DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 53/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En el caso se actualiza el supuesto de contradicción de tesis, según puede desprenderse de las constancias remitidas a propósito de la denuncia, de las que interesa destacar lo siguiente:
A. El criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sentado al fallar la revisión administrativa número (RCA) 3/96, encuentra estos antecedentes:
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de su representante, acudió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a demandar la nulidad de la resolución emitida por el procurador fiscal de la misma localidad, por la cual se declaró improcedente la exención de pago de derechos por uso, suministro y aprovechamiento de agua solicitada por aquél respecto de un inmueble de su propiedad por el quinto bimestre de mil novecientos noventa y tres.
La Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal declaró la nulidad de la resolución impugnada e inconforme con ella, la autoridad fiscal interpuso el recurso de revisión ante la Sala Superior del propio tribunal, la cual confirmó la sentencia.
En contra de esta resolución, la autoridad fiscal interpuso el recurso ante el Tribunal Colegiado de Circuito ya mencionado, el cual en sesión del día primero de marzo de mil novecientos noventa y seis confirmó el fallo anulatorio, con apoyo en las consideraciones que en lo relativo a la materia de la presente contradicción se transcriben a continuación:
"QUINTO. Los argumentos vertidos por la inconforme pueden sintetizarse en que la sentencia impugnada le perjudica al estimarse que la parte actora, al acreditarse como propietaria de un bien inmueble del dominio público de la Federación, está exenta del pago de derechos por el uso del agua. A decir de la recurrente, no está a debate si los bienes en cuestión son o no del dominio público, sino que debió distinguirse entre el bien exento de gravamen y el sujeto beneficiario de servicio público de agua, siendo que a este último no le es aplicable la exención constitucional. Continúa la autoridad arguyendo que el artículo 122 constitucional que aplica la Sala a quo no había entrado en vigor en la época, e insiste en que la exención sólo es aplicable a los inmuebles y respecto a las contribuciones que los gravan, no a los derechos por servicio de agua. A juicio de este órgano colegiado, los razonamientos formulados resultan infundados, de acuerdo con las siguientes consideraciones: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso recurso de revocación en contra del recibo de pago por los derechos de uso, suministro y aprovechamiento de agua correspondiente al bimestre 5o./93, en relación con la toma de agua ubicada en Av. Cuitláhuac 548, cuenta 044-662-02-000-000-05. Contra la resolución recaída a dicho recurso, en la cual el procurador fiscal del Distrito Federal declarara improcedente la exención del pago de derechos y confirmara el cobro respectivo, interpuso demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. En ambas instancias, la parte actora fundamentó su calidad de sujeto exento del pago de derechos en el carácter del inmueble en que se localiza la toma de agua, es decir, se trata de un bien de dominio público de la Federación, dado que se utiliza para su objeto como clínica y, por tanto, le es aplicable lo dispuesto en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal. En este contexto, se acreditó que, efectivamente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios (artículo 4o. de la Ley del ISSSTE) y, por tanto, en términos de los artículos 2o. y 34 de la Ley General de Bienes Nacionales, el inmueble en cuestión forma parte del dominio público. Dichos artículos, en la parte que interesa, disponen lo siguiente: 'Artículo 2o. Son bienes de dominio público: ... V. Los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos, conforme a la ley; ...'. 'Artículo 34. Están destinados a un servicio público, y por tanto se hallan comprendidos en la fracción V del artículo 2o.: ... VI. Los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados de carácter federal, siempre que se destinen a infraestructura, reservas, unidades industriales, o estén directamente asignados o afectos a la exploración, explotación, transformación, distribución o que utilicen en las actividades específicas que tengan encomendadas conforme a sus respectivos objetos, relacionados con la explotación de recursos naturales y la prestación de servicios. No quedan comprendidos entre los bienes a que se refiere el párrafo anterior los inmuebles que los organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas, o en general para propósitos distintos a los de su objeto ...'. Ahora bien, el artículo 115 constitucional, en el cual la Sala a quo se basara para confirmar la nulidad decretada por la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la parte que interesa establece lo siguiente: 'Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes: ... IV. Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de las personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones. Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles; ...'. Entendiéndose por contribución un concepto genérico que comprende los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Así las cosas, contrariamente a lo aducido por las recurrentes, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo estuvo en lo correcto al estimar que la parte actora se encontraba en el supuesto de exención que marca la Constitución Federal y, por tanto, procedía la nulidad de la resolución administrativa impugnada. Esto es así, porque la distinción que pretende la inconforme entre objeto gravado y sujeto beneficiario del servicio público es insostenible lógica y jurídicamente hablando. Si bien es cierto que la redacción del artículo 115 constitucional, en la parte que nos ocupa, se refiere a que '... Sólo los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones ...', es por demás evidente que en las obligaciones de carácter tributario (así como en las obligaciones en general), los únicos sujetos obligados al pago de las contribuciones son o pueden ser personas físicas o