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Pág. 1982.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 527/2012. 28 DE FEBRERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: MARÍA DEL ROCÍO CHACÓN MURILLO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los agravios son inoperantes en parte e infundados en otra.

En primer lugar, es inoperante el argumento relativo a que la sentencia recurrida viola los artículos 14 y 16 constitucionales, pues los Jueces de Distrito en los juicios de amparo ejercen la función de control constitucional y dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio para proteger los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que el recurso de revisión tiene la función de analizar que aquéllos se apeguen a las normas que regulan los procedimientos para asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pero no viola garantías individuales pues, de hacerlo, se le trataría como autoridad responsable ejerciéndose a través de la revisión un control constitucional sobre otro control constitucional, desnaturalizando así el juicio de garantías.

Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 35 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 28, con registro IUS 917569 que dispone:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

En otro contexto, el inconforme aduce que el Juez Federal soslaya los antecedentes narrados en la demanda de garantías, pues de ellos se advierte que una vez admitido el juicio ejecutivo mercantil, así como la prueba pericial en grafoscopia ofrecida por él, se tuvo a los demandados realizando ejercicios caligráficos, por aceptado y protestado el cargo del perito, y se acordó que el dictamen se presentó de manera extemporánea. Posteriormente, el incidente de nulidad de actuaciones admitido y sustanciado, se resolvió en el sentido de declararlo improcedente.

Lo cual le deja en estado de indefensión, ya que se desechó ilegalmente el dictamen emitido por el perito de su parte, en tanto que otorgó cinco días para presentarlo después de que se estamparan las firmas correspondientes, luego se cumplió con lo dispuesto por el numeral 1253, fracción IV, del Código de Comercio.

Agrega que el perito tomó placas fotográficas para sustentar el dictamen en el término de cinco días, pero la responsable se contradijo al desecharlo con la intención deliberada de beneficiar a la contraparte, lo que constituye una violación al procedimiento que deja en estado de indefensión, pues "desecha" una prueba importante en el juicio natural.

Que el desechamiento de la prueba le priva de los derechos procesales contenidos en el Código de Comercio, luego se incumple con las formalidades esenciales del procedimiento y se actúa con parcialidad; además esa actuación trascenderá al dictarse la sentencia correspondiente, ya que se tuvo por extemporánea de manera ilegal, una prueba vital para la resolución del juicio.

Los anteriores argumentos devienen inoperantes.

Se afirma lo anterior porque con dichos argumentos se combate el desechamiento de un elemento de convicción, empero el acto reclamado no lo constituye esa actuación sino la resolución de incidente de nulidad pues del capítulo respectivo en la demanda de garantías señaló:

"IV. Actos reclamados. De la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora, le reclamo la sentencia interlocutoria de fecha cinco de noviembre de dos mil doce, y que me fuera notificada con fecha catorce de noviembre del presente año, por el que se resuelve que se torna innecesario las defensas planteadas, toda vez que es improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el suscrito, a partir del auto de fecha cinco de marzo de dos mil doce y que me fue notificado por lista del nueve de marzo del año en curso, por ser violatorio el mismo de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, por su falta de aplicación e inobservancia."

Entonces, si el acto reclamado lo es la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones; ninguna trascendencia cobra el desechamiento de la prueba pericial y por ende no puede ser tomado en consideración para determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, de ahí la inoperancia de la totalidad de los agravios anteriores.

De igual forma, es inoperante el argumento relativo a que en el juicio natural se nota la parcialidad con que actúa el juzgador civil, ya que el dictamen de los demandados está glosado después del presentado por el perito de la parte actora, quejosa aquí recurrente, a pesar de que el primero es de fecha anterior.

Esto, porque tal alegación, es una cuestión de hecho no de derecho, ya que en absoluto combate las consideraciones vertidas en el auto recurrido, para evidenciar la ilegalidad del desechamiento de la demanda de garantías.

Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/63 emitida por este tribunal antes de su especialización, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página 377, con registro IUS 201588, que dispone:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN DEBEN REFERIRSE A DERECHOS. No son los agravios de hecho sino los de derecho, los que puede examinar el Tribunal Colegiado al fallar en la revisión, es decir, sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación de la ley, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que éste sea, el Tribunal Colegiado no podría remediarlo, mientras no se demuestre ante ellos que la sentencia ha sido dictada con infracción de un precepto legal."

En otro contexto, el revisionista señala que el desechamiento de la demanda de garantías le causa graves daños y perjuicios, así como le deja en estado de indefensión; lo cual se analiza con base en la causa de pedir, pues con lo expuesto se pone de manifiesto la inconformidad del revisionista con el auto recurrido.

Tiene aplicación la jurisprudencia 1, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 2001, Tomo VI, Materia Común, página 5, con registro IUS 920671, de rubro y texto siguientes:

"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última."

