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Modo: Corpus Pro

COMITÉS PARTICULARES EJECUTIVOS. LA PERSONALIDAD DE SUS INTEGRANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DEBE ACREDITARSE EXCLUSIVAMENTE CONFORME A LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 184/2011. · Registro digital (IUS): 23282
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Pág. 3220.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 184/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL CITADO CIRCUITO. 10 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE CHIGO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en amparo, que se suscitaron en asuntos de materia administrativa, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los tribunales mencionados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis se hayan sustentado.

En este caso, la denuncia de contradicción la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyo órgano participa en la presente contradicción, por tanto, cabe concluir que la denuncia la efectuaron quienes cuentan con legitimación para ello.

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se efectúan las transcripciones conducentes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión **********, en sesión de siete de abril de dos mil once, en lo conducente, sostuvo lo siguiente:

"... Se analizan de manera conjunta los anteriores argumentos, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, por la relación que guardan entre sí, y como punto de partida, es preciso destacar los principios, en lo que interesa, que rigen al juicio de amparo en materia agraria, condensados en el libro segundo de la ley de la materia, a saber: • Se estatuye un régimen procesal específico de amparo, para proteger y tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina (artículo 212). • Se precisa quiénes tienen legitimación para promover el juicio constitucional en nombre de un núcleo de población (artículo 213). • Se simplifica la forma de acreditar la personalidad (artículo 214). • Se otorgan facultades al Juez para allegarse las constancias que justifiquen dicha personalidad (artículo 215). • Se determina la obligación de las autoridades responsables de rendir sus informes con justificación, no sólo de la manera más precisa que conduzca al conocimiento exacto de los hechos, sino también, acompañándolos de todos los elementos y constancias para precisar los derechos agrarios y los actos reclamados (artículo 224). • Se instituye la obligación de la autoridad judicial de recabar, de oficio, las pruebas que se consideren convenientes y se le dan amplias facultades para acordar las diligencias que se estime pertinentes y para solicitar de las autoridades los elementos probatorios idóneos (artículo 225). • Se establece para el juzgador, la obligación de suplir la deficiencia de la queja a favor de los núcleos de población ejidal o comunal, los ejidatarios o comuneros en sus derechos agrarios, y en general de quienes pertenezcan a la clase campesina, tanto en el juicio de amparo, como en los recursos que se interpongan (artículo 227). Precisado lo anterior, debe tenerse presente que en el asunto que nos ocupa, el acreditamiento de la personalidad de los promoventes del juicio de garantías, como integrantes del Comité Particular Ejecutivo Agrario de la comunidad agraria de **********, en el Estado de México, debe ajustarse a lo dispuesto en los artículos 213 y 214 de la Ley de Amparo, que dicen: ‘Artículo 213.’ (se transcribe). ‘Artículo 214.’ (se transcribe). Conforme a lo anterior, destaca que conforme a la fracción III del artículo 213 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 18 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, es al comisariado ejidal y Comité Particular Ejecutivo, compuestos por ejidatarios y comuneros, que ocupan los cargos de presidente, secretario y vocal, a quienes les otorga la ley la facultad de promover el juicio de amparo, siendo, por ende, facultad exclusiva de los integrantes del referido comisariado o comité, según el caso, la acción constitucional y no así a algún ejidatario o comunero, en lo individual. Por otra parte, el artículo 214 de la Ley de Amparo, determina las bases concretas con que puede ser acreditada la personalidad de quienes promuevan el juicio constitucional en nombre y representación de un núcleo de población. Asimismo, en el aludido precepto legal, se determina que para que se acredite de manera indubitable la personalidad de los miembros de los comisariados, de los consejos de vigilancia, de los Comités Particulares Ejecutivos y de los representantes de bienes comunales, es preciso