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Modo: Corpus Pro

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. REGLAS PARA CUANTIFICAR EL PAGO EN EL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/97. · Registro digital (IUS): 4635
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 520.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En el caso se surte la hipótesis de contradicción de tesis, según se advierte de las constancias remitidas a propósito de la denuncia.

A. El recurso de queja número 243/92, radicado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tiene estos antecedentes:

Manzacoa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante, acudió al juicio de amparo señalando como actos reclamados de diversas autoridades del Departamento del Distrito Federal, los consistentes en la orden de clausura de su negociación de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y uno, y su ejecución.

Por sentencia firme, la Juez de Distrito, a quien correspondió conocer del asunto, concedió el amparo solicitado en contra de los actos reclamados de diversas autoridades responsables, por estimar violada en perjuicio de la quejosa la garantía constitucional de audiencia.

En atención al requerimiento formulado por la Juez para que informaran sobre el cumplimiento de la sentencia, las autoridades responsables manifestaron que en acatamiento de una resolución dictada en el incidente de suspensión de un juicio de amparo diverso, se levantó el estado de clausura impuesto a la negociación.

En vista de este informe, la quejosa solicitó se diera por cumplida la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la clausura, petición que fue acordada por la Juez de Distrito en los siguientes términos:

"México, Distrito Federal, a catorce de mayo de mil novecientos noventa y dos. Agréguense los escritos del apoderado de la parte quejosa, con los cuales pretende promover el incidente de daños y perjuicios y lo amplía; no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que el incidente de daños y perjuicios que prevé el último párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, sólo procede en el caso de cumplimiento sustituto de la ejecutoria en que se conceda la protección constitucional; es decir, cuando le es imposible a la autoridad el cumplimiento de la ejecutoria relativa y se opta por el cumplimiento sustituto, mediante el pago de daños y perjuicios, lo que no ocurre en el caso; inclusive ya se acató la sentencia, según el propio promovente lo admite. En relación con el diverso escrito, registrado con el número 3372, requiérase al ocursante para que especifique cuáles son los documentos que pretende le sean devueltos."

Inconforme con este proveído, la quejosa hizo valer el recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, en el cual adujo, sustancialmente, la procedencia del incidente porque era imposible física y jurídicamente la restitución en el goce de las garantías violadas, en tanto la clausura reclamada se había levantado con motivo de un proveído suspensional dictado en un juicio de amparo diverso que, como tal, carecía de efectos propiamente restitutivos.

El recurso se falló en la sesión del día veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo en las siguientes consideraciones:

"Habiendo quedado claros los principales antecedentes del asunto planteado en esta instancia, procedemos al estudio de la litis propuesta, consistente en determinar si es procedente el incidente de daños y perjuicios en el caso concreto o no. Es importantísimo aclarar que no es materia de este recurso el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud de que ésta no es la vía idónea para ello, constriñéndose nuestro estudio a la procedencia del incidente de daños y perjuicios, por lo cual, lo que se mencione respecto al cumplimiento o incumplimiento de una sentencia de amparo, no deberá tomarse como aludido al caso concreto que nos ocupa. Pues bien, para el estudio de la litis propuesta es necesario analizar y fijar diversos conceptos que se encuentran estrechamente vinculados entre sí, y que constituyen la base de nuestra determinación; por ello, comenzaremos con su estudio. El primer concepto es el relativo a los efectos de la sentencia que concede el amparo al quejoso, estos efectos se encuentran establecidos en el artículo 80 de la Ley de Amparo, que dice: 'Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.'