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Modo: Corpus Pro

INDICIADO. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SEA LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/98. · Registro digital (IUS): 7245
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, , Pág. 201.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, último párrafo, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre materia penal, que es competencia originaria de esta Primera Sala.

Lo anterior debe considerarse así, porque si bien los criterios materia de la presente contradicción de tesis fueron sustentados por Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo, lo cierto es que la materia de los asuntos se encuentra definida como penal, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se reclamó una resolución de no ejercicio de la acción penal, así como un recurso de queja interpuesto en contra del auto de admisión de la demanda de un amparo indirecto en el que la resolución reclamada es de la misma naturaleza.

Tiene aplicación la jurisprudencia número 91/1997 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VI, diciembre de 1997

"Tesis: P./J. 91/97

"Página: 5

"ACCIÓN PENAL, RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO, EMANADA DE UNA AUTORIDAD DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN ACTO MATERIALMENTE PENAL Y DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL.-El artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su fracción I, dispone, entre otros supuestos, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los juicios de garantías que se promuevan ‘... contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal ...’. Ahora bien, como donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, es válido interpretar en forma extensiva la fracción de mérito y sostener que la competencia también se surte cuando la sentencia que se dicte en el amparo pueda producir la consecuencia de afectar la libertad personal del tercero perjudicado que, en el caso de un juicio promovido en contra de una resolución de no ejercicio de la acción penal, lo sería, por supuesto, el indiciado o inculpado. Aun cuando no todos los delitos se sancionan con la privación de la libertad, la afectación debe entenderse en sentido amplio, pues aun tratándose de delitos que se sancionan con pena alternativa o con pena no privativa de la libertad, la orden de comparecer al juicio y, en su caso, el auto de sujeción a proceso que pudiera dictarse en el supuesto de que se ejerciera la acción penal por tales delitos con motivo de un juicio de amparo, de conformidad con el artículo 304 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, afectan la libertad de la persona, pues se le obliga a comparecer ante la autoridad que la requiere, aun cuando la restricción tenga el límite precario indispensable para el desahogo de las diligencias respectivas, tales como la declaración preparatoria, la identificación administrativa, entre otras. Por otro lado, interpretando en forma sistemática las fracciones del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con los artículos 19, 20, 21, primer párrafo, constitucionales; 94 a 108, 111 a 114, 118 a 121, 122, 124, 135, 136, 139, 140, 141, 144, 147, 152, 189, 191, 262, 268 bis y 273, entre otros, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 13 y 15 del Código Penal para el Distrito Federal, se obtiene que si en el propio precepto 51 se contemplan las atribuciones de los Jueces de Distrito en los juicios de amparo para conocer de actos materialmente penales, la competencia de que se trata no sólo se actualiza con fundamento en la fracción I antes examinada, sino en dicho numeral. En estas condiciones, si bien la naturaleza de la resolución de no ejercicio de la acción penal es, por el órgano que la realiza, formalmente administrativa, por su naturaleza intrínseca es materialmente penal, por lo que la competencia para el conocimiento del juicio de amparo en su contra le corresponde a un Juez de Distrito en dicha materia, no sólo por la circunstancia de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera afectar la libertad del tercero perjudicado, sino también porque al tratarse de una resolución materialmente penal, la competencia se ubica en el propio numeral interpretando sus fracciones sistemáticamente. La interpretación de mérito respeta el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados y, por ende, el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en el fallo.

"Contradicción de tesis 9/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de agosto de 1997. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de noviembre en curso, aprobó, con el número 91/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y siete."

SEGUNDO.-Debe señalarse que no pasa desapercibido para la consideración de esta Primera Sala, que de la jurisprudencia transcrita en el considerando anterior, se desprende que tratándose de resoluciones de no ejercicio de la acción penal, deben considerarse, por el órgano que las realiza, de naturaleza formalmente administrativa; sin embargo, por su naturaleza intrínseca, son materialmente penales, por lo que el conocimiento del juicio de amparo que en su contra se promueva, corresponde a un Juez de Distrito en dicha materia y, consecuentemente, del recurso de revisión que procede en contra de las resoluciones de amparo que resuelvan al respecto, así como del recurso de queja que procede contra acuerdos de trámite dictados en los juicios de amparo relativos, corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, conforme a lo dispuesto en los artículos 83, fracción IV, y 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 37, fracciones III y IV, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dicen:

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia."

"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:

"...

"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley."

"Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer:

"...

