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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2009. · Registro digital (IUS): 21945
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES CUARTO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 490.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES CUARTO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito conoció de los amparos en revisión 161/2008, 212/2008 y 3/2009, promovidos por el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en Piedras Negras, Coahuila; el titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegación Coahuila y Heliodoro Villarreal Sánchez, respectivamente.

En el juicio de amparo 322/2008 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, del que derivó el amparo en revisión 161/2008, resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado de referencia, se reclamó la falta de fundamentación del oficio 059104330110/DPRV-0159/08 emitido el once de marzo de dos mil ocho, por el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en respuesta a la solicitud del quejoso de la expedición de una constancia en la que se observara el porcentaje de invalidez-pérdida órgano funcional determinado. Las consideraciones sustentadas por dicho tribunal, al resolver el recurso de mérito, en la parte que interesa, son del tenor siguiente:

"SEXTO. En la demanda de garantías, el quejoso señaló como acto reclamado el oficio 059104330110/DPRV-0159/08 expedido por el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Piedras Negras, Coahuila, y el dictamen de invalidez folio 12562, que se anexó a dicho oficio. Ello, se dio en respuesta a la petición del ahora quejoso, quien como derechohabiente de dicha institución, le solicitó que le expidiera alguna constancia en la que se informara el porcentaje de invalidez que le había sido determinado. Seguidos lo trámites legales, el Juez de Distrito dictó resolución constitucional terminada de engrosar el veintinueve de abril de dos mil ocho; en ésta apuntó las siguientes consideraciones: Primero, dio respuesta a las causales de improcedencia invocadas por la autoridad responsable; en relación con la inherente a la prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley de Amparo, precisó que era infundada, pues de acuerdo con la ley que regía al organismo, estaba facultado para tomar decisiones que afectaban unilateralmente la esfera jurídica del interesado, por lo que si el quejoso, con fundamento en el artículo 8o. constitucional, le había solicitado información al subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, era inconcuso que la respuesta que recayera a dicho ocurso podía modificar la esfera jurídica del trabajador, pues de ello dependería la pensión que había solicitado; ello, con independencia que conforme con el precepto constitucional mencionado obligaba a cualquier servidor público a responder a las peticiones que le fueran hechas de forma pacífica y respetuosa, por lo que si lo que se reclamaba era la falta de fundamentación y motivación en la respuesta que se le había otorgado, se traducía en un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ... Por cuestión de orden técnico, el agravio planteado en segundo término, habrá de estudiarse primeramente. En éste, básicamente se insiste que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley de Amparo. Para arribar a esa conclusión, la recurrente sostiene que el acto reclamado no tenía un carácter autoritario, esto es, la relación jurídica que se daba entre el quejoso y la institución social, era en un plano de coordinación y no en uno de supra subordinación, pues actuaba como prestadora de un servicio, por lo que carecía del carácter de autoridad ya que no disponía de fuerza pública al tomar decisiones, además que carecía de facultades de imperio y decisión, pues su objeto es, principalmente, suministrar seguridad social. Señala que de acuerdo con el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, por tratarse de un derecho laboral, el acto como el que reclamó el quejoso debía combatirse mediante algún juicio laboral y no mediante el amparo; aunado a que el único supuesto para que actuara como responsable era cuando lo hacía como organismo fiscal autónomo respecto los patrones y sujetos obligados. Asimismo, aduce que de acuerdo con el oficio 059104330110/DPRV-0159/08 de once de marzo de dos mil ocho, que se había anexado a la constancia solicitada por el quejoso, se tenía que el acto reclamado no era dable calificarlo como resultado de una potestad pública, pues se trataba de un acto emanado de una relación entre el asegurado (quejoso) y un órgano asegurador, pero no de autoridad alguna para los efectos del juicio constitucional, pues en ese caso no estaba investido de facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales concretas de modo imperativo, como cuando lo hacía como autoridad fiscalizadora. A modo de preludio, en primer término, conviene hacer las siguientes acotaciones. Primero, el artículo 11 de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 11.’ (se transcribe). Cabe señalar que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para los efectos del juicio de amparo, tienen el carácter de actos de autoridad aquellos emitidos por funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado; lo anterior quedó sentado en la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo cinco, página ciento dieciocho, que dice: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (se transcribe). Igualmente conviene citar el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo catorce, página treinta y nueve, en el que establece cinco parámetros básicos para poder considerar o no un acto como de autoridad, específicamente en relación con el juicio de garantías, dicho criterio dice: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ (se transcribe). Como el acto reclamado emana del ejercicio del derecho de petición, también es importante señalar cuando queda salvaguardada esta prerrogativa mediante el juicio de garantías, esto es, únicamente en el caso de que el gobernado acuda ante un funcionario público y, éste, como autoridad, en una relación de supra a subordinación, en ejercicio de una facultad que le otorga la ley, le da respuesta a la petición que se le haya formulado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo trece, página ciento veintiséis, que establece: ‘PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.’ (se transcribe). En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado la respuesta que le dio la responsable al escrito presentado el siete de febrero del año actual, en el cual medularmente solicitó que se le expidiera una constancia en la que se asentara el porcentaje total de invalidez-incapacidad, toda vez que no se le había precisado; dicha solicitud la formuló con fundamento en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 61). En dicho ocurso, también hizo alusión al artículo 58 de la Ley del Seguro Social, el cual es del tenor siguiente: ‘Artículo 58.’ (se transcribe). Ahora, toda vez que el artículo 103 constitucional en su fracción I y el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de garantías procede contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales; por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a las garantías individuales para que el juicio de amparo sea procedente, como pudiera ser la relativa al derecho de petición; sino que, además, es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de alguna autoridad. De lo anterior se colige que si la violación de garantías individuales no es atribuida a una autoridad, entonces el juicio de garantías no puede ser procedente. Ahora, el artículo 8o. de la Constitución Federal establece que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el ejercicio del derecho de petición en los términos señalados en dicho ordenamiento, pero el hecho de que se imponga esa obligación a los funcionarios y servidores públicos, no significa que su aplicación siempre pueda ser analizada en el juicio de amparo, como podría ser el caso que, un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, concurra ante dicha institución a solicitar le precise una cuestión relacionada con algún derecho laboral, pues en ese caso, dicho acto no podrá considerarse como uno de autoridad para los efectos del amparo, sino de particular. De todo ello se concluye que, el examen de la naturaleza de la relación existente entre la entidad y el particular que solicita el amparo, es de valor preponderante para analizar la procedencia del juicio de garantías cuando se reclaman violaciones a los derechos fundamentales afines al artículo 8o. constitucional. Entonces, dado que la solicitud planteada ante la responsable estaba encaminada a que ésta le determinara un porcentaje de invalidez-incapacidad, para que a su vez, pudiera gozar o estuviera en aptitud de recibir los beneficios que le otorga el artículo 58 citado, indefectiblemente constituye un derecho laboral adquirido por el quejoso, el cual obtuvo, precisamente, cuando como trabajador afiliado a dicha institución por medio de algún patrón, sufrió un riesgo o accidente laboral durante el desempeño de sus actividades, por lo cual se ubicó en la hipótesis legal. En ese tenor, resulta inconcuso que, según lo señala la responsable en los agravios, la relación suscitada entre el asegurado (quejoso) y la institución recurrente (IMSS) no se encontraba en un plano de desigualdad, sino en uno de coordinación, en el que las dos personas, como entes del derecho privado, resolvían una situación derivada de una relación de trabajo, por lo que es claro, la responsable, no actuó como persona de derecho público revestida de imperio frente al particular, pues el acto atribuido carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. En igual sentido, se pronunciaron el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Administrativa, Tomos veinte y diez, páginas mil seiscientos dieciocho y ochocientos dieciséis, respectivamente, las cuales estipulan: ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN.’, ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO NO ACTÚA COMO PERSONA REVESTIDA DE IMPERIO FRENTE AL PARTICULAR.’ (se transcriben). En esas condiciones, dado que el acto reclamado no fue emitido como uno proveniente de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 11, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, del cuerpo de normas recién citado, sobreseer en el juicio de garantías, por lo que resulta innecesario estudiar el resto de los agravios vertidos."