. De este precepto legal se desprende que el objeto del amparo concedido es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, aquí es importante recordar el principio de la relatividad de la sentencia de amparo, la cual sólo va a producir efectos respecto al quejoso que la demandó, el acto que reclamó y la garantía individual que se consideró violada, esto es, si una persona privada de la libertad personal solicita el amparo para que se respete su derecho de propiedad respecto a un inmueble, y obtiene la protección constitucional, esta protección sólo tendrá efectos en cuanto a su derecho de propiedad, pero no así en relación con su libertad personal, toda vez que, si considera que ésta es inconstitucional, tendrá que promover otro juicio de garantías en el que señale como acto reclamado la privación de su libertad personal. Por consiguiente, es muy importante atender a la garantía individual que se estimó violada para proceder a la restitución en el pleno goce de ésta, no debiéndose entender que una sentencia que concede el amparo a un quejoso, tiene por objeto restituirlo en el pleno goce de todas las garantías individuales que a su favor consagra la Constitución Federal. Del precepto legal en comento también se desprende que la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada va a consistir en: restablecer las cosas en el estado que tenían antes de la violación, cuando el acto sea de carácter positivo, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar lo dispuesto por la garantía de que se trata y a cumplir con lo que la misma exija, cuando el acto sea de carácter negativo. Respecto a los efectos de la sentencia de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho en forma más específica lo siguiente: 'SENTENCIA DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.' (tesis de jurisprudencia número mil setecientos ochenta, páginas dos mil ochocientos sesenta y tres y dos mil ochocientos sesenta y cuatro, Segunda Parte, Apéndice de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho). El segundo concepto que trataremos es la procedencia del incidente de daños y perjuicios en el cumplimiento de las sentencias de amparo, de gran importancia para nuestro estudio porque es la base y parte medular de la litis planteada en esta instancia. La figura jurídica del incidente de daños y perjuicios, tratándose del cumplimiento de sentencias de amparo, se introdujo relativamente hace poco tiempo en la Ley de Amparo, porque en relación con la suspensión de los actos reclamados, cuando el tercero otorga contrafianza para que el acto no se suspenda y se le concede el amparo al quejoso, aquél se obliga mediante la caución a restituir las cosas al estado que tenían antes de la violación a pagar los daños y perjuicios que sufriera el quejoso; esta disposición legal en cuanto a la suspensión se estableció en el texto original del artículo 126 de la actual Ley de Amparo, que entró en vigor el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, el cual no ha sido reformado. Pero en relación con el cumplimiento de sentencias de amparo, el incidente de daños y perjuicios se introduce con las reformas a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizadas mediante decreto del treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el siete de enero de mil novecientos ochenta, en vigor a partir del día siguiente de su publicación, mediante las cuales se le agregó un cuarto párrafo al artículo 106, para quedar como sigue: 'Artículo 106. En los casos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en única instancia, o del Tribunal Colegiado de Circuito, en amparo directo, concedido el amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria a la autoridad responsable para su cumplimiento. En casos urgentes y de notorios perjuicios para el agraviado, podrá ordenarse el cumplimiento de la sentencia por vía telegráfica, comunicándose también la ejecutoria por oficio (reformada posteriormente para quedar con el actual texto vigente que conocemos). En el propio despacho en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que la autoridad responsable haya recibido la ejecutoria o, en su caso, la orden telegráfica, no quedare cumplida o no estuviere en vías de ejecución, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, se procederá conforme al artículo anterior. El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido, el Juez de Distrito oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente y, si procede, la forma y cuantía de la restitución, señalando un plazo final para el debido acatamiento de la ejecutoria.'