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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES IMPROCEDENTE SI LA DENUNCIA TIENE POR OBJETO DECIDIR CUÁL DE DOS RESOLUCIONES DICTADAS EN UN JUICIO DE AMPARO, A LAS QUE SE ATRIBUYE CONTRADICCIÓN, DEBE SUBSISTIR Y CUÁL DEBE QUEDAR SIN EFECTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/97. · Registro digital (IUS): 6279
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Febrero de 2000, , Pág. 70.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo números 26/97, promovido por Crédito Afianzador, S.A., Compañía Mexicana de Garantías y 29/97, promovido por Fianzas Monterrey Aetna, S.A., en la parte que interesa consideró:

"IV. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, son jurídicamente ineficaces para conceder la protección constitucional solicitada.

"En efecto, del análisis integral de las actuaciones que conforman el sumario fiscal, este órgano colegiado advierte que la sociedad actora demandó ante la Sala responsable la nulidad del cobro que le hizo la administradora local jurídica de Ingresos de Guadalajara, por la cantidad de mil ochocientos diez pesos con treinta centavos, con cargo a la póliza de fianza número M-01306085, que por José Jesús Casillas Pellat expidió el veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y nueve ante la Tesorería de la Federación, para garantizar los impuestos al comercio exterior que determina el artículo 135 de la Ley Aduanera, en relación con la importación temporal a que se refiere la póliza de fianza.

"Los motivos de inconformidad planteados por la empresa demandante con el propósito de evidenciar la nulidad del requerimiento impugnado se hicieron consistir, medularmente, en que su fiada se comprometió a retornar la mercancía en un plazo que vencía el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa, pero que al no hacerlo se actualizó la hipótesis de la disposición fiscal, la importación se tornó definitiva y por ende, surgió la obligación de pagar el impuesto al comercio exterior y la multa respectiva a cargo de la fiada; que el crédito fiscal garantizado se hizo exigible al vencer el plazo concedido más los cuatro meses que prevé el artículo 80 de la Ley Aduanera, los cuales vencieron en mayo de mil novecientos noventa, convirtiéndose desde esa fecha en importación definitiva, estando la autoridad desde ese momento en posibilidad de cobrar el monto de la póliza, ya que el crédito fiscal nació y se hizo exigible al vencer el plazo que la Ley Aduanera señala para el retorno de las mercancías; que del mes de mayo de mil novecientos noventa al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, transcurrieron con exceso los tres años de que disponía la beneficiaria para hacer efectivo el crédito derivado del contrato de fianza, pero como no lo hizo, su derecho prescribió, por lo que la quejosa se encontraba libre de obligaciones para con la fiadora por prescripción, en los términos del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, razón por la que, adujo, el requerimiento impugnado carecía de la debida fundamentación y motivación exigida en los artículos 38, fracción III y 143 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el citado 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el cual establece la liberación de las obligaciones contraídas por la afianzadora por caducidad, cuando el beneficiario de una póliza no presenta su reclamación dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha en que la obligación garantizada se vuelve exigible por incumplimiento del fiado; que si desde mayo de mil novecientos noventa, el administrador local de Auditoría Fiscal de Tepic, ya tenía certidumbre de la exigibilidad del crédito garantizado, era indudable que desde el catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, fecha en que entró en vigor la figura de la caducidad, al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, transcurrieron con exceso los ciento ochenta días naturales establecidos por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para que el beneficiario reclamara la fianza, pero que al no hacerlo la afianzadora se liberó de sus obligaciones por caducidad; que el incumplimiento del fiado existió antes del catorce de julio de mil novecientos noventa y tres y existe hasta la fecha, por lo que al ser esa circunstancia de tracto sucesivo, no existía obstáculo que impidiera la aplicación de la figura de la caducidad vigente desde el mes y año referidos; y, que si la autoridad demandada pretendía cobrar a la actora hasta el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el derecho de cobrar la póliza había caducado, quedando liberada la afianzadora de sus obligaciones, ya que el requerimiento era ilegal por carecer de la debida fundamentación y motivación.