"III. Del recurso de queja en los casos de las fracciones V a XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 99 de la misma ley;

"IV. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito o por el superior del tribunal responsable en los casos a que se refiere el artículo 85 de la Ley de Amparo, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el sexto párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Artículo 38. Podrán establecerse Tribunales Colegiados de Circuito especializados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo anterior en la materia de su especialidad."

Ahora bien, en el presente caso las resoluciones que contienen los criterios en contradicción fueron dictadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, en el amparo en revisión número 400/98-II y en el recurso de queja número 58/98, respectivamente, la primera, el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, y la segunda, el cinco del mismo mes y año, por lo que resultan ser posteriores a la de publicación de la jurisprudencia transcrita en el considerando que antecede; sin embargo, no obstante ello, debe considerarse que dichos Tribunales Colegiados eran competentes para emitir las resoluciones respectivas.

En efecto, el Acuerdo Número 35/1998 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización y nueva denominación de los Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en lo conducente, dice:

"... PRIMERO.-A partir del día trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho, los cinco Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito serán especializados.

"SEGUNDO.-Desde esa misma fecha, los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Cuarto Circuito se denominarán Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, respectivamente, y conservarán la residencia y jurisdicción territorial que actualmente tienen.

"Los Tribunales Colegiados mencionados serán especializados en materias administrativa y de trabajo, por lo que conocerán de los asuntos que señala el artículo 37, fracciones I, incisos b) y d), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las materias de su especialidad, de conformidad con el artículo 38 del ordenamiento legal citado.

"TERCERO.-Por otra parte, a partir de la entrada en vigor de este acuerdo, los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto del Cuarto Circuito se denominarán Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, respectivamente, y conservarán su actual residencia y jurisdicción territorial.

"Los Tribunales Colegiados indicados serán especializados en materias penal y civil y conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, incisos a) y c), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las materias de su especialidad, de acuerdo con el artículo 38 del mismo ordenamiento legal.

"CUARTO.-Los asuntos de las materias administrativa y de trabajo que se reciban desde el trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito serán distribuidos por ésta entre los tres tribunales especializados en dichas materias, de acuerdo con el sistema computarizado que tiene operando para tal efecto, con las salvedades procedentes.

"Por otro lado, los asuntos de las materias penal y civil que se presenten desde el día antes indicado en la propia oficialía serán distribuidos por la misma entre los dos tribunales especializados en esas materias, de acuerdo con el referido sistema computarizado, con las salvedades procedentes.

"QUINTO.-Todos los asuntos que hasta el nueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se hayan recibido en los Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, aun cuando no se hayan radicado, permanecerán en ellos hasta su conclusión. ..."

Por lo tanto, si el recurso de revisión número 400/98-II, así como el recurso de queja número 58/99, fueron admitidos a trámite en los órganos colegiados de su conocimiento los días veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, y nueve del mismo mes y año, respectivamente, esto es, antes del nueve de octubre de ese año, por lo que, en términos de lo dispuesto en el punto quinto del acuerdo transcrito, eran los órganos jurisdiccionales obligados para resolver dichos recursos y, por tanto, los competentes para ello, con lo cual, en el presente caso se cumple con lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que dice:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.-La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.-La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Por lo que es procedente que esta Sala realice el estudio de la contradicción de tesis planteada y dicte la resolución correspondiente.

TERCERO.-También es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun cuando en autos consta que el procurador general de la República no expuso su parecer dentro del plazo concedido, ya que ante la omisión de dicho funcionario debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en la presente contradicción, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

Sobre este particular, tiene aplicación la siguiente tesis:

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: IX, enero de 1992

"Tesis: P. XXVI/92

"Página: 32

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que posibilita dictar la resolución que corresponda.

"Contradicción de tesis 25/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 14 de noviembre de 1991. El proyecto se aprobó por unanimidad de quince votos de los señores Ministros presidente Schmill Ordóñez, de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Lanz Cárdenas, Alba Leyva, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón y Chapital Gutiérrez. Ausentes: Castañón León, Adato Green, Rodríguez Roldán, González Martínez y Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa.

"Tesis número XXVI/92 aprobada por el Tribunal en Pleno en sesión privada celebrada el miércoles ocho de enero de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Samuel Alba Leyva, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Ausente: Noé Castañón León. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y dos.

"Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 49, enero de 1992, página 90."

