SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 132/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados en las respectivas ejecutorias, son las que a continuación se transcriben.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el recurso de queja número 567/98 sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
"PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado tiene competencia legal para conocer del presente recurso de queja, de conformidad con lo previsto en los artículos 99, párrafo cuarto de la Ley de Amparo y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-SEGUNDO.-El auto recurrido en lo conducente dice: ‘México, Distrito Federal, a cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.-Como está ordenado por auto de esta misma fecha, dictado en el cuaderno principal y con apoyo en los artículos 124, 130, 131, 132 y 142 de la Ley de Amparo, con las dos copias de la demanda de amparo, promovida por propio derecho por Javier Chávez García, contra actos del delegado del Distrito Federal en Tlalpan y otras autoridades, tramítese por duplicado el incidente de suspensión; con copia de la demanda de garantías, pídase a las autoridades responsables su informe previo, mismo que deberá rendir por duplicado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio notificatorio de este proveído; se señalan las diez horas con quince minutos del día once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, para que tenga verificativo la audiencia incidental.-Tomando en consideración que la parte quejosa al solicitar la medida cautelar únicamente exhibió una copia fotostática certificada de una licencia de funcionamiento, para el giro de restaurante bar, denominado «Las Tejas», otorgada al respecto de la negociación ubicada en la avenida Las Torres, número treinta y seis altos, colonia Ejidos de Huipulco, en esta ciudad, documento de cuyo contenido no se acredita que dicha licencia de funcionamiento se haya revalidado como lo ordena el artículo 23 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se niega la suspensión provisional solicitada por Javier Chávez García, en virtud de que no probó ni siquiera de manera indiciaria que la licencia de funcionamiento exhibida, fue revalidada en los términos inicialmente indicados, y por tal razón no acredita encontrarse dentro de la hipótesis normativa contenida en el artículo y fracción de la citada ley de la materia; además que de acuerdo a lo establecido por el referido artículo 23 en relación con el número 82, fracción I, de la propia Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, se advierte en lo que respecta a aquellos establecimientos mercantiles que, entre otros casos, no cuenten con la revalidación de su licencia de funcionamiento, el legislador determinó que procedía su clausura, motivo por el cual, es claro que una licencia de funcionamiento que no es revalidada dentro de los términos que establece la ley, no tiene eficacia jurídica alguna para que el gobernado continúe operando el giro respectivo, y por eso de otorgarse la medida cautelar en los términos solicitados por el quejoso, implicaría que el suscrito Juez, se sustituyera en las facultades de la autoridad administrativa, al autorizar el funcionamiento de un establecimiento mercantil cuya licencia de funcionamiento dejó de tener eficacia jurídica por no haberse revalidado.-Sirve de apoyo a la anterior determinación el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el toca R.A. 4233/98, relativo al juicio de amparo I-377/97 promovido por Salomón Colín Mercado, contra actos del delegado del Distrito Federal en Coyoacán.-Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior conclusión la existencia de la tesis de jurisprudencia número ochenta y siete, publicada en la página sesenta y uno, Tomo tres, del más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de la Segunda Sala, cuyo rubro es «INTERÉS JURÍDICO, TRATÁNDOSE DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS PARA ACREDITARLO NO ES INDISPENSABLE REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.»; puesto que la misma se pronunció interpretando el entonces Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, concretamente por lo que hace a sus artículos 21, 35, fracción IV, 38, 41, 42 y 43, los cuales establecían que por el incumplimiento de la revalidación de la licencia sólo preveían como consecuencia que se aplicaran las sanciones pecuniarias respectivas; y, en la legislación vigente, el referido artículo 82 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, claramente establece la procedencia de la clausura de aquellos establecimientos mercantiles que, entre otros no hayan revalidado su licencia de funcionamiento dentro de los términos correspondientes.