Corpus
Modo: Corpus Pro

RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 540/2016. · Registro digital (IUS): 28828
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-07-05
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Pág. 2076.

AMPARO EN REVISIÓN 540/2016. 14 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE HIGUERA CORONA. SECRETARIA: ANGÉLICA DAYAMI AVILÉS PIGGEONOUNTT.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—No se analizarán la sentencia recurrida ni el agravio formulado en su contra, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte oficiosamente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que en el presente caso se actualiza de manera preferente una causal de improcedencia sobre la de sobreseimiento que estimó el Juez de Distrito, como se verá a continuación.

En efecto, la quejosa señaló como autoridades responsables, entre otras, a los integrantes del comisariado de bienes comunales y a los del consejo de vigilancia de esos bienes, de **********, Municipio de **********, Estado de Puebla, a quienes les atribuyó actos de desposeimiento "de la tierra a que tengo derecho" en esa comunidad. (fojas 2 y 3)

En el considerando tercero de la sentencia recurrida (fojas 166 vuelta a 167 vuelta), el Juez Federal estimó actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por negativa de actos no desvirtuada respecto del comisariado y del consejo de vigilancia de bienes comunales.

La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no.

Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le atribuye es o no cierto.

No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada autoridad se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede emitir el acto que se le atribuye.

En el presente caso, este Tribunal Colegiado considera que el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales señalados como autoridades responsables por la quejosa, no tienen tal carácter para efectos del juicio de amparo, motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."

Cabe destacar que, advertida de oficio la aludida causal de improcedencia, se procedió a dar vista a la quejosa recurrente, en cumplimiento a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, que establece que: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga."

Lo anterior, de conformidad también con la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 8 y 9, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas», cuyo contenido es el siguiente:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad."

Este Tribunal Colegiado ordenó dar vista a la quejosa recurrente, en acuerdo tomado en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, para lo cual, se otorgó el plazo correspondiente, sin que aquélla haya realizado manifestación alguna al respecto.

En efecto, tal como se adelantó, en la especie, el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales no tienen la calidad de autoridades responsables, en su expresión formal, ni son particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación.

De conformidad con dicho precepto legal, es autoridad responsable la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, sin requerir para ello de acudir ante los órganos jurisdiccionales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Por su parte, un particular podrá tener la calidad de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la porción normativa en consulta y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Es conveniente aludir a la contradicción de tesis 423/2014, sustentada por los Tribunales Colegiados Décimo Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, publicada a partir de la página 1747, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en cuya ejecutoria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que si bien el citado precepto legal prevé la posibilidad de controvertir a través del juicio de amparo actos de particulares, no es posible que se reclamen todos ellos, aun cuando puedan dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general.

Y a fin de delimitar las posibilidades de que en el juicio de amparo se controviertan éstos, señaló como características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, las siguientes:

• Que realice actos equivalentes a los de autoridad; esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido.

• Que afecte derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas.

• Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad.

La ejecutoria en consulta originó la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 1797 y 1798 del Libro y Tomo de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de octubre de 2015 a las 11:30 horas» antes indicados, cuyo contenido es el siguiente:

"ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción indicada, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, las AFORES que, en cumplimiento a los artículos 109, fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, así como los párrafos tercero, cuarto, quinto y octavo de la Regla I.3.10.5 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el año 2013, retienen el impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a los trabajadores titulares de las subcuentas, sino como auxiliares del fisco federal y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de los contribuyentes."

Estos lineamientos son útiles para emprender el análisis, a fin de determinar cuándo un particular puede tener la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para ello, es menester atender a las particularidades de cada caso.

En la especie, los artículos 99, 100, primera parte, 104, primer párrafo y 107 de la Ley Agraria establecen lo siguiente:

"Artículo 99. Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son:

"I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra;

"II. La existencia del comisariado de bienes comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre;

"III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y

"IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal."

"Artículo 100. La comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en distintas porciones según distintas finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus bienes. ..."

"Artículo 104. Las comunidades que quieran adoptar el régimen ejidal podrán hacerlo a través de su asamblea, con los requisitos previstos en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley."

"Artículo 107. Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este capítulo."

Entre esas disposiciones destacan los numerales 32, 33 y 36 de la Ley Agraria, que establecen lo siguiente:

"Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Éste habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente."

"Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado:

"I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas;

"II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios;

"III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas;

"IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren;

"V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido."

