NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE PRETENDE FUNDAR EN UNA SUPUESTA FALTA DE EMPLAZAMIENTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO.
AMPARO DIRECTO 62/2006. EMERENCIANA ALFONSA TLAXCANTITLA FLORES.
MAGISTRADO PONENTE: JORGE HIGUERA CORONA.
SECRETARIA: ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El tercer concepto de violación es esencialmente fundado, en la medida en que se suple la deficiencia de la queja, en términos de los artículos 76 bis, fracción III, y 227, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen.
Primeramente cabe señalar que de los autos del juicio agrario 155/2005, del que deriva la sentencia reclamada, se desprende lo siguiente.
1. Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil cinco, ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 47, con sede en esta ciudad de Puebla, Martín Tlaxcantitla Osorio, ahora tercero perjudicado, promovió "en vía de controversia agraria la nulidad de juicio concluido fraudulento, en contra de la señora Emerenciana Alfonsa Tlaxcantitla Flores", respecto del juicio agrario número 543/02 del índice de ese mismo Tribunal (fojas 1 a 4).
2. En el referido escrito de demanda el actor expuso como hechos los siguientes:
"1. Es el caso que ante este Honorable Tribunal promoví el juicio sucesorio intestamentario respecto de los derechos de la señora JUANA FLORES VÁZQUEZ, radicado bajo el número 454/04, en el que se apersonó como tercera interesada la señora EMERENCIANA ALFONSA TLAXCANTITLA FLORES aduciendo interés contrario al del suscrito, tal y como se demuestra con las copias certificadas que se anexan al presente ocurso. 2. Es el caso que al indagar con el Comisariado Ejidal éste me hizo saber que la señora EMERENCIANA ALFONSA TLAXCANTITLA FLORES PROMOVIÓ ANTE ESTE HONORABLE Tribunal el juicio sucesorio intestamentario, a bienes de la señora JUANA FLORES VÁZQUEZ, el cual se radicó con el expediente número 543/02, obteniendo sentencia favorable tal y como se demuestra con las copias certificadas que se anexan al presente ocurso. 3. Es el caso que el juicio a que hago mención en el punto que antecede, se tramitó en forma fraudulenta, ya que existió la falta de verdad por simulación en que incurrió EMERENCIANA ALFONSA TLAXCANTITLA FLORES, con la "colusión" de los testigos, para instigar o inducir a esta autoridad jurisdiccional a actuar en la forma que le interesaba, esto es obtener sentencia favorable en la que se le reconocieran derechos sucesorios, en perjuicio del suscrito. De lo anterior se infiere que el juicio materia de este de dicho procedimiento es la violación a la garantía de debido proceso legal por los siguientes elementos: a) El hecho en que se funda el acto fraudulento objeto del juicio; son los siguientes: 1° En el caso a estudio se llevó a cabo un juicio a mis espaldas, esto es la actora no me llamó a dicho juicio ocultando que el suscrito también tenía un interés sobre los derechos sucesorios. 2° La promovente falsea los hechos de su demanda ya que en el punto 5 de hechos de la misma declara que no existe ningún otro pariente de la de cujus, lo cual implica que le falseó los hechos a este Honorable Tribunal. 3° El suscrito estuvo casado con la señora ELVIRA FLORES VÁZQUEZ, que era hija de la señora JUANA FLORES VÁZQUEZ, razón por la cual el suscrito dependía económicamente de la de cujus ya que yo trabajaba las parcelas que eran de la misma, a través de las labores de siembra, riego y demás actividades propias del campo propias a la explotación de la tierra, situación que la señora EMERENCIANA ALFONSA TLAXCANTITLA FLORES le ocultó a este Honorable Tribunal. 4° De la declaración de los testigos FRANCISCO CASTILLO COTO Y JOSÉ ABUNDIO ROMERO ROMERO, se aprecia que se encuentran coludidos con la actora ya que su declaración es íntegramente idéntica, de lo cual se presume aleccionamiento de los mismos, todo ello con la finalidad de inducir a esta autoridad a emitir una sentencia favorable a la actora. b) Perjuicio que me causa la resolución que se toma en tal juicio; en el presente caso se me causa un perjuicio ya que se le asignaron los derechos sucesorios a bienes de JUANA VÁZQUEZ FLORES a EMERENCIANA ALFONSA TLAXCANTITLA FLORES sin haber sido llamado a juicio para estar en posibilidad de reclamar mi derecho toda vez que yo fui el dependiente económico de JUANA VÁZQUEZ FLORES" (fojas 1 y 2).
