SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE QUEDAR FIRME SI EN LOS AGRAVIOS NO SE IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES QUE LLEVAN A DECRETARLO.
AMPARO EN REVISIÓN 173/2015. 13 DE AGOSTO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. SECRETARIA: MARIANA ZÁRATE SANABIA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Debe quedar firme el sobreseimiento que decretó la Juez de Distrito en la parte conducente de los considerandos tanto tercero, así como el diverso que erradamente denominó "cuarto", puesto que progresivamente correspondería al "sexto", respecto de los actos reclamados consistentes, respectivamente, en la orden de desposesión del inmueble que defiende el inconforme, así como la orden de enviar el expediente **********, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, a la notaría pública número ********** del mismo Distrito Judicial, a efecto de que tire la escritura de adjudicación respectiva, toda vez que el promovente no expresó agravio alguno tendiente a combatir dicho sobreseimiento.
Apoya lo anterior, la tesis emitida por este órgano colegiado, antes de su especialización, que se localiza en la página 198, Tomo XV-2, febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que prevé:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.-Cuando son diversos los actos reclamados y distintas las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida que conllevan a sobreseer el juicio de garantías y a negar la protección constitucional, respectivamente, y en los agravios únicamente se combaten las vertidas para la negativa, el sobreseimiento debe quedar firme por los fundamentos y razones en que se apoya."
SÉPTIMO.-Los agravios hechos valer resultan inoperantes por una parte, e infundados en otra.
En principio, debe decirse que merece el calificativo de inoperante el argumento por el que el disconforme señala que la sentencia, que en esta vía combate, viola en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que sobre el particular el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto a través de la jurisprudencia número P./J. 2/97, visible en la página 5 del Tomo V, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en el mes de enero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto dicen:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Sirve de apoyo a la inoperancia aludida, la diversa jurisprudencia 1a./J. 14/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 21, que establece:
"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.-Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."
Por otro lado, el promovente del recurso aduce que la Juez Federal de forma por demás errónea determinó sobreseer en el juicio de amparo, con base en argumentos que no son adecuados por lo que procede revocar el fallo recurrido.
Esto, asegura el recurrente, debido a que de las actuaciones que integran el expediente de origen se obtiene que jamás fue emplazado a juicio y, mucho menos tuvo conocimiento del mismo; circunstancia que manifestó ante la resolutora de amparo y que la propia autoridad responsable aceptó al admitir la certeza del acto que se le reclamó, por lo que le asiste el carácter de tercero extraño tal como lo interpreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE."
Además, expresa el revisionista que la autoridad responsable en ningún momento demostró que puso a su disposición las actuaciones del juicio de origen, ni mucho menos que le concedió la oportunidad de reclamar o combatir todo lo actuado, que según afirma, se ha llevado de forma ilegal y oscura.
En ese mismo orden de ideas, señala el inconforme que si bien de los antecedentes que se narraron en la sentencia recurrida se advierte que firmó un convenio con el actor, que por cierto incumple con los requisitos legales, ya que con base en mentiras se le informó que tenía un adeudo y que debía pagar una cantidad de dinero, supuestamente, por una orden judicial, es por ello que acudió al Juzgado Primero de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, en donde se le hizo firmar el citado convenio pero en ningún momento le pusieron a la vista los autos del juicio, ni mucho menos se le informó de sus derechos y la oportunidad que tenía de defenderse del injusto y oscuro juicio instaurado en su contra, razón por la que, como indicó, firmó el pacto citado el cual efectivamente ratificó el uno de abril de dos mil catorce y, posteriormente, de nueva cuenta compareció al juicio el ocho de abril siguiente a manifestar que no tenía los recursos suficientes para dar cumplimiento a lo acordado, sin que en ningún momento tuviera acceso al expediente.
Añade el recurrente que no pide que se le niegue al tercero interesado su derecho a cobrar la deuda económica, sino que sea demandada conforme a la ley, esto es, que simplemente se regresen las actuaciones al momento en el que se violentó el debido proceso, lo que no implica una violación a los derechos del tercero, sino una protección integral de los derechos de todas las partes involucradas en el juicio natural.
Devienen infundados todos los motivos de queja sintetizados.
Cierto, para sostener lo anterior, deviene imperioso indicar que el acto reclamado en el juicio de amparo, del cual deriva el presente recurso, mismo que quedó debidamente transcrito en el resultando primero de esta ejecutoria, se hizo consistir, en síntesis, en la falta o ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo civil **********, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, promovido por **********, en contra del aquí quejoso, así como sus consecuencias legales.