"En la sentencia reclamada, según quedó transcrito en el considerando segundo de esta ejecutoria, la Sala responsable decidió reconocer la validez de la resolución impugnada al considerar, en síntesis, que el término para ejercitar la acción de cobro se inició al concluir el plazo concedido por el fiado para cumplir con la obligación garantizada; que si la determinación del crédito se notificó el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cinco, fue hasta el cuatro de julio siguiente cuando concluyó el término para hacer valer algún medio de defensa, pero como no se promovió el día cinco del mes y año citados pudo hacerse efectiva la fianza, por lo que al veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cinco en que se notificó el requerimiento de pago impugnado, no transcurrió el término de tres años a que alude el artículo 120 de la ley de la materia, razón por la que no operó la prescripción de la acción de cobro de la fianza de que se trata. En apoyo a lo anterior, la Sala Fiscal transcribió las tesis cuyos rubros dicen: ‘FIANZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE SANCIONES PECUNIARIAS POR LA POSIBLE COMISIÓN DE INFRACCIONES.’; ‘CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA.’ y ‘FIANZA. PRESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS.’. Asimismo, la autoridad responsable sostuvo, medularmente, que no operó la caducidad de las facultades de la autoridad para hacer efectiva la fianza, en los términos del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas vigente a partir del catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, porque ese precepto era inaplicable en virtud del ámbito temporal del otorgamiento de la fianza y porque tal supuesto de caducidad sólo era aplicable cuando había obligación de agotar por el beneficiario, el procedimiento previsto en los artículos 93 y 93 bis de la ley citada, el cual operaba, consideró, tratándose de fianzas otorgadas en beneficio de la Federación, los Estados y los Municipios, en tanto no garantizaran obligaciones a favor de terceros; que conforme al artículo 95 de la ley aludida, la fianza se podía hacer efectiva siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, el cual se relaciona con el procedimiento económico coactivo, en el que se aplican las normas de un procedimiento de excepción; que si en la especie la fianza en comento se otorgó en favor de la Federación para garantizar las obligaciones del tercero José de Jesús Casillas Pellat, no resultaba aplicable el numeral en que se fundaba la reclamación y, por ende, no era viable que la afianzadora se liberara de su obligación de pago por caducidad. Como sustento de lo anterior, la Sala Fiscal transcribió la tesis cuyo rubro dice: ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.’.

"Como se puede advertir de lo antes expuesto, la empresa actora realizó argumentos tendientes a evidenciar, por una parte, que había prescrito la acción de la autoridad demandada para requerirla por el pago del crédito impugnado; y, por la otra, que el derecho de cobrar de la autoridad ejecutora había caducado y por ende, se encontraba liberada de sus obligaciones de fiadora. En ese orden de ideas, la autoridad responsable, como quedó sintetizado con anterioridad, emitió consideraciones tendientes a desestimar los conceptos de anulación relativos.