3. Al dar contestación a la demanda, la demandada, hoy quejosa, por conducto de su asesor jurídico, entre otras cosas, expuso: "... El actor al no estar casado con la madre de la hoy demandada, no tiene ni siquiera parentesco por afinidad con la autoría de la sucesión, además quien tiene la legitimación para suceder en la presente controversia es mi representada, ya que el actor ni siquiera tiene tampoco parentesco consanguíneo con la difunta Juana Flores" (foja 108).
4. Seguido el juicio por sus trámites legales, el primero de diciembre de dos mil cinco se dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, y en la que se concluyó lo siguiente:
" ... Así las cosas resulta, que la nulidad planteada es procedente como se ha dicho, en virtud, de que el hecho que dio origen al juicio 543/2002 y, que es la sucesión de los derechos agrarios de JUANA FLORES VÁZQUEZ, está viciado, actualizándose en la especie este tipo de nulidad al darse los elementos necesarios que son: a) el hecho en que se funde el acto fraudulento objeto del juicio; y b) que se cause un agravio con la resolución que se tome en dicho juicio; y como se desprende del juicio que se reclama aparece la colusión de la promovente, para llevar a cabo el procedimiento sin incluir a MARTÍN TLAXCANTITLA OSORIO, faltando a la verdad por simulación incurrida por quien lo promovió, para inducir a la autoridad jurisdiccional a actuar en la forma que le interesó, sabedora de la existencia del aquí actor, que resulta ser su padre, por consiguiente faltó a la verdad, continuando con el procedimiento hasta obtener la sentencia a su favor. Cobra relevancia a esta determinación la tesis que a continuación se apunta: ‘JUICIO FRAUDULENTO, LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO. (La transcribe)’. No. Registro: 213,173; Tesis aislada; Materia(s): Civil; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: XIII, marzo de mil novecientos noventa y cuatro; Tesis: I.3o.C.666 C; página: 392. En las circunstancias narradas, resulta procedente declarar la nulidad del juicio número 543/2002, relativo a la sucesión de derechos agrarios de la extinta JUANA FLORES VÁZQUEZ, que fue ejidataria del poblado ‘SAN JUAN TIANGUISMANALCO’, Municipio de Tianguismanalco, Puebla, promovido por EMERENCIANA ALFONSA TLAXCANTITLA FLORES, al haber quedado demostrado plenamente, que en el procedimiento no se dio intervención al aquí actor; en tal virtud, deberá dárseles intervención en el procedimiento de sucesión de derechos agrarios, para demostrar el derecho que dice le asiste para suceder a la de cujus, en el juicio agrario número 543/2002, ordenando la reposición del procedimiento a partir de la notificación al aquí actor MARTÍN TLAXCANTITLA OSORIO; y una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, se ordenará el emplazamiento respectivo y se señalará hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley" (fojas 166 y 167).
Precisado lo anterior cabe señalar que, del análisis de la demanda de nulidad promovida por el actor, ahora tercero perjudicado, se advierte que en ella hizo valer la afectación del derecho a un debido proceso por un pretendido fraude procesal, planteando la violación a su garantía de audiencia, porque, según alegó, no fue llamado por la actora, hoy quejosa, al juicio agrario número 543/02 del cual demandó su nulidad, para estar en posibilidad de reclamar el supuesto derecho que dijo le asiste sobre las parcelas cuyos derechos, en ese juicio, fueron reconocidos en favor de la aquí quejosa, dado que, agrega, ésta ocultó que él también tiene un interés sobre los derechos sucesorios, y falseó los hechos de su demanda, porque en el punto número cinco de ellos manifestó que no existe ningún otro pariente de la de cujus.