"Artículo 36. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia:

"I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea;

"II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado;

"III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y

"IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido."

De conformidad con los preceptos antes transcritos, el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales son órganos de la comunidad encargados, respectivamente, de lo siguiente:

1. De la ejecución de los acuerdos de la asamblea de comuneros, representarla y realizar las gestiones administrativas; entre sus facultades se encuentran la de representación y administración, como si fuera un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas; convocar a la asamblea, cumplir los acuerdos de ésta, dar cuenta con las actividades realizadas y con el movimiento de fondos.

2. Vigilar los actos del comisariado, revisar cuentas y operaciones que realice éste a fin de darlas a conocer a la asamblea, convocar a ésta cuando no lo haga el comisariado y las demás que señale la ley y su reglamento interno.

De lo anterior se concluye que no son autoridades en sentido lato para efectos del juicio de amparo, al constituir meros órganos de representación y administración, cuya actuación es esencialmente en sus respectivos ámbitos, como apoderado general de la asamblea, ejecutor, representante y vigilante de las decisiones de ésta.

Sirven de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 44 y 45, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, «julio a diciembre de 1981», Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos contenidos son los siguientes:

"AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO.—Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes."

"AGRARIO. COMISARIADO Y CONSEJO DE VIGILANCIA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN AGRARIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.—El comisariado y el consejo de vigilancia de un núcleo de población comunal no son autoridades para los efectos del juicio de amparo, en atención a que sus atribuciones legales sólo los faculta para actuar como órganos de dirección del poblado correspondiente; en consecuencia, es intrascendente la confesión de que efectuaron el despojo en que se hace consistir el acto reclamado por acuerdo de la asamblea general de comuneros, si no se encuentra acreditado que el desposeimiento que llevaron a cabo de las tierras de la quejosa derive de alguna orden emitida por una autoridad."

Por consiguiente, en el presente asunto, el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales no actúan en un plano de supra a subordinación y con imperio, sino como entes particulares frente a otros, pues se les reclama la orden verbal para desposeer a la quejosa de la porción de tierra cuya titularidad dice corresponderle; sin embargo, no puede considerarse como acto de autoridad, sino en el plano de una disputa entre particulares por la posesión del terreno en litis.

De este modo, la orden verbal reclamada no tiene las características propias de un acto de autoridad, ni es equivalente en los términos del segundo párrafo de la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que por sus propias particularidades, los integrantes de los órganos de representación comunal (de ser el caso y sin prejuzgar) despliegan actos que si bien podrían afectar a la quejosa, sería en un plano de igualdad, entre particulares; esto es, sin imperio ni bajo norma legal que los faculte para desplegar esa actuación, sino motu proprio.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el acto que se le imputa al comisariado y al consejo de vigilancia de bienes comunales, no satisface los tres requisitos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.); cuenta habida que la orden verbal que se reclama, de ser el caso, no se emitiría en forma unilateral, ni es obligatoria por sí misma, y tampoco gozaría de imperium; aun cuando podría causar algún tipo de afectación, no tendría el efecto de crear, modificar o extinguir, de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera jurídica de la quejosa y, aunque sus funciones estén determinadas en una norma general, la orden verbal no derivaría, de ser el caso, de ésta, sino del conflicto entre particulares en un plano de igualdad.

En virtud de lo anterior, como se señaló con antelación, al no tener el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales señalados con tal carácter, se actualiza la causal de improcedencia invocada oficiosamente por este Tribunal Colegiado, razón por la cual, lo procedente es, en la materia del recurso, confirmar la sentencia recurrida, aun cuando por diverso motivo legal, y sobreseer al respecto en el juicio de amparo.

Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver, por unanimidad de votos, el recurso de queja 34/2017, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 81, fracción I, 84, 86, 87, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.—Queda intocada la concesión del amparo, en términos del considerando tercero de esta resolución.

SEGUNDO.—En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida, aun cuando por diverso motivo legal.

TERCERO.—Se sobresee en el juicio de garantías 1421/2016 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en términos del considerando cuarto de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge Higuera Corona, Luis Manuel Villa Gutiérrez y Diógenes Cruz Figueroa, siendo relator el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción IV y penúltimo párrafo, 18, fracción II y 20 fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28828-9aa0d93b/responsable-que-no-es-autoridad-para-efectos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.