SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NEGARSE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE DISMINUCIÓN DEL TECHO FÍSICO MENSUAL A UNA EMPRESA QUE GOZANDO DE SUBSIDIO PRODUZCA TORTILLA DE MAÍZ PARA CONSUMO HUMANO DE PRECIO CONTROLADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-En la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, al fallar la queja 21/98, se lee:
"Visto, para resolver, el recurso de queja número 21/98, relativo al incidente de suspensión del juicio de amparo número 164/98, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado; y, RESULTANDO: 1o. Rigoberto de la Torre Anaya, por su propio derecho, por escrito de diez de marzo del año en curso, turnado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, a quien le tocó conocer del juicio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, así como la suspensión provisional y definitiva, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se transcriben: ‘II. Autoridades responsables: Se señalan como autoridades responsables las siguientes: A. El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.-B. El C. Director de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (en lo sucesivo dentro de este escrito denominada Conasupo).-C. El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público.-D. El C. Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.-E. La H. Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento.-F. El C. Secretario de Comercio y Fomento Industrial.-G. El C. Delegado de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) en el Estado de Jalisco.-H. El C. Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el Estado de Jalisco.-I. El C. Delegado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el Estado de Jalisco.-A estas autoridades se les atribuye el carácter tanto de ordenadoras como de ejecutoras de los actos reclamados, teniendo sus domicilios en sus respectivos recintos oficiales.- ... IV. Acto de autoridad que se reclama: 1. Se reclama de todas las autoridades señaladas como responsables: A. La orden, emisión y pretendida ejecución de la reducción de la dotación de harina de maíz subsidiada, de 19,200 kilogramos de harina de maíz subsidiada por mes que el suscrito he tenido derecho de adquirir conforme a mi capacidad de producción de tortilla de maíz instalada en mi establecimiento, reduciéndose dicha dotación de harina a la cantidad de 16,320 kilogramos mensuales, acto que se traduce en una «prohibición de venta», al suscrito por parte de las comercializadoras de harina de maíz subsidiada, y que se encuentra contenido en el denominado padrón Conasupo vigente a partir del 1o. (primero) de marzo de 1988, expedido por las autoridades responsables.-2. Se reclama del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público: A. La inconstitucionalidad de la orden emitida por estas autoridades para reducir el «techo físico mensual global» de harina de maíz nixtamalizado objeto de subsidio a la tortilla de maíz, autorizado a través del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de mayo de 1996, en los Estados de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y el Estado de México, harina de maíz de la cual el suscrito he tenido derecho a adquirir mensualmente la cantidad de 19,200 kilogramos conforme a la denominada «tarjeta inteligente Conasupo», que Conasupo otorgó al suscrito para la adquisición de la harina de maíz subsidiada necesaria en mi actividad de industrial de la tortilla, no ordenando la reducción en la totalidad de las entidades federativas del país, ni tampoco para el otro segmento que interviene en la producción de tortilla de maíz de precio controlado, o sea, los molineros del país, es decir, aquellos industriales que en lugar de utilizar harina de maíz en el proceso de elaboración de tortillas de maíz, utilizan grano de maíz para convertirlo en masa a través del proceso tradicional.-3. De la H. Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento y del C. Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se reclama: A. La falta de sus respectivos dictámenes que legalmente debieron haber emitido, debidamente fundados y motivados, individualmente cada uno de ellos en forma previa a la reducción por parte del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, a partir del 1o. (primero) de marzo de mil novecientos noventa y ocho del «techo físico mensual global» de harina de maíz nixtamalizado objeto del subsidio a la tortilla de maíz, autorizado a través del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de mayo de 1996, reducción la cual se ordenó en los Estados de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y en el Estado de México, no así en la totalidad de los Estados del país.