SUCESIÓN LEGÍTIMA DE DERECHOS EJIDALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Del análisis de las ejecutorias remitidas por los Tribunales Colegiados contendientes se concluye que en el caso a estudio sí existe la contradicción de tesis denunciada.
Para corroborar este aserto, es pertinente reiterar que la divergencia de criterios se da entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 186/98, promovido por Jesús Quiles Rodríguez y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 24/98, promovido por Jesús Quiles Rodríguez.
De la copia certificada de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 186/98, promovido por Jesús Quiles Rodríguez, se aprecia que el sentido del fallo, que fue el de negar el amparo solicitado, se sustentó en las siguientes consideraciones:
"QUINTO.-Precisado lo anterior, es decir, que el presente asunto se admitió a trámite y se sustanció conforme al procedimiento establecido para el juicio agrario, cuyas reglas sustantivas se contienen en los artículos 178 al 197 de la Ley Agraria, respecto de la acción que hoy se resuelve, cuya litis se ha fijado en que Rosa María Terríquez Mendoza, promovió juicio sucesorio a bienes de su extinto esposo Gregorio Quiles González, del poblado de antecedentes, respecto del certificado de derechos agrarios número 2654711, fundamentándose para ello, en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I de la ley en comento; por otro lado, se recibió el apersonamiento de diversos con interés, quienes en su oportunidad se desistieron, hecha excepción de Felipe de Jesús Quiles Rodríguez, quien reclamó en esta instancia su mejor derecho a la sucesión, pidiendo el reconocimiento y adjudicación de los derechos controvertidos, en relación a la unidad de dotación ubicada en el predio La Mezcalera, que correspondiera al de cujus; a ello se dio la oportunidad a la promovente para que desvirtuara la pretensión del opositor, en virtud de lo anterior, se regularizó el procedimiento que originalmente se había admitido en vía de jurisdicción voluntaria, para actualizarse en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción VII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y, en conclusión obligan a este tribunal a resolver quién de los dos interesados señalados tiene el mejor derecho a heredarlos los que correspondieron a Gregorio Quiles González, en el certificado de mérito.-SEXTO.-Ahora bien, corresponde efectuar el estudio valorativo de los elementos de prueba ofrecidas por la denunciante de la sucesión, consistentes en ... DÉCIMO.-Una vez desahogadas las probanzas y concluido el momento probatorio, se abrió la etapa de alegatos según previene el artículo 344 del Código Federal de Procedimientos Civiles, donde las partes expresaron lo que a su derecho convino.-DÉCIMO PRIMERO.-Con los documentos descritos en el considerando sexto de la presente resolución, la accionante comprobó que Gregorio Quiles González, fue ejidatario del poblado que nos ocupa, con certificado de derechos agrarios expedido a su favor, el fallecimiento de éste y, el entroncamiento que existió con el de cujus; siendo aplicable al caso que nos ocupa la jurisprudencia plasmada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, junio de 1966, Segunda Sala, visible a página 19, que a la letra dice: ‘AGRARIO. SUCESIÓN HEREDITARIA DE PARCELA EJIDAL. REQUISITOS.-Para que el heredero de un ejidatario sea reconocido como tal, debe demostrar que al morir su padre hubiera sido sucesor preferente de los derechos agrarios, y fundamentalmente debe acreditar el fallecimiento del titular de la parcela.’.-De la valoración de las pruebas que corren agregadas a los presentes autos, se concluye que el autor de la sucesión, era ejidatario legalmente reconocido en el poblado denominado El Chante, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, acreditando la promovente el entroncamiento que existió con el de cujus. En ese mismo orden de ideas, es de indicar, que cuando un ejidatario no haya hecho designación de sucesores se tramitará de acuerdo con el orden de preferencia; que para el caso concreto, establece el artículo 18, fracción I, de la Ley Agraria, o sea, a la cónyuge del ejidatario; en tales circunstancias la accionante al comprobar fehacientemente la petición planteada se le deben reconocer los mismos derechos que a cualquier ejidatario respecto de los derechos ejidales a que se hace referencia en este juicio, transcribiéndose la siguiente tesis jurisprudencial: ‘SUCESIÓN AGRARIA. EL ARTÍCULO 18 DE LA NUEVA LEY NO OBLIGA A PROBAR QUE LA CÓNYUGE DEL EJIDATARIO FALLECIDO DEPENDÍA ECONÓMICAMENTE DE ÉSTE.