que se exhiban dentro del juicio de amparo, las credenciales expedidas por las autoridades competentes, o con simple oficio de la propia autoridad competente para expedir la credencial, o con copia del acta de la asamblea general en que hayan sido electos. Precisado lo anterior, cabe destacar que en el considerando segundo de la sentencia de fecha dos de abril de mil novecientos noventa y ocho, dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diez, en el juicio agrario número **********, relativo a la solicitud de reconocimiento y titulación de bienes comunales, que la parte quejosa acompañó en copia certificada a su demanda de garantías, se precisó que por tratarse de un procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes, se observarían las disposiciones contenidas en los artículos 356, 357, 358, 359, 360, 361, primera parte y 362 de la Ley Federal de Reforma Agraria (foja ciento cinco del juicio de amparo). En este contexto, es oportuno destacar que los requisitos para la integración de los Comités Particulares Ejecutivos, su personalidad, facultades y obligaciones, se regulan en el libro segundo, título primero, capítulo I, de la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, puesto que expresamente se dispuso en el artículo tercero transitorio de la actual Ley Agraria, lo siguiente: ‘Artículo tercero. La Ley Federal de Reforma Agraria que se deroga se seguirá aplicando respecto de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales.’. De lo anterior, se advierte que la Ley Federal de Reforma Agraria se seguirá aplicando respecto de los asuntos que se encuentren en trámite en materia reconocimiento y titulación de bienes comunales, entre otras cosas. En ese tenor se concluye, dado que la Ley Agraria en vigor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, no establece un capítulo relativo a los Comités Particulares Ejecutivos; por ende, es válido aplicar por cuanto hace a los requisitos para su integración, personalidad, facultades y obligaciones, lo preceptuado en la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, en razón de que los supuestos anteriores constituyen reglas de carácter sustantivo, por lo que se estima oportuno transcribir los preceptos legales relativos: ‘Artículo 10.’ (se transcribe). ‘Artículo 17.’ (se transcribe). ‘Artículo 18.’ (se transcribe). ‘Artículo 19.’ (se transcribe). ‘Artículo 20.’ (se transcribe). ‘Artículo 21.’ (se transcribe). ‘Artículo 23.’ (se transcribe). ‘Artículo 29.’ (se transcribe). ‘Artículo 31.’ (se transcribe). ‘Artículo 32.’ (se transcribe). De lo anterior, se estima que, de una interpretación armónica de lo dispuesto por el artículo 213, fracción III, de la Ley de Amparo, que antes se transcribió, y los artículos 18 y 21 de la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, los Comités Particulares Ejecutivos estarán integrados por un presidente, un secretario y un vocal; y que su legitimación procesal activa, estará supeditada a que aquéllos hayan sido electos mediante asamblea general del núcleo agrario, a la que deberá concurrir un representante de la Comisión Agraria Mixta, estableciéndose, asimismo que dichos comités cesarán en sus funciones al ejecutarse el mandamiento del gobernador, si fuere favorable al núcleo de población; o bien, la resolución definitiva, si el mandamiento fuera desfavorable. Por su parte, el artículo 21 de la Ley Federal de Reforma Agraria, dispone que en tratándose de ampliación de ejidos, los miembros del Comité Particular Ejecutivo podrán ser removidos por no cumplir con las obligaciones señaladas en la primera parte del mismo dispositivo, serán removidos siempre que lo acuerden las dos terceras partes de la asamblea general. Asimismo, se aprecia que la asamblea general es la máxima autoridad interna de las comunidades, integrándose con todos los comuneros en pleno goce de sus derechos; y para la celebración de las asambleas generales extraordinarias se deberá expedir convocatoria con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del poblado, en las que se expresarán claramente los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión; convocatoria de la que deberá enviarse copia a la delegación agraria, toda vez que la entrega de la copia a la delegación es requisito de validez de dichas asambleas extraordinarias, considerando que es atribución del secretario de la Reforma Agraria intervenir en la elección y destitución de las autoridades ejidales y comunales. Se establece en los numerales en cita que si el día señalado para la asamblea no se reúne la mitad más uno de los ejidatarios beneficiados, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria, la que