De igual forma, debe destacarse que de las constancias que remitió la Juez de Distrito para la sustanciación del presente recurso, particularmente las relativas a las copias certificadas del citado expediente **********, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, las que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o., se desprenden, en lo que interesa, los siguientes datos a saber:
1. Por acuerdo dictado el veinticuatro de marzo de dos mil catorce, dentro del expediente **********, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, se tuvo a la parte actora, ********** y al demandado **********, quejoso, aquí recurrente, exhibiendo convenio de transacción con el objeto de poner fin al litigio, por lo que se les requirió a ambas partes para que en el término de tres días comparecieran a ratificar el citado convenio (foja 187 del anexo 1).
2. Mediante diligencia de uno de abril de dos mil catorce, comparecieron ante el juzgado de origen el accionante y el enjuiciado ********** -amparista-, a efecto de ratificar el convenio de mérito en todas y cada una de sus partes y, en ese mismo acto, se elevó a la categoría de cosa juzgada, obligándose los contendientes a estar y pasar por él como si se tratara de sentencia ejecutoriada (fojas 192 y 193 del anexo 1).
3. Mediante diligencia de ocho de agosto de dos mil catorce, comparecieron nuevamente el actor y el demandado ********** al recinto judicial, a manifestar, el segundo de ellos, que no contaba con recursos suficientes para dar cumplimiento al convenio celebrado en autos, por lo que en vista a dicha declaración, el Juez de los autos declaró el incumplimiento del citado pacto y, por tanto, señaló las diecisiete horas del veinte de agosto de la citada anualidad, para que el demandado entregara la posesión del inmueble embargado por el actor y ese mismo día compareciera a la notaría pública que designara aquél a firmar la escritura pública correspondiente y que, en caso de no firmarla, lo haría el Juez en su rebeldía (foja 197 del anexo 1).
4. Como la parte demandada no compareció a firmar la escritura correspondiente, por auto de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, se ordenó turnar los autos a la notaría pública número ********** de **********, Puebla, a efecto de que tirara la escritura correspondiente, la que sería firmada por el Juez en rebeldía del demandado (foja 219 del anexo 1).
Conforme a lo anterior, en oposición a lo que afirma el peticionario de amparo, aquí recurrente, no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación por las siguientes consideraciones de carácter legal.
En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente de contradicción de tesis 12/2000, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 39/2001, la cual se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, que más adelante se transcribirá, que por cierto citó la Juez Federal en la sentencia que se revisa, en la ejecutoria respectiva, en lo conducente, determinó lo siguiente:
"OCTAVO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en la especie debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio definido al final de este considerando por los motivos que a continuación se exponen.
"En primer término, debe precisarse que el emplazamiento es el acto procesal mediante el cual el juzgador da a conocer a una persona la admisión de una demanda enderezada en su contra y le concede un plazo para que pueda contestarla, de tal manera que sólo puede ser referido a la contraparte del actor, es decir, al demandado.
"Por otra parte, es menester determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio, en virtud de que como se ha indicado, en la especie debe dilucidarse si cuando la parte quejosa invoca el juicio de amparo ostentándose como persona extraña, pero de las constancias de autos aparece que compareció al mismo y ya transcurrió el plazo legal para ejercitar la acción constitucional, debe sobreseerse o entrar al estudio de los conceptos de violación.
"La fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo establece que procede el amparo indirecto: ‘Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas...’
"Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción V del artículo 114 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por este Alto Tribunal, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse.
"Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.
"Sobre el particular, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproduce a continuación:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Pleno
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: VII, enero de 1998
"‘Tesis: P./J. 7/98
"‘Página: 56
"‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.-Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.’
"Importa destacar por otro lado, que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución.
"Lo anterior es así porque cuando dos personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio, y desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16 de la Carta Magna otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera.
"Consecuentemente, ya sea que se tome en cuenta la ley ordinaria, o la Norma Constitucional, en el derecho positivo mexicano se demuestra la afectación a la persona extraña, puesto que resiente un perjuicio por la transgresión a derechos legítimamente tutelados como lo ha reconocido este Pleno en la tesis visible en la compilación de 1988, Primera Parte, página 868, que dice:
"‘INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.-De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas.’
"En tales condiciones, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés.