-La primera parte del artículo 18 de la Ley Agraria en vigor, establece: «Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de los ascendientes, y; V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él ...». De la disposición transcrita no se desprende la obligación, a cargo de la cónyuge del ejidatario fallecido, de probar haber dependido económicamente de éste, porque ninguna alusión a ese respecto se hace en la fracción I del precepto; y aunque en la fracción V sí se habla de dependencia económica, esta situación debe entenderse que se refiere a cualquier otra persona distinta a la cónyuge y demás sucesores que se mencionan en las fracciones precedentes.’.-Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.-Amparo directo 710/93. Rosalina Ríos Valverde y coags. 10 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José M. Quintanilla Vega. Páginas 423 y 424. Febrero de 1994.-Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 152, fracción I de la Ley Agraria, es procedente que el Registro Agrario Nacional dé de baja al ejidatario fallecido Gregorio Quiles González y cancele el certificado correspondiente e inscriba como nueva titular de sus derechos agrarios a Rosa María Terríquez Mendoza, y expida a su favor el certificado correspondiente, y por ende, adquiere el carácter de ejidataria.-De igual manera, es necesario dejar asentado que con las pruebas aportadas por Felipe de Jesús Quiles Rodríguez, en su carácter de hijo del de cujus, en donde pretende le sean reconocidos por sucesión los derechos agrarios, así como la adjudicación de la unidad de dotación que perteneció al extinto ejidatario Gregorio Quiles González en el presente controvertido, valoradas conjuntamente conforme lo establece el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria se concluye, que no tiene derecho a ellas por las siguientes razones: 1) Que en efecto, el presente sumario se llevó a cabo a través de la acción de sucesión de derechos agrarios, respecto de quien tenía mejor derecho a heredar a Gregorio Quiles González, como titular de los derechos controvertidos; es menester dejar asentado, que considerando que el extinto ejidatario falleció bajo la vigencia de la Ley Agraria en vigor, ya que su deceso ocurrió el veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete, el cual no realizó lista de sucesores, tal y como consta en autos; consecuentemente, en cuanto al fondo del asunto se deberán aplicar las normas contenidas en el numeral 18, fracción I de la Ley Agraria, ya que cuando un ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo al siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario, etcétera. Por consiguiente, no se sitúa en el orden de prelación para heredar.-2) Rosa María Terríquez, acreditó su vínculo matrimonial con el que fuera titular del derecho agrario, con el acta de matrimonio, de cuyo contenido se desprende, que contrajo nupcias con Gregorio Quiles González, el cinco de junio de mil novecientos ochenta y uno, expedida por el oficial del Registro Civil de Guadalajara, Jalisco, visible a foja diez del expediente en que se actúa y, además probó la dependencia económica, porque, la esposa tiene a su favor la presunción de tal dependencia de su consorte, ya que el producto de la parcela sería para el sostenimiento de la unidad familiar.-3) Ahora bien, no obstante de que quedó fehacientemente comprobado con las documentales que presentó, así como los testimonios de los atestes señalados en el capítulo de pruebas, que Felipe de Jesús Quiles Rodríguez, está en posesión y usufructuando las tierras que pertenecieron al autor de la sucesión, tal posesión no le ha generado ningún derecho, ya que por una parte, el autor de la sucesión y él, de alguna forma, pactaron o llegaron a un acuerdo en que éste trabajara los terrenos controvertidos, constatando lo anterior, los propios hermanos de Felipe, al manifestar en su escrito del dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete: ‘... 3. Desde hace aproximadamente 7 años, nuestro hermano Felipe de Jesús Quiles Rodríguez, por encargo y en virtud de la incapacidad física de nuestro padre, se ha dedicado a cultivar la unidad de dotación, mejorándola y sembrándola de maíz y pastura para ganado, encargándose de todo lo relacionado con la tierra; cabe señalar que por acuerdo entre el suscrito y nuestro padre, nuestro hermano le otorgaba una cantidad económica anualmente sin tener establecida cantidad exacta, según se cosechara; esta anualidad se la daba nuestro hermano a fines de cada cosecha ...’ (fojas 25-27). Por lo que no hay duda de que Gregorio Quiles González y su esposa, se mantenían de la explotación de su correspondiente parcela; en tales circunstancias, Felipe de Jesús Quiles Rodríguez, no acreditó tener mejor derecho a que le sean adjudicados los mismos, es decir, la unidad de dotación parcelaria amparada con el certificado de derechos agrarios número 2654711, expedido a favor de Gregorio Quiles González, del poblado denominado El Chante, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco; consecuentemente, Felipe de Jesús Quiles Rodríguez, está en posesión ilícita de los bienes de referencia, por lo que se le condena a su desocupación y entrega.