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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/97. · Registro digital (IUS): 4550
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, , Pág. 334.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Con el propósito de verificar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en cuenta, por una parte, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 4833/96, que es del tenor siguiente:

"SEXTO.- Es sustancialmente fundado el único concepto de violación hecho valer por la quejosa, en el que esgrime que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías de exacta aplicación y de legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, al aplicar incorrectamente lo establecido en la fracción III del numeral 38 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que en la sentencia reclamada se declaró la validez de la resolución impugnada, aun cuando ésta provenía de una orden de visita indebidamente motivada.

"Le asiste la razón a la peticionaria de garantías, habida cuenta de que, en efecto, la Sala responsable infringió lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Federal y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, al considerar que la orden de visita, de la que deriva la resolución impugnada en el juicio de nulidad, se encuentra debidamente motivada, no obstante que en la misma, lejos de expresarse su objetivo o propósito, el cual consiste en establecer en forma clara, precisa y concreta los impuestos de cuyo cumplimiento los visitadores pretenden cerciorarse, se citaron, de manera general, múltiples impuestos y derechos, respecto de los que se efectuó la revisión.

"Así, debe entenderse que conforme a lo previsto por los numerales citados en el párrafo precedente, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, por un principio de lógica y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate, requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden.

"En la especie, a la quejosa se le giró una orden de visita para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta como sujeto directo y como responsable solidario en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta; impuesto al activo de las empresas hasta el 31 de diciembre de 1990; impuesto al valor agregado; impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón; impuesto especial sobre producción y servicios; impuesto sobre automóviles nuevos; impuesto al comercio exterior y derechos aduaneros; impuesto por la prestación de servicios telefónicos; contribuciones de mejoras; derechos sobre minería; derechos sobre agua y derechos para el uso o goce de inmuebles en la zona federal marítimo-terrestre; así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones de estímulos fiscales y para obtener la información y documentación procedente en los términos de los convenios con otros países sobre intercambio de información fiscal (folio 74 del juicio de nulidad).

"Es decir, en la especie las autoridades fiscales emitieron una orden de visita vaga e imprecisa, pues el hecho de que se identifique con su nombre a casi todos los impuestos y derechos federales existentes en nuestra legislación tributaria, de ninguna manera cumple con lo establecido por los artículos 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 16 constitucional, pues no se precisan las obligaciones a cargo del particular que se van a revisar, y en el presente caso existen obligaciones tributarias que no es lógico suponer que son a cargo de la peticionaria de garantías, además de que en forma vaga e imprecisa se dice que se va a revisar 'el cumplimiento de las disposiciones sobre estímulos fiscales y sobre el control de cambios, y para obtener la información y documentación procedente en los términos de los convenios con otros países sobre intercambio de información fiscal', sin precisar en qué leyes o convenios se encuentran tales disposiciones, lo que este Tribunal Colegiado estima deja en completo estado de indefensión a la quejosa, por lo que debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados.

"Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por este tribunal, consultable bajo el número I.3o.A. J/11, a fojas 669 y 670 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1996, que es del tenor siguiente:

"'ORDEN DE VISITA. DEBE ENUNCIAR EN FORMA EXPRESA Y DETERMINADA LAS CONTRIBUCIONES MOTIVO DE LA MISMA.- La determinación de obligaciones fiscales exige un procedimiento preparatorio, cuyo objeto es verificar si los sujetos pasivos y terceros vinculados a la relación jurídico-fiscal han cumplido con las obligaciones que imponen las normas legales correspondientes. Esta práctica de fiscalización o inspección de tributos (entendida como actividad de los entes hacendarios), incluye de manera destacada las visitas domiciliarias, sean de inspección o auditoría, que tienen como propósito la comprobación del cumplimiento de un impuesto en particular y la comprobación integral del cumplimiento de obligaciones tributarias, respectivamente. La orden de visita que para tal efecto emita la autoridad, a fin de satisfacer la garantía de legalidad del artículo 16 constitucional, debe, entre otros requisitos, estar debidamente fundada y motivada, para lo cual deberá expresar su objeto o propósito de manera precisa, enunciando en forma detallada las contribuciones que deberán ser motivo de la misma. Para ello, no basta que la orden contenga un listado de todos los impuestos y derechos federales existentes en la legislación tributaria, puesto que tal enunciado por sí mismo resulta vago e impreciso, violatorio de todo principio de lógica y seguridad jurídica; amén de que impide al contribuyente conocer puntualmente las obligaciones a su cargo que serán fiscalizadas y alrededor de las cuales deberán efectuarse las diligencias respectivas.'