morales. Dicho en otras palabras, en una relación jurídica los que se obligan sólo pueden ser las personas 'jurídicas' y por tanto sólo los sujetos obligados podrán ser eximidos o exentados del cumplimiento de las mismas. En este sentido, los bienes no pueden considerarse exentos del pago de una contribución dado que en ningún caso pueden ser sujetos de la misma, correspondiendo en todo caso su función a la de determinar la base de la contribución o tributo mismo, resultando indebido confundir al sujeto pasivo de la obligación, que es el dueño del bien, con el bien mismo. Resultaría absurdo pretender que los vehículos están obligados al pago de tenencia, o los inmuebles al pago del predial, etcétera, atribuyéndoles un carácter que por definición les es ajeno. Esclareciendo lo anterior, el texto constitucional no puede tener otro significado que el de exentar del pago de contribuciones a las personas de derecho que detentan los bienes de dominio público, pues ya que en cierto sentido, tal y como se encuentran definidos, dichos bienes le pertenecen a la Nación misma y sería ocioso que ella se pagara a sí misma los tributos que origine su propiedad o uso. Por lo que se refiere a que, en todo caso, la exención constitucional se debe entender en relación con los gravámenes de los inmuebles y no respecto a los servicios públicos de otra naturaleza, tampoco le asiste la razón a la autoridad puesto que de la lectura de la fracción IV del artículo 115 constitucional, se advierte que al referirse a la Hacienda que los Municipios deben administrar, entre sus percepciones se enumeran: a) las contribuciones sobre propiedades inmobiliarias; b) las participaciones federales, y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos. Sentado lo anterior, en el párrafo siguiente, en el cual se habla de la posibilidad y las limitantes para conceder exenciones o establecer contribuciones, claramente se dice que éstas son las contenidas en los incisos a) y c), de donde es evidente que los servicios públicos, como en el caso concreto de suministro de agua, también se encuentran comprendidos dentro de las exenciones otorgadas en la parte final de dicho párrafo en beneficio de los dueños o usufructuarios de los bienes nacionales. Sirve de apoyo a lo así razonado, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo criterio este tribunal comparte, visible en la página 334 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII-Febrero, Octava Época, que dice: 'IMPUESTO MUNICIPAL. AGUA Y DRENAJE. Instituciones de servicio pÚblico, EXENCIÓN del pago. El artículo 115 constitucional en su fracción IV, dispone sustancialmente que los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará, entre otras percepciones con contribuciones relativas a la propiedad raíz; las participaciones de carácter federal y los ingresos derivados de las prestaciones de servicios públicos a su cargo. Asimismo, el citado precepto prohíbe a las leyes federales la limitación a los Estados para establecer contribuciones relativas a la propiedad inmobiliaria e ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo del Municipio, así como el establecimiento de exenciones y subsidios respecto a las mencionadas contribuciones, en favor de personas físicas y morales, ni de instituciones oficiales o privadas; añadiendo que sólo los bienes de dominio público de la Federación, Estados o Municipios estarán exentos de dichas contribuciones. Por su parte el artículo 1o. de la Ley General de Bienes Nacionales señala que los bienes de dominio público de la Federación son del patrimonio nacional y en el artículo 2o. de dicha ley prevé como bienes de dominio público en su fracción V los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a ésta, conforme a la ley. Por su parte, del numeral 34, fracción VI de la ley en comento, se desprende que los inmuebles que formen parte de los organismos descentralizados de carácter federal relacionados con el servicio público que presten a excepción de los utilizados para oficinas administrativas o con propósito distinto a los de su objeto, son considerados legalmente como bienes de dominio público de la Federación. De esa manera, si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es un organismo descentralizado de la Federación y el inmueble que ocupa, de acuerdo con el artículo 3o. de la ley del instituto, está afecto al objeto principal del mismo, es de evidenciarse que constituye un bien de la Federación del dominio público y por tanto el quejoso está exento del pago de derechos de agua potable y drenaje.'. Por último, en relación con lo argumentado respecto a que el texto del artículo 122 constitucional, que la Sala a quo aplicó al caso, no se encontraba en vigor en el momento del cobro por derechos, debe considerarse como fundado pero insuficiente para revocar la sentencia combatida. En efecto, aun cuando el texto del artículo 122 constitucional que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal cita en su sentencia, no corresponde al vigente en el momento del requerimiento de pago (octubre de 1993), lo cierto es que la Sala no aplicó, esto es, no consideró que los hechos sometidos a su resolución fueran subsumidos o se encontraran en los supuestos señalados por dicho numeral, limitándose a invocar el texto de dicho artículo (en la parte que señala la posibilidad de exención de las contribuciones respecto a los bienes de dominio público de la Federación), para reforzar lo razonado al artículo 115 constitucional, fracción IV, que constituye el fundamento de la exención ya analizada. En otras palabras, las consideraciones con base en las cuales se declaró la nulidad de la resolución administrativa no se apoyan en el citado artículo 122 constitucional, sino en la interpretación y aplicación del artículo 115 constitucional y otros artículos de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Fiscal de la Federación, por lo que la equivocación en la cita del artículo mencionado, no provoca cambio alguno en la argumentación de la a quo, que amerite la revocación de la sentencia, pues subsiste el razonamiento toral de la misma. En las circunstancias narradas, lo conducente será declarar procedente pero infundado el recurso de revisión interpuesto."
