RENTA. DEL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA LEY RELATIVA A DICHO IMPUESTO, VIGENTE EN 1989 Y 1990, SE INFIERE QUE LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES CONSTITUYEN CUENTAS POR COBRAR PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL COMPONENTE INFLACIONARIO DE LOS CRÉDITOS. RENTA. LA JURISPRUDENCIA QUE ESTABLECE QUE LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES NO SON DEDUCIBLES COMO CUENTAS POR COBRAR PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY RELATIVA A DICHO IMPUESTO, VIGENTE EN 1981, RESULTA INAPLICABLE AL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN IV, INCISO B), VIGENTE EN 1989 Y 1990. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 2973/97 con fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete, determinó:
"SEXTO. La parte quejosa de manera sustancial, aduce que la sentencia impugnada es violatoria del artículo 16 constitucional al haber interpretado y aplicado en perjuicio de la quejosa el artículo 7o. B, fracción IV, inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en mil novecientos noventa, toda vez que al declarar la nulidad de la resolución combatida con base en la segunda consideración de la sentencia, dejó de tomar en cuenta que los anticipos a proveedores constituyen créditos susceptibles de ser considerados para el cálculo del componente inflacionario, ya que constituyen cuentas por cobrar. El concepto de violación resulta infundado. En efecto, este órgano colegiado al resolver en sesiones de treinta de enero y catorce de junio de mil novecientos noventa y seis, por mayoría de votos, el RF-1713/95, Pizza Hut Mexicana, S.A. y RF-2953/95, Compañía Medicinal La Campana, S.A. de C.V., sostuvo que los ‘anticipos a proveedores’ no constituyen créditos, y que no deben ser considerados como cuentas por cobrar, con base en las consideraciones siguientes. Como un antecedente de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta ocurrida en mil novecientos ochenta y seis, en concreto por lo que se refiere al artículo 7o. B, cabe señalar algunos aspectos relevantes de la exposición de motivos formulada por el presidente de la República y que son del tenor siguiente: ‘Debido a la gran importancia que tiene el sistema fiscal dentro de la política económica es necesario romper con el círculo vicioso que ha existido entre el proceso inflacionario y la caída de los ingresos tributarios. La inflación ha generado un deterioro en la recaudación tributaria que tiende a perpetuar la situación deficitaria de las finanzas públicas y retroalimentar la inflación. El impacto negativo sobre los ingresos tributarios, se debe, principalmente, a la erosión de las bases gravables de los impuestos y al tiempo transcurrido entre la causación del gravamen y su entero al erario federal. Esta situación provoca, ante un gasto público determinado, un déficit superior al originalmente previsto y una necesidad de financiarlo con los escasos recursos existentes en la economía. La demanda excesiva por recursos prestables generada, provoca no sólo un mayor costo financiero para el sector público y privado, sino, además, un mayor gasto público, por concepto de intereses y consecuentemente, un mayor déficit, así como un mayor costo financiero para las empresas, que finalmente se traduce en mayores precios e inflación. La necesidad de continuar con el esfuerzo por llevar a cabo un cambio estructural en la economía, impide la posibilidad de posponer el efectuar una reforma tributaria de tipo estructural ... este año se presenta a su consideración modificaciones que tienden a eliminar las disposiciones que causan en el aparato productivo y distributivo nacional la existencia de un proceso inflacionario y un esquema tributario no diseñado para operar en esas circunstancias. Asimismo, se busca reintegrar al impuesto sobre la renta la característica de justicia y equidad con que siempre ha contado, al permitirle gravar a cada contribuyente de acuerdo a su capacidad de pago. Finalmente, estos cambios están también encaminados a recuperar la capacidad recaudatoria del impuesto ... Esta iniciativa plantea corregir la asimetría en el tratamiento de algunos rubros de la base impositiva y otorgar un tratamiento adecuado a los distintos conceptos acorde con la situación inflacionaria en que nos encontramos ... Un paso importante lo constituye el reconocimiento a la pérdida de valor de activos y pasivos no onerosos, valor que ahora se ajustará utilizando factores de revaluación. Congruentemente con lo anterior, se propone permitir a la empresa la revaluación de la depreciación de todos sus bienes de activo fijo. Adicionalmente, se revalúan las pérdidas de las empresas y las aportaciones netas de capital de los accionistas ... Con el objeto de llevar a cabo las modificaciones aquí planteadas de la forma más suave posible, ya que se debe reconocer que el problema del apasivamiento de las empresas no se puede corregir