Es importante destacar también que el propio actor Martín Tlaxcantitla Osorio, por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil cuatro, ante el mismo Tribunal responsable, promovió juicio sucesorio intestamentario respecto de los derechos agrarios que pertenecieron a la extinta Juana Flores Vázquez, que quedó registrado con el número 454/04, reclamando: "A) El reconocimiento en favor del suscrito, como sucesor y titular de la unidad de dotación de JUANA FLORES VÁZQUEZ. B) Se ordene al Registro Agrario Nacional la cancelación de los certificados que amparan las parcelas números 2 y 4 así como el porcentaje de las tierras de uso común, y se expida el correspondiente a favor del suscrito" (foja 1); y como hechos expuso los siguientes:
"1. Mi extinta suegra JUANA FLORES VÁZQUEZ fue ejidataria legalmente reconocida en el poblado SAN JUAN TIANGUISMANALCO Municipio de TIANGUISMANALCO, Estado de PUEBLA y a quien se le reconocieron derechos sobre las parcelas números 2 y 4 así como el porcentaje de las tierras de uso común, hecho que acredito con la constancia número 2101/2002 de fecha 07 de noviembre del 2002, la cual anexo a la presente. 2. La hoy extinta JUANA FLORES VÁZQUEZ fue mi legítima suegra, tal y como lo acredito con la acta en original de nacimiento de mi hija. 3. La hoy extinta JUANA FLORES VÁZQUEZ falleció en fecha 03 de febrero de 1992, tal y como lo justifico con el acta de defunción original de fecha 06 de agosto el 2002, expedida por el Juzgado del Registro del Estado Civil de Tianguismanalco Puebla. 4. En razón a lo anterior y toda vez que mi extinta suegra, no dejó sucesores registrados tal y como lo acredito con la constancia descrita en el punto número 1 de mi demanda, y que bajo protesta de decir verdad manifiesto ser yerno único de la de cujus, toda vez que su esposo ya falleció hecho que acredito con la acta de defunción que anexo a la presente y que bajo protesta de decir verdad sólo procrearon a mi extinta esposa de nombre ELVIRA FLORES VÁZQUEZ, aclarando que el suscrito y Elvira procreamos 2 hijos y que únicamente vive 1. Además que tanto mi esposa como el suscrito dependamos económicamente de la de cujus y que cuando ésta ya no podía trabajar la tierra el suscrito la cultivaba y de los frutos de éstos nos ayudábamos" (fojas 1 y 2).
Finalmente en el referido expediente, por auto de treinta de noviembre de dos mil cinco, se declaró la caducidad de la instancia por inactividad procesal (foja 61).
Ahora bien, del juicio agrario número 543/02, se desprende lo siguiente:
1. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil dos ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 47, con sede en esta ciudad de Puebla, Emerenciana Alfonsa Tlaxcantitla Flores, ahora quejosa, promovió en vía de jurisdicción voluntaria, la sucesión de los derechos agrarios que pertenecieron a la extinta Juana Flores Vázquez, y como hechos manifestó los que a continuación se transcriben:
"1) La C. JUANA FLORES VÁZQUEZ fue ejidataria reconocida del poblado San Juan Tianguismanalco que se acredita en la constancia de vigencia de derechos donde se marca que se asignó y reconoció el derecho sobre las parcelas 2 y 4, así como el 0.27% de los derechos sobre las tierras de uso común, con certificados parcelarios y uso común, y que están pendientes de generarse. 2. La ya extinta, falleció en fecha el 3 de febrero de 1992, tal como lo acredito con el acta de defunción con número 01-018922 expedida por el Juez del Registro Civil de las personas de Tianguismanalco, Puebla. 3. La de cujus, no dejó lista de sucesores designados tal y como lo demuestro con la constancia de derechos parcelarios con número 1762/2002 expedida por el Registro Agrario Nacional. 4. La anterior ejidataria procreó una hija que tenía por nombre ELVIRA FLORES VÁZQUEZ, quien falleció en fecha 20 de junio de 1998, y que como antes ya lo he hecho acredito con la respectiva acta de defunción que expidió dicho Juez y Registro, y tiene como número 01-018926. 5. La suscrita manifiesto haber sido dependiente económico de las finadas, y toda vez que no hay ningún otro pariente promuevo el presente juicio de sucesión intestamentaria que solicito se haga a mi favor" (fojas 1 y 2).