"Ahora bien, para efectos de dilucidar la divergencia de criterios a que este toca se refiere, es preciso hacer notar que el examen que se realiza se circunscribe a los siguientes supuestos:
"En las hipótesis analizadas por los Tribunales Colegiados existe un juicio en el que:
"a) No se emplazó al afectado;
"b) Aún no se dicta sentencia de primera instancia;
"c) El afectado comparece a juicio;
"d) Con posterioridad a la comparecencia, se promueve juicio de amparo indirecto ostentándose como persona extraña al juicio, esto es, en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales.
"De ello deriva que los promoventes del juicio de amparo se ostentaron como personas extrañas al juicio, aduciendo no haber sido emplazadas o bien haber sido llamadas en forma de tal manera ilegal que no tuvieron conocimiento del procedimiento incoado en su contra; sin embargo, se advierte que todas ellas comparecieron al procedimiento común antes de haberse dictado sentencia definitiva.
"Ahora bien, la anterior circunstancia, esto es, el hecho de que los promoventes del amparo hayan comparecido al juicio haciéndose sabedores de los actos reclamados y del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento.
"Tomando en cuenta lo anterior y constriñendo la materia de análisis a la hipótesis que se plantea en la presente contradicción, esto es, a aquella en la que quien es parte en el juicio comparece a él no obstante no haber sido emplazado o habiendo sido llamado en forma irregular, se hace sabedor del proceso antes de dictarse sentencia, procede dilucidar en qué momento y en qué términos puede intentar el amparo en contra de ese acto que ha irrogado perjuicio a su esfera jurídica.
"Para ello, se parte de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
"‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"‘III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ...c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.’
"Como deriva del precepto constitucional, dicha Norma Fundamental no impone la carga, previa a la promoción del juicio de garantías, tratándose de personas extrañas al juicio, de agotar recursos ordinarios, como sí lo hace con las partes que intervienen en el juicio en el que se produzcan los actos reclamados, en el numeral y fracción mencionados, incisos a) y b) que, respectivamente, dicen:
"‘a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.’
"La excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo tratándose de personas extrañas, tiene por objeto no dejarlas en estado de indefensión, pues los recursos ordinarios sólo pueden interponerse por las partes del contencioso, a excepción de la tercería.
"En tales condiciones, el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería, debe ser interpretado en forma armónica con la disposición constitucional, de tal manera que si ésta no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el precepto del ordenamiento reglamentario debe ser entendido como una opción adicional.
"En efecto, la persona extraña a juicio tiene opción de comparecer antes de que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes si ello conviene a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a sus derechos convenga.
"Apoya la anterior consideración, la tesis cuyo tenor se reproduce a continuación:
"‘Octava Época
"‘Instancia: Tercera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘Tomo: VI, Primera Parte
"‘Tesis: 3a./J. 44/90
"‘Página: 188
"‘AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS.-Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citado. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional.’
"Ahora bien, si el agraviado opta por agotar los recursos o medios de defensa ordinarios, debe esperar, en caso de perder, el dictado de la resolución definitiva en el procedimiento y en contra de ésta y de las violaciones procesales promover el amparo en la vía directa, en términos de lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo que dispone:
"‘Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.
"‘Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa...’
"Sin embargo, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio compareciendo a él, opta por intentar la vía indirecta en la que tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omisión, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo.
"En efecto, si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado en su contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le ha permitido el conocimiento de las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva.
"Lo anterior no implica que el promovente del amparo indirecto quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, en virtud de que como quedó precisado previamente, en sentido estricto, la comparecencia al procedimiento trae la consecuencia jurídica de que el promovente no pueda reputarse como persona extraña al procedimiento en términos del multicitado artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.
"El artículo 21 de la ley de la materia, dispone:
"‘Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.’
"Del contenido del numeral invocado se sigue que de haber optado por el amparo, obviamente indirecto, el promovente debe sujetarse al término de quince días contados a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del juicio.
"No obstante, si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basada en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede eventualmente surtirse, como lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, también puede acontecer que no sea así, cuando el afectado por el no emplazamiento comparezca al juicio natural, pero antes de que transcurra el plazo del referido artículo 21, intente asimismo el amparo indirecto. En tal supuesto no cabría sobreseer por extemporaneidad, sin embargo, seguiría en pie la otra causal.
"En las condiciones apuntadas, a juicio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si de las constancias que obran en el expediente existe prueba de que el quejoso compareció al juicio, el amparo es improcedente, funda
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25987-0750b93c/sobreseimiento-en-el-amparo-debe-quedar-firme-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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