"Asimismo, debe aplicarse el criterio publicado a foja 460, Tomo XIII-Mayo, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:

"'IMPUESTOS MÚLTIPLES. ORDEN DE VISITA, CON FUNDAMENTO GENERAL. CARECE DE PRECISIÓN, PUES DEBE CONTENER EL OBJETIVO O PROPÓSITO DE LA.- La fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a los actos administrativos que deban notificarse, exige el requisito del debido fundamento y motivación, así como expresar su objetivo o propósito, el cual consiste en establecer en forma clara, precisa y concreta los impuestos de cuyo cumplimiento los visitadores pretenden cerciorarse, pues ello permite al causante tener pleno conocimiento de las obligaciones a su cargo, materia de revisión e incluso para que se circunscriban a los mismos, pues sólo así se estima satisfecho tal aspecto y, por ende, se cumple con el requisito del artículo 16 constitucional, en cuanto a sujetar esa orden a las formalidades previstas para los cateos; en consecuencia, existe incumplimiento cuando la orden de visita girada a un contribuyente es in genere, porque se citan múltiples impuestos, respecto de los cuales se pretende hacer la revisión.'."

Por otra parte, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 4245/96, es el siguiente:

"CUARTO.- Son ineficaces los conceptos de violación antes transcritos.

"En primer término, este Tribunal Colegiado procede al análisis del primer concepto de violación en el cual la empresa quejosa aduce que la segunda sección de la Sala Superior responsable infringió en su perjuicio la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, en relación con lo dispuesto por el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, al estimar que la orden de visita domiciliaria I.N.T. 0323/92, contenida en el oficio número 102-A-45-IV-E-I-9993, de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y dos, cumple con el requisito constitucional de expresar su objeto, lo cual manifiesta es incorrecto, porque la orden de visita, como acto de molestia, debe expresar con 'precisión y concreción' la finalidad de la misma y agrega que de otro modo se deja en estado de indefensión al visitado, al no conocer con exactitud el o los nombres de los impuestos cuyo cumplimiento la autoridad pretende revisar, sin que sea impedimento para ello el hecho de que la segunda sección de la Sala Superior responsable haya establecido en la sentencia reclamada que en la aludida orden de visita se mandó revisar de modo expreso y concreto el cumplimiento de las obligaciones fiscales 'en materia de impuesto sobre la renta, esto es, que en la orden de visita quedaran bien precisados los rubros referidos tanto al impuesto sobre la renta; de las personas morales, de los ingresos por dividendos y, en general, por las ganancias distribuidas, los ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado y los ingresos por honorarios y, en general, por la prestación de un servicio personal independiente.'.

"Al respecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en las jurisprudencias números 183 y 509, que aparecen publicadas, respectivamente, en las páginas 126 y 367 del Tomo III, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, los siguientes criterios: 'VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional la orden de visita domiciliaria expedida por autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. No es óbice a lo anterior lo manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto constitucional de mérito establece se refieren únicamente a las órdenes de visita expedidas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales pero no para las emitidas por autoridad administrativa, ya que en la parte final del párrafo segundo de dicho artículo se establece, en plural, <<... sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos>> y evidentemente se está refiriendo tanto a las órdenes de visita administrativa en lo general como a las específicamente fiscales, pues de no ser así, la expresión se habría producido en singular.' y 'ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.- De conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 16 constitucional y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que, en tratándose de órdenes de visita, se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario impediría, además, al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.'.

"Ahora bien, la segunda sección de la Sala Superior responsable consideró que del texto de la orden de visita de que se trata, se aprecia que la misma ordena revisar, de modo expreso y concreto, el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, agregando la Sala juzgadora que: legalmente era innecesario que la autoridad hiciera la precisión pretendida por la parte actora, puesto que los visitadores legalmente cuentan con una habilitación general y amplia para revisar los 'renglones' a que está sujeta la demandante en relación al impuesto sobre la renta, ya que, precisamente, ello es parte del objeto que se persigue con la visita domiciliaria en comento, esto es, 'tener conocimiento pleno de su situación fiscal en materia del impuesto sobre la renta y sus respectivos renglones.'.