2. Al escrito de demanda la actora anexó, entre otros documentos, los siguientes:
a) Acta de defunción folio 018926 de Elvira Flores Vázquez, en la que, en lo que aquí interesa dice: "ACTA DE DEFUNCIÓN. NOMBRE DEL FINADO ELVIRA FLORES VÁZQUEZ. EDAD 77 AÑOS. SEXO: MASCULINO (espacio en blanco) FEMENINO (X). DOMICILIO 6 ORIENTE 5, TIANGUISMANALCO, PUEBLA. NACIONALIDAD MEXICANA. ESTADO CIVIL SOLTERO (A). CRIP (espacio cancelado con guiones). NOMBRE DEL CÓNYUGE O EXCÓNYUGE MARTÍN TLAXCANTITLA OSORIO. NACIONALIDAD MEXICANA. NOMBRE DEL PADRE (espacio cancelado con guiones). NOMBRE DE LA MADRE: JUANA FLORES VÁZQUEZ" (foja 7).
b) Acta de nacimiento de la propia actora que, en lo conducente, dice:
"EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y COMO JUEZ ÚNICO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA. CERTIFICO: QUE EN EL LIBRO NÚMERO 01 DE NACIMIENTOS DEL AÑO 1957, EXISTE ASENTADA EL ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 24 DE ENERO LEVANTADA, POR EL JUEZ C. GABINO VÁZQUEZ FLORES LA CUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS: ACTA DE NACIMIENTO. NOMBRE EMERENCIANA ALFONSA TLAXCANTITLA FLORES. FECHA DE NACIMIENTO DEL DÍA DE AYER. HORA 13:00. LUGAR DE NACIMIENTO TIANGUISMANALCO CRIP (espacio cancelado con guiones). FUE PRESENTADO VIVO (X) MUERTO (espacio en blanco) SEXO MASCULINO (espacio en blanco) FEMENINO (X) DECLARÓ EL PADRE (espacio en blanco) LA MADRE (espacio en blanco) AMBOS (espacio en blanco) PERSONA DISTINTA (X). PADRES. NOMBRE MARTÍN TLAXCANTITLA OSORIO. NACIONALIDAD MEXICANA. NOMBRE ELVIRA FLORES. NACIONALIDAD MEXICANA ... NOMBRE DE LA PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE DECLARÓ EL NACIMIENTO: CLARA OSORIO C." (foja 8).
De lo relatado con anterioridad se advierte que en la demanda de jurisdicción voluntaria del juicio agrario número 543/02, la actora, Emerenciana Alfonsa Tlaxcantitla Flores, ahora peticionaria de garantías, no señaló como interesado de los derechos sucesorios que demandó y que pertenecieron a su extinta abuela materna, al aquí tercero perjudicado Martín Tlaxcantitla Osorio, sabiendo de su existencia, pues es su padre, según se desprende del acta de nacimiento antes identificada; pero es necesario destacar que el tercero perjudicado tampoco señaló expresamente como tercera interesada a la quejosa dentro del juicio número 454/04 que él promovió respecto de los mismos derechos parcelarios; asimismo, dicha quejosa manifestó en aquella demanda que desde su punto de vista no hay ningún otro pariente de la de cujus (foja 2); sin embargo, ello, por sí solo, contrario a lo sostenido por el Tribunal responsable en la sentencia reclamada, no justifica la "colusión" y falta a la verdad por simulación que se le atribuye a la actora.
Al respecto primeramente cabe precisar que colusión, según el Diccionario de la Real Academia Española, es "Acción y efecto de coludir, "pactar en daño de tercero"; asimismo, el Pequeño Larousse Ilustrado define colusión como "Convenio o trato entre varios, con intención de perjudicar a otro. (Sinón. V. Complicidad)"; de igual forma, de acuerdo con el primero de los citados diccionarios simulación es "Acción de simular", y tal acción es representar una cosa, fingiendo o imitando lo que no es, por su parte, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, define a la simulación de la siguiente manera: "(Del latín simulare, que significa imitar, representar lo que no es, fingir.) En el lenguaje ordinario el verbo simular significa presentar engañosamente una cosa, como si en verdad existiera como tal, cuando en la realidad no es así. En el orden del derecho, el concepto simulación tiene aplicación en la teoría de los actos jurídicos. Se dice que hay simulación cuando conscientemente se declara un contenido de voluntad que no es real y esa disconformidad entre lo declarado y lo querido se realiza por acuerdo de los declarantes, con el propósito de engañar creando un negocio jurídico donde no existe ninguno, o es distinto de aquel que ocultamente las partes han celebrado. Coludidas las partes emiten unas declaraciones de voluntad cuyo contenido volitivo no es el que verdaderamente quieren y privadamente confiesan en un contradocumento, ser otra su voluntad negocial o que no han convenido en negocio alguno."