-Finalmente con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, expídanse a costa de la parte quejosa, las copias certificadas del presente proveído que solicita, previa identificación y toma de razón que por su recibo se deje en autos.’.-TERCERO.-La parte inconforme expresó el siguiente agravio: ‘1. Al negar la suspensión provisional, al quejoso, ni aplicó el artículo 192 de la Ley de Amparo, donde establece, la obligación de los Jueces de Distrito, en aplicar, las jurisprudencias, pronunciadas, por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, la tesis 42, Informe anual de 1981, página 68, «SUSPENSIÓN. LIBERTAD DE COMERCIO. INTERÉS JURÍDICO.», toda vez que con la licencia de funcionamiento, acredité plenamente el interés jurídico, el quejoso. 2. Al negársele la suspensión provisional, aplicando, la supuesta falta de revalidación de la licencia de funcionamiento, asume, el juzgado, el papel de autoridad responsable ya que la falta de revalidación, no invalida la licencia de funcionamiento sino una simple multa administrativa, por no revalidar, a tiempo, y, la falta de ésta, no cancelar, el derecho, que ya adquiere el quejoso, con la simple expedición de la licencia correspondiente, ni tampoco, su interés jurídico. 3. Al negarse, al quejoso, la suspensión provisional, en base, que no tiene interés jurídico, por la falta de revalidación de la licencia de funcionamiento, es contrario, a la tesis jurisprudencial, visible en el Informe anual 1982, páginas 51 y 52, «LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO GIROS MERCANTILES, REVALIDACIÓN DE LAS. NO ES REQUISITO NECESARIO PARA ACREDITAR INTERÉS JURÍDICO.».’.-CUARTO.-Son fundados los agravios esgrimidos, aunque para ello se deba hacer uso de la facultad otorgada a este tribunal de suplir la queja deficiente, a que se refiere el artículo 96 bis fracción VI, de la Ley de Amparo.-En efecto, en el caso que nos ocupa el Juez negó la medida cautelar con base en que la licencia otorgada a favor de la quejosa no está revalidada; que por ello, no es apta para acreditar el derecho a obtener la suspensión, ya que de acuerdo con los artículos 23 y 82 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, la falta de revalidación trae como consecuencia la sanción de clausura motivo por el cual, ‘es claro que una licencia de funcionamiento que no es revalidada dentro de los términos que establece la ley, no tiene eficacia jurídica alguna para que el gobernado continúe operando el giro respectivo, y por eso de otorgarse la medida cautelar en los términos solicitados por el quejoso, implicaría que el suscrito Juez, se sustituyera en las facultades de la autoridad administrativa, al autorizar el funcionamiento de un establecimiento mercantil cuya licencia de funcionamiento dejó de tener eficacia jurídica, por no haberse revalidado.’; y que por ello no operaba el contenido de lo dispuesto en la jurisprudencia cuyo texto dice: ‘INTERÉS JURÍDICO, TRATÁNDOSE DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS, PARA ACREDITARLO NO ES INDISPENSABLE LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.-El hecho de no haber acreditado la revalidación de la licencia de funcionamiento no implica su invalidez, pues la cancelación debe ser declarada expresamente, previo procedimiento establecido en el Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal (artículos 41, 42 y 43), por la autoridad administrativa competente, sin que, por tanto, pueda sostenerse que la falta de revalidación origine, automáticamente, la cancelación o revocación de la licencia respectiva. Además, si la quejosa no ha cubierto los derechos de revalidación correspondientes, ello no significa que ya carezca de licencia, sino, en todo caso, será motivo para que se le sancione conforme a la ley y el reglamento aplicables, puesto que la licencia existe y surte todos sus efectos mientras no sea expresamente cancelada o revocada por la autoridad competente. Por tanto, si en autos no obra constancia alguna mediante la cual se acredite que se haya cancelado la licencia de funcionamiento, ésta es apta para demostrar el interés jurídico para promover el juicio de amparo.’.-Por su parte, la recurrente insiste en que sí tiene aplicación y debe de observarse el espíritu de lo determinado en la citada jurisprudencia.-Según ya se dijo le asiste la razón a la disconforme por lo siguiente.