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Modo: Corpus Pro

ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL PRINCIPIO DE CONTINENCIA DE LA CAUSA OBLIGA AL JUZGADOR A ESTUDIAR TODOS SUS COMPONENTES, AUNQUE ALGUNOS NO SEAN DE EJECUCIÓN IRREPARABLE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 160/2011. · Registro digital (IUS): 23139
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Pág. 1403.

AMPARO EN REVISIÓN 160/2011. **********. 9 DE JUNIO DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAÚL ARMANDO PALLARES VALDEZ. SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE RODRÍGUEZ ESCOBAR.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son infundados los agravios esgrimidos por la recurrente.

La tercero perjudicada inconforme adujo, en resumen, que la sentencia impugnada era violatoria de los artículos 73, 74, 159 y 161 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso impugnó violaciones procesales, mediante el juicio de amparo indirecto, y la Jueza de amparo las analizó y concedió la protección constitucional solicitada, respecto a la admisión de la prueba consistente en la declaración de pago de impuestos de la parte actora, relativa a los meses de octubre y noviembre de dos mil ocho; aspecto que puede hacer valer el agraviado en el juicio de amparo directo, que promueva en contra de la sentencia definitiva, en el caso de que ésta le sea desfavorable; por tanto, el juicio de amparo biinstancial era improcedente; de ahí que este Tribunal Colegiado debía revocar el fallo recurrido y sobreseer en la causa constitucional.

Son infundados los anteriores argumentos.

Del análisis de las constancias de autos, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2o., se advierte que en el juicio de garantías cuya sentencia se revisa, ********** reclamó de la Jueza Décima de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, la resolución de once noviembre de dos mil diez, dictada en el expediente **********, relativo al juicio de desocupación por rescisión de contrato de arrendamiento, promovido por el quejoso, en contra de **********.

En dicha resolución se dirimieron dos recursos de reclamación, previo a la decisión de fondo del juicio, ambos recursos los interpuso la demandada, ahora tercera perjudicada; el primero, en contra del auto de seis de septiembre de dos mil diez, que no admitió la prueba que ésta ofreció, consistente en la declaración rendida por el actor ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al pago de impuestos de octubre y noviembre de dos mil ocho; y el segundo, en contra de lo acordado por la juzgadora en la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia, de uno de octubre de dos mil diez, en la que se desecharon las preguntas cuatro a siete y nueve a doce, de la prueba de declaración de parte sobre hechos propios y ajenos, que ofreció la demandada a cargo del actor.

Por otro lado, al resolver los recursos de reclamación, la Jueza responsable estimó que eran fundados, como consecuencia, admitió la prueba ofrecida por la demandada, consistente en la declaración de impuestos del actor, relativa a los meses de octubre y noviembre de dos mil ocho, por ende, lo requirió para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, la exhibiera; y se estimaron legales las preguntas cuatro a siete y nueve a doce, de la prueba de declaración de parte sobre hechos propios y ajenos, ofrecida por la enjuiciada, a cargo del actor; de ahí que al no haber acudido éste a su desahogo, se tuvieron por ciertos los hechos sobre los que se le cuestionó y por existente una fundada razón de su dicho.

Así, se tiene que, contrario a lo alegado por la inconforme, no se actualiza, en el caso, la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 73, fracción XVIII, con los diversos numerales 114, fracción IV, aplicado en sentido contrario, 158, 159 y 161 todos de la Ley de Amparo, por lo siguiente.

En principio, se estima pertinente precisar que conforme a lo dispuesto por las fracciones III, VII y XI del artículo 159 de la Ley de Amparo -que respectivamente establecen que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda- debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la ley de la materia, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo.

No obstante, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aun cuando la sentencia que se llegue a dictar sea favorable al efecto.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis 3a. 20/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 236, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’. Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis."

Así es, la citada jurisprudencia alude a la regla general, pero la propia Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, indicó que en el caso específico de la admisión de la prueba pericial contable, ofrecida por la contraparte del quejoso en el juicio natural, era una violación procesal cuya naturaleza sui géneris producía efectos legales y materiales que ya no pueden ser reparados en la sentencia definitiva, lo que hace procedente el amparo indirecto en su contra; al efecto, dijo que el concepto perjuicio y sobre todo el que sus efectos sean o no de imposible reparación, debían ser analizados en cada caso concreto; de ahí que en la hipótesis que se trataba, no todas las consecuencias legales y materiales que producía el desahogo de este tipo de pruebas (permitir el acceso a la contabilidad del quejoso al perito del oferente y, en su caso, al perito tercero) se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien las sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; consecuentemente, se estaba en presencia de una violación procesal que sí tenía el alcance de afectar las garantías individuales del quejoso desde el momento de su realización y que, por tanto, requería de que ese acto, producido dentro del procedimiento judicial, en caso de que se estimara inconstitucional, fuera examinado mediante el juicio de amparo indirecto.