. Posteriormente, con las reformas a la Ley de Amparo realizadas con el decreto del veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro y en vigor a partir del dieciocho de marzo siguiente, se cambió el último párrafo del artículo 106 al artículo 105, explicando en la exposición de motivos de esta última reforma lo siguiente: '... debe hacerse la aclaración de que esta facultad de los Jueces de Distrito de señalar el monto de los daños y perjuicios, cuando el interesado lo solicite para dar por cumplida una sentencia de amparo cuya ejecución no se ha logrado, fue introducida por error en el artículo 106 de la Ley de Amparo en las reformas publicadas el siete de enero de mil novecientos ochenta, no obstante que dicho precepto se refiere al cumplimiento de las sentencias dictadas en el amparo de una sola instancia y, por este motivo, ahora se propone que la disposición relativa se sitúe correctamente en el diverso artículo 105, que regula la ejecución de los fallos pronunciados en amparo de doble instancia, que son los únicos que admiten dicha sustitución en el cumplimiento, optándose por el pago de daños y perjuicios y, por tanto, se suprime la parte relativa del artículo 106 en vigor.'. De esta manera, el incidente de daños y perjuicios, tratándose del cumplimiento de sentencias, se encuentra establecido actualmente en el artículo 105 de la Ley de Amparo, que dice: 'Artículo 105. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita o no se encontrase en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último. Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley. Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente; de otro modo, ésta se tendrá por consentida. El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El Juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución.'. Para determinar la procedencia de este incidente de daños y perjuicios, es conveniente atender a la exposición de motivos de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el siete de enero de mil novecientos ochenta, ya que fue en éstas en las que se introdujo esta figura jurídica en el cumplimiento de sentencias de amparo; en dicha exposición de motivos se manifestó lo siguiente: 'El artículo 126 otorga al tercero perjudicado la posibilidad de otorgar contrafianza para que la suspensión otorgada a favor del quejoso quede sin efecto. Se propone que no sólo el tercero, sino también la autoridad responsable, dentro del mismo supuesto, pueda otorgar caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. Esta medida incluye el propósito de solucionar algunos problemas que se presentan con motivo de la ejecución de sentencias, para lo cual se propone la reforma del artículo 106, al que se adicionan dos párrafos (sólo fue uno), mediante los cuales se trata de abrir un camino para que múltiples ejecutorias de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal que no han podido ser cumplidas por diversas causas, lo que socava en su base la importancia del juicio de amparo, puedan, a petición del quejoso, darse por cumplidas, haciendo efectiva la caución que la autoridad responsable puede otorgar de acuerdo con la reforma propuesta, del artículo 126. El Juez, en la vía incidental, podrá cuantificar los daños y perjuicios que hubiesen sobrevenido a la quejosa con la ejecución del acto reclamado. Asimismo, aun cuando no se hubiere otorgado la caución, se da la oportunidad al quejoso para que solicite que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido, y se autoriza al Juez para cuantificarlos en la vía incidental. En la práctica, y a fin de que las ejecutorias no permanezcan incumplidas, los quejosos solicitan el cambio de la obligación de hacer, por la obligación de dar, a cargo de las autoridades responsables. Con la reforma que se propone, se regularizaría este sistema, con el cual se afirma la fuerza legal de la cosa juzgada.'