AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO ES EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CUANDO CONFIRMA LA BAJA DE UN ALUMNO. AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente contradicción de tesis, atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997 del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de la competencia por materia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al envío de asuntos competencia del Pleno a dichas Salas, aprobado el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete y publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de ese mismo año, toda vez que se presenta una denuncia de contradicción de tesis en materia administrativa.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis es procedente en función del órgano colegiado que la formula, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establecen, en la parte conducente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"Fracción XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"...
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."
Ley de Amparo.
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos antes reproducidos establecen los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación, a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Tanto el artículo 107, fracción XIII del Código Político, como el 197-A de la Ley de Amparo, establecen que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios. Como se advierte, la enumeración de los órganos, servidores públicos o personas que pueden denunciar la contradicción es limitativa y se reduce a los anteriormente señalados.
En el presente caso, la contradicción de tesis es denunciada por los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que tuvo el carácter de contendiente. De esta forma, al estar facultado dicho órgano jurisdiccional, en su calidad de contendiente por la Constitución y por la Ley de Amparo para hacerla, la presente denuncia de contradicción de tesis debe estimarse procedente.
TERCERO. Los razonamientos vertidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la resolución de veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, recaída en el amparo en revisión RA-4853/97, promovido por Norberto Martell Montoya, en la cual se asienta lo siguiente:
"QUINTO. No se analizan los conceptos de agravio en virtud de que este tribunal procede a corregir un error contenido en la sentencia de amparo. La anterior determinación encuentra sustento en la tesis visible a fojas 180, del Tomo IV, octubre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas, dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que pueda depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: «SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUANDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.», en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele.’. En efecto, este tribunal advierte que el a quo consideró que fue en la resolución de seis de mayo de mil novecientos noventa y siete emitida por la Comisión Dictaminadora del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República en la que se confirmó la diversa de dieciocho de abril del mismo año, mediante la cual se dio la baja definitiva del Curso de Formación Inicial para Agentes de la Policía Judicial Federal 1996-1997, al quejoso. Lo anterior es incorrecto, toda vez que la señalada resolución de seis de mayo de mil novecientos noventa y siete no es más que un dictamen, que si bien sirvió de base para confirmar la baja, lo cierto es que fue mediante resolución de ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete emitida por el director general del mencionado instituto, en la que se confirmó la baja, situación que pone de manifiesto que es esta última resolución la que se reclama. En tal virtud se tiene como acto reclamado la resolución de ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete y como autoridad responsable al director general del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República y no la de seis de mayo de mil novecientos noventa y siete emitida por la comisión dictaminadora del mencionado instituto. Es cierto que la Comisión Dictaminadora del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República, emitió el dictamen de seis de mayo de mil novecientos noventa y siete, sin embargo éste no constituye el acto que se reclama en el presente juicio de garantías consistente en la confirmación de la baja del quejoso; en tal virtud al no ser atribuible a dicha autoridad ningún acto reclamado debe sobreseerse en el juicio con fundamento en la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. Es cierto que el director general del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República emitió el oficio DG/691/97 de ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete mediante el cual se confirma la resolución de dieciocho de abril del mismo año. Pues así lo manifiesta al rendir su informe con justificación, además que la existencia de dicho acto se corrobora con la resolución que se combate, misma que obra a fojas 35 de autos, aspecto que omitió considerar el Juez Federal. Por ser de orden público, este tribunal se aboca al análisis de las causas de improcedencia que se hacen valer en relación al acto que en esta resolución se tiene como reclamado. Al respecto el director general del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República aduce que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al quejoso no se le afecta su esfera jurídica con el acto reclamado. Lo anterior es infundado, toda vez que tomando en cuenta que el acto reclamado lo constituye la confirmación de baja del quejoso como alumno del Curso de Formación Inicial para Agentes de la Policía Judicial Federal generación 1996-1997, es claro que dicho quejoso tenía un derecho adquirido como alumno, el cual se ve afectado con tal determinación, lo cual agravia su esfera jurídica. No es óbice para estimar lo anterior, lo manifestado por el citado director general en el sentido de que la baja obedeció a que el quejoso no cumplió con los requisitos de la convocatoria para aspirantes al citado curso, pues el quejoso fue aceptado como alumno y el hecho de que con posterioridad se haya determinado decretar su baja por incumplimiento a diversos requisitos, ello no implica que no haya contado con un derecho que se ve afectado con el acto reclamado. El mismo director general del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República, manifiesta que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII en relación con el 11 de la Ley de Amparo, en virtud de que el oficio número DG/691/97 de ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete no puede tenerse como un acto de autoridad ya que el Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República se equipara a una institución docente, que por su naturaleza impide que las determinaciones que éste tome, contengan una facultad de imperio del que deben estar revestidos los actos de autoridad. La referida causa de improcedencia debe desestimarse y para ello debe citarse la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 118 del Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: «AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término <autoridades> para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.», cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.’