súbitamente y es una situación producto de muchos años de distorsión en el sistema, se propone crear un sistema de transición de cuatro años en el cual las empresas pagarán un monto de impuestos que será una mezcla de la aplicación de tasas reducidas para ambas bases del impuesto ... Como se habrá observado, en ningún momento se da un beneficio adicional a los contribuyentes en virtud del periodo de transición, sino únicamente se facilita el abandono del sistema tradicional y la incorporación al sistema nuevo ... Lo anterior no implica que los contribuyentes que tengan que determinar su base gravable conforme a las disposiciones del denominado sistema nuevo, se vayan a ver favorecidos en el lapso de transición comprendido entre el 1o. de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1990, pagando sólo el impuesto que les resulte conforme a dicho sistema en los porcentajes apuntados en el párrafo anterior; sino que adicionalmente deberán, durante el periodo de transición de referencia, determinar la base gravable de acuerdo básicamente, con las disposiciones de la ley de la materia vigente al 31 de diciembre de 1986, aplicables a las actividades empresariales, están obligados a pagar en el primer año ... del impuesto que les corresponda conforme a este sistema tradicional ...’. Por su parte, en la exposición de motivos de mil novecientos ochenta y siete, se señala lo siguiente: ‘Para evitar interpretaciones erróneas o confusiones en la aplicación del artículo 7o. B, se reforman las fracciones I y II ... En la fracción IV, se incorporan algunas definiciones de créditos, así como las fechas inicial y final del periodo durante el cual las cuentas y documentos por cobrar, se considerarán créditos para la determinación del componente inflacionario.’. Ahora bien, el artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor en mil novecientos noventa, señala lo siguiente: ‘Artículo 7o. B. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, determinarán por cada uno de los meses del ejercicio, los intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria, acumulables o deducibles, como sigue: I. De los intereses a favor, en los términos del artículo 7o. A de esta ley, devengados en cada uno de los meses del ejercicio, se restará el componente inflacionario de la totalidad de los créditos, inclusive los que no generen intereses. El resultado será el interés acumulable. En el caso de que el componente inflacionario de los créditos sea superior a los intereses devengados a favor, el resultado será la pérdida inflacionaria deducible. Cuando los créditos no generen intereses a favor, el importe del componente inflacionario de dichos créditos será la pérdida inflacionaria deducible. II. De los intereses a cargo, en los términos del artículo 7o. A de esta ley, devengados en cada uno de los meses del ejercicio, se restará el componente inflacionario de la totalidad de las deudas, inclusive las que no generen intereses. El resultado será el interés deducible. Cuando el componente inflacionario de las deudas sea superior a los intereses devengados a cargo, el resultado será la ganancia inflacionaria acumulable. Cuando las deudas no generen interés a cargo, el importe del componente inflacionario de dichas deudas será la ganancia inflacionaria acumulable. III. El componente inflacionario de los créditos o deudas se calculará multiplicando el factor de ajuste mensual por la suma del saldo promedio mensual de los créditos o deudas, contratados con el sistema financiero o colocados con su intermediación y el saldo promedio mensual de los demás créditos o deudas ... IV. Para los efectos de la fracción III se considerarán créditos los siguientes: ... b) Las cuentas y documentos por cobrar, a excepción de las siguientes ... 6. Cualquier cuenta o documento por cobrar cuya acumulación esté condicionada a la percepción efectiva del ingreso ...’. Como puede observarse de la exposición de motivos de la ley en comento y del contenido del propio precepto en lo particular, puede advertirse la incidencia de la inflación en la determinación de los intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria, acumulables o deducibles, y, la repercusión que para ello implica el componente inflacionario, por el cual puede determinarse la deducibilidad o en su caso, la acumulación de los intereses, créditos o deudas. Ahora bien, haciendo un análisis del precepto de la Ley del Impuesto sobre la Renta antes transcrito y tomando en consideración que es un precepto de interpretación estricta que no admite aplicación analógica (como acontece en tratándose de los elementos que conforman el componente inflacionario para efectos de deducibilidad o acumulación), en términos de lo ordenado por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, este tribunal concluye que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7o. B, fracciones III y IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en mil novecientos