-CUARTO.-El quejoso expresó como conceptos de violación lo siguiente: (se transcribe).-QUINTO.-Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación hechos valer por Felipe de Jesús Quiles Rodríguez para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal impetrada ni aun suplidos en su deficiencia, de acuerdo con lo que enseguida se apunta.-En efecto, en el caso a estudio, de acuerdo con las constancias que conforman el juicio agrario 314/97 en el que se pronunció el fallo reclamado, la controversia agraria se circunscribió a determinar a quién de los contendientes, de acuerdo con el acervo probatorio allegado al proceso, debe reconocérsele el derecho a heredar los derechos agrarios que correspondieron al titular del certificado número 2654711 que ampara una unidad de dotación ubicada en el poblado El Chante, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, precisando el Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, en la resolución impugnada que a quien corresponde el reconocimiento de que se trata era a Rosa María Terríquez Méndez, en atención a que ésta justificó el vínculo matrimonial que la unía con el de cujus y porque, en su opinión ésta acredita la dependencia económica existente entre ella y su consorte, pues sostuvo que el producto de la parcela era para el sostenimiento familiar, situándose así en la orden de prelación para heredar prevista por el artículo 18 de la Ley Agraria, agregando que el ahora quejoso no acreditó tener mejor derecho a que le sean adjudicados los mismos, es decir, la unidad de dotación parcelaria amparada con el certificado de derechos agrarios número 2654711, expedido a favor de Gregorio Quiles González ... ya que, afirmó, el autor de la sucesión y él, de alguna forma pactaron o llegaron a un acuerdo en que éste trabajara los terrenos controvertidos, constatando lo anterior, los propios hermanos de Felipe, al manifestar en su escrito del dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete: ‘... 3. Desde hace aproximadamente 7 años, nuestro hermano Felipe de Jesús Quiles Rodríguez, por encargo y en virtud de la incapacidad física de nuestro padre, se ha dedicado a cultivar la unidad de dotación, mejorándola y sembrándola de maíz y pastura para ganado, encargándose de todo lo relacionado con la tierra; cabe señalar que por acuerdo entre el suscrito y nuestro padre, nuestro hermano le otorgaba una cantidad económica anualmente sin tener establecida cantidad exacta, según se cosechara; esta anualidad se la daba nuestro hermano a fines de cada cosecha ...’ (fojas 25-27). Por lo que no hay duda de que Gregorio Quiles González y su esposa, se mantenían de la explotación de su correspondiente parcela.-El quejoso en sus motivos de inconformidad, aduce que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13, transgrede en su perjuicio con la emisión de la sentencia impugnada en esta vía, los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, habida cuenta que aquélla no observó las formalidades esenciales del procedimiento y de las leyes expedidas, pues aduce que el fallo no se encuentra fundado y motivado adecuadamente, toda vez que contiene un criterio reiterativo y evidentemente subjetivo, trayendo como consecuencia la privación flagrante de sus derechos ya que la responsable debió hacer en su favor el reconocimiento a suceder los derechos agrarios controvertidos, pues asegura que él justificó, no sólo la posesión ejercitada sobre la unidad de dotación correspondiente por cierto tiempo, lo que equivaldría a que incluso se le reconociera derecho a usucapir, reconocimiento que dice le deviene en su favor si el Tribunal Unitario Agrario hubiera hecho un pronunciamiento en estricto apego a lo sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al resolver el amparo directo 24/98, en el que sostuvo como primer presupuesto una orden de preferencia condicionado a que el presunto sucesor dependiera económicamente del de cujus, dependencia que, asegura, fue probada por él, y no por la ahora tercera perjudicada, contrario a lo que afirma la responsable, pues, en su opinión, el acervo probatorio allegado por la señora Terríquez Méndez debió calificarse como insuficiente e inconducente para sus pretensiones; agrega, que la citada dependencia de él y el de cujus ‘se justifica con una confesional a cargo del suscrito y, pese a que en esta prueba se determina fehacientemente que yo he venido trabajando la tierra (la