De este asunto derivó la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, página trescientos cincuenta y dos, que dice:
"BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EXENCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS QUE LOS DETENTAN. (ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN IV, INCISO C)). El artículo 115 constitucional, fracción IV, inciso c), dispone que sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos del pago de las contribuciones establecidas en ordenamientos fiscales, entendiéndose por contribución un concepto genérico que comprende impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Por su parte, la Ley de Bienes Nacionales señala en su artículo 2o., fracción V, que son bienes del dominio público los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos conforme a la ley. El artículo 34, fracción VI de la ley en cita, establece que están destinados al servicio público los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados de carácter federal, siempre que se destinen o utilicen para las actividades específicas que tengan encomendadas conforme a sus respectivos objetos. En este orden de ideas, si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado acreditó ser un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos del artículo 4o. de su ley, así como el hecho de que en el inmueble que dio origen al crédito por concepto de uso, suministro y aprovechamiento de agua se halla instalada una clínica, es indudable que dicho bien forma parte del dominio público y, por ende, su detentador está exento del pago del derecho respectivo. Ello es así, en primer lugar, porque las relaciones jurídicas u obligaciones tributarias se establecen entre el Estado, en tanto sujeto activo o acreedor, y las personas físicas y morales como sujetos pasivos obligados al pago de las contribuciones y, por ende, únicos entes que podrán ser eximidos del mismo; no así los bienes que no corresponden sino a uno de los elementos que configuran el hecho imponible (base). Y en segundo lugar, porque en sentido lato, los bienes del dominio público son propiedad de la Nación y resultaría ocioso que ella se cobre y se pague a sí misma aquellas contribuciones que el uso o goce de dichos bienes genere."
B. El criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sentado al fallar el amparo en revisión número 2064/89, promovido por Ferrocarriles Nacionales de México, tiene estos antecedentes:
Ferrocarriles Nacionales de México, por conducto de su representante, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la liquidación fincada a su cargo por cuenta de un inmueble de su propiedad por concepto del pago de los derechos por servicios de agua y de los actos de ejecución respectivos.
El Juez de Distrito que conoció del asunto negó el amparo solicitado en contra de la liquidación y lo concedió respecto de la ejecución reclamada.