. Del anterior criterio se advierte que a lo que debe atenderse a fin de establecer si una autoridad tiene ese carácter para efectos del amparo, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, es a las particularidades del acto, esto es, a que si con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los gobernados, ejerciendo así facultades decisorias que les atribuye la ley y que por tanto constituyen una potestad administrativa. Ahora bien, lo señalado por el director general del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República en el sentido de que el mencionado instituto se equipara a una institución docente y que por tanto no tiene facultades de imperio respecto a sus determinaciones, no implica que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo, pues como ya se vio, a lo que debe atenderse es a las particularidades del acto. En la especie se trata de un acto unilateral emitido por un órgano desconcentrado que en ejercicio de su potestad administrativa extingue por sí y ante sí una situación jurídica que afecta la esfera jurídica del quejoso al confirmar su baja como alumno del Curso de Formación Inicial para Agentes de la Policía Judicial Federal. En tales condiciones resulta infundada la causa de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 11 de la Ley de Amparo. Debe precisarse que la anterior causa de improcedencia, fue considerada fundada por el a quo con apoyo en una tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual puede consultarse a fojas 246 del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 1997, que establece: ‘INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el instituto de capacitación es un órgano desconcentrado que no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en atención a que carece de facultades de imperio y, por ende, es improcedente la acción constitucional cuando se reclama la determinación de los titulares de la dependencia que se traduce en privar al quejoso de su calidad de alumno.’. El anterior criterio resulta contradictorio al sostenido por este tribunal en el presente asunto, por lo que debe denunciarse su contradicción de conformidad con el artículo 197-B de la Ley de Amparo. Al haber resultado infundadas las causas de improcedencia analizadas, y toda vez que aquella que condujo a sobreseer en el juicio al a quo, en la materia de la revisión, es idéntica a la segunda de las a quo desestimadas, procede revocar la sentencia recurrida a este tribunal con fundamento en la fracción III del artículo 91, de la Ley de Amparo procede a analizar los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías."
CUARTO. Las consideraciones sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y siete en el amparo en revisión RA 46/97, promovido por Alfredo Vladimir Nevárez Nava, son del tenor literal siguiente:
"QUINTO. Resulta innecesario estudiar los agravios que se hacen valer en atención a que, en la materia de la revisión, se surte una causal de improcedencia que por ser de orden público y estudio preferente se invoca de oficio en respeto a la jurisprudencia número 814 que se puede consultar a fojas 553 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, 1917-1995 que, a la letra, dice: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualesquiera que sea la instancia.’. Efectivamente, conforme al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República el instituto de capacitación es un órgano desconcentrado que no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo en atención a que carece de facultades de imperio y, por ende, la acción constitucional en contra de los titulares de la dependencia que lo integran que, como en el caso sucede, se traducen en privar al quejoso de su calidad de alumno del instituto de capacitación y sus consecuencias, es improcedente lo que lleva a revocar, en la materia de la revisión, la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 1o., 11, 114 y 116, fracción III, todos estos ordenamientos de la propia Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu y 74, fracción III del propio cuerpo legal; en la inteligencia que el sobreseimiento respecto de las ordenadoras debe abarcar a las ejecutoras cuando como en el caso sucede, no se controvierten por vicios propios."
QUINTO. Existe la contradicción de tesis que se denuncia, en virtud de que frente a los mismos supuestos, los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron en sentido contrario. En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que el director general del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República, cuando confirma la baja de un alumno de la mencionada institución es autoridad para efectos del amparo, por lo que no es procedente sobreseer en el juicio con fundamento en la aplicación de los artículos 73, fracción XVIII y 11 de la Ley de Amparo.
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que se surtía en la especie la causal de improcedencia derivada de la aplicación de los mismos preceptos señalados anteriormente, al estimar que el director general del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República no es autoridad para los efectos del amparo al ordenar la baja de un alumno de la referida institución.
De la recapitulación efectuada precedentemente se advierte que los Tribunales Colegiados contendientes sostienen criterios divergentes sobre si el director general del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República es autoridad para los efectos del amparo. De esta forma, el punto de la presente contradicción de tesis es determinar si el referido servidor público tiene o no ese carácter cuando confirma la baja de un alumno del instituto de capacitación de la procuraduría.
SEXTO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia la tesis de esta Sala que en lo sustancial recoge el criterio jurídico vertido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, atento a lo siguiente:
Es necesario en primer término precisar el término de "autoridad", para los efectos del juicio de amparo.
El artículo 103 constitucional establece:
"Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
"I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.
"II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, y
"III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal."
Ni este precepto ni el artículo 107 de la propia Carta Magna, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, definen el término "autoridad".
Tampoco en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales invocados precedentemente se definió el vocablo aludido; en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales se establece:
"Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."
Es decir, el legislador únicamente aludió a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio.