-De una correcta intelección de dicha jurisprudencia, se arriba a la conclusión siguiente: El tema que trata se refiere a que, por la sola razón de que no se hubiera acreditado la revalidación de la licencia de funcionamiento no implica su invalidez, pues la cancelación del documento debe ser declarado expresamente, previo al procedimiento específico previsto en la ley; se concluye que la falta de revalidación no significa que el titular carezca de licencia y que, en todo caso, será motivo de una sanción; pero que si no hay constancia de cancelación la licencia es apta para acreditar el interés para obtener la medida solicitada.-En la actual ley que rige el acto, o sea, la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal, no existe como sanción la pérdida del derecho a la licencia por falta de su revalidación; la única sanción se contempla en el citado artículo 82, fracción I y consiste en la clausura; esto es, la falta de revalidación sólo dará lugar a una sanción, mas no significa que deje de existir. La exclusiva forma para que pueda ser revocada la aludida licencia se encuentra prevista en los artículos del 89 al 94 de la supra invocada ley. De otra suerte, o sea, mientras no se cancele o revoque la licencia, surte plenos efectos para lo que se pretende en este asunto. En efecto, en la especie no se ha seguido algún procedimiento en el cual se haya cancelado la licencia por falta de revalidación y lo resuelto por el Juez de Distrito, en el sentido de que la licencia perdió o dejó de tener eficacia jurídica, rebasa lo que dispone la ley, pues en todo caso es él quien sustituye a la autoridad para dejar sin efectos una licencia sin antes haberse seguido el procedimiento relativo. Por los motivos invocados, resulta obvio que este tribunal no comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito a que alude el Juzgado de Distrito, y en su oportunidad se hará valer la contradicción ante la instancia respectiva.-En resumen, la falta de revalidación, acorde a lo dispuesto en la ley vigente, lo único que provoca es la clausura como una medida sancionatoria que legalmente se impondrá seguido el procedimiento respectivo; pero no invalida la licencia de funcionamiento, además, el resolver si en la visita que nos ocupa no se acreditó la revalidación, será tema cuando se resuelva el fondo del asunto en la que se analizará si fue bien o mal impuesta dicha sanción, pero, para la procedencia de la cautelar provisional, basta con la exhibición del documento fehaciente que es la licencia, y será al estudiar el fondo del asunto cuando se estime si es constitucional o no la clausura por falta de revalidación.-En las relatadas consideraciones, lo que procede es declarar fundada la queja."
CUARTO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al fallar el amparo directo en revisión 4233/97, expuso las consideraciones que son del siguiente tenor:
"TERCERO.-Los agravios que hace valer la recurrente son los siguientes: ‘Primero. Violación a lo previsto por la fracción II, del artículo 124, de la Ley de Amparo, e inobservancia a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, por falta de aplicación de la tesis de jurisprudencia, que se hará valer en el presente agravio.-La autoridad recurrente rindió su informe previo, haciendo valer los argumentos y fundamentos legales correspondientes para que se decretara la improcedencia de la suspensión, no obstante ello el Juez del conocimiento concedió la suspensión definitiva en términos del considerando segundo de dicha resolución, «... para el efecto de que se restauren las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse la clausura, esto es, para que se levante la clausura, que se le practicó el cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, en el establecimiento mercantil ubicado en calle Mar de la Tranquilidad número 210, local 6, Col. Parque de Coyoacán, Delegación de Coyoacán, de esta ciudad, con el giro de restaurante con venta de vinos y licores.-La medida cautelar se concede, toda vez, que no se sigue perjuicio al interés social ... ».-Transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo en su fracción II, toda vez, que la parte quejosa carece de licencia de funcionamiento, no acreditando el derecho que le asista para solicitar la suspensión definitiva y se observa claramente que el a quo, concedió la suspensión definitiva sin que el quejoso reuniera los requisitos establecidos en el referido ordenamiento legal, violando así las técnicas que deben seguirse en el estado de ésta, la que se encuentra establecida en el Informe de labores 1989, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis jurisprudencial 6, página 62, en la que se indica: «Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse por orden las siguientes cuestiones: A) Si son ciertos o no los actos reclamados (premisa); B) Si la naturaleza de estos actos permite su paralización (requisitos naturales); C) Si se satisfacen las condiciones exigidas por el artículo 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales) y D) Si ante la existencia de terceros perjudicados es necesario exigir alguna garantía (requisitos de efectividad).».