En el caso, el que la quejosa no haya señalado en el juicio agrario número 543/02 como tercero interesado a Martín Tlaxcantitla Osorio, hoy tercero perjudicado, y haya manifestado que no hay otro pariente de la de cujus Juana Flores Vázquez, quien fue su abuela materna, no son elementos suficientes o concluyentes de la existencia del fraude procesal que el Tribunal responsable en la sentencia reclamada estimó acreditado por "colusión" y falta a la verdad por simulación, ya que las propias pruebas que aportó la actora en aquel juicio arrojan elementos que ponen en duda que esa conducta de la actora sea producto de los actos fraudulentos que señala dicho Tribunal, pues exhibió su acta de nacimiento en donde expresamente se señala como su padre a Martín Tlaxcantitla Osorio, y el acta de defunción de su madre Elvira Flores Vázquez en donde se asentó que el cónyuge o excónyuge de ésta es Martín Tlaxcantitla Osorio, lo cual no permite acreditar ni siquiera indiciariamente la existencia de maniobras o artificios de los que, en su caso, se hubiera valido la actora para ocultar que el ahora tercero perjudicado tuviera un supuesto interés en la sucesión de la extinta Juana Flores Vázquez, de quien se dijo yerno sin poderlo demostrar con la respectiva acta de matrimonio, la cual no existe, elementos necesarios para tener por demostrada la "colusión" y falta a la verdad por simulación que se le imputa.
Tampoco se acreditan esos actos fraudulentos con la simple manifestación de la actora en el juicio agrario 543/02, hoy quejosa, de que no hay otro pariente de la de cujus, porque tal manifestación resulta razonablemente entendible si se toma en cuenta que, contrario a lo que expresó el aquí tercero perjudicado en el punto número tres de hechos de la demanda de nulidad de juicio concluido (foja 2), no estuvo casado con la señora Elvira Flores Vázquez (hija de la extinta ejidataria titular originaria Juana Flores Vázquez), lo cual reconoció hasta en la audiencia de ocho de agosto de dos mil cinco (foja 107), donde dijo que "vivió en unión libre con la señora Elvira Flores Vázquez y no en matrimonio", situación que precisamente es la que destacó la quejosa en su carácter de demandada en esa misma audiencia, cuando adujo, a través de su asesor jurídico, que: "El actor al no estar casado con la madre de la hoy demandada, no tiene ni siquiera parentesco por afinidad con la autoría de la sucesión, además quien tiene la legitimación para suceder en la presente controversia es mi representada, ya que el actor ni siquiera tiene tampoco parentesco consanguíneo con la difunta Juana Flores" (foja 108), y en la demanda de amparo la quejosa nuevamente señaló que "... en mi contestación manifesté que mis padres no fueron casados por lo civil, que vivieron en un tiempo en unión libre, por lo tanto no pudo haber tenido un parentesco por afinidad, ni mucho menos consanguíneo para acudir a deducir sus supuestos derechos, e incluso él no trabajó la unidad de dotación que perteneció a mi abuela, hasta la fecha ... mi padre el que nunca vio por mí, el que no me crió ..." (fojas 8 y 9).
Todo lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, no se encuentra acreditado que la actora del juicio agrario 543/02, ahora quejosa, haya pactado con otra u otras personas en daño del aquí tercero perjudicado (colusión), ni haya representado una cosa, fingiendo o imitando lo que no es (simulación), que, como se ha visto, son los actos fraudulentos que se le atribuyen a la aquí peticionaria de garantías.
En tal virtud, resulta inconcuso que, en el caso, la afectación del derecho a un debido proceso o violación a la garantía de audiencia, que planteó el ahora tercero perjudicado dentro del juicio del que deriva la sentencia reclamada, no es producto de actos fraudulentos.