parcela) cuando menos, los últimos años ininterrumpidamente, de manera pacífica y públicamente ya que por propios y extraños fue conocido que mi padre me puso en posesión y que he dependido y dependo económicamente de su explotación, el susodicho Tribunal Unitario Agrario la calificó de inapta para demostrar mis pretensiones para suceder o usucapir’, y que con la testimonial aportada justificó la posesión de la parcela, el trabajo desempeñado sobre ella, y el empleo de créditos de carácter oficial, abiertos y pagados por él, y la circunstancia de haber asumido personalmente los riesgos y beneficios emergidos de dicha posesión, lo cual, desatendió el tribunal responsable y en cambió de manera desafortunada, asegura la responsable que hubo un pacto entre él y su padre, lo cual, alega no es apegado a verdad.-Añade, que el sólo hecho de que su contraparte haya sido cónyuge del titular de derechos, ello, no es suficiente para sostener que ésta dependía económicamente de aquél, pues, tal dependencia no puede desprenderse de un acta de matrimonio.-Igualmente aduce que ‘en cuanto a la afirmación del H. Tribunal Unitario Agrario relativo a la ley vigente al momento del fallecimiento de mi padre, considero que es totalmente irrelevante, pues de acuerdo a la pretendida aplicación de las normas contenidas en la nueva Ley Agraria en lo referente al orden de preferencia previsto por el artículo 18 frac. I es menester apuntar que, el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Materia Administrativa ante el cual concurrí en demanda de amparo (directo), mismo que se ventiló bajo expediente número 24/98 el día cinco de marzo del corriente año de 1998, produjo una ejecutoria concediéndome la protección federal y, en su resolución medular dice: «... se tomarán en consideración, no únicamente las pruebas encaminadas a demostrar el orden de preferencia establecido por el artículo 18 frac. I, de la Ley Agraria, sino también, las que se contraen al requisito de la dependencia económica con el de cujus, en relación con la explotación de la parcela, prevista en la fracción V del propio numeral ...». Los juristas integrantes de este Tribunal Colegiado, no cabe duda, enfocaron este derecho sucesorio de uso y disfrute de un bien (predio) de carácter social en beneficio de quien trabaja la tierra, o sea: la tierra debe ser de quien la trabaje (fundamento específico de la legislación agraria tradicionalista).-Ahora bien, en cuanto al aspecto demostrativo respecto a la dependencia económica que, de siempre me ligó a mi padre (titular del derecho usufructuario), en los propios autos del juicio natural quedó perfectamente demostrado mediante las pruebas confesionales desahogadas por ambas partes que, la tercera perjudicada (Sra. Terríquez) jamás ha puesto un dedo en la tierra y, por otra parte, tampoco ha dependido de su supervivencia, de la explotación de dicha parcela -ni directa ni a través de mi padre; por el contrario, el suscrito demostró que ha trabajado dicha parcela personalmente- cuando menos los últimos cinco años; que la ha cultivado e incorporado algunas mejoras, inclusive que en ocasiones la ha sembrado solicitando crédito de manera personal y que personalmente lo he pagado. Obviamente de lo anterior claramente se desprende que de hecho, la titularidad del usufructo parcelario la he tenido por un lapso de tiempo suficiente para poder usucapir, de acuerdo con la nueva Ley Agraria, considerando además que, tal situación debidamente propiciada por mi padre, fue producto de un acto totalmente intencionado de mi progenitor. Asimismo, de las pruebas testimoniales que ambas partes presentamos, también se desprende que, precisamente el suscrito ha venido trabajando dicha parcela personalmente -cuando menos- los últimos cinco años. Por otra parte, resulta totalmente claro para cualquier juzgador de buena fe que, mi padre no dependía económicamente de los pequeños obsequios que yo le proporcionaba; por el contrario yo sí dependía económicamente de él y de la explotación parcelaria ... y ... si mi padre no dependía económicamente de dicha explotación parcelaria ... mucho menos era dependiente de ello la señora Rosa María Terríquez Mendoza, según lo pretende el erróneo y muy subjetivo criterio del H. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario contra el que ahora enderezo el presente amparo.