CUARTO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, en el recurso de queja número 58/98, relativo al juicio de amparo indirecto número 933/98-A, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Nuevo León, promovido por Adriana Hortencia González Farías de Salinas, resuelto el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, sustentó lo siguiente:

"CUARTO.-Resultan fundados los agravios antes transcritos.-En efecto, se estima que resultan fundados los agravios hechos valer, toda vez que de autos aparece que la ahora inconforme promovió ante el Juez a quo, juicio de amparo indirecto en contra de actos del procurador general de Justicia en el Estado, de quien señaló el siguiente acto reclamado: ‘De dicha autoridad demando: La declaratoria de veintinueve de julio del presente año, de inejercicio de la acción penal en la averiguación previa número 307/97-II-2, propuesta por el agente del Ministerio Público Investigador de Averiguaciones Previas de lo Penal Número Dos del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León’; asimismo, aparece que en el apartado correspondiente al ‘tercero interesado’ (perjudicado) asentó ‘no existe’; mas sin embargo, es el caso que el Juez Federal al dictar el acuerdo del veintisiete de agosto del año actual mediante el cual admitió la demanda de garantías de referencia (foja 35), destacó que aun y cuando la quejosa manifestaba en su escrito de demanda que no existía tercero perjudicado, era de indicarse que le resultaba tal carácter a ... por tener intereses opuestos a los de la quejosa, en términos del artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, y con tal carácter debería de ser emplazado por conducto del actuario adscrito a dicho juzgador.-Consideraciones las anteriores que se estiman resultan incorrectas, toda vez que conforme a lo previsto por el artículo 5o., fracción III, de la ley de la materia, son partes en el juicio de amparo, entre otros, el tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ‘... b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad ...’. De lo anterior se tiene, que tratándose del juicio de amparo en materia penal, sólo se da la figura jurídica del tercero perjudicado, tratándose de las personas que tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, circunstancia que no se infiere de autos, acontezca en el presente caso, toda vez que ... a quien estimó el Juez a quo, tenía el carácter de tercero perjudicado, constituye la persona en contra de quien se siguió la averiguación previa número 307/97-II-2, señalada en el apartado correspondiente al acto reclamado; por lo cual, es indudable que al haber sido éste el indiciado, no viene a constituir el ofendido, o persona que conforme a la ley tenga derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, por lo que no puede considerarse que se surta en el asunto de que se trata, la figura jurídica del tercero perjudicado, como erróneamente lo consideró el Juez de Distrito, motivo por el que resulta inconcuso que devienen infundados (sic), como ya se dijo, los argumentos de la recurrente que se analizan.-Es pertinente señalar que si bien en términos generales debe de tenerse como tercero perjudicado a quien tiene intereses opuestos al del quejoso, también es verdad que por tratarse en el caso particular, de la materia penal, debe de estarse a lo expuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo (aludido en líneas precedentes).-En las relacionadas consideraciones y al resultar fundados los agravios hechos valer, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja."

QUINTO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, en el amparo en revisión número 400/98-II, promovido por Adriana Hortencia González Farías de Salinas, resuelto el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, sustentó lo siguiente:

"TERCERO.-Es innecesario entrar al estudio de los fundamentos de la sentencia recurrida y de los agravios que se expresan, por advertir este Tribunal Colegiado y así destacarlo el señor ... en su escrito recibido el 23 de octubre de 1998, mismo que se atiende, porque si la tesis de jurisprudencia número 41/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 65, 66 y 67, Tomo VIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de 1998, del rubro: ‘TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA EJECUTORIADA Y QUE AFECTA CLARAMENTE SUS DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL CONTADO A PARTIR DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA.’, lo faculta a interponer el recurso de revisión, con mayor razón debe ser escuchado en la revisión, y como el resolutor omitió escuchar legalmente a la citada persona, quien constituye una de las partes en el juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 5o. de la ley de la materia, con lo que se infringió (sic) las normas fundamentales que lo rigen, según se verá a continuación.-De la demanda de garantías formulada por la quejosa Adriana Hortencia González Farías de Salinas se advierte, como ya se dijo con antelación, que el acto que reclama lo constituye la resolución de aprobación de inejercicio de la acción penal emitida por el procurador general de Justicia del Estado, como acto final de la averiguación previa número 1635/97-I, que se ventiló ante el agente del Ministerio Público Investigador Número Uno en Guadalupe, Nuevo León, con motivo de la denuncia presentada por dicha quejosa en contra de ... por los delitos de lesiones y robo.-Por otra parte, el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: (se transcribe).-Como se ve, dentro de la figura del tercero perjudicado encaja cabalmente el señor ... en primer lugar, porque la resolución reclamada no proviene de una autoridad judicial o del trabajo, sino de una autoridad meramente administrativa y, en segundo término, porque obviamente dicha persona tiene un interés directo y personal en que subsista la resolución reclamada, dado que fue favorable a sus intereses, al no ejercitarse la acción penal que en su contra busca la quejosa; por lo tanto, es claro que el Juez de Distrito en uso de la facultad que le otorga el artículo 146 de la Ley de Amparo y ante la falta de señalamiento por parte de la agraviada, debió prevenir a ésta para que, en el término y bajo el apercibimiento que marca la ley, señale como tercero perjudicado al citado ... proporcionando su domicilio y exhibiendo los documentos necesarios para lograr su emplazamiento, pero como el resolutor no procedió de esta manera, sino que tramitó y resolvió el juicio de amparo indirecto sometido a su consideración, sin haber emplazado ni escuchado a una de las partes que legalmente componen dicho juicio, es inconcuso que de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe anularse la sentencia recurrida y ordenarse la reposición del procedimiento, para el efecto de que el Juez de Distrito emita las medidas conducentes para lograr el emplazamiento del tercero perjudicado de referencia, hecho lo anterior resuelva la contienda como en derecho proceda.-A ese propósito, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 44/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 85 y 86, Tomo IV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio de 1996, cuyo rubro y texto dicen: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.’ (se transcribe).-Sin que sea óbice a lo anterior, lo alegado por la quejosa en sus escritos recibidos el 3, 4 y 9 de noviembre de 1998, en el sentido de que el indiciado no puede tener el carácter de parte en el juicio de garantías, conforme al artículo 5o., fracción III, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, por no haber gestionado o solicitado el acto reclamado, toda vez que este aspecto no es el que da la pauta para establecer que tiene la calidad de tercero perjudicado, sino porque como ya se estableció, tiene un interés directo y personal en que subsista la resolución reclamada de no ejercicio de la acción penal solicitada en su contra, ni es el hecho de que el amparo que nos ocupa revista la característica de ser de tipo penal, respecto del cual, dice la quejosa, que no hay tercero perjudicado de acuerdo al artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que si bien es cierto que por la naturaleza del acto reclamado, el asunto tiene efectos materialmente penales, no por ese solo hecho debe descartarse la existencia del tercero perjudicado, pues aun en esa materia se da la figura de dicha personalidad, sin que esto quiera decir que deba atenderse exclusivamente al inciso b), fracción III (sic) del citado artículo 5o., que es la normatividad que rige prácticamente a la materia penal, sino que ha de apreciarse en cada caso concreto la situación que se presenta, para desprender si hay o no algún tercero perjudicado que deba ser llamado al juicio de garantías, pues hay que recordar que antes de la reforma al artículo 21 constitucional, la determinación de inejercicio no era combatida por la vía de amparo y, por lo mismo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, no contemplaba ninguna situación al respecto, como tampoco actualmente prevé alguna hipótesis específica concreta, dado que sólo hubo reforma por adición al referido artículo 21, pero sin que las leyes secundarias se hubieren adecuado a tal precepto constitucional y, como ahora, el mismo dispositivo prevé la procedencia de la vía de amparo en tratándose de ese tipo de determinaciones, obviamente el indiciado, quien se ve favorecido por el no ejercicio en su contra de la acción penal, adquiere, por consecuencia, un interés directo y personal en que subsista el status jurídico que adquirió con la resolución reclamada, y como dicha resolución proviene de una autoridad administrativa, es por eso que el mismo se ubica plenamente en los supuestos abstractos que prevé el inciso c), fracción III (sic) del supracitado artículo 5o. de la Ley de Amparo.-Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 91/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 5 y 6, Tomo VI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de 1997, que dice: ‘ACCIÓN PENAL, RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO, EMANADA DE UNA AUTORIDAD DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN ACTO MATERIALMENTE PENAL Y DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL.’ (se transcribe).-No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que el 16 de noviembre de 1998, la licenciada Leticia Pereyra Martínez, quien se dice autorizada por la quejosa para notificaciones, exhibió copia certificada de la resolución de 5 de noviembre del citado año, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Cuarto Circuito, en la que se determina que, cuando el acto reclamado lo constituye el inejercicio de la acción penal, no cabe la posibilidad de encuadrar al indiciado de la averiguación previa en la figura del tercero perjudicado, porque no se está en la hipótesis del artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sin embargo, dicho criterio no es de observancia obligatoria para este Tribunal Colegiado, además de que en aquel caso se ponderó para excluir al indiciado de una averiguación previa (sic) como tercero perjudicado, lo que al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7245-5fd2cd65/indiciado-tiene-el-caracter-de-tercero-perjudicado-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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