DEFINITIVIDAD. CASO DE EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 125/2011. 14 DE MAYO DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO. SECRETARIA: GRACIELA ESCALANTE MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Resultan parcialmente fundados los agravios que enseguida se analizarán y suficientes para revocar la sentencia recurrida.
En efecto, en primer término debe sostenerse que resulta inoperante el argumento del recurrente en el que afirma que el Juez Federal violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales; puesto que los Jueces de Distrito, cuando actúan como órganos de control constitucional, no violan las garantías individuales, como se establece en la jurisprudencia número 35, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 28 y 29 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Por otra parte, señala el disconforme, que el Juez de amparo inadvirtió que de las constancias del juicio de origen aparece que aun cuando se ordenó en el juicio principal su emplazamiento, el mismo no se ha efectuado, por lo que no ha surtido efectos jurídicos; así como que el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla prevé que el demandado debe seguir el juicio en el tribunal que lo emplazó, al producir todas las consecuencias de una interpelación judicial y de imponer a las partes el deber de presentarse ante dicho tribunal cuando fuere requerido para ello, además refiere, que no obstante que el código en cita precisa que el juicio se iniciará a partir del auto admisorio de la demanda, tal situación no significa que sea parte dentro del juicio, como equivocadamente lo precisó el Juez Federal, ya que tiene impedimento para poder acudir al mismo en calidad de demandado, para contestar la demanda, ofrecer pruebas y objetar las de su contraparte, interponer recursos e impugnar el fallo definitivo, precisamente, porque no ha sido emplazado al juicio, lo que significa que no tiene legitimación en el proceso, situación que lo limita para poder intervenir en el juicio con el carácter de demandado y estar en posibilidad de promover dentro de los términos legales, los recursos ordinarios que la ley concede para modificar el acto reclamado.
Afirma también, que contrario a lo sostenido por el Juez Federal, sí tiene el carácter de tercero extraño por equiparación para poder promover el juicio de amparo en términos de lo establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que no obstante que figura como parte demandada en el juicio de origen, no ha sido oído ni vencido, y al no haberlo citado legalmente a la audiencia de conciliación procesal, ha sufrido un perjuicio dentro del mismo procedimiento, consistente en la multa impuesta y la falta de citación a la audiencia de conciliación en el juicio de origen, por lo que se encuentra en estado de indefensión y resintiendo un acto de imposible reparación en el fallo definitivo, por lo que se configura el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, razón por la cual no estaba obligado a agotar los recursos ordinarios que establece la ley adjetiva civil.
Los anteriores argumentos como se adelantó, resultan fundados.
En efecto, debe puntualizarse que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el de definitividad (invocado en la sentencia recurrida), que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional.
En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios.
Sin embargo, el citado principio no es aplicable en todos los casos, pues existen diversos supuestos de excepción, por lo que para determinar si el recurrente se encuentra en alguna de esas hipótesis de excepción, se hace necesario entender y definir el concepto de parte en el proceso.
En la ejecutoria relativa a la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2009, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 67/2009 visible en la página 265 del Tomo XXIX, de mayo de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).", se definió tal concepto, en los siguientes términos:
"Sobre este tema, Giuseppe Chiovenda, en su obra intitulada Curso de Derecho Procesal Civil (Editorial Oxford, volumen 6) sostiene que: El concepto de parte se deriva del concepto del proceso y de la relación procesal. Es parte aquel que pide en propio nombre (o en cuyo nombre se pide) la actuación de una voluntad de la ley, y aquel frente al cual es pedida. La idea de parte viene dada, por consiguiente, por la litis misma, por la relación procesal. ... Como se ve, el citado tratadista considera que el concepto de parte deriva de la relación procesal la cual, en palabras del propio autor, se constituye con la demanda judicial, en el momento en que ésta es comunicada a la otra parte, puesto que no se puede resolver si no es oída o citada la parte contra la cual ha sido propuesta la demanda. Así, el autor de que se trata estima que la calidad de parte en el juicio se adquiere una vez que se constituye la relación procesal, lo cual sucede cuando la demanda se comunica a la persona en contra de la cual se propone. Por otra parte, Piero Calamandrei en su obra Derecho Procesal Civil (Editorial Oxford, volumen 2), al abordar el tema de las partes y defensores precisa que se llama partes a los contendientes en el proceso y sobre este último determina: Pero el ejercicio de la función jurisdiccional no se mueve de oficio; a fin de que el Juez pueda proveer, es preciso que alguien pida la providencia (principio de la demanda) y