Sostuvo también que lo que le atribuía el carácter de irreparable a la violación, era la serie de efectos que se producían por el simple desahogo de dicha prueba, los que ya no sería posible reparar, ni material, ni normativamente, con independencia de que la sentencia que llegara a dictarse fuera favorable o desfavorable al quejoso.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a. 43, de la indicada Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto ‘Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...’. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo."

Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 3a. 49, emitida por la misma Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 299, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GÉNERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. En primer lugar debe reconocerse que la violación de procedimiento que se analiza no está expresamente contemplada dentro de ninguna de las diez fracciones contenidas en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En segundo término, que tampoco es asimilable por analogía a ninguno de los supuestos normativos de tales fracciones, especialmente al que se refiere la fracción III, porque la naturaleza sui géneris de la citada violación procesal no sólo entraña la simple admisión de las pruebas ofrecidas por la contraparte del quejoso, sino que se trata de la indebida admisión de probanzas pero que son ofrecidas a cargo del propio quejoso, como es la pericial contable, en la contabilidad de este último y no del oferente. Por ello, no puede aceptarse el punto de vista relativo a que igual perjuicio recibe el agraviado cuando le son rechazadas sus pruebas, que cuando a su parte contraria le son admitidas las que propone en contra de lo dispuesto por la ley, en razón a que el concepto perjuicio y sobre todo el que sus efectos sean o no de imposible reparación, deben ser analizados en cada caso concreto, de aquí que en la hipótesis de que se trata se estime que no todas las consecuencias legales y materiales que produce el desahogo de este tipo de pruebas (permitir el acceso a la contabilidad del quejoso al perito del oferente y en su caso, al perito tercero) sean destruidas fácticamente con el solo hecho de que quien las sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por ello, se está en presencia de una violación procesal que sí tiene el alcance de afectar las garantías individuales del quejoso desde el momento de su realización y que, por tanto, requiere de que ese acto producido dentro del procedimiento judicial en caso de que se estime inconstitucional sea examinado a través del juicio de amparo indirecto. Cabe agregar que no es el hecho de que el Juez natural ya no se haga cargo en la sentencia del proveído que indebidamente tuvo por admitida la prueba pericial contable de la parte contraria del quejoso, lo que le atribuye el carácter de irreparable a la violación, sino que lo es la serie de efectos que se producen por el simple desahogo de dicha prueba, los que ya no será posible reparar -material y normativamente hablando-, con independencia de que la sentencia que llegue a dictarse le sea desfavorable o no."

En el caso concreto, como ya se dijo, al determinarse que era fundada la reclamación en contra del auto de seis de septiembre de dos mil diez, la Jueza responsable ordenó la admisión de la prueba ofrecida por la demandada, consistente en la declaración rendida por el actor ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al pago de impuestos de octubre y noviembre de dos mil ocho, por lo que lo requirió para que la exhibiera dentro del término de tres días.

Dicha determinación, desde luego, irroga un perjuicio irreparable para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, toda vez que de desahogarse dicho medio de convicción, se tendría acceso a información inherente a la situación fiscal del gobernado, en contra de su voluntad, permitiendo conocer aspectos confidenciales que desde el momento en que se obtengan podrían afectar sus garantías individuales, sin que tales consecuencias puedan ser reparadas con la emisión de una sentencia favorable al afectado.

Por tanto, por idéntica razón que se ha estimado como acto de imposible reparación la admisión de la prueba pericial contable, ofrecida por la contraparte del quejoso en el juicio natural; la admisión en un procedimiento judicial ordinario de la prueba consistente en la declaración fiscal de una persona, es una violación procesal cuya naturaleza sui géneris produce efectos legales y materiales que ya no pueden ser reparados en la sentencia definitiva, lo que hace procedente el amparo indirecto en su contra.

Es aplicable, en lo conducente, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, cuyo criterio este Tribunal Colegiado comparte, visible en la página 1156, Tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. LA ADMISIÓN EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ORDINARIO DE LA PRUEBA CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN FISCAL DE UNA PERSONA, OBTENIDA POR MEDIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN MATERIAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUEL JUICIO. La admisión en un procedimiento judicial ordinario de la prueba consistente en la declaración fiscal de una persona, obtenida por medio del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como resultado del oficio que para tal fin se gire, es un acto de imposible reparación material para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que, al desahogarse dicho medio de convicción, se tendrá acceso a información inherente a la situación fiscal del particular y, en su caso, a sus libros de contabilidad, lo cual se obtendrá inclusive contra su voluntad, permitiendo conocer aspectos confidenciales que desde el momento en que se obtengan podrían afectar sus garantías individuales, sin que tales consecuencias puedan ser reparadas con la emisión de una sentencia favorable al afectado."