deberá repetirse ocho días después, entregando oportunamente copia de las mismas al consejo de vigilancia, de quien recabará el recibo correspondiente, con el apercibimiento de que la asamblea se celebrará con el número de ejidatarios que concurran y de que los acuerdos que se tomen serán obligatorios aún para los ausentes. Por tanto, es dable sostener que los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, deben ser electos en la asamblea general del núcleo, a la que deberá concurrir un representante de la Comisión Agraria Mixta, preferentemente el vocal representante de los campesinos, o de la Secretaría de la Reforma Agraria, según el caso; y si dicha elección se produce en una asamblea extraordinaria, la entrega de la copia de la convocatoria a la delegación agraria constituirá un requisito de validez de dicha asamblea; ello de conformidad con los artículos 18 y 32 de la Ley Federal de Reforma Agraria. No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que aun cuando diversas dependencias agrarias han sido sustituidas por otras, para ajustarse a la nueva legislación de la materia, debe considerarse también el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, que en su artículo 5, fracción XV, dice: ‘Artículo 5.’ (se transcribe). Conforme al numeral anterior, es claro que la Procuraduría Agraria, para el logro de sus objetivos, está facultada para ser garante de la legalidad en las asambleas de los núcleos de población agrarios. En este contexto, se advierte que los requisitos a que se refieren los preceptos citados, no constituyen sólo formalismos de trámite, sino que se trata de verdaderas formalidades procesales que tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo a la parte quejosa, desde el momento en que presenta su demanda de garantías, la carga de acreditar la personalidad de quien promueve en su nombre, de ser el caso. Esto último, con la finalidad de identificar a su representante o a quien promueve en su nombre, a fin de verificar que efectivamente cuente con facultades de representación, en aras de brindar seguridad jurídica a todas las partes en el juicio. En efecto, la representación en sentido general, es un fenómeno jurídico que implica la actuación a nombre de otro, en el campo del derecho, en virtud de la cual una persona llamada representante realiza actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos en forma directa en la

sfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él; por lo que los derechos y obligaciones emanados del acto jurídico de que se trate, se imputan directamente al representado. De ahí que si la parte quejosa se ostenta como una comunidad agraria, la legitimación de la personalidad de las personas físicas que promovieron a su nombre el juicio de amparo, debió quedar acreditada al momento de presentar la demanda de garantías, o bien, durante la sustanciación de éste, pero, eso sí, mediante las documentales necesarias expedidas con anterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó. Explica lo anterior, la jurisprudencia P./J. 91/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de dos mil, página nueve, que dice: ‘PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.’ (se transcribe). Hechas las precisiones que anteceden, y a efecto de determinar la eficacia o no, en su caso, de los agravios que formula la parte recurrente en torno a si quien promovió el juicio de amparo tiene legitimación, al respecto, resulta relevante hacer alusión que la demanda de amparo fue signada por **********, ********** y **********, ostentándose como integrantes del **********, quienes reclamaron de las autoridades responsables, la desposesión de varias fracciones de terrenos comprendidos como bienes comunales. A su demanda de garantías, los quejosos acompañaron como sostienen en los agravios que se analizan, copia certificada del testimonio notarial número **********, pasado ante la fe de la notaria pública número treinta y uno del Estado de México, que contiene la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de comuneros de la comunidad agraria de **********. Del análisis de la copia certificada del referido testimonio notarial, se desprende que se agregaron al mismo diversas documentales que el Juez de Distrito del conocimiento relacionó en los siguientes términos: 3. acta de la primera convocatoria a asamblea general extraordinaria de la Comunidad Agraria de **********, de ocho de febrero de dos mil siete, para la celebración de dicha asamblea el dieciséis de febrero de dos mil siete, en la que se tratarían, entre otros puntos, que con motivo del fallecimiento de **********, quien fungiera como presidente propietario del Comité Particular Ejecutivo de esa comunidad agraria, tomando protesta como presidente de ese comité a ********** quien fungía como presidente suplente (foja 20). 