Por su parte, en el juicio de amparo 498/2008 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, del que derivó el amparo en revisión 212/2008, resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado de referencia, se reclamó la falta de respuesta del delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social a la petición que formuló el quejoso el día ocho de febrero de dos mil ocho en la que solicitó una copia de la resolución por la que el propio instituto le otorgó pensión por invalidez en forma definitiva.

Asimismo, en el juicio de amparo 603/2008 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, del que derivó el amparo en revisión 3/2009, resuelto por el mismo tribunal, se reclamó la falta de fundamentación y congruencia de las respuestas emitidas por la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social a las peticiones del quejoso relacionadas con las semanas cotizadas ante dicho instituto.

Las consideraciones sustentadas por el tribunal del conocimiento al resolver los recursos de revisión de referencia, en la parte que interesa, son sustancialmente idénticas, por lo que únicamente se transcribirá la parte relativa del amparo en revisión citado en primer término, a saber:

"QUINTO. De los agravios expresados por la recurrente uno es fundado y suficiente para revocar la sentencia combatida, sin que sea necesario el estudio del resto de sus motivos de queja. La responsable aduce en el segundo de sus capítulos de inconformidad que en el caso opera la causal de improcedencia que se deriva de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo. Ello, porque sostiene que el acto reclamado no proviene de una autoridad, pues la relación jurídica que se entabló entre el quejoso y la susodicha responsable, fue en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, ya que ésta actuó como prestadora de un servicio de seguridad social, esto es, como órgano asegurador desprovisto de la calidad de autoridad, así como de la disposición del uso de la fuerza pública y de facultades de imperio y decisión, ya que el único supuesto en el que el instituto actuaba como autoridad, era cuando intervenía como organismo fiscal autónomo, en actos relacionados con los patrones y sujetos obligados. Agrega la disidente que toda controversia que tienda a preservar derechos derivados de la seguridad social, debe resolverse a través del juicio laboral, conforme con lo establecido en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social. Y que en el caso, el quejoso reclamó la omisión de emitir acuerdo a su ocurso petitorio de ocho de febrero de dos mil ocho, así como que el a quo le había otorgado a aquél la protección de la Justicia Federal por no ser congruente la respuesta que la recurrente le dio a esa petición; pero que en opinión de ésta, dicho acto no debía calificarse como resultado de una potestad pública, pues emanaba de la relación entre asegurado y un órgano asegurador, en la que éste no estaba investido de facultades de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales, concretas de modo imperativo, como cuando lo hacía como autoridad fiscalizadora. Son fundados los anteriores agravios. En efecto, en la tesis aislada cuyos datos enseguida se citan e identifican, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que en la actualidad la aflicción generalizada del concepto tradicional de autoridad conducía a la indefensión de los gobernados, pues la existencia de cambios constitucionales que dieron paso a la rectoría del Estado en materia económica y que gestó la administración paraestatal formada por organismos descentralizados y empresas de participación estatal, motivó que tales organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal podían emitir actos unilaterales a través de los cuales crearan, modificaran o extinguieran por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, es decir, que ejercían facultades decisorias que les eran atribuidas en la ley y que, por ende, constituían una potestad administrativa que ejercían actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Además, en tal criterio se determinó que a fin de establecer si a quien se atribuía el acto era autoridad, debía atenderse a la norma legal y examinar si lo facultaba o no para tomar decisiones que afectaran unilateralmente la esfera jurídica del gobernado y que debían exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. La tesis en mención es de la clave P. XXVII/97, sostenida por el Pleno del más Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, que dice: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (se transcribe). Amén de ello, conviene traer a colación la tesis aislada 2a. CCIV/2001, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, cuyos rubro y texto dicen: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ (se transcribe). Bien, en el artículo 8o. de la Constitución Federal se establece que los funcionarios y empleados públicos están obligados a respetar el ejercicio del derecho de petición en los términos previstos en dicho numeral; empero la salvaguarda de esa garantía individual se encuentra supeditada a que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que la que el ente público actúe como particular, pues en tal evento la acción constitucional resultaría improcedente al no tratarse de un acto de autoridad. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 55, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, años 1917-2000, actualización 2001, Tomo VI, Materia Común, página 72, cuyos rubro y texto dicen: ‘PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.’ (se transcribe). Ahora, al tratarse del Instituto Mexicano del Seguro Social, es importante destacar que dicho organismo tiene reconocido un doble carácter, a saber: como organismo fiscal autónomo y como ente asegurador, en sustitución del patrón. En el primer caso, actúa en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, supuesto en el cual interviene como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y, en el segundo, opera como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y el patrón, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, hipótesis en que actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por ende, cuando el instituto de mérito realiza actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con sus asegurados, estará desprovisto de su carácter de autoridad, ya que se conducirá bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actuarán en un mismo plano y cuyas controversias deberán dilucidarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, constitucional, y en el numeral 604 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el 295 de la Ley del Seguro Social. Además, como en este último precepto legal se establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que la referida ley les otorga, deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es evidente que se le da el carácter de particular al mencionado instituto, ya que puede ser demandado como tal ante la autoridad del trabajo y, por ello, es obvio que no podría sujetársele al juicio de garantías, al reclamarle actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis aislada clave VIII.3o.46 A, que se comparte, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado de este circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 1618, cuyos rubro y texto dicen: ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN.’ (se transcribe). También sirve de sustento a lo expuesto, la tesis aislada clave V.2o.46 A, que se comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 816, que dice: ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO NO ACTÚA COMO PERSONA REVESTIDA DE IMPERIO FRENTE AL PARTICULAR.’ (se transcribe). En la especie, el quejoso señaló como acto reclamado la falta de respuesta a la petición que le formuló a la responsable en su escrito de ocho de febrero de dos mil ocho, en el cual le solicitó: (se transcribe). Como se ve, el impetrante de garantías solicitó de la responsable la expedición de una copia certificada de la resolución por la que se le otorgó pensión por invalidez en forma definitiva; empero, dicha petición se elevó al instituto responsable, no en su carácter de órgano fiscal autónomo, sino en su calidad de órgano asegurador, en sustitución del patrón, pues tal solicitud fue derivada de una prestación prevista en la Ley del Seguro Social que el peticionario aduce tiene en su favor, ya que para solicitarle la documentación relativa se ostentó como pensionado por invalidez, por parte de ese instituto. Luego, si la petición de cuya falta de respuesta se duele el quejoso, se dirigió a la responsable en su carácter de órgano asegurador y no como organismo fiscal autónomo; es inconcuso que el acto que aquél tilda inconstitucional, no se elevó a dicha responsable como autoridad y, por ende, la controversia que ello sustentó debió someterse a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, constitucional; artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso numeral 295 de la Ley del Seguro Social. En esa tesitura, al no provenir el acto que se estima violatorio de garantías de una autoridad, se actualiza la causal de improcedencia que se deriva de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 11, ambos preceptos de la Ley de Amparo, por lo cual, lo que procede es revocar el fallo que se revisa donde el a quo concedió al quejoso la tutela constitucional que impetró, para en su lugar, con fundamento en lo previsto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de garantías cuya sentencia se revisa. Similar criterio sustentó este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos, el amparo en revisión 161/2008 administrativo en sesión plenaria de catorce de agosto de dos mil ocho ..."