-4. Del C. Director general de Conasupo se reclama: A. La falta de la opinión que legalmente debió estar debidamente fundada y motivada en forma previa a la reducción por parte del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, a partir del 1o. (primero) de marzo de 1998 del «techo físico mensual global», de harina de maíz nixtamalizado objeto del subsidio a la tortilla de maíz, autorizado a través del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de mayo de 1996.-5. Se reclama de los CC. Delegados de Conasupo, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, todos en el Estado de Jalisco.-A. La ejecución del mandamiento de reducción de la dotación de harina de maíz subsidiada de 19,200 kilogramos de harina de maíz subsidiada por mes que el suscrito he tenido derecho a adquirir conforme a mi capacidad de producción de tortilla de maíz instalada en mi establecimiento, reduciéndose dicha dotación de harina a la cantidad de 16,320 kilogramos mensuales, acto que se traduce en la «prohibición de venta» al suscrito por parte de las comercializadoras de harina de maíz subsidiada y que se encuentra contenido en el denominado «padrón Conasupo» vigente a partir del 1o. (primero) de marzo de 1998, expedido por las demás autoridades responsables.’.-2o. El titular del citado Juzgado de Distrito, en proveído de trece de marzo del mismo año, ordenó el trámite del incidente de suspensión relativo y negó la suspensión provisional de los actos reclamados. Inconforme la parte quejosa, por conducto de su autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de queja. ... CONSIDERANDO: ... IV. Son sustancialmente fundados los motivos de inconformidad planteados por la parte recurrente.-En el apartado intitulado ‘Acto de autoridad que se reclama’ de la demanda de garantías relativa, como se ve de lo transcrito en el segundo de los resultandos de este fallo, el quejoso, entre otras cosas, dijo, esencialmente, que con la orden de reducción de la dotación de harina de maíz, se pretende reducirle la cantidad de 19,200 kilogramos a que tiene derecho a recibir mensualmente, conforme a la ‘tarjeta inteligente que Conasupo’ le otorgó para la adquisición de harina de maíz, subsidiada mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis; en tanto que en el capítulo intitulado ‘incidente de suspensión’ de la misma demanda de garantías, el aludido quejoso solicitó ‘la suspensión provisional de los actos reclamados y, en su oportunidad la suspensión definitiva de los mismos para el efecto de que continúe recibiendo el volumen de harina de maíz subsidiada que tenía asignado en mi «tarjeta inteligente Conasupo» No. 106945, cédula No. 14001681, que es de 19,200 kilogramos por mes, y no se lleve a cabo la ejecución inminente de los actos reclamados, consistentes en la reducción en mi dotación de harina subsidiada ordenada por las responsables.’.-Pues bien, de lo antes destacado es factible establecer que, al expresarse los actos de autoridad reclamados en la demanda de garantías, como también lo señala la parte recurrente, se habló de una disminución en la dotación de harina de maíz, que el quejoso tiene asignada para aplicarse mensualmente (reducción que operará de la cantidad de 19,200 kilogramos a la cantidad de 16,320 kilogramos), pero lo más importante del caso es, como correctamente lo estima la parte recurrente, que la suspensión de los actos reclamados no se solicitó propiamente respecto de las reclamadas órdenes de reducción de la dotación de harina de maíz, y de la disminución del ‘techo físico mensual global’ (dado que esas órdenes, en sí mismas consideradas, tienen el carácter de consumadas), sino en lo tocante a los efectos o consecuencias de las mismas, como lo es el hecho de que el aludido quejoso ya no reciba la dotación mensual de harina de maíz a que dijo tener derecho de adquirir ‘conforme a la denominada «tarjeta inteligente Conasupo»’; efectos o consecuencias que, por lo demás, sí son susceptibles de paralización, al través de la suspensión, para evitar su consumación, de acuerdo con los criterios doctrinales y con las tesis a que se hace alusión sobre el particular en el escrito de agravios; tesis de la que cobra particular relevancia la que dice: ‘SUSPENSIÓN. ACTOS DE TRACTO SUCESIVO.-Por lo que toca a que los efectos de los actos reclamados estén consumados, es de verse que aunque estén consumadas las resoluciones que constituyen los actos reclamados, si las consecuencias de esos actos se traducen en autorizar y ordenar una conducta que debe traducirse en actos de tracto sucesivo, es decir, si esas consecuencias no se consuman también de manera instantánea, ni se traduce en un solo acto consumado, de efectos permanentes, sino que se traducen en una conducta que puede o debe reiterarse o repetirse en el tiempo, es claro que la suspensión procede, sin que por ello se les den efectos restitutorios, respecto de los actos subsecuentes a la resolución que la decrete.’, tesis cuyo criterio comparte este Tribunal Colegiado.