"Para llegar a la conclusión que antecede, la Sala del conocimiento tomó en consideración que en la referida orden se asentó lo siguiente: '... De los antecedentes que obran en el expediente que esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene abierto a su nombre; y dada la importancia que como contribuyente tiene dentro del marco general de la recaudación fiscal federal, son los motivos por los que ha sido seleccionada (o) para practicarle una visita domiciliaria con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta (o) como sujeto directo y como responsable solidario, en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta; impuesto al activo de las empresas hasta el 31 de diciembre de 1989 e impuesto al activo a partir del 1o. de enero de 1990; impuesto al valor agregado; impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón; impuesto especial sobre producción y servicios; impuesto sobre automóviles nuevos; impuesto sobre adquisición de inmuebles; impuesto al comercio exterior y derechos aduaneros; impuesto por la prestación de servicios telefónicos; contribuciones de mejoras; derechos sobre minería; derechos sobre agua y derechos por el uso o goce de inmuebles en la zona federal marítimo-terrestre; así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones sobre estímulos fiscales y para obtener la información y documentación procedente en los términos de los convenios con otros países sobre intercambio de información fiscal ...'.

"De la transcripción que antecede se advierte que, en la especie, tal como lo razonó la segunda sección de la Sala Fiscal, en la orden de visita domiciliaria I.N.T. 0323/92, contenida en el oficio número 102-A-45-IV-E-I-9993, de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y dos, sí se asienta de manera clara y precisa cuáles son los impuestos objeto de la visita, por lo que resulta evidente que se están precisando las obligaciones fiscales a revisar y, en esa tesitura, se está determinando con toda claridad el objeto de la orden de visita, por lo cual no quedó al arbitrio de los visitadores determinar los renglones, ya que éstos quedaron establecidos en dicha orden, al indicarse que se revisaría el impuesto sobre la renta.

"Lo anterior es así, ya que las obligaciones a revisar están precisadas en dicha orden y no por los auditores en el momento de la práctica de la visita; además, la circunstancia de que se hayan señalado impuestos y derechos, entre los que se encuentre alguno de los que la empresa hoy quejosa aduce que no son competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no implica que por ello resulte genérica la orden mencionada, pues la precisión en el objeto consiste en citar de manera pormenorizada cuáles serán las contribuciones, así como el periodo sujeto a revisión, sin que la segunda jurisprudencia antes transcrita, que invoca la empresa quejosa en el concepto de violación, se refiera a que en la orden de visita se tengan que precisar 'los renglones' de los impuestos que se vayan a revisar pues, contra lo que pretende, la aludida jurisprudencia se refiere precisamente a los renglones como los de los impuestos a los que se sujetarán los visitadores, los cuales se precisaron en la orden de visita; por tanto, cabe concluir que resulta correcto el razonamiento de la Sala juzgadora en el sentido de que era innecesario que la autoridad fiscal hiciera una precisión de 'los renglones' en relación con el impuesto sobre la renta y, por ende, es ineficaz el concepto de violación en análisis.

"Tampoco le asiste la razón a la empresa quejosa cuando aduce que la segunda sección de la Sala Superior 'confunde lamentablemente la litis', toda vez que de la anterior transcripción de la orden de visita se desprende que la autoridad fiscal, además de precisar el objeto de la misma, esto es, los impuestos sujetos a revisión, citó, entre otras, las fracciones II, III y IV del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que otorga facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para comprobar que los contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales; de manera que no es verdad que la autoridad fiscal únicamente hubiere citado en la orden las fracciones del precepto aludido para que con ello se tuviera por cumplido el requisito constitucional de fundamentación y motivación, ni que la Sala responsable así lo hubiera establecido, ni que fundara y motivara la orden que sólo compete fundar y motivar a la autoridad fiscal, sino que, como ya quedó determinado con anterioridad, en la orden de visita se expresaron por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento la autoridad hacendaria pretendía verificar y con ello el visitado tuvo la oportunidad de conocer las obligaciones a su cargo que se revisarían, a las que en la especie se ajustaron los visitadores respecto de los renglones de los impuestos establecidos en la orden, los cuales contra lo que se pretende por la parte quejosa sí forman parte del impuesto sobre la renta, máxime que se encuentran contemplados dentro de las disposiciones de la ley respectiva."

CUARTO.- Por razón de método debe examinarse, en primer lugar, si existe o no la contradicción de tesis denunciada.

Sobre el particular, la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en la tesis jurisprudencial número 4a./J. 22/92, lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.- De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Así también, resulta aplicable la tesis 2a. XXIX/97, publicada en la página 487, Novena Época, Segunda Sala, Tomo V, marzo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURÍDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE.- Es inexistente la contradicción de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jurídico pero lo hacen fundándose en, e interpretando, disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicción, pues para ello sería necesario que hubieran examinado el problema jurídico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos."

