Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS DE AUTORIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, AUNQUE SE HAYAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN DE DICHOS ACTOS SE HAYA EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE AUTORIDADES AGRARIAS DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DOTATORIAS DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN SE HAGA UNA VEZ QUE FUERON INSTAURADOS, QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SURGIERON LOS ACTOS NO FUERON IMPUGNADOS Y LOS TÉRMINOS TAMBIÉN PREVISTOS EN DICHAS DISPOSICIONES NO SE HAYAN AGOTADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/96. · Registro digital (IUS): 4494
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, , Pág. 178.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente contradicción de tesis atento lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997 del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de la competencia por materia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al envío de asuntos competencia del Pleno a dichas Salas, aprobado el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete y publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de ese mismo año, toda vez que se presenta una denuncia de contradicción de tesis en materia agraria.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis es procedente en función de la persona que la denuncia, de conformidad con lo siguiente:

Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establecen, en la parte conducente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"...

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

Ley de Amparo:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos antes reproducidos establecen los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación, a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Tanto el artículo 107, fracción XIII, del Código Político, como el 197-A de la Ley de Amparo, establecen que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios. Como se advierte, la enumeración de los órganos, servidores públicos o personas que pueden denunciar la contradicción es limitativa y se reduce a los anteriormente señalados.

En el presente caso, la contradicción de tesis es denunciada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Tercer Distrito, el cual, está facultado por la Constitución y por la Ley de Amparo para hacerlo, dado que fue señalado como autoridad responsable en el juicio de amparo 221/95 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, proceso en el que se sustentó, en opinión del denunciante, uno de los criterios contendientes. La calidad de parte en uno de los juicios de los que emana el criterio presuntamente contradictorio del Tribunal Agrario denunciante, se advierte de la copia certificada de la sentencia de mérito que obra a fojas sesenta a setenta y nueve del expediente formado en este asunto. En las referidas circunstancias y dado que dentro de la enumeración efectuada por los preceptos que han quedado reproducidos precedentemente, se encuentran las partes dentro de los juicios que generaron los criterios contendientes, la presente denuncia de contradicción de tesis debe estimarse procedente, al haberse formulado por el Magistrado que tuvo el carácter de autoridad responsable en uno de los juicios de amparo.

TERCERO. Las consideraciones sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la ejecutoria de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y seis, dictada en el toca 227/95, en la parte que interesa, se hicieron consistir en lo siguiente:

"Considerando:

Primero. La sentencia recurrida dice: 'ÚNICO. No se transcribirán ni analizarán los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, habida cuenta de que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo y cuyo estudio por ser una cuestión de orden público se hace de manera preferente y aun de oficio, de conformidad con lo que establece el último párrafo de la fracción XVIII del numeral antes citado. Efectivamente, al artículo 27 de la Constitución General de la República, se le adicionó la fracción XIX, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres (sic), fracción en la que el Estado dispuso las medidas para la impartición de la justicia agraria con el propósito de garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, esta adición constituye en concepto de quien resuelve, la base de lo que con posterioridad daría el nacimiento a los Tribunales Agrarios. En posterior decreto publicado el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, en el propio diario mencionado en líneas que preceden, a la misma fracción se le agregaron dos párrafos, los cuales son del tenor siguiente: «Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y ...». Lo transcrito con antelación permite afirmar, que con la mencionada inclusión en el precepto 27 constitucional, se crearon los tribunales agrarios, para resolver todas las controversias relacionadas con la tenencia de la tierra en los ejidos, comunidades y de éstos antes con pequeñas propiedades (sic) entre otras. Ahora bien, el artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios encargados de impartir la justicia agraria, establece que los Tribunales Unitarios, serán competentes para conocer de los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales. En el presente juicio de amparo, los quejosos reclamaron destacadamente, la ejecución incorrecta de la resolución presidencial de diecinueve de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, mediante la cual se concedieron tierras en vía de dotación al poblado «El Macuche», Municipio de Atengo, Jalisco, así como la aprobación de los trabajos de ejecución y el plano levantado con motivo de aquélla. De conformidad con lo antes expuesto, debe determinarse que el juicio de garantías resulta improcedente, pues a partir de que empezó a regir la citada ley orgánica que prevé la instalación de los tribunales agrarios, las controversias de la categoría a que pertenece la aquí suscitada, justamente resulta ser del conocimiento de aquéllos, porque los actos reclamados que, como ya se dijo, consisten en la incorrecta ejecución de la resolución presidencial que dotó de tierras al ejido tercero perjudicado, en razón (sic), según dicen los quejosos, los predios que defienden no se encuentran comprendidos dentro de los afectados por la resolución presidencial mencionada, por lo que ve, evidentemente, se involucra una controversia relacionada con la tenencia de la tierra del poblado tercero perjudicado, conflicto en el que converge, en este caso, el interés de los pequeños propietarios quejosos. Cabe puntualizar que la propia Constitución General de la República al concebir la creación de los tribunales agrarios de acuerdo con la pequeña propiedad, señalando además, que estarían expeditos en general para la administración de la justicia agraria, por ende, es incuestionable la competencia del tribunal agrario para conocer cuestiones como las que ahora se estudian. Así las cosas, es inconcuso que en lo que atañe al presente asunto no se agotó el principio de definitividad que, entre otros, rige el juicio constitucional, ya que existe la posibilidad de acudir ante los tribunales agrarios a ejercitar o agotar el juicio a que alude el referido artículo 18, fracción V, con el cual puede obtener la modificación, revocación o confirmación de los actos atacados en esta vía, juicio en el que, de promoverse, se pueden suspender los referidos actos, sin exigir mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, de acuerdo con el artículo 66 (sic) de la Ley Agraria. Así las cosas, es obvio que deviene improcedente el juicio a la luz de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento del juicio en los términos del artículo 74, fracción III, del mencionado ordenamiento legal ... Tercero. Los agravios son inoperantes en una parte e infundados en el resto ... Se alega que es incorrecto el sobreseimiento decretado por el a quo con fundamento en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, porque en la época en que se emitió la resolución presidencial cuya ejecución se impugna, así como en el año en que efectuó tal ejecución, no estaba vigente la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por lo cual, esos actos se consideraban con definitividad. La anterior apreciación del órgano colegiado resulta incorrecta, en la medida en que si analizamos los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, éstos no condicionaron la definitividad del acto reclamado a la inexistencia de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, sino al hecho de que la Ley Federal de Reforma Agraria, a la luz de la cual y con sujeción a la misma se emitió la resolución presidencial que da origen a los actos reclamados en amparo, no contemplaba en ninguno de sus preceptos que los actos derivados de una resolución presidencial pudieran ser combatidos por recurso alguno. En efecto, en sus conceptos de violación textualmente adujeron: 'El criterio en que se fundamenta el C. Juez a quo para decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías, en que se indica ocurrir ante los H. Tribunales Unitarios Agrarios a promover la nulidad de los documentos que afectan a mis representados, de ninguna manera se comparte, toda vez que la resolución presidencial que concedió dotación de tierras al ejido «El Macuche», Municipio de Atengo, Jalisco, es de fecha 19 de agosto de 1964, o sea en vigencia del antiguo Código Agrario y posteriormente en vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria, y dicha resolución presidencial fue ejecutada en el año de 1983, todavía en vigencia de esa ley y en esa época dichas ejecuciones se consideraban con definitividad y, por tanto, en contra de dichos actos, la única y existente para combatir los mismos, era por medio de la acción constitucional.'