Con el propósito de ilustrar los antecedentes y la evolución que ha tenido el concepto de autoridad responsable cabe realizar la transcripción de lo expuesto por el tratadista Alfonso Noriega Cantú en su obra Lecciones de Amparo (cuarta edición, México, Editorial Porrúa, 1993, Tomo I, páginas 342 a 345):
"I. El juicio de amparo, como he establecido, se inicia en nuestro derecho público en el documento constitucional que se conoce con el nombre de Voto de la minoría de 1842; se consigna por primera vez en nuestro derecho positivo en el Acta de Reformas de 1847 y define su forma definitiva, su propia fisonomía jurídica, en la Constitución de 1857; más tarde se expidieron las diversas leyes orgánicas de los artículos constitucionales respectivos, desde la de 1861, hasta las reformas sustanciales de 1950 y 1968.
"A través de este periodo, en que nuestro juicio de amparo fue desenvolviéndose en los textos de nuestros diferentes documentos constitucionales, la institución adquirió su carácter propio y afirmó sus elementos constitutivos esenciales. Estos elementos, estimo, son los siguientes: es un juicio de carácter constitucional que se tramita ante los tribunales federales, precisamente en contra de las autoridades y nunca de los particulares y que tiene como finalidad proteger al individuo en el goce de sus garantías constitucionales y mantener el equilibrio entre las soberanías de la Federación y de los Estados.
"II. De estos caracteres esenciales, se destaca la circunstancia de que el juicio de amparo no puede ser hecho valer sino en contra de las autoridades. Tal y como concibió la institución su creador, don Mariano Otero, por medio del juicio de amparo, se creó un sistema de defensa de los particulares en contra del Estado y se procuró por tanto por medio del juicio constitucional, poner a cubierto a los individuos de las violaciones a sus derechos públicos que pudieran cometer precisamente las autoridades. Se trata, en conclusión, de un sistema de protección de los derechos del hombre en contra de sus violadores posibles, que no pueden ser otros que aquellos en contra de los cuales tales derechos han sido instituidos, en contra de los detentadores de la fuerza y del poder públicos.
"Este principio fundamental del juicio de amparo, que se deriva de su propia naturaleza y de sus fines, ha hecho que a través de las diferentes reglamentaciones de la institución, ya sea en los textos constitucionales que se han elaborado al efecto, o bien en las leyes orgánicas que se han promulgado, se sostenga el principio de que el juicio de amparo sólo procede en contra de las autoridades. La Constitución Política en vigor sostiene este criterio en las tres fracciones del artículo 103 constitucional, cuando afirma que los tribunales de la Federación conocerán de las leyes y actos de las autoridades que violen las garantías individuales o bien impliquen invasión de la soberanía de la Federación o de los Estados y reitera este principio en las fracciones respectivas del artículo 107 constitucional, así como en los artículos 1o., fracciones II y III, y 116, fracción VI, de la Ley de Amparo.
"En esta situación es evidente que la técnica jurídica al ponerse en ejecución los textos constitucionales y reglamentar los relativos al juicio de amparo, ha tenido necesidad de elaborar una tesis respecto de lo que deba entenderse por autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de garantías. El concepto autoridad como la mayor parte de los conceptos jurídicos, no es unívoco, sino eminentemente equívoco, es decir, su connotación puede ser muy diversa, razón por la cual la interpretación y aplicación de dichos conceptos, provoca sin duda alguna, dificultad en la práctica.
"Por otra parte, debido a la proliferación de los órganos del Estado y a la complejidad cada vez mayor de dichos órganos y de sus auxiliares, se presentan muchas situaciones, que podríamos denominar de ‘penumbra’, en las que es bien difícil determinar cuándo se trata de una verdadera autoridad y en consecuencia, sus actos pueden ser impugnados por el juicio de amparo, o bien se está en presencia de una entidad que carece de las calidades necesarias para ser considerada como tal y, por tal razón, el juicio constitucional es improcedente para combatir la constitucionalidad de sus actos.
"Corresponde en esta cuestión, como en otras muchas de nuestro derecho constitucional, la honra al ilustre presidente de la Corte, don Ignacio L. Vallarta, de haber señalado la ruta y el camino para definir el concepto de autoridad para los efectos del amparo.
"Para mayor claridad, intentaré un compendio de la tesis de Vallarta:
"1. El amparo jamás juzga de la legitimidad de las autoridades, sino de su competencia.
"2. El amparo tiene como finalidad garantizar al individuo el goce de sus libertades individuales, protegerlo contra las arbitrariedades de las autoridades, aun las de facto.
"3. En principio, en un régimen de derecho, no pueden existir autoridades que no deriven su competencia de la ley; pero, es indudable que las entidades que tienen prima facie -de hecho- las características de tales y actúan en consecuencia, deben ser consideradas como autoridades y, por tanto, sus actos, cuando afectan los derechos de los particulares, pueden ser enjuiciados a través del juicio de ampar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5510-a4ddc440/autoridad-para-efectos-del-juicio-de-amparo-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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