En efecto, la afectación al derecho a un debido proceso puede ocurrir de distintas maneras, una de ellas es por fraude procesal. En este sentido, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incorporado, en materia civil, la acción de nulidad de juicio concluido, y aun cuando en el Código Federal de Procedimientos Civiles no existe una regulación al respecto, sólo a manera de ilustración pues es obvio que no puede ser supletorio en materia agraria, cabe señalar que en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, establece la procedencia de dicha acción por causas taxativamente señaladas en el artículo 737 A, que se invoca a título meramente ejemplificativo, el cual dispone lo siguiente:
"Artículo 737 A. La acción de nulidad de juicio concluido procede en aquellos asuntos en los cuales se ha dictado sentencia o auto definitivo que ha causado ejecutoria y se actualiza alguna de las siguientes hipótesis: I. Si son producto del dolo de una de las partes en perjuicio de la otra; II. Si se falló en base a pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas con posterioridad a la resolución, o que la parte vencida ignoraba que se habían reconocido o declarado como tales antes de la sentencia; o bien, que se declaren falsas en el mismo proceso en que se ejercite la presente acción; III. Si después de dictada la resolución se han encontrado uno o más documentos decisivos que la parte no pudo presentar por causa de fuerza mayor o por un hecho imputable al contrario; IV. Si la resolución adolece de error de hecho en el juzgado que resulta de los actos o documentos de juicio. Dicho error existe cuando el fallo se funda en la admisión de un hecho cuya exactitud debe excluirse por modo incontrastable o cuando se supone la inexistencia de un hecho cuya verdad queda establecida positivamente, y, en ambos casos, si el hecho no representaba un punto controvertido sobre el cual la sentencia debía expedirse; V. Si la resolución emitida en el juicio, cuya nulidad se pretende, es contraria a otra dictada con anterioridad y pasada también en autoridad de cosa juzgada respecto de las partes, siempre que no se haya decidido la relativa excepción de cosa juzgada; VI. Si la resolución es el producto del dolo del Juez, comprobado con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; VII. Cuando existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes, en el juicio cuya nulidad se pide, en perjuicio del actor o del interés público; o bien, para defraudar la ley."
Tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han considerado como una excepción a la regla de la inmutabilidad de la cosa juzgada, cuando el primer procedimiento es tramitado en forma fraudulenta.
Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 296 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 249, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente:
"NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. SÓLO PROCEDE RESPECTO DEL PROCESO FRAUDULENTO. En principio no procede la nulidad de un juicio mediante la tramitación de un segundo juicio, por respeto a la autoridad de la cosa juzgada; pero cuando el primer proceso fue fraudulento, entonces su procedencia es manifiesta y el tercero puede también excepcionarse contra la sentencia firme, pero no contra la que recayó en juicio de estado civil, a menos que alegue colusión de los litigantes para perjudicarlo."
El reconocimiento por la jurisprudencia de la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido, en materia civil, dentro del sistema jurídico mexicano, como se ve, se prevé para casos excepcionales, limitándose a aquellos en que la transgresión ocurre por fraude procesal, concretizado éste a través de actos de tal magnitud que resultan sumamente reprobables para el derecho y contrarios al más elemental sentido de justicia, hasta el extremo de permitir una excepción a la regla de la inmutabilidad de la cosa juzgada, como ejemplo de ellos doctrinariamente se reconoce la donación entre cónyuges, o la simulación como instrumento para defraudar a los acreedores, en donde se recurre a artificios para hacer pasar por existente un acto que no es real o a la inversa; de ahí que al ser admisible la acción de nulidad de juicio concluido, única y exclusivamente de manera excepcional (sólo por actos ostensiblemente fraudulentos), debe entonces valorarse esa extrema y delicada situación en cada caso concreto, pues no existe en los códigos civiles federales sustantivo y adjetivo una norma precisa sobre tal figura jurídica, para no confundir una violación en el procedimiento, como lo es la falta de emplazamiento, aun cuando resulte ser la de mayor magnitud de ese tipo, con una causal de procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido; ello para prevenir el riesgo de abuso de dicha acción, a fin de no alterar la seguridad del proceso y abrir la puerta a pleitos inacabables, haciéndose mal uso de la multirreferida acción, bajo el pretexto de superar la discusión respecto de la prioridad entre dos valores fundamentales: la seguridad jurídica y la justicia, cuando en realidad estos dos valores deben complementarse e integrarse, pues no existe razón alguna para considerar lo contrario.