"Lo anterior resulta infundado, pues, si bien es cierto que en los años que citan los recurrentes (mil novecientos sesenta y cuatro y mil novecientos ochenta y tres), no existían los tribunales agrarios y, por ende, tampoco el juicio agrario a través del cual pueden analizarse controversias como la planteada mediante el juicio de garantías que nos ocupa, también lo es que la demanda de amparo fue presentada el quince de enero de mil novecientos noventa y cinco, fecha en la que ya había entrado en vigor la susodicha Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (decreto publicado el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos), e incluso los tribunales agrarios ya venían funcionando, de manera tal que la obligación de acudir previamente al juicio agrario, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, surge obviamente a partir de la instauración de los tribunales mencionados, pues es evidente que tal obligación no puede actualizarse sin la existencia previa de los instrumentos jurídicos necesarios para cumplirla, pero tampoco puede decirse que la fecha base para determinar que se está obligando a agotar el medio ordinario de defensa sea aquella en la que se dieron los actos reclamados, es decir, si la impugnación de éstos hubiera ocurrido en fecha anterior a la existencia del juicio agrario y de los tribunales correspondientes, es indiscutible que no habría habido necesidad de acudir al juicio agrario, pues, insístese, ni siquiera habría sido posible, pero si, como en el caso, la impugnación se planteó bajo la existencia legal ya del medio de defensa y de los tribunales competentes para conocer de él, es claro que sí se estaba en aptitud y obligación de agotarlo previamente. Aceptar lo contrario implicaría desnaturalizar la finalidad del Constituyente Permanente que animó la creación de los tribunales agrarios, es decir, sustraer de la competencia de éstos las controversias que se presentan por hechos realizados antes de la vigencia de la nueva ley y no planteados, sino hasta la vigencia de ésta, contravendrían el artículo 17 constitucional, previsivo de la permanencia del servicio jurisdiccional. La exposición de motivos de la reforma al artículo 27 constitucional en su fracción XIX, a la que se aludió en la sentencia recurrida y en la cual se contempló la instauración de los tribunales agrarios, no rechaza la postura asumida en la presente ejecutoria, pues, en lo conducente expresa: 'La justicia agraria. Para garantizar la impartición de justicia y definitividad en materia agraria, se propone establecer en el texto constitucional en la fracción VII, tribunales federales agrarios de plena jurisdicción. Ellos estarán dotados con autonomía para resolver, con apego a la ley y de manera expedita, entre otros, los asuntos relativos a la tenencia de la tierra en ejidos y comunidades, las controversias entre ellos y las referentes a sus límites.'. Todavía más, atribuir la competencia a favor de los tribunales agrarios, para conocer de esas controversias, aun en el supuesto de que los hechos que las generen hubiesen acaecido, antes de su instalación, no implicaría desacato al artículo 14 constitucional, por cuanto a lo que éste manda en el sentido de que debe tratarse de tribunales 'previamente establecidos', toda vez que esto sólo implica que el tribunal legítimamente competente sea el establecido con anterioridad a que se plantee el conflicto y provisto con una competencia genérica, no casuística, lo que se cumple en el caso ... "

CUARTO. Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el juicio de garantías número 221/95, formado con motivo de la demanda interpuesta por Francisco Acosta Quintero, en contra de la resolución de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco emitida por el Tribunal Unitario Agrario denunciante, en el expediente número 90/95, por el que no se tuvo por admitida su demanda, sostuvo:

"Quinto. Los conceptos de violación expresados son jurídicamente ineficaces. Por razón de método, su análisis se hará en forma parcial.

"La parte quejosa reclama en el presente juicio de garantías, la resolución de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13, en el expediente 90/95, en la que no admitió su demanda.

"Del acuerdo impugnado, que quedó transcrito en el considerando segundo de esta determinación, se advierte que la responsable, para no admitir la demanda agraria, se sustentó en lo siguiente:

"a) Que los promoventes solicitaban 'la nulidad de los actos del C. secretario de la Reforma Agraria, consistente en la aprobación del plano de ejecución, así como del acta de posesión y deslinde elaborados por los ingenieros Enrique Medina Espinosa y Fernando Gutiérrez Zepeda, al llevar a cabo la reejecución de la resolución presidencial de fecha 9 de febrero de 1982, que dotó de tierras al poblado «Molino de los Fletes» ... ya que ésta se había llevado a cabo el 4 de septiembre de 1982 ...'. Así como 'la nulidad del nuevo plano proyecto de ejecución (sic) proyecto de posesión complementario o en su caso definitivo ...' y el desposeimiento por parte de los terceros perjudicados so pretexto de la nueva reejecución del mandamiento presidencial agrario ... y la nulidad de los actos del subsecretario de Asuntos Agrarios, del director general de Tenencia de la Tierra, del director general de Procedimientos Agrarios y del Cuerpo Consultivo Agrario.