. De la lectura de los motivos expuestos, se advierte con claridad que la razón para introducir el incidente de daños y perjuicios en el cumplimiento de sentencias de amparo, fue la existencia de múltiples ejecutorias del Poder Judicial Federal que no han podido ser cumplidas por diversas causas; por consiguiente, para que no permanezcan incumplidas, se le otorga al quejoso la posibilidad de solicitar el cambio de la obligación de hacer por la obligación de dar a cargo de la autoridad responsable. Esta razón se reitera en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo, publicada el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Diario Oficial (la cual quedó transcrita párrafos atrás), en la cual se menciona que cuando el interesado solicite el pago de daños y perjuicios, para dar por cumplida una sentencia de amparo cuya ejecución no se ha logrado, el Juez de Distrito señalará el monto de los mismos. Por consiguiente, de lo antes expuesto se desprende que el incidente de daños y perjuicios, para dar por cumplida una sentencia, procede cuando en la misma se establece una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, es decir, de carácter positivo, porque tratándose de obligaciones de no hacer, no puede existir el incumplimiento de la sentencia, puesto que ésta se cumple con la conducta omisiva de la autoridad, lo cual sí es posible lograr a través de los medios sancionadores que establece la ley. Ahora bien, de la lectura del cuarto párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, por su redacción, parece dejar a discreción del quejoso el cumplimiento de la sentencia de amparo, o bien, el pago de daños y perjuicios, al señalar que: '... El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido ...', la palabra 'podrá' parece indicar la libertad discrecional del quejoso para solicitar se dé por cumplida la sentencia. Sin embargo, tal libertad discrecional debe interpretarse en forma conjunta con todo lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo y atendiendo a las razones que motivaron la introducción de ese incidente de daños y perjuicios. En efecto, el artículo 105 prevé el procedimiento que habrá de seguirse para el cumplimiento de las sentencias de amparo, esto es, la autoridad responsable cuenta con veinticuatro horas para cumplir la sentencia, computadas a partir de que se le notifica ésta, cuando la naturaleza del acto lo permita, o bien, encontrarse en vías de cumplimiento dentro de dicho término; en caso contrario, el juzgador de amparo o la autoridad que haya conocido del juicio, requerirán de oficio o a petición de cualquiera de las partes interesadas, al superior jerárquico de la responsable para que la obligue a cumplir sin demora, y si éste no atiende el requerimiento, se hará lo mismo con el superior jerárquico de esta última, cuando la responsable no tenga superior jerárquico se le requerirá a ella misma. Si a pesar de esto no se cumple la sentencia, se enviará el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que proceda a dar cumplimiento a la fracción XVI del artículo 107 constitucional, esto es, separar a la responsable de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito competente. Independientemente de esto último, el Juez de Distrito, la autoridad que conozca del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, dictarán las órdenes necesarias para que la sentencia se cumpla, si éstas no son obedecidas comisionará a un secretario o actuario para que dé cumplimiento a la ejecutoria, cuando la naturaleza del acto lo permita o, en su caso, el mismo Juez de Distrito o el Magistrado del Tribunal Colegiado se constituirán en el lugar en que deba cumplirse para ejecutarla por sí mismos, pudiendo incluso solicitar el auxilio de la fuerza pública. Si una vez agotado este procedimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, o sólo la primera parte de él, porque el acto no puede ser ejecutado por otro, entonces quedará a discreción del quejoso el optar por insistir en el cumplimiento de la ejecutoria o solicitar se dé por cumplido mediante el pago de daños y perjuicios. Pero sólo cuando se han agotado los medios para obtener el cumplimiento de la sentencia, el quejoso podrá optar por el incidente de daños y perjuicios, si lo desea, toda vez que admitir que el quejoso puede solicitar que se dé por cumplida la sentencia de amparo mediante el pago de daños y perjuicios, al día siguiente o el mismo día en que se declare ejecutoriada la sentencia, atentaría contra la finalidad protectora del juicio constitucional, permitiendo la subsistencia de actos declarados inconstitucionales, la transgresión de garantías individuales en detrimento de los derechos de los gobernados y la impunidad de las autoridades violadoras, que pagarían con gusto una determinada cantidad de dinero al particular, el cual, cuántas veces por su necesidad económica, se vería obligado a aceptarla, renunciando a sus garantías individuales, a sus mínimos derechos como ser humano, pudiéndose, incluso, caer en un 'comercio' injustificado de derechos. Por eso es importante interpretar el artículo 105 de la Ley de Amparo en su