Pues bien, en la especie se considera que el desechamiento de la demanda de garantías es ajustado a derecho porque como bien lo precisó el Juez Federal, el acto reclamado consistente en la interlocutoria que decidió el incidente de nulidad de actuaciones, no es de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, como lo exige el numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo.

A fin de evidenciar lo anterior conviene destacar lo que disponen los numerales 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo.

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación."

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio".

"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad."

Por su parte, el artículo 161 de la indicada Ley de Amparo señala:

"Artículo 161. Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores solo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas: I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale. II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracción anterior o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en amparo contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia."

De la transcripción anterior se desprende que los actos emitidos dentro del juicio pueden ser reclamados en amparo indirecto sólo cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias afectan de modo inmediato alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución, a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera.

En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable, son aquellos que no tocan por sí tales valores, sino sólo afectan derechos adjetivos o procesales cuyos efectos de carácter formal o intraprocesal inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, dichas consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica.

Respecto de estos últimos, el amparo procedente es el directo, dado que puede impugnarse como una violación al procedimiento al combatir la sentencia que resulte desfavorable.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 154, con registro IUS 917723, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ‘ejecución irreparable’ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."

Ahora bien, si en la especie el acto reclamado lo es la resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones intentado dentro del juicio pues, acorde con los antecedentes narrados en la demanda de garantías, todavía se está en la etapa de desahogo de pruebas, es inconcuso que dicho acto no reúne las características exigidas por el artículo 46 de la Ley de Amparo, para ser considerada como sentencia definitiva, ni como resolución que pone fin al juicio.

Por lo que, desde esa perspectiva, la resolución del incidente de nulidad de actuaciones en modo alguno es impugnable a través del amparo directo conforme al artículo 158 del ordenamiento legal antes mencionado; en consecuencia debe determinarse si por excepción, procede el amparo indirecto al constituir una resolución en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, o bien, en su caso, el directo, por ser una violación cometida durante la secuela del procedimiento, que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo.

Pues bien, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate.

En dichos casos es procedente el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida de ningún modo desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses.

Tampoco pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, ya que al obtener sentencia favorable se reparan y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo.

Esto, pues al momento en que se producen, en absoluto tocan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado.

Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso.

De ahí que la interlocutoria que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, no es un acto en el juicio que tenga una ejecución de imposible reparación, porque únicamente produce efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva o la que ponga fin al juicio, resulta al final favorable a los intereses del quejoso, de lo contrario, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga contra el mencionado fallo.

Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes de procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo al prever:

"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad."

Entendiéndose por los términos genéricos en que está redactado el precepto transcrito, que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, en la negativa a nulificar aquellas que lo agravian, así como cuando se declara improcedente, según aconteció en la especie, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto.

En consecuencia, es claro que por regla general, cuando el acto reclamado consiste en la resolución que dirimió un incidente de nulidad, ya sea en un sentido o en otro, la misma debe combatirse en el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva o del fallo que ponga fin al juicio, por ser una violación al procedimiento, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley de Amparo, con la única salvedad de que si con motivo de aquel tipo de resoluciones se afectan en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos del quejoso, entonces éste podrá reclamarlas de inmediato ante el Juez de Distrito, a través del amparo indirecto.

Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 321 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 270, con registro IUS 917855, que establece:

"NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.-La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo ‘cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad’; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquellas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta."

Así como la tesis aislada emitida por este tribunal antes de su especialización, al fallar el amparo en revisión 357/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, página 328, con registro IUS 221225, de rubro y texto siguientes:

"-La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino se trataría en su caso de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse, en su caso, la demanda de garantías en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley."

Así como, en el presente caso, la resolución que dirime el incidente de nulidad de notificaciones, encuadra de manera perfecta en el supuesto previsto por la fracción V del artículo 159, por lo que debe hacerse valer dicha violación en el juicio de amparo directo, que en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva, por tales motivos, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, es ajustada a derecho.

Cabe agregar, a mayor abundamiento, que aun en el supuesto de tener como acto reclamado el desechamiento de la pericial en grafoscopia, esa actuación tampoco constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta derechos sustantivos ni procesales ya que encuadra en una violación procesal reclamable en amparo directo; de ahí que ni por ello procedería el juicio de garantías.

Lo anterior, porque el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo prevé:

"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley."

En las relatadas condiciones, ante lo inoperante e infundado de los agravios hechos valer y al no actualizarse hipótesis alguna de las previstas por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, procede confirmar el auto recurrido.

Por lo expuesto, así como con fundamento en los artículos 83, fracción I, 85, fracción I, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el auto sujeto a revisión.

SEGUNDO.-Se desecha de plano por improcedente la demanda de garantías promovida por ********** a través del endosatario en procuración contra el acto que reclamó del Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla precisado en el antecedente primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así por unanimidad de votos lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Raúl Armando Pallares Valdez, Gustavo Calvillo Rangel y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente la tercera de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24369-ea319731/violacion-a-las-leyes-del-procedimiento-reclamable-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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