"b) Que los promoventes señalaron que dichas órdenes eran violatorias de garantías, puesto que nunca fueron oídos ni vencidos, ni notificados y que además en la Ley Federal de Reforma Agraria no existía dispositivo legal que los facultara para emitir esas órdenes y llevar a cabo esos trabajos.

"c) Que ese tribunal no era competente para conocer del asunto, toda vez que los actos cuya nulidad demandaban los promoventes, derivaban de una resolución presidencial, la cual es inmodificable, según lo expresado en los criterios y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que fuera óbice lo establecido en el párrafo segundo de la fracción XIX del artículo 27 constitucional que con relación a los tribunales agrarios establece '... en general para la administración de la justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción ...' '... para resolver las cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra de ejidos y comunidades que se hallen pendientes o que se susciten ...' (sic), ya que la cuestión jurisdiccional en el asunto concluyó con la resolución presidencial de mérito, por lo que se estaba ante el principio de cosa juzgada, por la ejecutoriedad cuya naturaleza revestía las resoluciones presidenciales. Que era el Juzgado de Distrito en turno el que debía estudiar, por así permitirlo su competencia, sobre las cuestiones relacionadas con la ejecución de una resolución presidencial y en su caso resolver el fondo de la controversia constitucional, determinando si la (sic) infringieron las garantías de audiencia y legalidad establecidas por la Carta Magna, ya que de no ser así, sería como dejar el asunto sin solución, vulnerando el artículo 17 constitucional.

"d) Que como los tribunales agrarios se rigen, en muchos casos, como autoridad sustituta de la Comisión Agraria Mixta, del Cuerpo Consultivo Agrario y del presidente de la República con el carácter que tuvo de primera autoridad agraria, exclusivamente para resolver cuestiones que tales instituciones hubieren dejado pendientes, resultaba ilógico y antijurídico que ese tribunal resolviera cuestiones que no quedaron pendientes de resolver por las anteriores autoridades agrarias sino que, ya se resolvieron y se ejecutó la sentencia, por lo que de declararse competente para conocer de cuestiones como la planteada, traspasando los límites temporales, sería tanto como que dicho tribunal revocara las determinaciones de su sustituido.

"A efecto de apoyar su determinación, la responsable transcribió los criterios jurisprudenciales (sic) de los rubros: 'EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES EN MATERIA AGRARIA. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.', 'EJECUCIÓN COMPLEMENTARIA DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES. AUDIENCIA NECESARIA A LOS POSIBLES AFECTADOS, EN ESTE NUEVO PROCEDIMIENTO.', 'EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DOTATORIAS DE EJIDOS. NO IMPLICA UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE.', 'EJECUCIÓN INCORRECTA DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES, NO SE REQUIERE IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN EN AMPARO PARA RECLAMAR LA EJECUCIÓN.', 'AGRARIO. EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES. NO ES ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE.', 'DOTACIÓN EJIDAL, EJECUCIÓN INDEBIDA.' e 'INCOMPETENCIA, RESOLUCIÓN DE, DEL TRIBUNAL AGRARIO.'.

"Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en los que sostiene que, contrario a lo estimado por la responsable, dicho tribunal agrario sí resultaba competente para conocer de su demanda agraria.

"A fin de evidenciar lo anterior, es necesario precisar lo siguiente:

"Los artículos transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del seis de enero de mil novecientos noventa y dos, que adicionó los párrafos segundo y tercero a la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son del texto siguiente: 'Artículo segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto y en tanto no se modifique la legislación reglamentaria en materia agraria, continuarán aplicándose sus disposiciones, incluidas las relativas a las autoridades e instancias competentes y a la organización interna de los ejidos y comunidades, siempre que no se opongan a lo establecido en este mismo decreto. Artículo tercero. La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las Comisiones Agrarias Mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentran actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente decreto. Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior. Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva.'.