4. Escrito dirigido al delegado estatal de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, con sello de recibido de ocho de febrero de dos mil siete, mediante el cual se le notifica de la asamblea general extraordinaria a celebrarse el dieciséis de febrero de la citada anualidad (foja 21). 5. Acta de asamblea general extraordinaria de la comunidad agraria de **********, en primera convocatoria, de dieciséis de febrero de dos mil siete, en la que se dio cuenta por conducto del secretario de la asamblea que estaban presentes **********, **********, ********** y ********** integrantes del Comité Particular Ejecutivo, electos en asamblea general extraordinaria en segunda convocatoria celebrada el dieciséis de febrero de dos mil seis, así como los comuneros reconocidos en asamblea general ordinaria de veinticuatro de septiembre de dos mil seis. En dicha acta se hizo constar la inasistencia de la representación de la Procuraduría Agraria y que una vez que se recabó la lista de asistencia de los comuneros participantes reconocidos no se podía celebrar la asamblea general extraordinaria en primera convocatoria al no reunirse el porcentaje legal exigido por la ley de la materia, ordenando girarse una segunda convocatoria en los mismos términos para celebrarse el primero de marzo de ese año, haciendo apercibimiento que la asamblea se celebraría en segunda convocatoria con el número de comuneros asistentes (fojas 28 a 37). 6. Acta de la segunda convocatoria a asamblea general extraordinaria de la comunidad agraria de **********, para celebrarse el uno de marzo de dos mil siete (foja 38). 7. Escrito dirigido al delegado estatal de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, con sello de recibido de dieciséis de febrero de dos mil siete, mediante el cual se le notifica de la asamblea general extraordinaria en segunda convocatoria a celebrarse el uno de marzo de ese año. 8. Acta de asamblea general extraordinaria de la comunidad agraria de **********, Estado de México, en segunda convocatoria, de uno de marzo de dos mil siete, así como su protocolización correspondiente por parte de la Notaría Pública Número 31 del Estado de México, contenida en el acta número dieciocho mil trescientos veintiocho, del volumen trescientos dieciocho, en la que se dio cuenta de que existía quórum legal de asistentes, por tanto se ratificó a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo de manera permanente como sigue: ‘Dentro de este punto, se ratifica el acuerdo de la asamblea anterior, siendo elegidos de manera permanente para esos cargos los **********, **********, ********** y **********, como integrantes de la mesa de asamblea. Presidente de la asamblea. **********. Secretario de actas. **********. Primer escrutador. **********. Segundo escrutador. **********. ... Quinto punto. 5. Por motivo del deceso luctuoso del Sr. **********, quien fungiera como presidente propietario del Comité Particular Ejecutivo, de la comunidad agraria de ********** en el Estado de México, toma protesta como presidente del Comité Particular Ejecutivo, el Sr. ********** quien fungía como presidente suplente ...’. Pues bien, de la revisión de dichas documentales no se advierte constancia alguna de la que, como correctamente resolvió el Juez de Distrito, se desprenda que las convocatorias a la asamblea general extraordinaria, en segunda convocatoria, de fecha uno de marzo de dos mil siete -en la que se efectuó la ratificación de los miembros del Comité Particular Ejecutivo de la comunidad agraria de **********, Estado de México-, se hayan expedido y fijado en los lugares más visibles del poblado, con cuando menos de ocho días de anticipación, pero no más de quince, conforme lo ordena el artículo 32 de la Ley Federal de Reforma Agraria, pues en la parte conducente de dicha acta sólo se anotó, en lo que al caso importa, lo siguiente: ‘se anexa a la presente acta de asamblea, la debida notificación a la Procuraduría Agraria, de la que se recabó el correspondiente acuse de recibo, y donde se le especificó de los pormenores ha (sic) este evento; archivo fotográfico de las cédulas que fueron pegadas en veinte puntos públicos del Municipio de **********, Estado de México y de los límites de la comunidad, para la debida notificación y conocimiento de todos los comuneros, así como público en general, recabando a su vez las notificaciones de carácter personal.’ (foja cuarenta y uno del juicio de amparo). Cabe anotar que si bien es cierto obran en el testimonio notarial número **********, que contiene la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de comuneros de la comunidad agraria de **********, Estado de México, diversas impresiones fotográficas (fojas cincuenta y seis a la sesenta y cinco del juicio de amparo), y en algunas de ellas se aprecia la leyenda ‘Segunda convocatoria’; también es verídico que, como resolvió el Juez Federal, dichas impresiones fotográficas no cuentan con certificación alguna respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su fijación, por lo que en esa tesitura, no puedan otorgar certeza jurídica de que dichas convocatorias hayan sido fijadas con cuando menos de ocho días de anticipación a la asamblea convocada, pero no más de quince, en términos del invocado artículo 32 de la Ley Federal de Reforma Agraria; como correctamente resolvió el Juez Federal, y sin que en el caso, la parte recurrente controvierta tales consideraciones. Aunado a lo anterior, también se advierte que fue correcta la apreciación del Juez Federal en el sentido de que en el acta de asamblea general extraordinaria, en segunda convocatoria, de fecha uno de marzo de dos mil siete -en la que se efectuó la ratificación de los miembros del Comité Particular Ejecutivo de la comunidad agraria de **********, Estado de México-, no se hizo constar que haya estado presente el representante de la Procuraduría Agraria en la celebración de dicha asamblea, como lo establece el artículo 18 de la Ley Federal de Reforma Agraria, pues como se vio, en términos de dicho numeral, los Comités Particulares Ejecutivos estarán integrados por un presidente, un secretario y un vocal, con sus respectivos suplentes miembros del grupo solicitante, quienes serán electos en la asamblea general del núcleo, a la que deberá concurrir un representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, o más bien, en el caso, conforme al artículo 5, fracción XV, del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, el delegado de dicha representación social en el Estado de México, quien es la facultada para ser garante de la legalidad en las asambleas de los núcleos de población agrarios. En efecto, en la referida acta de asamblea general extraordinaria, en segunda convocatoria, de fecha uno de marzo de dos mil siete (foja cuarenta del juicio de amparo), si bien es cierto se precisó que se anexaba la notificación a la Procuraduría Agraria, también lo es que del análisis integral de la misma no se advierte, como fundadamente resolvió el Juez de Distrito, que no compareció a la misma el representante social agrario, pues no se hace mención de ello en el acta ni aparece al final de la misma, que ésta haya sido firmada por el referido representante de la Procuraduría Agraria. En consecuencia, resultan infundados los argumentos de la parte recurrente en los que sostiene que es inadmisible la postura adoptada por el Juez de Distrito para desestimar la representación legal de la comunidad quejosa, porque hizo una relación de documentos y un análisis de los artículos 18, 21, segundo párrafo, 29, 31, 32, 34 y 35 de la Ley Federal de Reforma Agraria, concluyendo que debió concurrir un representante de la Procuraduría Agraria, ignorando que como consta en el testimonio notarial **********, de la Notaría Pública Número 31 del Estado de México, se hicieron las comunicaciones correspondientes al delegado estatal de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, previo a la celebración de la asamblea, y que si en el caso no asistieron los representantes de la delegación de la Procuraduría Agraria, delegación Estado de México, fue porque los asuntos a tratar en la asamblea eran de las referidas en la fracción III del artículo 23 de la Ley Agraria, que establece que la asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre, y que serán de la competencia exclusiva de la asamblea los informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros, por lo que no debía cumplirse la formalidad que dijo el juzgador, porque la ley de la materia no lo establece. Se dice que es infundado el argumento anterior porque por un lado, contrario a lo que dice la recurrente, el Juez no ignoró que como se desprendía de las constancias agregadas al testimonio notarial ********** de la Nota