-Lo anterior es así, toda vez, que la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de acuerdo a su artículo 1o., es de orden e interés público, disponiendo en sus preceptos 16 y 23, que los establecimientos como el del quejoso, deben contar con licencia de funcionamiento, la cual además tendrá que revalidar en forma anual; por lo tanto, al carecer de licencia de funcionamiento el establecimiento de mérito es claro que al concederle el a quo, la suspensión definitiva a la parte quejosa viola lo indicado en la fracción II, del artículo 124, de la Ley de Amparo, toda vez, que dicho establecimiento, está operando al margen de la ley en cita, la cual es de orden e interés público, además de que la sociedad, está interesada en que los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas funcionen de acuerdo a la ley de la materia.-De acuerdo a lo anterior debe revocarse la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa tomando en cuenta que el Juez del conocimiento, inobservó la tesis de jurisprudencia que a continuación se indica: «INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.-El artículo 124 de la Ley de Amparo señala en su fracción II un requisito para decretar la suspensión del acto reclamado, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El propio precepto da la pauta para determinar casuísticamente cuándo se surte el requisito que establece, al estatuir que sí se siguen esos perjuicios y se realizan esas contravenciones, entre otros casos, cuando de concederse la suspensión: a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinios o la producción o el comercio de drogas enervantes; b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o de consumo necesario; c) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza. Sin que el legislador de amparo haya sido exhaustivo, es claro que sí fijó criterio para que el intérprete de la ley establezca cuándo, en el caso concreto, no se satisface el requisito establecido en el citado artículo 124, fracción II. En efecto, de la enumeración de las hipótesis previstas en el precepto en comentario, en las cuales de concederse la suspensión sí se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, aparece que todas ellas encajan en dos grandes categorías, o sea cuando el otorgamiento del beneficio suspensional traiga como consecuencia: A) La realización de actos delictivos o ilícitos; B) La paralización de medidas sanitarias o de campañas contra vicios. Ahora bien, para determinar el juzgador, en cada caso, si se satisface el postulado de la fracción de mérito, debe utilizar los criterios apuntados, de manera que la concesión de la suspensión del acto reclamado no permita la realización de actos delictivos o ilícitos o paralice medidas sanitarias o campañas contra vicios.». Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, incidente de revisión 279/75. Hospital Infantil, S.A., y otros, boletín No. 20, agosto 1975, página 100.-Así también, el Juez del conocimiento, inobservó lo dispuesto en la tesis No. 308 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito visible a fojas 226 y 227 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio, en su parte relativa a Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro es: «GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. ES INDISPENSABLE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, EL PERMISO O LA DECLARACIÓN DE APERTURA PARA QUE SE CONCEDA LA SUSPENSIÓN DE LOS HECHOS RECLAMADOS.».-Cabe aclarar, que para que un establecimiento mercantil que realice alguna de las actividades que se señalan en el artículo 16 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, como lo son los establecimientos que aducen los quejosos, para operar deben necesariamente contar con la licencia de funcionamiento, la cual además deberá contar con la revalidación anual, en términos de la propia ley. Por lo que dichos establecimientos no pueden funcionar permanentemente mediante simples autorizaciones, las cuales de acuerdo al artículo 69 de la ley en cita, sólo pueden expedirse para operar en una sola ocasión, por un periodo determinado el cual no puede exceder de 15 días naturales, o por un solo evento; no constituyendo ningún derecho adquirido tales autorizaciones, para operar por tiempo indefinido. Por lo que el establecimiento mercantil que aduce la parte quejosa al carecer de la licencia de funcionamiento revalidada, carece de derecho para que le sea otorgada la suspensión definitiva, al funcionar en franca transgresión a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, la cual es de orden e interés público.