que aquel contra el cual la providencia se ha pedido sea puesto en situación de defenderse (principio del contradictorio). Esto tiene aplicación no únicamente en cuanto al inicio del proceso, sino también respecto a su desarrollo. ... Más adelante el propio autor sostiene: La noción procesal de parte es, pues, en todo caso, un concepto a posteriori: no se puede establecer a priori, antes de que se inicie el proceso sobre una determinada relación sustancial controvertida. De lo antes expuesto se desprende que el autor de que se trata considera que la calidad de parte en un juicio se adquiere una vez que el proceso inicia, y para que esto suceda es necesario que se demande o pida una providencia y que aquel contra el cual ésta se ha pedido sea puesto en situación de defenderse. De aquí se sigue que para dicho autor el proceso inicia cuando tiene lugar el emplazamiento, pues es el medio procesal en virtud del cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda y se le otorga la oportunidad de defenderse. Así, es claro que el emplazamiento constituye el acto procesal que permite que el demandado se ponga en situación de defenderse. Por su parte, Eduardo Pallares, en su Diccionario de Derecho Procesal Civil (Porrúa, 21a. Ed., México, 1994), sostiene: Parte. ... En la actualidad el concepto de acción que el actor hace valer en un juicio se ha sustituido por el de pretensión, a tal extremo que algunos jurisconsultos consideran que el proceso es una institución para el conocimiento y decisión legal de las pretensiones opuestas por los litigantes en el juicio. Goldschmidt plantea el problema del concepto de parte, en relación con los derechos y cargos procesales: ‘En todo proceso civil, dice, han de intervenir dos partes; no se concibe una demanda contra sí mismo, ni siquiera en calidad de representante de otra persona. Se llama actor al que solicita la tutela jurídica (is qui rem inducium deducet) y demandado aquel contra quien se pide (is contra quem res in judicium deducitur). No es preciso que las partes sean necesariamente los sujetos del derecho o de la obligación controvertidos. El concepto de parte es, por consiguiente, de carácter formal.’ (página 191). Con esto quiere decir dos cosas: a) Que el concepto de parte pertenece al derecho procesal; b) Que está desvinculado de la relación jurídica sustancial que se discute en el juicio. Puede ser parte quien no figura en esa relación, y puede suceder que quien figure en la relación sustancial no sea parte. Intenta Goldschmidt formular un criterio para la determinación de las partes y enuncia el siguiente principio, cuya oscuridad es poco recomendable: ‘Ni el nombre ni el traslado de la demanda bastan para decir absolutamente quién sea parte; más bien hay que atender a la individualización de la personalidad objetivamente considerada.’ ¿cómo entender este principio? A primera vista parece falso. Si en el escrito de demanda se dice que ‘A’ demanda a ‘B’, y de hecho se corre el traslado de la demanda a ‘B’, ¿no será ocioso discutir si ‘A’ es el actor y ‘B’ el demandado? Luego es evidente que el escrito y el traslado de la demanda determinan quiénes son partes. Como se ve, el procesalista de que se trata de manera destacada considera que las partes en el juicio se determinan por el escrito de demanda y su traslado, de lo que se sigue que se es parte demandada cuando se constituye la relación procesal, es decir, cuando se corre traslado con la demanda. Por otra parte, tratadistas más modernos como Devis Echandía considera que existen presupuestos procesales del procedimiento y al respecto sostiene: Son los que deben cumplirse una vez admitida la demanda o denuncia por el Juez e iniciada la etapa preliminar del proceso ... con miras a constituir la relación jurídica procesal y de que aquél continúe su curso, desenvolviendo y realizando las varias distintas etapas que la ley ha señalado como necesarias para que se llegue a la sentencia final. Son presupuestos de esta clase los siguientes: ... 2) Tratándose de procesos contenciosos, con demandados ciertos o inciertos, la citación o emplazamiento a los demandados. ... . De lo antes citado se aprecia que el autor de que se trata también considera que la relación procesal se constituye cuando se emplaza al demandado. De aquí se sigue que éste adquiere el carácter de parte una vez que es llamado al juicio correspondiente. Los criterios doctrinarios antes expuestos permiten establecer las siguientes conclusiones: a) Todo juicio contencioso presupone la existencia de dos partes principales con intereses opuestos: el actor y el demandado. b) La relación procesal se constituye cuando la demanda se comunica a la persona contra la cual se hace valer la pretensión. c) El actor es parte desde el momento en que se admite su demanda y el demandado a partir de que se le emplaza al juicio. De acuerdo con tales criterios doctrinarios la existencia de las partes (actora y demandada) en un juicio depende no sólo de que un sujeto presente una demanda ante el órgano jurisdiccional solicitando su intervención respecto de otro contra quien endereza su reclamación, sino que es menester, además, que al primero se le admita su demanda y al segundo se le emplace a juicio como demandado, requisitos estos últimos que una vez satisfechos los convierte en partes, ya que la relación procesal se constituye a partir de que la demanda se comunica al demandado, es decir, a partir de que éste es emplazado a juicio. ..."