Inconforme con el fallo, la parte quejosa acudió a la revisión, de la cual tocó conocer al Tribunal Colegiado de Circuito ya mencionado, quien en sesión del día nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, confirmó la sentencia recurrida en la parte de que se trata, al tenor de las consideraciones que en lo concerniente al tema de la contradicción se transcriben en seguida:
"CUARTO. Son fundados en parte, pero inoperantes, y en otra infundados los agravios que hace valer la representante legal de Ferrocarriles Nacionales de México, por las siguientes razones: de la atenta lectura de los agravios en cita se llega a la conclusión que los argumentos que, en síntesis, aduce la quejosa son: 1. Que la Juez de Distrito hizo una indebida interpretación de los artículos 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 14, 16 y 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 de la Ley de Hacienda del Distrito Federal y 5o. del Código Fiscal de la Federación; y que, por otra parte, dejó de observar los artículos 1o., 4o., 18, 19 y 20 de la Ley Orgánica de Ferrocarriles Nacionales de México; 1o., fracción V, 2o. y 3o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y los artículos 19, fracción I, 2o., fracción V y 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales. 2. Que la exención que invoca sí es operante porque los bienes de su representada son bienes nacionales y, por ello, inembargables; además, que las disposiciones legales citadas, tanto de la Ley Orgánica de Ferrocarriles como la de Bienes Nacionales, establecen que esos bienes sólo pueden ser afectados por leyes federales, ya que por dedicarlos a un servicio público se deben considerar como bienes de dominio público de la Federación; por tanto, al aplicarle una ley local como lo es la Ley de Hacienda del Distrito Federal, tal actitud resulta violatoria de sus garantías individuales. 3. Que la a quo hizo una indebida interpretación de la fracción IV, inciso c), del artículo 115 constitucional, porque si bien es cierto que conforme a esa fracción los Municipios administrarán libremente su Hacienda, y en todo caso percibirán: '... c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo ...'; asimismo, en un párrafo siguiente se señala que '... Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas ...', también es cierto que '... Sólo los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones ...'. 4. Que el Distrito Federal no es propiamente un Estado que tenga como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre y, por ello, su administración directa compete al presidente de la República y a los Poderes Federales, infiriéndose que no tiene derecho a percibir las contribuciones a que se refiere la fracción IV, incisos a), b) y c) del artículo 115 constitucional. 5. Que en contrario a lo que sostuvo la Juez Federal, sí existe un conflicto de leyes entre la Ley de Hacienda del Distrito Federal y las leyes federales que regulan a Ferrocarriles, como son su propia ley orgánica y General de Bienes Nacionales y, por último; 6. Que la Juez no acató las jurisprudencias que en su demanda invocó. De los anteriores agravios resulta fundado, pero inoperante, el que se refiere a que la Juez de Distrito no hizo el estudio de los artículos 1o., 4o., 18, 19 y 20 de la Ley Orgánica de Ferrocarriles Nacionales de México; de los artículos 1o., fracción V, 2o. y 3o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y de los artículos 1o., fracción I, 2o., fracción V y 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales. Cabe precisar, sin embargo, que la violación que se atribuye a la a quo es más aparente que real, ya que refiriéndose todas las disposiciones anteriores a que los bienes afectos a un servicio público son bienes de dominio público y por tal razón están exentos de pago de contribuciones locales, y desestimarse en la sentencia recurrida las pretensiones del quejoso en ese sentido, desestimación que se hizo con apoyo en los argumentos vertidos en la parte final del considerando tercero de aquella sentencia (páginas 14 y 15 de esta sentencia) relativo a que la exención reclamada sólo opera 'respecto de los servicios públicos destinados a vías generales de comunicación, así como a los capitales y empréstitos empleados en el servicio, las acciones, bonos y obligaciones emitidas por las empresas respectivas; lo que, en una recta interpretación, implica que no podrá haber contribuciones locales municipales sobre los servicios destinados a vías generales de comunicación ... Sin embargo, tal exención no puede abarcar, desde luego, mayor extensión que la que la propia norma legal le otorga ... Luego entonces, si en la norma federal, en ninguna de sus partes se establece que la exención en ella contenida también comprenderá la prestación del servicio de agua o de algún otro servicio local o municipal sino únicamente, se insiste, la de tributos que recaigan sobre el propio servicio público ...', es claro que la Juez tácitamente excluyó la aplicabilidad de los artículos que aquí se mencionan. Por razón de método, procede estudiar a continuación el argumento marcado con el número cuatro de la síntesis antes relacionada, pues de ser fundado el mismo, haría innecesario el estudio de los restantes argumentos ya que al no ser el Departamento del Distrito Federal sujeto activo del tributo que se reclama, nada importaría resolver si se tiene o no derecho a la exención. Es verdad que el Distrito Federal no es un Estado miembro de la Federación; sin embargo, es una entidad federativa integrante de ésta, según lo dispone el artículo 43 de la Constitución Federal; es verdad también que el Distrito Federal fue creado en 1824 con modalidades distintas a las de los Estados; que sus autoridades legislativas (ahora parcialmente) y las administrativas, son orgánicamente idénticas a las federales; sin embargo, desempeñan material y territorialmente actos diferentes como órganos de la Federación y como órganos locales. Ahora bien, no obstante la diferente concepción jurídica del Distrito Federal y los Estados miembros, históricamente, desde su misma creación el dieciocho de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, se le dio el tratamiento de Ayuntamiento a los pueblos que quedaron comprendidos dentro de la jurisdicción territorial de esa entidad federativa; así puede verse del artículo 7o. del decreto de la fecha antes citada que dispuso: 'En las elecciones de los Ayuntamientos de los pueblos comprendidos en el Distrito y para sugobierno municipal se observarán las leyes vigentes en todo lo que no pugnen con el presente.'