-En otro aspecto, debe decirse que también asiste la razón a la parte recurrente en lo que medularmente sostiene, acerca de que en forma indebida el a quo negó la solicitada suspensión provisional de los actos reclamados, con base en el razonamiento de que, de concederse tal suspensión, se causaría un perjuicio al interés social, porque se provocaría un desabasto del insumo consistente en la harina de maíz subsidiada que el quejoso tiene asignada.-El artículo 130 de la Ley de Amparo a que alude la parte recurrente, en lo que aquí interesa destacar, esto es, en su primer párrafo, dice literalmente lo siguiente: ‘Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.’.-De lo antes transcrito es posible establecer, como bien lo estima la parte recurrente, que para decidir sobre la suspensión provisional de los actos reclamados (cuya ejecución inminente se pudiera llevar a cabo con notorios perjuicios para el quejoso), los Jueces de Distrito deben atender exclusivamente a las manifestaciones hechas valer por el quejoso en la demanda de garantías, bajo protesta de decir verdad, en torno a la existencia, naturaleza y sustento de los referidos actos, por lo que no es dable que los Jueces de Distrito, al momento de decidir sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión provisional, hagan conjeturas o elucubraciones sobre la probable existencia de los actos, y respecto de los posibles motivos que dieron sustento a los mismos; de ahí que, también comparte este órgano jurisdiccional el criterio contenido en la diversa tesis transcrita en el escrito de agravios, que dice: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ACTOS DE PROBABLE EJECUCIÓN. LOS JUECES DE DISTRITO NO DEBEN CONJETURAR ACERCA DE ÉSTA AL DECIDIR SOBRE AQUÉLLA.-El artículo 130 de la Ley de Amparo determina la procedencia de la suspensión provisional «con la sola presentación de la demanda»; motivo por el cual, para decidir sobre la procedencia o no de esa medida, los Jueces de Distrito deben atender exclusivamente a las manifestaciones del quejoso, hechas bajo protesta de decir verdad, porque, al ser esos los únicos datos que tienen a su alcance, resulta una conjetura temeraria establecer la no probabilidad de la realización de actos que el afectado da por hecho que se pretenden ejecutar en su contra.’.-En la especie, para determinar que no procedía la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso continúe recibiendo el volumen de la harina de maíz subsidiada que tiene asignada, el a quo estableció, en síntesis, que no procedía conceder tal suspensión, porque si se accediera a ello se podría provocar un desabasto en el país de ese insumo, por lo que, también consideró el Juez de Distrito, no se satisface el requisito a que se contrae la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, porque de concederse la suspensión, se seguiría un perjuicio al interés social. Sin embargo, para arribar a esa determinación, como bien lo arguye la parte recurrente, el a quo partió de apreciaciones meramente subjetivas, por no haber tenido a su alcance elementos objetivos, que le permitieran afirmar, con la suficiente garantía de acierto, que con el otorgamiento de la suspensión provisional se podría provocar un desabasto en el país de la harina de maíz; máxime que el mismo a quo, como también correctamente lo destaca la parte recurrente, estableció que ‘hasta el momento’ se desconocían los motivos ‘de las referidas reducciones’; de tal suerte que, efectivamente, el aludido a quo se precipitó al decidir sobre la suspensión provisional solicitada de la forma en que lo hizo, pues desatendió lo dispuesto por el transcrito artículo 130 de la Ley de Amparo, en tanto que del mismo se advierte, como ya se dijo, que impone a los Jueces de Distrito el deber de decidir sobre la suspensión provisional que se solicita, con base en las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, haga el quejoso en la demanda de garantías, en relación con la existencia, la naturaleza y el sustento de los actos reclamados; de ahí que, el a quo también desatendió la circunstancia de que en la demanda de garantías, concretamente en el apartado intitulado ‘Conceptos de violación’, el quejoso, entre otras cosas, manifestó que la facultad que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para autorizar, determinar y ajustar el ‘techo físico mensual global’, es decir, el monto máximo mensual en kilogramos de maíz que vía harinización o molienda podrán ser objeto del ‘subsidio’, sólo puede ejercerla ‘previo dictamen de la Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento y previa opinión también de Secofi, Sagar y Conasupo’, dicho con otras palabras, la reclamada reducción del volumen de harina de maíz obedece, según lo manifestado en la demanda de garantías, a un indebido uso de facultades de la citada secretaría de Estado y no a alguna determinación de la autoridad, basada en una situación de desabasto en el país de tal insumo, que así se hubiera señalado a través de un decreto; por tanto, es evidente que el a quo, para decidir sobre la suspensión provisional, debió tomar en cuenta lo expresado sobre el particular en la demanda de garantías, por no contar, hasta el momento, con elementos que lo llevaran a establecer que con la concesión de la suspensión provisional se podría provocar un desabasto en el país del insumo de que se trata (cuestión que sólo podría ser posible conocer a ciencia cierta, con las pruebas que se alleguen a los informes previos, y con los elementos que pudiera aportar la parte tercero perjudicada, en su caso).-En esas condiciones, es indudable que sí se satisfacen en el caso, para los efectos de la concesión de la suspensión provisional solicitada, los requisitos a que se contraen las fracciones I, II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque tal suspensión la solicitó el agraviado, quien tiene demostrado, de manera indiciaria, su interés jurídico para que se le conceda dicha suspensión, ya que, como se ve del legajo de fotocopias certificadas que anexó el Juez de Distrito a su informe justificado, en relación al recurso de queja, cuenta (el aludido quejoso) con la tarjeta número 106945, cédula número 14001681, que aparece le fue expedida por ‘Conasupo’ el catorce de junio de mil novecientos noventa y siete ‘para recibir el beneficio del programa del subsidio a la tortilla de maíz para consumo humano de precio controlado’, según se observa de la copia certificada referente a esa tarjeta (foja 28 de este toca); tarjeta en relación con la cual le fue autorizada al quejoso esa dotación mensual de harina de maíz por un volumen de 19,200 kilogramos, como se observa de la diversa fotocopia certificada referente a la comunicación, de fecha nueve de marzo del año en curso, que le hizo el comercializador de harina subsidiada a que se hizo alusión en la demanda de garantías (esto es, la empresa que el quejoso señaló con el carácter de tercero perjudicada); comunicación en la que, entre otras cosas, se manifestó lo siguiente: ‘En relación a su solicitud de fecha 07 de marzo del año en curso, por medio de la presente le informo que en relación con la tarjeta inteligente Conasupo número 106945, cédula Conasupo No. 14001681, mi representada lo ha estado proveyendo con harina de maíz nixtamalizado para la elaboración de tortilla de maíz para consumo humano de precio controlado, teniendo usted autorizada una dotación mensual de harina de maíz, conforme a la tarjeta inteligente Conasupo, de la que es titular de 19,200 kilogramos, las cuales mi representada le vendió, informándole igualmente que a partir del mes de marzo del año en curso nos veremos en la necesidad de reducirle la dotación de harina de maíz a la cantidad de 16,320 kilogramos mensuales, conforme a los datos que de su tarjeta inteligente operada por Conasupo aparecen en mi terminal de punto de venta.’. Por otro lado, hasta el momento no existe prueba alguna con la que se demuestre que con el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada, se seguiría un perjuicio al interés social, o se contravendrían disposiciones de orden público; por último, en caso de que se negara dicha suspensión, se haría difícil la reparación de los daños y perjuicios con la ejecución de los actos reclamados, pues aun cuando se le concediera la protección constitucional al quejoso, sería materialmente imposible que se retrotraigan las cosas al estado que guardaban antes de la alegada violación, porque, como bien lo señala la parte recurrente, los consumidores de tortilla no comprarían el producto que pudiera elaborarse con toda la harina que se hubiera dejado de entregar al quejoso.-Entonces, lo que procede es revocar el acuerdo recurrido, en la materia propia del recurso, y conceder la suspensión provisional de los efectos o consecuencias de los actos reclamados, a fin de que se siga entregando al quejoso el volumen de 19,200 kilogramos de harina de maíz que tiene asignado en su ‘tarjeta inteligente Conasupo’ de que se habla; en la inteligencia de que la entrega regular será a partir de que el a quo notifique a la empresa comercializadora señalada como tercero perjudicada sobre esta determinación (las cantidades que se hubiesen dejado de entregar como correctamente lo estima la parte recurrente, constituyen actos consumados). Cabe señalar que, como de la copia certificada de la demanda de garantías relativa se advierte que el quejoso señaló a la aludida empresa comercializadora, con el carácter de tercero perjudicada, y no se advierte del mencionado legajo de copias certificadas, que no se hubiera tenido a tal empresa con ese carácter, la suspensión provisional decretada surtirá sus efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, pero dejará de surtirlos si el quejoso no otorga la garantía que el a quo le fije, dentro del término que éste señale, conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Amparo."
TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 20/98 el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, sostuvo:
"RESULTANDO: PRIMERO.-Por escrito presentado el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en este Estado, Jesús Ayala Nava, autorizado del quejoso Rigoberto de la Torre Anaya, en los amplios términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de queja en contra del acuerdo de trece de marzo del citado año, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en este Estado, en el incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo número 161/98.-SEGUNDO.-Mediante proveído de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de este órgano colegiado dio entrada al recurso de queja de mérito, originándose la formación del toca número 20/98, se tramitó conforme a derecho, y quedando en condiciones de resolverse, se entregó al Magistrado relator para la formulación del proyecto respectivo; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.-El acuerdo que se impugna, en su parte conducente, dice: ... (lo transcribe).-SEGUNDO.-El recurrente expresa los siguientes agravios: ... (los reproduce). ... SÉPTIMO.-Los agravios anteriormente transcritos, en parte son infundados e inoperantes en el resto.-En efecto, son inoperantes los agravios en que se alega que el a quo en la sentencia recurrida violó en perjuicio de la parte quejosa el artículo 16 constitucional, ya que, las determinaciones y resoluciones de los Jueces de Distrito dentro del juicio de garantías, se encuentran basadas en los preceptos de la Ley de Amparo, a la cual deben ceñir su actuación y, por ende, son las violaciones a dicha legislación las que se deben invocar en la revisión y no violaciones a garantías constitucionales. Así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia consultable con el número 2a./J. 12/96, en las páginas quinientos siete y quinientos ocho, del Tomo III, marzo de 1996, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (Se transcribe). Por tanto, al revisar cualquier resolución dictada en un juicio de garantías, ello debe hacerse a la luz de la Ley de Amparo, a la que los Jueces de Distrito, repítese, deben ceñir su actuación.-Pues bien, el a quo negó al quejoso la suspensión provisional solicitada respecto de los actos reclamados consistentes en la orden, emisión y pretendida ejecución de la reducción de la dotación de harina de maíz subsidiada que tenía asignada en la cantidad de diez mil ochocientos kilogramos mensuales a través de la ‘tarjeta inteligente Conasupo’ número 106950, a la cantidad de nueve mil setecientos veinte kilogramos, así como en la orden emitida para reducir el ‘techo físico mensual global’ de harina de maíz nixtamalizado objeto del subsidio a la tortilla de maíz, por considerar, entre otras cosas, lo siguiente: ‘No pasa inadvertido que el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que continúe recibiendo el volumen de harina de maíz subsidiada que tenía asignado; sin embargo, y como hasta el momento se desconocen los motivos de las referidas reducciones, el que esto resuelve considera que de concederse la medida cautelar en los términos solicitados se podría provocar un desabasto del insumo en cuestión en el país, y el artículo 124 de la Ley de Amparo, en su fracción II, expresamente establece que si se sigue perjuicio al interés social no procede conceder la suspensión provisional, y en el caso, es de interés social el abasto de harina de maíz subsidiado en el territorio nacional, por el producto al que da origen (tortilla). Esto es, en la especie se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a sus derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de autoridad, lo que determina, como ya se dijo, la negativa a conceder la suspensión provisional solicitada.’.