En consecuencia, fue atinado el criterio de la juzgadora federal, al declarar infundada la causa de improcedencia de que se trata, que igualmente hizo valer la tercera perjudicada en el sumario de amparo.

No pasa inadvertido para este tribunal federal que la determinación de la responsable, de declarar fundado el recurso de reclamación interpuesto por la ahora tercera perjudicada, en contra del desechamiento de algunas preguntas de la prueba de declaración de parte sobre hechos propios y ajenos a cargo del actor y, como consecuencia, su calificación como legales, no comparte la misma naturaleza de tener sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; pues la consecuencia que trajo consigo la calificación de legales de esas preguntas, fue que al no haber acudido el actor a su desahogo, se tuvieron por ciertos los hechos sobre los que se le cuestionó y por existente una fundada razón de su dicho; consecuencia que se destruiría fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio.

Sin embargo, tomando en cuenta la unidad de la demanda, y que el acto reclamado lo constituyó la resolución de once de noviembre de dos mil diez, dictada en el expediente **********, relativo al juicio de desocupación por rescisión de contrato de arrendamiento, promovido por el quejoso, en contra de **********; acto de autoridad integrado por dos componentes, uno de los cuales se estima de imposible reparación, y otro de ejecución reparable, si el afectado logra un fallo favorable a sus intereses, la autoridad de amparo no se encuentra en la posibilidad de analizar sólo el primero, y reservar el examen de la constitucionalidad del otro componente del acto reclamado, que no se estime de ejecución irreparable, para que lo haga el tribunal que conozca del juicio de amparo directo, que en su caso y oportunidad se promueva, sino que debe considerar que dicho acto es un todo que no puede escindirse, al regir el principio de continencia de la causa; por ende, debe partir de la base de que el juicio de garantías biinstancial en contra del acto de autoridad que se reclamó resulta procedente, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; y ello es suficiente para que la autoridad que conoce del juicio constitucional emprenda el estudio de todos los componentes que conforman dicho acto autoritario, aunque no todos ocasionen una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por este Tribunal Colegiado de Circuito, que puede consultarse en la página 911, Tomo XVII, junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido: "-En los juicios de amparo, tomando en consideración la unidad de la demanda y que se trata de un solo acto reclamado, no puede dividirse la continencia de la causa, esto es, no es posible examinar una parte de dicho acto y omitir el estudio de otra bajo el argumento de que la determinación contenida en una de ellas sí trae aparejada una ejecución de imposible reparación y lesiona los derechos de la agraviada, en tanto que las consideraciones en que se sustenta la segunda parte no ocasiona una afectación de tal naturaleza, por tratarse de una violación procesal reclamable en el juicio de amparo directo que llegare a promoverse en contra de la sentencia definitiva, puesto que al ser procedente la vía indirecta en la primera hipótesis referida, ello es suficiente para que la autoridad jurisdiccional que conozca del juicio constitucional emprenda el estudio del resto de los argumentos que conforman el acto reclamado, aunque estos últimos no ocasionen una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa."

Por último, deben declararse firmes las consideraciones y fundamentos de derecho vertidos en la sentencia recurrida, en relación con el estudio del fondo de la controversia constitucional, en virtud de que no se enderezó motivo de inconformidad alguno en su contra.

Es aplicable en el caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 62/2006, integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo XXIV, septiembre de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES.-Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme."

En las relatadas circunstancias, al no actualizarse en la especie, la causa de improcedencia invocada por la recurrente, y no advertirse de oficio que se concrete alguna otra; y por otra parte, en virtud de haberse declarado firmes las consideraciones legales que vertió la Jueza federal al estudiar el fondo de la litis constitucional, sin que se actualice en el caso la hipótesis prevista en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues no se observa que se haya cometido en contra de la recurrente alguna violación manifiesta de la ley, que la hubiere dejado indefensa, y que esta potestad federal deba reparar de oficio; lo que procede es confirmar la sentencia sometida a revisión.

Por lo expuesto y fundado; y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Para los efectos precisados en el último párrafo de la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto reclamado a la Jueza Décima de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, mismo que quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ma. Elisa Tejada Hernández, Gustavo Calvillo Rangel y Raúl Armando Pallares Valdez. Fue ponente el último de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23139-d9c2c0eb/acto-reclamado-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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