conjunto, siguiendo paso a paso el procedimiento para cumplir la sentencia de amparo, y sólo cuando ésta no se logra, procederá el incidente de daños y perjuicios en sustitución del cumplimiento de la ejecutoria, para que, en su caso, el prolongado tiempo que tarde su cumplimiento, no ocasione al quejoso una lesión más grave en sus intereses jurídicos, o bien, para que no quede incumplida la sentencia de amparo. De lo hasta aquí analizado, podemos concluir que para la procedencia del incidente de daños y perjuicios se requiere: la existencia de una sentencia que conceda el amparo; que la obligación a que queda sujeta la autoridad responsable sea una obligación de hacer, esto es, de carácter positivo; que dicha sentencia haya causado ejecutoria; y que se haya seguido el procedimiento establecido en la Ley de Amparo para lograr su cumplimiento sin haberlo conseguido en un término razonable. Tomando en cuenta estos requisitos de procedencia, también es importante observar que el cargo de daños y perjuicios a que se condena a la autoridad responsable, van a estar siempre en función de la garantía individual que se consideró violada y del acto que se reclamó en el juicio constitucional; así, por ejemplo, cuando el acto reclamado es el haber privado al quejoso de un inmueble de su propiedad, la garantía individual que se le transgredió fue su derecho de propiedad, por lo que en caso de no ser posible restituirlo en el pleno goce de su derecho de propiedad sobre ese inmueble devolviéndoselo, el incidente de daños y perjuicios va a consistir en la indemnización que la autoridad responsable haga al quejoso de su inmueble, no sólo pagándole la cantidad que correspondería a la compraventa del mismo, sino los daños y perjuicios ocasionados directamente por el acto de la desposesión. Al respecto, consideramos que los daños y perjuicios que pueden hacerse valer en este incidente contemplado como sustituto del cumplimiento de sentencias de amparo, son únicamente los directamente ocasionados con el acto reclamado que se consideró inconstitucional, no así los ocasionados en forma indirecta como sería el haber frustrado un magnífico negocio que se pensaba abrir en el inmueble de cuya propiedad se privó al quejoso, en virtud de que los daños y perjuicios indirectos no podrían restituírsele con el cumplimiento efectivo de la sentencia de amparo, y esto, ¿por qué?, porque el juicio de garantías es un medio de control constitucional a través del cual se protege a los gobernados en contra de los actos de las autoridades que, transgrediendo la Ley Suprema, les causan alguna lesión en sus intereses jurídicos, destruyendo el acto y dejándolo sin efectos, para restablecer el orden constitucional que siempre debe imperar, pero sin deslindar responsabilidades civiles o criminales que de dichos actos pudieran surgir, toda vez que existen otros medios ante tribunales distintos para determinar y condenar tales responsabilidades. Sobre esta cuestión es muy claro el pensamiento del ilustre Ignacio L. Vallarta, expresado en su obra 'El juicio de amparo y el writ of habeas corpus' y reiterado en el cuarto tomo de sus 'votos' sobre cuestiones constitucionales, que dice: 'Se sostiene la improcedencia del sobreseimiento, porque la ejecutoria de la Corte sirve de título para reclamar los perjuicios, para pedir el castigo del violador de la garantía. Nunca he podido aceptar esta opinión, que da al amparo más efectos que los que la ley le asigna. Puedo también sobre este punto referirme a lo que he escrito, y es oportuno citarlo aquí, puesto que trato de consignar los fundamentos de mis votos. «Sería preciso, he dicho, para que esa doctrina pudiera ser admitida; primero, que toda violación de garantías constituyera un delito, y segundo, que las ejecutorias de amparo pudieran definir el punto de responsabilidadcivil o criminal, en el autor de la violación de la garantía y ninguna de esas dos condiciones está fundada en nuestro derecho constitucional.». Que no toda violación de garantía constituya un delito, lo demuestra la simple consideración de que la ley no castiga, no puede castigar todo acto anticonstitucional, porque muchos hay que no pueden caer bajo su imperio ... y muchas y poderosas razones concurren a probar que la ejecutoria de amparo no puede prejuzgar siquiera la responsabilidad criminal o civil de la autoridad. El procedimiento sumario del amparo, si bien adecuado para obtener sus fines, es el más conveniente para resolver cuestiones civiles o criminales, que exigen otros trámites, otra