-Tal determinación, contrario a lo que en esencia alega el recurrente, sí se encuentra debidamente fundada y motivada, como lo exige el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues en su apoyo según se ve de la transcripción que antecede, el Juez de Distrito citó el artículo 124, fracción II, de la invocada Ley de Amparo, que, como lo dijo el Juez Federal, expresamente establece que no procede la suspensión de los actos reclamados si con ella se siguen perjuicios al interés social; además, el juzgador expresó, también con claridad y precisión, los motivos por los que estimó que a su juicio, de concederse la suspensión en la especie, se causarían perjuicios al interés social, con lo que se cumple cabalmente lo dispuesto por el mencionando artículo 77 de la Ley de Amparo, que no exige más requisitos que el de citar en las resoluciones que se pronuncien en los juicios de garantías el precepto de ley que se estime aplicable al caso y el de efectuar un razonamiento por el que se indiquen las causas que le hayan dado lugar a la resolución de que se trate. De ahí, lo infundado de lo alegado al respecto.-Dicha consideración, este tribunal tampoco la estima incorrecta, ya que, en contestación a lo que aduce el inconforme, debe decirse que no se trata de un razonamiento puramente subjetivo, ni de una afirmación vaga o dogmática, pues implícitamente sí se funda en un elemento objetivo que se hizo consistir precisamente en el reclamo del quejoso a que se le continúe entregando en forma completa la dotación de harina de maíz subsidiada que mes con mes, según su dicho, venía recibiendo, lo que de acontecer, dijo el a quo, podría provocar un desabasto del insumo en cuestión en el país, y sobre estas argumentaciones nada se dice en los agravios en estudio, sino que se limita a afirmar el recurrente que el acuerdo impugnado se basa en un mero criterio subjetivo y dogmático, por lo que, a la luz de lo alegado, este órgano colegiado no puede abordar conclusión diversa a la sostenida por el Juez Federal.-Por lo demás, como lo sostiene el doctrinista Carlos Arellano García, en el texto que el propio recurrente reproduce en apoyo de sus agravios en estudio, precisamente por la difícil situación en que se encuentra el Juez que conozca de una demanda de amparo, para resolver sobre la procedencia de la suspensión provisional, al no contar con más datos que los que le proporciona el quejoso en el escrito de demanda respectivo, es por lo que goza (el Juez) de facultades discrecionales para decidir sobre el otorgamiento o no de la suspensión y, por ello, si según su criterio, debidamente razonado, pudieran ocasionarse perjuicios a la sociedad con la suspensión, es claro entonces que no puede tenerse incorrecta su negativa a otorgar la medida, si no se dan elementos ni se exponen argumentos de contenido lógico-jurídico que desvirtúen su consideración, como aconteció en el caso.-A mayor abundamiento, cabe señalar que el aumento o disminución del mencionado ‘techo físico mensual global’ de harina de maíz nixtamalizado objeto del subsidio a la tortilla de maíz, constituye, por su propia naturaleza, una disposición que tiende a regular el comercio de un artículo de primera necesidad como lo es la tortilla de maíz para consumo humano, con el fin de propiciar la sana competencia entre las empresas y procesos de producción respectivos y de evitar desabasto y monopolios al respecto, según se desprende de lo dispuesto por los artículos 3o. y 5o. del decreto presidencial que estableció el subsidio indicado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis, cuyo contenido relata el propio quejoso en el quinto párrafo de la hoja marcada con el número trece de su escrito de demanda de amparo. Ahora bien, disposiciones como la apuntada, esto es, que tienden a regular el comercio de artículos de primera necesidad, son de interés público, en tanto que afectan de modo directo a toda la comunidad y, por ende, existe mayor interés en que actos como los reclamados en la especie se ejecuten desde luego, lo que hace improcedente la medida suspensional. De donde se sigue, que no pueda considerarse objetivamente incorrecta la determinación impugnada.-Por otro lado, en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que deba concederse la suspensión cuando, de negarla, pueda quedar sin materia el juicio, o que por el contrario, deba negarse, cuando con ella el quejoso obtenga lo que buscaba por medio del amparo. Sobre el punto, resulta pertinente señalar que lo determinante para que se conceda o se niegue el beneficio de la suspensión, es que se reúnan o no los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues de no reunirse alguno de los que contempla dicho numeral, la suspensión ha de negarse, según lo manda tal precepto. Consecuentemente, habié
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5716-b04e33cd/suspension-provisional-debe-negarse-contra-la-ejecucion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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