noventa, los anticipos a proveedores no pueden estimarse como cuentas por cobrar que encuadren en el concepto de crédito para efectos inflacionarios a que alude la fracción III del numeral en cita. En efecto, este tribunal ha sostenido en la tesis consultable en la página cuatrocientos veintiocho, Sexta Parte, Volúmenes doscientos cinco a doscientos dieciséis, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que los anticipos a proveedores no son cuentas por cobrar deducibles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, fracción II, inciso B), vigente en mil novecientos ochenta y uno, criterio este último que se adecua en forma analógica a la hipótesis que ahora se examina, en cuanto a los aspectos que han de prevalecer en tratándose del concepto de cuentas por cobrar y ello en épocas de inflación. El criterio mencionado es del tenor siguiente: ‘RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO B) VIGENTE EN 1981. LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES NO ERAN DEDUCIBLES COMO CUENTAS POR COBRAR. Para efectos del impuesto al ingreso global de las empresas, el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año de mil novecientos ochenta y uno se autoriza la deducción de la cantidad que resulte de aplicar un factor predeterminado por el Congreso de la Unión al promedio mensual de ciertos activos financieros, mismos que son señalados en forma taxativa y no ejemplificativa en las tres fracciones del precepto en estudio, una de las cuales se refiere a las cuentas por cobrar. Entendiendo a las cuentas por cobrar como créditos en numerario constituidos en favor de la empresa, no es posible incluir en esta categoría a los anticipos a proveedores puesto que tales anticipos no crean directa o inmediatamente en favor de la empresa ningún adeudo en numerario, es decir, ningún crédito pagadero en pesos, sino que la convierte en sujeto activo de una relación obligacional gracias a la cual puede exigir al sujeto pasivo o contratante cierta contraprestación. Desde luego, no es óbice a lo anterior que de este vínculo contractual pueda derivarse en el futuro un crédito en favor de la empresa por concepto de indemnización ante el incumplimiento del proveedor, porque no sólo la exigibilidad sino incluso el nacimiento de ese débito está sujeto a la realización de un fenómeno futuro y totalmente incierto como lo es el incumplimiento del proveedor o la terminación del convenio por cualquier motivo distinto, fenómeno que precisamente por incierto no puede ser invocado de antemano por la empresa para apoyar una deducción actual. Para demostrar la certeza de esta conclusión, sería de utilidad recordar que esta norma legal encuentra como antecedente la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta de finales del año de mil novecientos setenta y ocho, a través de la cual se introdujo en el régimen del impuesto al ingreso global de las empresas una deducción adicional a las ya previstas anteriormente, en una época en que las empresas comenzaban a resentir graves perjuicios económicos con motivo de la inflación, una de cuyas manifestaciones más claras es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Para advertir la relación que guarda esta deducción adicional con el fenómeno inflacionario, basta considerar que éste incide particularmente en aquellos créditos en favor de la empresa que representen cantidades que deban cobrarse a terceros, pues cuando se efectúe ese cobro se recibirá una cantidad en pesos con menor poder adquisitivo del que tenía al momento de originarse el débito, aunque su valor nominal sea el mismo: por esta razón, si en lugar de gravar estas cantidades en forma ordinaria, se les excluye vía una deducción adicional, entonces se logra aminorar el impacto de la inflación y, por ende, del tributo sobre el patrimonio social. Admitido lo anterior parece claro que dentro de esta deducción adicional no se contempla a los anticipos a proveedores porque en este supuesto la empresa no percibe una cantidad en moneda nacional con inferior valor adquisitivo, sino que recibe, a cambio del precio o servicio cuyo precio de venta seguramente es superior (por la inflación) al precio convenido con la empresa. El débito a cargo de un proveedor y en favor de una empresa no constituye una cuenta por cobrar (cantidad en numerario pendiente de cobro), ni un documento por cobrar (título que ampara un adeudo en dinero), de modo que no está comprendido dentro del supuesto previsto en el artículo 51, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año de mil novecientos ochenta y uno.’