-Cabe señalar, que el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar el acto reclamado tal y como se encuentra acreditado ante la autoridad administrativa, siendo así que la parte quejosa al no presentar en la visita de verificación su licencia de funcionamiento ni acudir ante dicha autoridad, el a quo por lo tanto debió negar la suspensión definitiva, al haber concedido dicha medida cautelar, asumió las facultades que le corresponden a la autoridad administrativa, al calificar una supuesta licencia o permiso para funcionar presentado en su presencia judicial y no en la administrativa a quien corresponde dicha función, siendo así que al conceder el a quo tal suspensión definitiva, da lugar a que los quejosos haciendo caso omiso de su obligación que contempla la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles de tener a la vista sus documentos que amparen su funcionamiento, así como de presentarlos ante la autoridad administrativa, acudan directamente a la autoridad judicial, y ésta dé valor a documentos, cuya calificación sólo corresponde a la autoridad administrativa.-Así también se causa agravio a los recurrentes, toda vez, que el a quo no condicionó en términos de ley el otorgamiento de la suspensión definitiva.-Con lo anterior el a quo, transgrede francamente lo dispuesto en la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, en la cual se contemplan las obligaciones y requisitos que deben observar los propietarios de establecimientos mercantiles, ya que debió señalar que tal medida cautelar se concedía, en su caso, siempre y cuando no transgreda las disposiciones de dicha ley, y al no hacerlo así, inhabilita el actuar que conforme a derecho le corresponde a la autoridad administrativa.-En razón de lo antes argumentado, se le causa agravio a los suscritos, con la resolución que se impugna, ya que se otorgó la suspensión definitiva, en contravención al contenido de la fracción II, del artículo 124, de la ley de la materia.-Por otra parte se causa agravio, en razón de que el a quo otorgó la suspensión definitiva dándole a ésta efectos restitutorios los cuales son exclusivos de la resolución de fondo.-Por lo que conforme a lo manifestado en el cuerpo del presente recurso, procede y así se solicita, se revoque la sentencia interlocutoria pronunciada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, al haber quedado demostrada la transgresión que se aduce en el agravio que se hace valer.’.-CUARTO.-Queda intocada la negativa de suspensión definitiva por inexistencia de actos atribuidos al delegado del Distrito Federal en Coyoacán y jefe de la Unidad Departamental Calificadora de Infracciones del Distrito Federal en Coyoacán, decretada en el considerando primero de la interlocutoria que se combate y punto resolutivo que lo rige, en virtud de que no existe agravio alguno por la parte a quien perjudica.-Lo anterior de conformidad con la tesis número 7/91 publicada en la página 44, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 39, Tercera Sala que dice a la letra: ‘REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.-Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.’.-QUINTO.-En su agravio único las autoridades recurrentes en esencia aducen lo siguiente.-Violación a lo previsto en los artículos 124, fracción II y 192 de la Ley de Amparo toda vez que el Juez de Distrito concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada no obstante que ésta carece de la licencia de funcionamiento y que no cumple con los requisitos que exige el numeral 124 de la ley de la materia, violando las técnicas de la suspensión que se encuentran establecidas en la jurisprudencia No. 6, página 62 de la Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito del Informe de labores de 1989 que dice al rubro: ‘POR RAZÓN DE TÉCNICA EN LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO DEBEN ANALIZARSE.’, ya que este establecimiento mercantil está operando al margen de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal la cual es de orden público; dejando de observar además, lo dispuesto en las tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que rezan bajo los rubros: ‘INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.’ y ‘GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. ES INDISPENSABLE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, EL PERMISO O LA DECLARACIÓN DE APERTURA.’.