"Pues bien, en los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, se hicieron valer abundantes motivos de inconformidad en relación con las consideraciones en que se apoyó la Sala Fiscal para decidir que en el caso a estudio, no había prescrito ni caducado la acción de la autoridad demandante. En ese sentido, en relación con el aspecto relativo a la prescripción de las facultades de la autoridad ejecutora, la parte quejosa argumenta, en síntesis, que la sentencia reclamada es violatoria en su perjuicio de las garantías consagradas en los artículos 13, 14 y 16 constitucionales, porque carece de la debida fundamentación y motivación, al considerar que el término de prescripción contenido en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, empieza a correr a partir de que las autoridades formulan la resolución liquidatoria y ésta se notifica al obligado principal, además de que dejó de aplicar lo dispuesto en ese numeral, vigente a partir del quince de julio de mil novecientos noventa y tres y en el artículo 2o. de la misma ley; que la responsable no examinó todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, manifestados en su primer agravio, dejando de observar el artículo 192 de la Ley de Amparo, al aplicar indebidamente una tesis de jurisprudencia que, esgrime, no es aplicable ni obligatoria para la Sala Fiscal, dado que es una tesis aprobada por mayoría de tres Ministros; que la responsable interpretó indebidamente el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al considerar infundado el concepto de anulación relativo a la prescripción prevista en ese numeral, argumentando que no operaba esa figura al no haber transcurrido el plazo de los tres años ahí previsto, ya que tomó en consideración la fecha a partir de la cual quedó firme la resolución notificada al fiado; que lo anterior obedece a que en la demanda se hizo valer la falta de fundamentación y motivación del requerimiento impugnado en el juicio de nulidad, en virtud de que la acción de la requirente para reclamar el pago de la fianza estaba extinguido por prescripción, al transcurrir en exceso los tres años que marca el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, computados a partir del siguiente día en que la autoridad fiscal pudo liquidar las obligaciones fiscales a cargo del fiado y proceder a su cobro; es decir, el día siguiente del vencimiento del plazo otorgado al fiado para retornar al extranjero la mercancía importada temporalmente; que el numeral citado es claro al establecer que las acciones que derivan de la fianza prescribirán en tres años y ese término se interrumpe con el requerimiento de pago realizado a la institución de fianzas, por lo que si la quejosa tuvo conocimiento de ese requerimiento el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cinco, era claro que a partir de esa fecha se interrumpía el término de prescripción a que alude el artículo 120 de la ley citada; que resulta contrario a derecho que el término de prescripción de la póliza empieza a correr a partir de la fecha de la resolución que determinó el crédito originado por el incumplimiento del fiado y que la misma se notifique a los obligados principales, transcurriendo el término de cuarenta y cinco días aludidos por la demandada, porque tal resolución dependía exclusivamente de las autoridades que pudieron dictarla legalmente al día siguiente de vencido el plazo otorgado al fiado para la importación temporal, pues de otra manera se tendría como consecuencia que las acciones derivadas de las pólizas de fianzas se hicieran imprescriptibles, ya que hasta que las autoridades realizaran los trámites administrativos para liquidar las obligaciones a cargo del fiado, es cuando empezaría a correr el término para que operara la prescripción de la obligación de la fiadora, dado que si nunca se tomara una decisión de ejercer las facultades e iniciar los procedimientos administrativos, entonces nunca comenzaría a correr el término de la prescripción.