sustanciación; y nada sería tan peligroso, nada expondría más los tribunales a funestos errores, que el querer decidir esas cuestiones en ese procedimiento ... Más que bastantes me parecen estas respuestas a la réplica que he procurado satisfacer, y a la que se da tanta fuerza contra la teoría del sobreseimiento. En el presente juicio se trata de un atentado contra la libertad individual arbitrariamente restringida; pero consta también que el quejoso ya la ha recobrado, por haberlo ordenado así, la autoridad a cuya disposición estaba. ¿Qué objeto tendría ya la ejecutoria de esta Corte que protegiera la garantía violada, y mandare que se restituyesen las cosas al estado que guardaban cuando la Constitución se infringió, si esa restitución está ya hecha, si la autoridad contra quien la queja se interpone, se ha anticipado a obedecer y respetar la Ley Suprema?, si el efecto del amparo no es más que hacer esa restitución, cuando ella se ha verificado antes que él la ordene, el juicio ha quedado sin efecto, y todos sus posteriores procedimientos son baldíos y nugatorios; como en el caso de la muerte del quejoso, una sentencia en el presente no produciría más resultado fuera del de hacer perder lastimosamente su tiempo al tribunal que la pronunciara, que el irrisorio de mandar hacer una cosa que se sabe ya esta hecha. De más está decir que el sobreseimiento no importa ni significa la absolución por todos los atentados que con la violación de la garantía se hayan podido cometer, ni distingue en el quejoso la acción que pueda tener para exigir que se le indemnicen los perjuicios que se le hayan hecho sufrir, así como yo no reconozco en una ejecutoria de amparo un título que apareje ejecución, para hacer efectiva la responsabilidad criminal o civil de las autoridades que violen las garantías, así tampoco admito que el sobreseimiento las exonere de todo cargo; las razones que antes he indicado y que no necesito repetir, apoyan a estos dos contrarios extremos. El sobreseimiento en el juicio de amparo deja vivas, aunque así no lo exprese, todas las acciones civiles o penales del perjudicado, todas las responsabilidades de la autoridad para que el Juez competente oiga y decida aquéllas y haga efectivas éstas conforme a las leyes. Sólo confundiendo la naturaleza y fines del recurso constitucional con el objeto y misión del juicio civil o criminal, puede tenerse que aquél prejuzgue siquiera las cuestiones que son propias de éstos. Supuesto que tales son los efectos legales de las sentencias; supuesto que éstas no pueden hacer más que nulificar el acto reclamado, para restablecer así las cosas al estado que tenían antes de violarse la Constitución, el juicio de amparo carece de objeto, luego que ese acto dejó de existir, porque lo revoque la misma autoridad responsable, o luego que él se consume de un modo tan irreparable, que sea ya físicamente imposible hacer aquella restitución. De estos puntos me ocupé ya cuando procuré demostrar que en esos casos debe de sobreseerse en el juicio por falta de materia sobre la que recaiga la sentencia. Sin repetir aquellas demostraciones, sí insistiré en llamar ridícula, absurda, a la sentencia que amparare en la garantía de la vida al cadáver de la persona asesinada, si se quiere, por orden de una autoridad arbitraria, delito gravísimo es ese asesinato, sin duda alguna, pero de él no puede juzgarse en el amparo, sino en el juicio correspondiente que pueda quedar siempre abierto y expedito; porque este recurso privilegiado no tiene más fin que decidir sobre la conformidad de un acto dado, con determinado texto constitucional, según antes he dicho, siéndole ajenas las cuestiones sobre indemnización de perjuicios, responsabilidad de las autoridades, etcétera, cuestiones que tienen que resolverse por los Jueces competentes en el procedimiento al efecto determinado por la ley. El del amparo, que no tiene más objeto que restablecer las cosas al estado que tenían antes de violarse la Constitución y que no define más verdad legal sino que tal acto es o no constitucional; el del juicio civil en indemnización de perjuicios, y el criminal exigiendo el castigo de un delito en una autoridad que ha violado una garantía.'. De esta manera, es claro que en el juicio constitucional no se pueden resolver cuestiones de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4635-0e6d1713/ejecucion-de-sentencias-de-amparo-reglas-para-cuantificar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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