. Así las cosas, del criterio anterior se desprende que se entiende por cuentas por cobrar, los créditos en numerario constituidos en favor de una empresa entre las que no se encuentran los anticipos a proveedores, en tanto que estos últimos no crean en forma directa e inmediata en favor de una empresa ningún adeudo en numerario; esto es crédito pagadero en pesos, sino que tan sólo le convierte en un sujeto activo de una relación obligacional por la cual puede exigir al sujeto pasivo o contratante, cierta contraprestación. Asimismo, siguiendo los lineamientos del citado criterio, se aclara que de tal vínculo contractual puede derivarse en el futuro un crédito en favor de la empresa por concepto de indemnización ante el incumplimiento del deudor, porque no sólo la exigibilidad sino también el nacimiento de ese débito está sujeto a la realización de un fenómeno futuro e incierto, como lo es el incumplimiento del proveedor o la terminación del convenio por otro motivo; de tal manera que por tratarse de un fenómeno incierto no puede ser invocado de antemano para formar o no parte del componente inflacionario. Esto es, los anticipos a proveedores tienen por naturaleza el entero de cantidades adelantadas que la persona moral otorga a los proveedores a cuenta de compras o servicios que recibirán a futuro y de las cuales depende su exigibilidad; mientras que las cuentas por cobrar desde su asiento contable son exigibles, ya sea por una venta realizada o por la prestación de un servicio y de ahí que su exigibilidad encuadre en la hipótesis del artículo 7o. B, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para formar parte de la determinación del componente inflacionario de los créditos en un cierto ejercicio fiscal, de manera que los pagos anticipados a los proveedores quedan condicionados a la contraprestación de los mismos lo que se traduce en una eventualidad que no es considerada por la ley para formar parte de la determinación del componente inflacionario. A mayor abundamiento, debe señalarse que es inexacto que se considere que los anticipos a proveedores constituyen una cuenta por cobrar, en tanto que se efectúa un pago por bienes o servicios que se recibirán en el futuro, de tal manera que existe un derecho de crédito, pues debe decirse que los anticipos a proveedores tienen su origen en un contrato de compraventa sujeto a la modalidad suspensiva del plazo en que ha de cumplirse con la obligación y, en ese sentido, el proveedor no está obligado a la entrega del bien o a realizar un servicio, mientras el plazo no haya concluido, y por ende, tampoco existe el derecho en favor del comprador o consumidor de reclamar la cantidad entregada. Ciertamente, el artículo 2248 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, establece lo siguiente: ‘Artículo 2248. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.’. Haciendo un análisis de este precepto, como elementos del contrato de compraventa se encuentran los siguientes: El consentimiento como elemento esencial, se efectúa por el acuerdo de voluntades que tiene por objeto la transferencia de un bien a cambio de un precio. Si no hay acuerdo de ambas voluntades no hay compraventa. El objeto consiste en la transmisión del dominio de una cosa a cambio de un precio cierto y en dinero. De no haber un precio determinado en dinero, se estaría en presencia de una permuta, entendida ésta, como lo dispone el artículo 2384 del Código Civil en cita, como un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar un cosa por otra. En especie, los anticipos se dieron en cantidades de dinero. El objeto indirecto consiste en la entrega de bienes o en la prestación de los servicios, mas no así, en la devolución de cantidades pagadas o anticipos, ya que no se trata de un contrato de mutuo o de depósito en los que el mutuario o el depositario queda obligado a pagar o devolver la suma prestada o depositada (artículos 2384 y 2516 del Código Civil en cita). De ahí que si en un negocio jurídico hubo un pago anticipado de una parte o la totalidad del precio convenido, ciertamente quien otorgó aquél tiene un derecho de crédito en contra de sus proveedores, empero no le faculta para exigir la devolución de la suma de dinero pues conforme al contrato celebrado, el objeto indirecto de éste es la entrega de bienes o la prestación de los servicios y no la devolución de cantidades anticipadas. Continuando con los elementos del contrato de compraventa, cabe decir que es bilateral, al imponer obligaciones a cargo del vendedor y del comprador (de las cuales cabe destacar la obligación del proveedor relativa a la entrega de la cosa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2284 y 2292 del Código Civil en cita), a la cual se le aplican las reglas generales que determinan la exactitud en los pagos (en cuanto a lugar, tiempo, modo y sustancia), y constituye la forma en que el proveedor (vendedor) cumple con la obligación derivada del contrato de compraventa. Finalmente, el contrato es consensual, de ahí que el contrato celebrado puede comprobarse al través de la entrega de una cantidad de dinero a cuenta del precio (anticipo) a fin de asegurar la entrega del bien o servicio, en el plazo y condiciones convenidas. Contra la entrega de la cosa o servicio el comprador entregará la cantidad que constituye el precio. De lo anterior