"Conforme a los transcritos artículos transitorios, a partir de la entrada en vigor del citado decreto, y en tanto no se modificara la legislación reglamentaria en materia agraria, continuarían aplicándose sus disposiciones, incluidas las relativas a las instancias competentes, siempre que no se opusieran a lo establecido en el mismo decreto. La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las Comisiones Agrarias Mixtas y las demás autoridades competentes continuarían desahogando los asuntos que en esa fecha se encontraban en trámite, 'en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales' conforme a las disposiciones legales que reglamentaban esas cuestiones y que estuvieran vigentes al momento de entrar en vigor el decreto. Los expedientes de estosasuntos, 'sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios', se pondrían en estado de resolución y se turnarían a esos tribunales para que, conforme a su ley orgánica, resolvieran en definitiva, también de conformidad con las disposiciones legales que reglamentan dichas cuestiones. Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encontraran 'en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor' del aludido decreto, 'y que conforme a la ley que se expida (iera) deban (ieran) pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios' se turnarían a éstos una vez que entraran en funciones para que resolvieran en definitiva.

"De lo anterior, es factible concluir que si en el caso, el hoy quejoso, entre otros, demandó ante el tribunal agrario responsable, la reejecución de la resolución presidencial del uno de febrero de mil novecientos ochenta y dos, que dotó de tierras al poblado 'Molino de los Fletes', la aprobación del plano de ejecución relativo y del acta de posesión y deslinde, así como diversos actos emanados de las autoridades demandadas, tendientes a la reejecución antes citada, lo que dijo (sic) implica el desposeimiento de las tierras que forman parte de su pequeña propiedad inafectable y tal impugnación fue con posterioridad a la entrada en vigor del citado decreto, como la resolución presidencial de la que derivan los actos cuya nulidad se demandó, fue emitida conforme al procedimiento previsto por los capítulos III y IV, título primero, del libro quinto de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, y dicha ley agraria no establecía ningún procedimiento para impugnar tales actos, es evidente que, como las mencionadas disposiciones transitorias se refieren a los asuntos 'que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios' y dentro de esta competencia no se halla la facultad de conocer de los procedimientos que impugnan la reejecución de las resoluciones presidenciales dotatorias de tierras ejidales emitidas por el presidente de la República, así como de los planos elaborados para tal fin, resulta incuestionable que como lo sostuvo la autoridad responsable en el acuerdo reclamado, tales cuestiones deben ser dilucidadas por un Juez de Distrito, dado que, como se dijo con anterioridad, si la derogada Ley Federal de Reforma Agraria no establecía algún procedimiento para impugnar tales actos, derivados de una resolución presidencial dotatoria emitida en la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria, el asunto no debe pasar a ser de 'la competencia de los tribunales agrarios', máxime que como lo adujo la autoridad responsable, si el actor hoy quejoso, en su demanda agraria alegó que con los actos cuya nulidad solicitó, las autoridades demandadas infringieron en su perjuicio garantías individuales, tal cuestión correspondía dilucidarla a un Juez de Distrito, como órgano de control constitucional, conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 103 y 107 constitucionales.

"Tiene aplicación, por las razones que la informan, la tesis publicada en las páginas doscientos veinticinco y siguiente, del Tomo I, junio de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: 'COMPETENCIA EN AMPARO. LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL QUE ESTABLECEN LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, RESPETAN LA COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO PUES SÓLO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AGRARIO. De los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, 3o. transitorio del referido decreto y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de nueve de junio de mil novecientos noventa y tres, se llega a la conclusión de que los juicios de amparo en materia agraria que se encuentren actualmente en trámite ante los Juzgados de Distrito, quedan excluidos de la hipótesis prevista por el citado artículo 3o. transitorio, ya que éste se refiere únicamente a los expedientes que se encuentran tramitándose, entre otras materias, sobre ampliación o dotación de tierras, por lo que no quedan comprendidos en ellos los juicios de amparo y, por consecuencia, deben seguir conociendo de ellos los Jueces de Distrito, pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución y por su ley reglamentaria, compete en exclusiva al Poder Judicial de la Federación resolver en definitiva sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad. 2a. XLIII/95. Competencia 52/95. Suscitada entre el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número treinta, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas y el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 de mayo de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Ag

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4494-5d2b410f/juicio-agrario-debe-agotarse-previamente-al-amparo-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.