También es aplicable la tesis 3a. LV/91, publicada en la página 48, Octava Época, Tercera Sala, Tomo VII-Marzo, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO BASTA PARA QUE SE GENERE QUE UN TRIBUNAL AFIRME QUE NO COMPARTE EL CRITERIO DE OTRO.- Es insuficiente para concluir que existe la contradicción de tesis, que un tribunal afirme en una sentencia que no comparte el criterio de otro, sino que es necesario que lo sostenido por uno al examinar un determinado problema sea contradictorio a lo señalado por el otro al abordar el mismo problema, en el mismo plano y a la luz de preceptos jurídicos iguales o coincidentes pues, si no, se carece de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa."

En el caso, tanto el Tercer Tribunal Colegiado como el Quinto Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, a saber, objeto de la visita domiciliaria en uso de facultades de comprobación en materia fiscal; sin embargo, arriban a conclusiones distintas, pues mientras el Tercer Tribunal considera que en términos de los artículos 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, la orden de visita que expresa casi todos los impuestos y derechos federales existentes, es vaga e imprecisa y, por tanto, deja en estado de indefensión a la parte quejosa, el Quinto Tribunal estima que se satisfacen los requisitos de los artículos 16 de la Carta Magna y 38, fracción III, del código federal tributario, cuando en la orden se indican los impuestos objeto de la visita, sin que pueda estimarse genérica por señalar varios impuestos y derechos; de suerte que se da la contradicción que se denuncia.

QUINTO.- Es menester señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, estableció la siguiente tesis jurisprudencial, que en la compilación de 1995 aparece con el número 183 en el Tomo III, Segunda Sala:

"VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, la orden de visita domiciliaria expedida por autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. No es óbice a lo anterior, lo manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto constitucional de mérito establece se refieren únicamente a las órdenes de visita expedidas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales pero no para las emitidas por autoridad administrativa, ya que en la parte final del párrafo segundo de dicho artículo se establece, en plural, '... sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos' y evidentemente se está refiriendo tanto a las órdenes de visita administrativa en lo general como a las específicamente fiscales, pues, de no ser así, la expresión se habría producido en singular."

También la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, resolvió la contradicción de tesis varios 40/90, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 7/93, localizable en la compilación de 1995, Tomo III, con el número 509:

"ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.- De conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 16 constitucional y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por unprincipio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que, en tratándose de órdenes de visita, se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario impediría, además, al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación."

A continuación se transcribe, en lo conducente, lo resuelto en la contradicción de tesis 40/90, que dio como resultado la emisión de la tesis 7/93, a que se ha hecho referencia.

"SEGUNDO.- Debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

"En efecto, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias para exigir, entre otras cosas, la exhibición de libros y papeles necesarios para comprobar que se han acatado disposiciones fiscales, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades de los cateos.

"Dichas órdenes de visita, para satisfacer las formalidades exigidas por dicho precepto, deben contener los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia.

"La autoridad que emita la orden de inspección, en el caso que nos importa la de visita domiciliaria, por un principio lógico y de seguridad jurídica para el visitado, debe precisar el objeto o propósito de la misma; así, este principio fue recogido por el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, a que alude el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en las cinco ejecutorias ya mencionadas, precepto que establece, en lo conducente, que debe estar fundado y motivado y expresar el objeto o propósito de que se trate.

"Para satisfacer con plenitud dichos requisitos, tal como lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, es necesario que en la orden de visita se precisen, de manera clara y por su nombre, los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden cerciorarse, pues ello permite que la persona visitada conozca en forma plena las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a la verificación de los renglones establecidos en la visita.

"El artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación no debe interpretarse en el sentido amplio y general en que lo hicieron el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuando establecen que las órdenes de visita respectivas al señalar que el objeto de las mismas era verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, principales o accesorias, por impuestos o derechos federales, con ello satisfacen los requisitos exigidos por el numeral 16 de la Ley Fundamental, y que no es necesario que se haga una enumeración de cada uno de los conceptos a verificar o que se individualicen los impuestos y derechos que se pretenden revisar.

"Ya que el señalar con precisión el objeto o propósito de la visita, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, debe ser pleno, pues sólo de esta manera se cumple debidamente con el requisito establecido en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que las visitas practicadas por las autoridades administrativas se deben sujetar a las formalidades previstas para los cateos, entre las que se encuentra, precisamente, que en la orden se deben señalar los objetos que se buscan que, en la especie, sería señalar por su nombre los impuestos, de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden cerciorarse. Adoptar criterio contrario provocaría incertidumbre o inseguridad jurídica con notoria violación del dispositivo constitucional en comento y, además, impediría al visitado estar en condición de cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación."

Ahora bien, en principio pareciera que la presente denuncia, sobre todo con el contenido de la última tesis, podría quedar resuelta, lo cual acarrearía, en consecuencia, que quedara sin materia;

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4550-dd8ccd5c/orden-de-visita-domiciliaria-su-objeto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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