-La afirmación que hace el H. Tribunal Unitario Agrario, y en la cual basa preponderantemente su sentencia definitiva, la cual se refiere a que mi padre falleció bajo la vigencia de la nueva Ley Agraria y aplica el orden de preferencia previsto en el artículo 18, frac. I, no debe ser óbice para considerar y aplicar debidamente el sustento de la ejecutoria pronunciada por el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al resolver el amparo directo por mí interpuesto; toda vez que es necesario demostrar la dependencia económica con el ejidatario en relación con la explotación parcelaria, cosa que yo acredité ampliamente, ya que la explotación parcelaria que realicé durante más de cinco años no puede entenderse que fue por amor al arte, sino que de tal situación nace una fuente de subsistencia para el suscrito y, confrontando las pruebas aportadas por mí con las de la tercera perjudicada, es indudable que las primeras se sobreponen a las segundas, de ahí que el sentido de la sentencia reclamada me cause perjuicio por no estar debidamente fundada ni motivada.’.-En respuesta a las relatadas alegaciones debe decirse, como ya se destacó, que resultan jurídicamente ineficaces para conceder el amparo impetrado, por lo siguiente, antes de establecer el porqué de la ineficacia de los agravios, precisa poner de relieve que este Segundo Tribunal Colegiado, no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, al resolver el amparo directo número 24/98 consistente en que de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 1624 del Código Civil Federal, el cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes tendrá el derecho de un hijo y que por ello no puede estimarse correcto que el tribunal agrario, en el primer fallo pronunciado con fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, en el expediente natural, haya considerado con mejor derecho a suceder a la tercera perjudicada, basándose únicamente en el acta de matrimonio que justifica ese enlace entre aquélla y el titular de derechos, pues afirmó que era necesario con base en una interpretación del artículo 18 de la Ley Agraria que aquélla justificara la dependencia económica existente entre ella y el de cujus, requisito que, dijo, era indispensable probar, para suceder y añadió que entonces la responsable no se había plegado en sus conclusiones a las condiciones sustantivas reguladoras de esta controversia, pues indebidamente estimó que en la actual (Ley Agraria) no es menester acreditar esa dependencia económica ... cuando que, el artículo 18 de ese ordenamiento legal sí exige tal requisito, por ese motivo concedió el amparo al que aquí es quejoso, para que se tomaran en cuenta las pruebas aportadas a juicio y se dilucidara el tema girado en torno a la citada dependencia, y una vez hecho lo anterior con plenitud de jurisdicción, pero tomando en cuenta las pruebas ofrecidas, resolviera como en derecho correspondiera.-Y se dice que no se comparte el anterior criterio, en la medida, en que este órgano de control ha sostenido que en tratándose del juicio de sucesión agraria el artículo 18 del ordenamiento legal invocado en líneas que preceden, no obliga a probar que la cónyuge del ejidatario fallecido dependía económicamente de éste.-En efecto, el artículo 18 de referencia establece que el ejidatario que no haya hecho designación de sucesores -como es el caso- o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge. II. A la concubina o concubinario. III. A uno de los hijos del ejidatario. IV. A uno de los ascendientes. V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.-Como se ve, de la lectura de esta disposición no se advierte la obligación a cargo de la cónyuge del de cujus de probar la citada dependencia, incluso ni siquiera este extremo está obligado a probarlo ninguno de los entes a que se refieren las cuatro primeras fracciones, ya que este requisito, se insiste, en opinión de quien resuelve, sólo constriñe acreditarlo a cualquier otra persona que no se ubique en alguna de las primeras cuatro hipótesis señaladas, y que dependa económicamente del ejidatario fallecido, por ello, no se comparte como ya se dijo el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado, en lo tocante a ese tema. Esto es, en poner en un plano de igualdad a los contendientes, cuando uno es cónyuge y el otro es hijo del ejidatario fallecido, y en obligarlos por la procedencia del derecho a suceder a justificar la relatada dependencia económica, pues incluso, suponiendo que ambas hubieren acreditado ese extremo con el acervo allegado, ningún sentido tendría entonces el orden de preferencia a que alude el artículo 18. Es oportuno citar, en apoyo a lo anterior, la tesis consultable en el Tomo XIII-Febrero, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, página 423, cuyo contenido se comparte, que dice: ‘SUCESIÓN AGRARIA. EL ARTÍCULO 18 DE LA NUEVA LEY NO OBLIGA A PROBAR QUE LA CÓNYUGE DEL EJIDATARIO FALLECIDO DEPENDÍA ECONÓMICAMENTE DE ÉSTE.