. Posteriormente, al sustituirse el régimen federal por el central en la Constitución de 1836, se le denominó al Distrito Federal 'Departamento de México', equiparándolo así a los otros Departamentos integrantes de la República Mexicana; la Constitución de 1857 dispuso en su artículo 72: 'El Congreso tiene facultad ... VI. Para el arreglo interior del Distrito Federal y Territorios, teniendo por base el que los ciudadanos elijan popularmente las autoridades políticas, municipales y judiciales, designándoles rentas para cubrir sus atenciones locales.'. La Ley Orgánica de veintisiete de marzo de mil novecientos tres dividió al Distrito Federal en trece municipalidades; todavía en la Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales del trece de abril de mil novecientos diecisiete, el gobierno del Distrito Federal estaba a cargo de un gobernador que dependía directamente del presidente de la República y orgánicamente se dividió en Municipios cuyo gobierno correspondía a un Ayuntamiento; el Ayuntamiento de la Ciudad de México se formaba de veinticinco concejales y el de las demás municipalidades de quince cada uno. Fue hasta la reforma a la fracción VI del artículo 73 constitucional, reforma del veintiocho de agosto de mil novecientos veintiocho cuando se varió el régimen político del Distrito Federal, se le designó a partir de entonces Departamento del Distrito Federal; pero si varió el régimen político no varió el económico que subsiste hasta nuestros días. La interpretación histórica relacionada lleva a la conclusión de que el Distrito Federal sí es sujeto activo de las contribuciones a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción IV del artículo 115 de nuestra Carta Magna. Por la identidad que existe entre ellos, procede que este tribunal se haga cargo de los agravios sintetizados en los puntos 2, 3 y 6 de este considerando. En efecto, nadie ha puesto en duda que los bienes inmuebles afectos a un servicio público por la Federación, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Bienes Nacionales, sean bienes de dominio público y que los bienes inmuebles propiedad de Ferrocarriles formen parte de las vías generales de comunicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., fracción V y 2o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación; que todas las controversias del orden civil que se susciten en la que fuere parte Ferrocarriles deberán resolverlas los tribunales federales e inclusive que opere la exención a que alude el artículo séptimo de su ordenamiento legal; sin embargo, le asiste la razón a la juez de distrito cuando sostiene que el cobro de derechos de agua en nada afecta tal exención, que sólo es operante cuando se gravan directamente los inmuebles destinados a los servicios públicos que prestan las vías generales de comunicación o indirectamente al través de gravámenes a los capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidas por Ferrocarriles, empero, nada dice ese precepto de los servicios que reciba de la entidad federativa y de admitirlo sería darle una interpretación extensiva a una carga fiscal impuesta al sujeto pasivo de la obligación tributaria, lo cual iría en contra de lo dispuesto en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación. Es inexacto que en la sentencia recurrida se hubiera hecho una incorrecta interpretación de la fracción IV del artículo 115 constitucional, pues como ya quedó dicho con antelación, el cobro de derechos de agua no afecta la exención a que alude la parte final del párrafo sexto de esa fracción; pues si, como ya se dijo, los bienes inmuebles de Ferrocarriles son bienes de dominio público, al no afectárseles, no afectan el derecho a la exención que pretende. Por las razones expuestas, debe concluirse que también es acertada la afirmación de la Juez Federal, de que en el caso no existe conflicto de leyes, pues el Distrito Federal sí puede aplicar, en el caso concreto, su Ley de Hacienda, sin que ello signifique interferencia con ley federal alguna. Por último, atendiendo a que las jurisprudencias que invocó la quejosa en su demanda de amparo contemplaban supuestos jurídicos distintos, en nada afecta que en primera instancia no se hubieran aplicado; a más de que éstas se dieron antes de la reforma del artículo 115 constitucional. En ese orden de ideas, lo que procede es confirmar la sentencia que se revisa."
De este asuntó derivó la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-1, página doscientos cinco, que dice:
"DERECHOS DE AGUA, COBROS EFECTUADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL POR CONCEPTO DE. LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTÁN OBLIGADOS A CUBRIRLOS. El cobro por derechos de agua que el Departamento del Distrito Federal hace a un organismo descentralizado es constitucional, ya que dicho cobro en nada afecta la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4242-099d6c5f/derechos-por-el-servicio-de-agua-potable-prestado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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