se concluye que en tratándose de anticipos a proveedores, el comprador no tiene derecho a recibir dinero como consecuencia de su relación con el proveedor, pues aun cuando la prestación pueda ser valuada en dinero, el mismo no implica que sea el comprador quien lo recibirá y, por otra parte, como se ha indicado, no existe un derecho de crédito que haya nacido por el solo anticipo, pues el derecho de exigir la obligación nace hasta el momento en que debiéndose entregar la cosa pactada, ello no se hace. De ahí que no puede sostenerse que la parte compradora por virtud de haber otorgado un anticipo, haya adquirido automáticamente el derecho de exigencia a los proveedores del cumplimiento de un obligación y que como esto es lo que se entiende por cobro, resulta que está en presencia de una cuenta por cobrar, pues, como se ha indicado, si bien el que otorga el anticipo, tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación a sus proveedores, todo derecho no nace hasta el momento en que debiendo entregar la cosa pactada los proveedores no cumplen con esta entrega. El anterior criterio ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 3/96 sustentadas por este tribunal y los Tribunales Colegiados Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito), publicada en las páginas 214 y 215, Tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: ‘RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO B), VIGENTE EN 1981. LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES, NO SON DEDUCIBLES COMO CUENTAS POR COBRAR.’, transcrita en la sentencia impugnada, tesis que aplicó con corrección la Sala responsable, en la medida que, como lo advirtió dicha Sala, aun cuando en la especie se está en el caso de la aplicación de un precepto que antecede a la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1990, lo cierto es que permanece inalterable el concepto de los anticipos a proveedores en el sentido que no constituyen una cuenta por cobrar. Esto es, el que la jurisprudencia mencionada aluda al artículo 51, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1981, mientras que en el caso, se trata del artículo 7o. B, fracción IV, inciso b), del mismo ordenamiento vigente en 1990, no significa que se trate de hipótesis opuestas que impidan la aplicación del criterio jurisprudencial, habida cuenta que si bien el primer ordenamiento contiene disposiciones relativas al impuesto correspondiente al ingreso global de las empresas y, en el segundo, la obligación de las personas morales de calcular mensualmente durante el ejercicio los intereses, la ganancia o pérdida inflacionaria acumulable o deducible; lo cierto es que el concepto jurídico y contable de que los anticipos a proveedores no son cuentas por cobrar no ha cambiado. En efecto, en lo conducente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis de que se trata, señaló lo siguiente: ‘Ahora bien, a fin de dilucidar los puntos de contradicción de los tribunales contendientes es necesario en primer lugar determinar qué se entiende por cuenta o documento por cobrar y, un vez precisada esta cuestión, si los anticipos a proveedores tienen esa naturaleza. Los tratadistas en materia contable, entre los que se pueden citar a Maximino Anzures (Contabilidad General, editorial Porrúa, segunda edición, 1975) y a Alejandro Prieto (Sistema de Contabilidad, editorial Banca y Comercio, Sociedad Anónima, segunda edición), señalan que el sistema de cuentas por cobrar está destinado a registrar, con oportunidad, el ingreso devengado por algunas empresas que por la índole de sus operaciones, tienen necesidad de expedir recibos para el cobro de determinados renglones como son: a) El cobro de rentas a los usuarios de los inmuebles o muebles; b) El cobro de servicios prestados, como por ejemplo: reparación de talleres, de autotransportes y otras máquinas, suministro de energía eléctrica, suministro de servicio telefónico, cobro de fletes y pasajes a grandes embarcadores, anuncios en la prensa, prestación de servicios profesionales, etc., c) Cobro periódico de intereses sobre inversión de capitales a largo plazo.’. También expresan que las cuentas por cobrar, tienen por objeto controlar y contabilizar los ingresos procedentes de la prestación de servicios y no los que originen las ventas a crédito, representan derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. Asimismo, en la compilación de Principios de Contabilidad formulada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación Civil, primera edición, 1973, específicamente en el boletín C-3, cuentas por cobrar, se indica que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. De lo antes expuesto se desprende que las cuentas por cobrar representan pasivos a favor de una empresa derivados de acuerdo a la índole de sus operaciones, por ventas, prestación de servicios, por préstamos otorgados etcétera. Es decir, la cuenta por cobrar engloba la cantidad que le adeudan a una empresa