-La primera parte del artículo 18 de la Ley Agraria en vigor, establece: «Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de los ascendientes, y; V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él ...». De la disposición transcrita no se desprende la obligación, a cargo de la cónyuge del ejidatario fallecido, de probar haber dependido económicamente de éste, porque ninguna alusión a ese respecto se hace en la fracción I del precepto; y aunque en la fracción V sí se habla de dependencia económica, esta situación debe entenderse que se refiere a cualquier otra persona distinta a la cónyuge y demás sucesores que se mencionan en las fracciones precedentes.’.-Sentado lo anterior, es evidente que las alegaciones planteadas por el quejoso, carecen de relevancia para modificar el sentido del fallo, pues a pesar de que con sus pruebas hubiere probado la dependencia existente entre él y su padre y no así su consorte -la del de cujus- de cualquier modo, es a ella a quien en todo evento le corresponde el derecho a heredar, de acuerdo con lo apuntado, pues ésta, en el orden de preferencia a que alude dicho numeral se ubica en primer término, de suerte que, el hecho de que el ahora quejoso esté en posesión de la parcela controvertida, y que viva de sus productos, no le da derecho a obtener el reconocimiento pretendido, pues aquí lo que importa, es quién de los contendientes tiene derecho a heredar, de lo que se sigue que la posesión ejercitada por alguno de ellos resulta irrelevante en juicio de la naturaleza del que se analiza.-Por lo demás y en lo tocante a que con las pruebas aportadas por el quejoso, pudo la autoridad decretar su derecho para usucapir la unidad de dotación motivo de juicio, a ello debe contestarse que en el caso, el punto controvertido se limitó no a determinar quién debía obtener la parcela, en su calidad de titular, por la posesión ejercida a través del cierto tiempo, sino que se constriñó a reconocer cuál de las partes, de acuerdo con su posesión frente al de cujus, tenía un mejor derecho a suceder, así que esas alegaciones son ineficaces para las pretensiones del quejoso, pues la suplencia no implica hacer declaratoria sobre la procedencia de acciones no ejercitadas.-Es oportuno citar en apoyo a lo anterior la tesis correspondiente a Tribunales Colegiados cuyo contenido se comparte, publicada en el Tomo VI, agosto de 1997, página 820, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: ‘SUPLENCIA EN JUICIO AGRARIO. NO IMPLICA HACER DECLARATORIA SOBRE LA PROCEDENCIA DE ACCIONES NO EJERCITADAS.’.-En las condiciones apuntadas, al encontrar jurídicamente correcta la sentencia impugnada, y los motivos de inconformidad ineficaces para variar aquélla, y no advirtiendo este Tribunal Colegiado violación por parte de las responsables que hubiere dejado sin defensa al quejoso, resulta obligado negar el amparo y protección de la Justicia Federal impetrada.-Tocante al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, dígasele que de acuerdo con lo expuesto líneas atrás, los conceptos de violación resultaron ineficaces."
Por otra parte, de la copia certificada de la ejecutoria pronunciada el cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo número 24/98, promovido por Felipe de Jesús Quiles Rodríguez, se aprecia que el sentido del fallo, que fue el de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, se sustentó en las siguientes consideraciones:
"IV. Son parcialmente fundados los agravios. Además, este órgano colegiado suple su deficiencia conforme a los artículos 76 bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo.-Primeramente, el artículo 18 de la Ley Agraria, establece el orden de preferencia de acuerdo con el que deben transmitirse los derechos agrarios, cuando, como en el asunto que nos ocupa, el ejidatario no haya hecho designación de sus sucesores, señalando, en primer lugar (fracción I) al cónyuge; y, en tercero (fracción III), a uno de los hijos del ejidatario.-Bajo la anterior tesitura, en principio, no se encuentra incorrecto que el tribunal responsable haya considerado con mejor derecho para suceder en los derechos agrarios del extinto ejidatario Gregorio Quiles González, a la ahora tercera perjudicada Rosa María Terríquez Mendoza, que a su hijo, el aquí quejoso Felipe de Jesús Quiles Rodríguez, pues aquélla acreditó que fue su esposa (foja 10 del expediente agrario) y, en esas condiciones, tiene prelación legal respecto de su contraparte, aunque como luego se verá, dicho tribunal desatendió el requisito de la dependencia económica.-No es obstáculo para determinar lo anterior, lo que se argumenta en los conceptos de violación, sobre que, como el referido artículo 18 de la Ley Agraria, en su fracción I, sólo se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5867-8193f5b3/sucesion-legitima-de-derechos-ejidales-interpretacion-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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