Por su parte, el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, al resolver en sesión de cinco de noviembre de dos mil tres, el amparo en revisión 302/2003, derivado del juicio de amparo 678/2003, promovido por **********, en el que se reclamó la omisión de dar contestación a la petición a través de la cual solicitó reconocer que tenía más de quinientas semanas cotizadas ante dicho instituto, consideró lo que a continuación se transcribe:

"V. Los agravios transcritos son esencialmente fundados y suficientes para revocar el auto impugnado. El recurrente aduce sustancialmente que la determinación combatida transgrede lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, ya que en la especie no existe motivo manifiesto e indudable que dé origen a la improcedencia del juicio de amparo, toda vez que mediante la demanda de garantías se pretende proteger el derecho de petición que consagra el artículo 8o. constitucional, el cual se hizo valer ante el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social quien tiene la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se trata de un organismo público descentralizado en términos del artículo 5o. de la Ley del Seguro Social, que de conformidad con el ordinal 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, constituye una entidad de la administración pública federal paraestatal y, por ende, contrario a lo estimado por el Juez de Distrito, sí tiene el carácter de autoridad. Sigue arguyendo que el Juez Federal de forma incorrecta concluye que el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social actúa como particular, ya que al tratarse de una entidad paraestatal, forma parte integrante del Supremo Poder de la Federación, pues incluso los bienes del instituto se equiparan a los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público y, en consecuencia, son del dominio público, de ahí que, afirma el inconforme, si el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza una función tan especial como parte de la administración pública federal, debe considerársele como autoridad para efectos del juicio de amparo. Asimismo, refiere que no puede admitirse válidamente que el seguro social intervenga con el asegurado y sus beneficiarios como simple particular, pues los servicios que presta esa institución nacen de la voluntad del Constituyente y del legislador ordinario, no de la voluntad de los particulares, y tales servicios resultan de una mera contraprestación por las aportaciones obrero-patronales, que tiene la calidad de coactivas. Por otro lado, afirma que el hecho de que existan medios ordinarios de defensa en contra del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, no significa que en relación con el derecho constitucional de petición deban utilizarse antes de ocurrir al amparo, pues ello significaría borrar la garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional. En resumen, el recurrente asevera que la entidad señalada como responsable al ser un organismo público descentralizado con fundamento en la ley, emite actos unilaterales por lo que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado y, en consecuencia, tiene la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo y por ello debe admitirse la demanda que promovió en su contra. Los anteriores motivos de agravio son esencialmente fundados por las siguientes razones: En la especie ********** promovió la demanda de garantías que se revisa y señaló como autoridad responsable al delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en León, Guanajuato, de quien reclamó lo siguiente: ‘LA OMISIÓN EN CONTESTAR MI PETICIÓN DE ABRIL 16 DEL 2002, A TRAVÉS DE LA CUAL, PEDÍ ME CONTESTARA CIERTOS PUNTOS RELATIVOS QUE FUERON OMITIDOS, AL CONTESTAR A MI DIVERSO ESCRITO DE 25 DE OCTUBRE DE 2001.’. En la propia demanda de amparo, el quejoso adujo en una parte del capítulo de antecedentes, que el veinticinco de octubre de dos mil uno solicitó a la autoridad responsable le reconociera que tenía más de quinientas semanas cotizadas ante el seguro social, y en atención a ello, le otorgara una pensión por vejez en términos de los artículos 137 a 142 de la derogada Ley del Seguro Social. Asimismo, adujo que en respuesta a esa petición, el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante oficio 11.17.05.9100/VD1938/01, de nueve de noviembre de dos mil uno, le informó que únicamente tenía ciento sete

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21945-4b439c58/instituto-mexicano-del-seguro-social-no-tiene-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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