"En apoyo de lo anterior, la parte quejosa transcribió diversas tesis sustentadas por diversos Tribunales Colegiados y por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación. Por lo que se refiere al aspecto de la caducidad previsto por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la parte aludida esgrime, medularmente, que la responsable interpretó indebidamente el artículo 95 de la ley aludida, porque en relación con la figura de la caducidad no consideró la mercantilidad de la fianza, prevista por el artículo 2o. de la misma ley, el cual señala que las fianzas y los contratos que en relación con ellas otorguen o celebren las instituciones de fianzas, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como beneficiarias, lo cual, dice, denota que la ley no hace distinción alguna en tratándose del beneficiario, por lo que al no considerar que la fianza es una obligación fiadora meramente de carácter mercantil, sí es aplicable en el presente asunto el citado artículo 120 en relación a la caducidad en materia de requerimientos; que en la sentencia reclamada no se dio un razonamiento lógico jurídico, ni fundamento legal alguno para considerar que la caducidad no es una forma genérica de extinción de las obligaciones fiadoras y que no existe violación al principio de generalidad de las leyes al interpretar que la caducidad sólo es aplicable para los particulares y no para las autoridades que formulen un requerimiento en lugar de una reclamación y porque no pueden considerarse tales conceptos como sinónimos; que se viola el principio de generalidad de las leyes porque trata a los iguales en forma desigual, haciendo distinciones que la ley no hace y aplicando parcialmente el artículo 120, pues al señalar que no se aplica la figura de la caducidad en fianzas donde se garanticen obligaciones fiscales, crea un privilegio para los beneficiarios de las fianzas mercantiles en contravención al artículo 13 constitucional; que la caducidad se refiere a la extinción de la obligación fiadora por la pérdida del derecho de los beneficiarios, ya sean personas físicas o morales o autoridades federales, estatales o municipales, para reclamar el pago de la obligación fiadora de que se trate y que tengan a su favor; que dicha pérdida del derecho de los beneficiarios se da en el momento en que omitan presentar su reclamación de pago dentro del término de ciento ochenta días siguientes al incumplimiento de las obligaciones afianzadas, sin importar la naturaleza jurídica de la obligación principal garantizada o el procedimiento que se siga para hacer tal reclamación, ya que la reclamación se realiza sobre la obligación fiadora que es netamente mercantil según el artículo 2o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; que viola la garantía de legalidad, el que la responsable considere inoperante aplicar la caducidad con fundamento en una tesis aprobada por tres Ministros, transgrediendo el artículo 192 de la Ley de Amparo, el cual señala que las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por cuatro Ministros, en caso de jurisprudencias de la Sala; la tesis aplicada al caso en estudio sólo fue aprobada por tres Ministros, por lo que la misma constituye solamente un criterio que no es obligatorio para la Sala; y, que la tesis 33/96, dictada en relación con la contradicción de tesis 86/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es inaplicable porque en ella no se hace referencia a la existencia o inexistencia de un privilegio para los beneficiarios de las fianzas que garanticen obligaciones fiscales a cargo de terceros o la violación al principio de generalidad de las leyes consagrado en el artículo 13 constitucional.

"Ahora bien, en relación a los abundantes motivos de inconformidad planteados por la parte quejosa, cabe decir en primer término que opuestamente a lo alegado, la tesis de jurisprudencia en que se apoyó la Sala Fiscal para resolver en el sentido que lo hizo, sí es obligatoria para dicha autoridad en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Se concluye así, porque según se desprende del texto de ese numeral, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Asimismo, en el párrafo tercero de ese precepto se establece que también constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados. En ese orden de ideas, si la tesis de que se trata cuyo rubro dice: ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.’, fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, es incuestionable que dicha tesis sí es obligatoria tanto para el tribunal responsable como para este órgano colegiado; sin que sea obstáculo para arribar a esa determinación, el hecho de que el criterio aludido hubiera sido aprobado por mayoría de tres Ministros, toda vez que el citado artículo 192 de la Ley de Amparo no prevé, tratándose de las tesis de jurisprudencia creadas por contradicción de tesis, la existencia de una votación mínima para que puedan considerarse como tales, puesto que el mínimo de cuatro Ministros a que se refiere el segundo párrafo de ese numeral, corresponde a la hipótesis en que, cuando se trate de las Salas, se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por una en contrario, lo cual constituye un supuesto diverso al que nos ocupa.

"Sentado lo anterior, debe decirse que en el criterio jurisprudencial aludido no se hace un análisis del aspecto relativo a la prescripción prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para que la autoridad beneficiaria requiera a una institución afianzadora por el pago de la fianza correspondiente, sino que el estudio medular de la contradicción de tesis ahí dilucidada giró en torno a que la caducidad prevista en el numeral referido, no resulta aplicable cuando, como en el caso a estudio, se trata del cobro de una fianza otorgada en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales de terceros; sin embargo, a criterio de este órgano colegiado dicha tesis jurisprudencial, por lo genérico de sus conceptos, es aplicable por analogía por lo que se refiere al aspecto de la prescripción. Lo anterior se pone de manifiesto por las consideraciones emitidas sobre el particular en la ejecutoria que recayó en la contradicción de tesis citada, la que aparece publicada en las páginas 203 a la 236, del Tomo IV, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1996, la que, en la parte que interesa, dice textualmente lo siguiente:

"‘En cambio, sí se da la discrepancia sobre el tema que parte del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en cuanto remite al Código Fiscal de la Federación para la efectividad de las fianzas otorgadas por las instituciones autorizadas en favor de la Federación para garantizar obligaciones de naturaleza fiscal a cargo de terceros, pues mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, considera que en tal hipótesis no opera la caducidad establecida en el artículo 120 de la citada Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, por lo contrario, sostiene que tal figura jurídica de la caducidad es aplicable tanto en esa clase de fianzas, como en cualquier otra en que se garanticen dichas obligaciones sin importar la calidad de los beneficiarios.

"‘CUARTO.-Previamente, al análisis respectivo, conviene transcribir los artículos 93, 93 bis, 95 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

"‘«Art. 93. Los beneficiarios de fianzas, a su elección, podrán presentar sus reclamaciones ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes. Las instituciones de fianzas estarán obligadas, en su caso, a someterse al procedimiento de conciliación a que se refiere el artículo siguiente.

"‘«En caso de reclamación contra una institución de fianzas, por responsabilidades derivadas de un contrato de fianza cuyos derechos y obligaciones consten en una póliza, deberá observarse lo siguiente:

"‘«I. El beneficiario requerirá por escrito a la institución el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza.

"‘«La institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de 15 días naturales, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este caso, el beneficiario tendrá 15 días naturales para proporcionar la documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación.

"‘«Si la institución no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario.

"‘«Una vez integrada la reclamación en los términos de los dos párrafos anteriores, la institución de fianzas tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contado a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario, las razones, causas o motivos de su improcedencia;

"‘«II. Si a juicio de la institución procede parcialmente la reclamación, podrá hacer el pago de lo que reconozca dentro del plazo que corresponda conforme a lo establecido en la fracción anterior y el beneficiario estará obligado a recibirlo, sin perjuicio de que haga valer sus derechos por la diferencia, en los términos de la siguiente fracción. Si el pago se hace después del plazo que la institución tiene para hacerlo, deberá cubrir los intereses mencionados en el artículo 95 bis de esta ley;

"‘«III. Cuando el beneficiario no esté conforme con la resolución que le hubiere comunicado la institución, podrá a su elección, acudir ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a efecto de que su reclamación se lleve a través de un procedimiento conciliatorio, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes, conforme a lo establecido en los términos de los artículos 93 bis y 94 de esta ley; y

"‘«IV. La sola presentación de la reclamación a la institución de fianzas en los términos de la fracción I de este artículo, interrumpirá la prescripción establecida en el artículo 120 de esta ley.»

"‘«Art. 93 bis. En caso de que el beneficiario presente reclamación ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en contra de una institución de fianzas, en los términos del artículo anterior, se deberá agotar el procedimiento conciliatorio conforme a las siguientes reglas:

"‘«I. El reclamante presentará un escrito ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, del que se correrá traslado a la institución de que se trate, dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de la fecha en que fue presentada la reclamación;

"‘«II. La institución dentro del término de diez días naturales, contado a partir de aquel en que reciba el traslado, rendirá un informe por escrito a la comisión en el que responderá en forma detallada respecto a todos y cada uno de los hechos a que se refiere la reclamación, y podrá solicitar a la comisión que cite al fiado a la junta de avenencia a que se refiere la fracción siguiente, para lo cual proporcionará el domicilio que tuviere del fiado, o el de su representante legal, en su caso;

"‘«III. La comisión citará a las partes y en su caso al fiado, a una junta de avenencia, que se realizará dentro de los veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación; si por cualquier circunstancia la junta no puede celebrarse en la fecha indicada, se verificará dentro de los ocho días naturales.