ía Pública Número 31 del Estado de México, se hicieron las comunicaciones respectivas a la delegación de la Procuraduría Agraria, delegación Estado de México, pues sobre el particular, en la sentencia recurrida destacó en la relación de constancias que hizo, particularmente en los numerales 4 y 7, la existencia del escrito dirigido al delegado estatal de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, con sello de recibido de ocho de febrero de dos mil siete, mediante el que se le notificó de la asamblea general extraordinaria a celebrarse el dieciséis de febrero de la citada anualidad, así como el diverso escrito dirigido al delegado estatal de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, con sello de recibido de dieciséis de febrero de dos mil siete, mediante el cual se le notificó de la asamblea general extraordinaria en segunda convocatoria a celebrarse el uno de marzo de ese año; sin embargo, no obstante ello, no se aprecia que el representante de la delegación de la Procuraduría Agraria, delegación Estado de México, haya ocurrido a la celebración de la asamblea general, por lo que no se da cumplimiento al artículo 18 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Por otra parte, si bien es verdad como afirma la parte recurrente, el artículo 23, fracción III, de la Ley Agraria, establece que la asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre, y que serán de la competencia exclusiva de la asamblea los informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; también es verdad que dicho numeral no es aplicable al caso, toda vez que el mismo se encuentra inserto en el título tercero ‘De los ejidos y comunidades’, capítulo I ‘De los ejidos’, sección tercera ‘De los órganos del ejido’, de la actual Ley Agraria, siendo que en el caso la parte quejosa no promovió el juicio de amparo como si fuera un ente ejidal, sino que los promoventes se ostentaron como integrantes del Comité Particular Ejecutivo de la comunidad agraria de **********, en el Estado de México. Por lo que ante esa circunstancia, como antes se dijo, la Ley Federal de Reforma Agraria abrogada, resulta aplicable, por disposición expresa del artículo tercero transitorio de la Ley Agraria en vigor, en asuntos cuya materia sea reconocimiento y titulación de bienes comunales -como en el caso ocurre, pues como también ya quedó precisado, en el considerando segundo de la sentencia de fecha dos de abril de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el expediente **********, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diez, que la parte quejosa acompañó en copia certificada a su demanda de garantías, se precisó que por tratarse de un procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes, se observarían las disposiciones contenidas en los artículos 356, 357, 358, 359, 360, 361, primera parte, y 362 de la Ley Federal de Reforma Agraria-, por lo que resultan infundados los agravios analizados. Ahora bien, en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito igualmente analizó la diversa acta de asamblea general extraordinaria de doce de marzo de dos mil diez (foja mil ochenta y nueve del juicio de amparo) -agregada al instrumento notarial número **********, de fecha veintitrés de marzo de dos mil diez, pasado ante la fe del notario público número ochenta y dos del Estado de México-, en la que entre otros puntos, se designó la representación de la comunidad agraria de ********** en el Estado de México, la cual quedó integrada por ********** como presidente comunal propietario y presidente del Comité Particular Ejecutivo, ********** como secretaria del Comité Particular Ejecutivo y **********, como vocal del Comité Particular Ejecutivo. Así, del análisis del acta de referencia se desprende que, en efecto, como resolvió el Juez Federal, no se advierte la existencia de alguna constancia de la que se pueda advertir las convocatorias de fechas dieciocho de febrero de dos mil diez (foja mil ciento veintidós del juicio de amparo) y de veintisiete de febrero de dos mil diez (foja mil ciento veinticuatro idem), hayan sido realizadas con la oportunidad que ordena el 32 de la Ley Federal de Reforma Agraria, esto es, que hayan sido fijadas en los lugares más visibles del poblado con cuando menos ocho días de anticipación a la asamblea, pero no más de quince; sin que de la copia fotostática de las fotografías que se insertan al referido instrumento notarial número **********, de fecha veintitrés de marzo de dos mil diez, pasado ante la fe del notario público número ochenta y dos del Estado de México, se advierta la oportunidad y permanencia de las convocatorias correspondientes, pues amén de que las mismas no son claras por tratarse de fotocopias en blanco y negro de diversas fotografías, no existe certificación alguna respecto de las circunstancias de tiempo, mod

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23282-6de05e6d/comites-particulares-ejecutivos-la-personalidad-de-sus-integrantes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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