sus clientes por los conceptos antes mencionados. Una vez determinado el concepto contable de cuentas por cobrar debe examinarse si los anticipos pagados por una empresa a sus proveedores representan un adeudo o un crédito en favor de ésta. Para este fin a continuación se examinan algunas disposiciones del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, de aplicación en toda la República en Materia Federal, y del Código de Comercio que regulan el contrato de compraventa. Conforme al artículo 2248, del Código Civil, para el Distrito y Territorios Federales, de aplicación en toda la República en Materia Federal, habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obligue a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por él un precio cierto y en dinero. El contrato de compraventa es consensual en razón de que se concluye con la sola voluntad de los contratantes y porque se perfecciona y es obligatorio para las partes cuando éstas han convenido en el precio y en la cosa aunque el primero no haya sido pagado ni la segunda entregada, según lo establece el artículo 2249 del citado Código Civil. Este contrato es bilateral puesto que las partes que en él intervienen deben cumplir una prestación, de tal manera que si una no la cumple, la otra no tiene obligación correlativa, como lo establecen los artículos 2286 y 2300 del ordenamiento en cita, que disponen, respectivamente, que el vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio y que, la falta de pago del precio da derecho a pedir la rescisión del contrato. Por su parte el Código de Comercio en el artículo 380 señala que el comprador deberá pagar el precio de las mercancías en los términos y plazos convenidos y el artículo 376 del mismo código, dispone que el contratante que cumple tiene derecho de exigir del que no cumpliere la rescisión o cumplimiento del contrato, independientemente de la indemnización de daños y perjuicios. La característica de bilateralidad del contrato de compraventa determina que este contrato sea de naturaleza onerosa, en tanto que se dan gravámenes y provechos recíprocos, el vendedor debe entregar un bien y el comprador debe de pagar el precio en los términos que hubieren pactado y a los cuales quedan sujetos, según el artículo 372 del Código de Comercio, que establece que en las compraventas mercantiles se sujetarán los contratantes a todas las estipulaciones lícitas con que las hubieren pactado. El Código de Comercio en su artículo 371 estipula que serán mercantiles las compras a las que este código les da tal carácter, y todas las que hagan con el objeto directo y preferente de traficar. Del texto del artículo 2248 del Código Civil antes citado, se desprende que el precio es un elemento esencial del contrato de compraventa, que está constituido por una suma de dinero, que deberá ser pagada por el comprador en los términos y plazos convenidos. De acuerdo con el artículo 380 del Código de Comercio, en las ventas mercantiles debe pagarse de contado. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude. Por su parte los artículos 2293 y 2294 del Código Civil Federal, señalan que: ‘El comprador debe cumplir todo aquello a que se haya obligado, y especialmente a pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos.’. Y que ‘Si no se ha fijado tiempo y lugar, el pago se hará en el tiempo y lugar en que se entregue la cosa.’. Asimismo, el Código de Comercio, en el artículo 381, establece que salvo pacto en contrario, las cantidades que con el carácter de arras se entreguen en las ventas mercantiles se reputarán dadas a cuenta del precio. En relación a este último precepto conviene precisar que el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quinta edición, 1992, señala, entre otras acepciones, que las arras consisten en la entrega de una suma de dinero u otra cosa, que un contratante hace al otro en el momento de la celebración del contrato con una finalidad específica, por ejemplo: para confirmar el contrato, es decir, ya sea para asegurar la ejecución del contrato (arras confirmatorias) o bien para autorizar el arrepentimiento (arras de desistimiento). La arra confirmatoria se da como una señal de la celebración del contrato; se entiende como un principio de ejecución del contrato. Finalmente, el artículo 2283 del Código Civil Federal establece que el vendedor está obligado a entregar al comprador la cosa vendida, a garantizar las calidades de la cosa y a prestar la evicción. De las disposiciones mencionadas se desprende que los anticipos a proveedores, jurídicamente constituyen cantidades pagadas a cuenta del precio de la mercancía objeto del contrato de compraventa que pueda tener como finalidad específica confirmar la celebración del contrato. Por tanto, no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5666-3e5f3422/renta-del-articulo-7o--b-fraccion-iv-inciso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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