"‘«En la junta a que se refiere el párrafo anterior, la institución efectuará el pago de la reclamación, si es que procede o en su defecto, presentará el informe a que se alude en la fracción II de este artículo, el cual hará por conducto de un representante legítimo.

"‘«En el caso de que la institución no presente en tiempo y forma el informe, se sancionará con multa administrativa que impondrá la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por un monto equivalente a cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

"‘«Si no comparece el reclamante, se entenderá que no desea la conciliación. Si la que no comparece es la institución, se sancionará con multa administrativa que impondrá la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por un monto equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y bajo este supuesto se volverá a citar a las partes hasta que acuda la institución. Si a partir de la segunda citación ésta no asiste, se le aplicará una multa administrativa equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal por cada inasistencia.

"‘«En el supuesto de que sea el fiado el que no comparezca se desahogará la junta de avenencia.

"‘«En la junta de avenencia se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, y si esto no fuere posible, el reclamante podrá optar por designar árbitro a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a efecto de que su reclamación se lleve a través de un procedimiento arbitral en amigable composición siempre y cuando así lo hubiere convenido expresamente con el fiado, el cual será obligatorio para la institución de fianzas, o bien hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes conforme a lo establecido en el artículo 94 de esta ley. Los derechos del reclamante se dejarán a salvo haciendo constar todo ello en el acta que al efecto levante la comisión debidamente firmada por los que en ella comparezcan.

"‘«Las delegaciones regionales de la comisión tramitarán el procedimiento conciliatorio y, en su caso, el procedimiento arbitral en amigable composición.

"‘«En el juicio arbitral, de manera breve y concisa, se fijarán las cuestiones que deberán ser objeto del arbitraje.

"‘«La comisión resolverá en conciencia y a buena fe guardada, sin sujeción a formalidades especiales pero observando las esenciales del procedimiento. Sólo se admitirá como único recurso el de revocación y la resolución únicamente admitirá aclaración de la misma, a instancia de parte, presentada dentro de los tres días siguientes al de la notificación.

"‘«Las notificaciones relativas al traslado de la reclamación, de la citación a la junta de avenencia, de la demanda y del laudo, deberán hacerse personalmente o por correo certificado con acuse de recibo y surtirán efecto al día siguiente de la notificación.

"‘«Los términos serán improrrogables y se computarán en días hábiles y las notificaciones que no sean personales se harán a las partes por medio de lista que se fijará en los estrados de la comisión o de la delegación regional correspondiente, y empezarán a surtir sus efectos al día siguiente de que sean fijadas.

"‘«Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el procedimiento su curso y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse;

"‘«IV. La comisión tendrá la facultad de allegarse todos los elementos de juicio que estime necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan sometido en arbitraje y las autoridades administrativas, así como los tribunales deberán auxiliarle, en la esfera de su competencia. Para tales efectos, podrá valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral;

"‘«V. El laudo que se dicte sólo admitirá como medio de defensa, el juicio de amparo;

"‘«VI. El incumplimiento por parte de la institución de fianzas a los acuerdos y resoluciones dictados por la comisión, en los procedimientos establecidos en el presente artículo, se castigará con multa administrativa que impondrá la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de cincuenta a cien veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal;

"‘«VII. El laudo que condene a una institución de fianzas, le otorgará para su cumplimiento un plazo de 15 días hábiles siguientes a su notificación; si no lo efectuare, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas impondrá a la empresa una multa hasta por el importe de lo condenado, sin perjuicio de lo previsto en la fracción siguiente;

"‘«VIII. Corresponde a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la ejecución del laudo que se pronuncie, para lo cual le concederá a la institución de que se trate, un plazo de cinco días para que lo cumpla y, en el caso de que no compruebe haberlo cumplimentado, la propia comisión ordenará el remate en bolsa, de valores propiedad de la institución y pondr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6279-c3b43fec/contradiccion-de-tesis-es-improcedente-si-la-denuncia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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