En la especie, la acción de nulidad de juicio concluido se pretende fundar en la simple opinión subjetiva del actor de una supuesta falta de emplazamiento, y no en verdaderos actos fraudulentos, además de que el asunto que se examina no corresponde a la materia civil sino agraria; sin embargo, al quedar evidenciado que, en el caso, la afectación al derecho a un debido proceso no es producto de fraude procesal, pues no aparecen siquiera elementos indiciarios, mucho menos concluyentes, de la existencia de actos fraudulentos, motivo por el cual no es necesario realizar el pronunciamiento respectivo sobre la aplicación o no en materia agraria, de aquel reconocimiento que ha hecho la jurisprudencia en materia civil.
Como ya se apuntó con antelación, la transgresión al derecho a un debido proceso puede ocurrir de distintas maneras, una de ellas es por fraude procesal, y al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, en materia civil, a través de la jurisprudencia, la procedencia en esos casos -que son realmente excepcionales- de la acción de nulidad de juicio concluido, la cual tiene por objeto precisamente que se declare nulo el juicio, debido a que el proceso se siguió en forma fraudulenta, invalidando con ello la resolución o sentencia que ha alcanzado la autoridad de cosa juzgada; pero la transgresión del derecho a un debido proceso puede suceder por causas distintas al fraude, consecuentemente el gobernado afectado, para la tutela de ese derecho, podrá promover la acción constitucional de amparo, y si, como en la especie, esa transgresión se pretende hacer derivar de la supuesta falta de emplazamiento a juicio, sostenida de manera subjetiva por el actor, la sentencia que, en su caso, concediera el amparo, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, tendría por objeto que se respetara y se cumpliera lo que la garantía de audiencia violada exige, esto es, que se oyera en su defensa al afectado.
No pasa inadvertida para este Tribunal Colegiado la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 72 y siguientes, Sexta Época, del Informe de Labores rendido por su Presidente en 1960, cuyo contenido es el siguiente:
"NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, DECLARADA EN OTRO JUICIO POSTERIOR. CASOS EN QUE PROCEDE. ACLARACIONES A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 714. (Se acordó la publicación íntegra de la parte considerativa de la ejecutoria por ser ya cinco que se pronuncian con los mismos fundamentos siguientes): La tesis de jurisprudencia número 714, publicada en la página 1308 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año de mil novecientos cincuenta y cinco, bajo el rubro ‘NULIDAD DE JUICIOS CONCLUIDOS, IMPROCEDENCIA DE LA’, únicamente tiene aplicación a los casos en que quien intenta una acción de nulidad de esa naturaleza, no fue parte sustancial en la relación procesal del juicio de cuya nulidad se trata, ni se le oyó y venció en el mismo, ni tampoco a su causante, porque entonces al actor no le es oponible la excepción de cosa juzgada, por no ocurrir el requisito de identidad de las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron, como tampoco lo es oponible, aunque el anterior juicio haya versado sobre acción del estado civil de las personas o validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, si el actor del juicio de nulidad alega colusión de los litigantes del otro juicio para perjudicarlo o defraudarlo. Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia sustentó en la ejecutoria del amparo directo 85/32, promovido por Redo y Compañía, S. C. L., pronunciada el día veinticinco de octubre de mil novecientos cincuenta y uno, que se publica en la página 661 del Tomo CX del Semanario Judicial de la Federación, la siguiente tesis: ‘Las sentencias pueden ser modificadas en determinados casos, pero ¿Quiénes pueden impugnar la autoridad de la cosa juzgada? ¿Pueden hacerlo las partes mismas? ¿Puede impugnarla el tercero? ¿Puede alterarse la cosa juzgada obtenida por actos procesales fraudulentos? ¿Podrían nulificarse dichos actos realizados en daño del tercero que no ha litigado, cuando no existe texto especial que la autorice? Hevia Bolaños expresa las causas por las cuales la sentencia era nula, desprendiéndose de su exposición que dicha nulidad podía hacerse valer t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19548-854b9fac/nulidad-de-juicio-concluido-improcedencia-de-la-accion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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