-Aduciendo además las recurrentes en su agravio, que el juzgador al conceder la suspensión definitiva asumió facultades propias de la autoridad administrativa al calificar una supuesta licencia o permiso para funcionar que no está revalidado y que fue presentado ante la presencia judicial, y no así ante la autoridad administrativa, que es a quien compete dicha función, dando lugar a que los quejosos acudan directamente ante la autoridad judicial para que valore sus documentos, y porque no condicionó el otorgamiento de la suspensión definitiva a los términos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.-Los argumentos que aducen las autoridades recurrentes en el agravio en estudio se estiman esencialmente fundados, por las razones siguientes.-Como se aprecia de autos en su interlocutoria de fecha once de julio de mil novecientos noventa y siete, el secretario del juzgado encargado del despacho por ministerio de ley resolvió, conceder al quejoso la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados al subdelegado Jurídico y de Gobierno en Coyoacán, Distrito Federal y al inspector adscrito a esa subdelegación, en los siguientes términos: ‘... Con fundamento en lo establecido en los artículos 122, 124, 130 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso para el efecto de que se restauren las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse la clausura, esto es, para que se levante la clausura que se le practicó el cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, en el establecimiento mercantil ubicado en el Mar de la Tranquilidad número 210 local 6, colonia El Parque, en esta ciudad, con el giro de restaurante con venta de vinos y licores exclusivamente con los alimentos y servicios de bar, denominado «El Potro».-La medida cautelar se concede, toda vez que no se sigue perjuicio al interés social; sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, páginas treinta y seis y treinta y siete, rubro: «SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.». Lo anterior, en virtud de que el quejoso exhibe copia certificada de la autorización de funcionamiento correspondiente al establecimiento mercantil que defiende, de la que se advierte que se expidió con giro de restaurante con venta de vinos y licores, exclusivamente con los alimentos y servicios de bar.-La suspensión definitiva surtirá efectos hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se dicte en cuanto al fondo del amparo.’.-Asimismo obra glosada a fojas 13 del incidente de suspensión, la copia certificada de la licencia de funcionamiento que a nombre del quejoso Salomón Colín Mercado fue expedida con fecha veinticuatro de enero de mil novecientos ochenta y nueve por una autoridad del Departamento del Distrito Federal en Coyoacán y que es del tenor literal siguiente: ‘Asunto se otorga licencia de funcionamiento.-C. Salomón Colín Mercado.-Mar de la Tranquilidad No. 210, local 6, Col. El Parque.-Ciudad.-Por medio del presente se le otorga licencia para el funcionamiento de su giro de restaurante con venta de vinos y licores exclusivamente con los alimentos y servicios de bar denominado «El Potro», ubicado en Mar de la Tranquilidad No. 210, local 6, Col. El Parque de esta ciudad.-Esta licencia se otorga con fundamento en lo establecido por los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 21, 22, 23, 24, 25, 279, 282 y 283 del Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal.-Sin más por el momento le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.-Atentamente.-Coyoacán, D.F., a 24 de enero de 1989.-El C. Subdirector de Servicios de Gobierno en Coyoacán.-(firma autógrafa).-Lic. Rolando Ortega Calderón.’.-En el caso tenemos que le asiste la razón a las autoridades recurrentes cuando manifiestan en sus agravios que no se satisface el requisito previsto en la fracción II, del artículo 124, de la Ley de Amparo, y ello es así, porque si bien el quejoso Salomón Colín Mercado exhibe en los autos del incidente de suspensión copia certificada de la licencia que le fue expedida con fecha veinticuatro de enero de mil novecientos ochenta y nueve por las autoridades del Departamento del Distrito Federal en Coyoacán para el funcionamiento del giro mercantil denominado restaurante con venta de vinos y licores exclusivamente con los alimentos y servicio de bar denominado ‘El Potro’, ubicado en Mar de la Tranquilidad No. 210 local 6, colonia El Parque de esta ciudad; también lo es que éste no acredita en autos con pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5927-502789a9/suspension-es-improcedente-respecto-de-la-clausura-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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