Como se ve, la anterior ejecutoria se dio a la tarea de definir el concepto de parte en el proceso, llegando a la conclusión de que la existencia de las partes actora y demandada en un juicio, depende no sólo de que un sujeto presente una demanda ante el órgano jurisdiccional, solicitando su intervención respecto de otro contra quien endereza su reclamación, sino que es menester, además, que al primero se le admita su demanda y al segundo se le emplace a juicio como demandado, requisitos estos últimos que una vez satisfechos los convierte en partes, ya que la relación procesal se constituye a partir de que la demanda se comunica al demandado, es decir, a partir de que éste es emplazado a juicio.
Lo que brinda una clara referencia para el caso concreto, puesto que, según se advierte de las actuaciones del juicio de origen, el ahora disconforme no ha sido emplazado al citado procedimiento, a fin de que tuviera conocimiento sobre lo pretendido por la parte actora, entonces no puede considerársele como parte en el proceso y, por ende, no estaba en situación de defenderse en el sumario natural a través de la interposición de los medios ordinarios de defensa previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla vigente (principio del contradictorio, según lo expuesto por Piero Calamandrei, invocado en la ejecutoria en comento), esto es, el proceso inicia cuando tiene lugar el emplazamiento o cualquier otra actuación procesal que tenga por efecto hacer del conocimiento del demandado la existencia de una demanda, con lo que se le otorga la oportunidad de defenderse.
Además, al no considerarse como parte al aquí disconforme, por las razones anotadas, cualquier promoción o interposición de recurso tendría que ser desechada por la autoridad jurisdiccional, lo que ocasionaría un evidente estado de indefensión, ante las medidas adoptadas en el juicio de origen.
Así las cosas, como lo argumenta el disconforme, en la hipótesis que se analiza nos encontramos ante una excepción al principio de definitividad, lo que implica la imposibilidad de interponer los medios de defensa invocados por el Juez de Distrito, en contra del acto reclamado.
En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que procede es, sin necesidad de analizar los restantes agravios hechos valer, revocar la sentencia sujeta a revisión, debiéndose, por ende, estudiar el fondo del asunto en relación con los demás actos reclamados, excepción hecha del imputado al oficial mayor adscrito al Juzgado ********** de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla.
QUINTO. Para el efecto precisado en el considerando anterior, se hace necesario la transcripción de los conceptos de violación hechos valer, los cuales son los siguientes:
"7. Conceptos de la violación. Se violan en mi perjuicio las invocadas disposiciones legales, por las siguientes razones: I. Del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que nadie podrá ser privado de su (sic) propiedades, posesiones o derechos; sino mediante un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo cual deberá ser mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo cual la autoridad del hecho generador del agravio que se expone en este apartado, no ha observado, violando con ello, en mi perjuicio, disposiciones legales fundamentales. II. La autoridad ordenadora, mediante el acuerdo derivado de la diligencia de fecha**********, desahogada dentro de los autos del juicio de origen, determinó hacer efectivos los apercibimientos decretados en autos a la parte demandada y multó a la parte demandada sin especificar a quién y por cuánto, lo anterior, debido a la supuesta inasistencia en que incurrió la parte demandada a la referida audiencia de conciliación procesal, ordenando su emplazamiento en términos de ley. Ahora bien, suponiendo sin conceder, que el suscrito tenga el carácter de demandado dentro de los autos del juicio de origen, previo a tal determinación y emisión del ilegal acuerdo respectivo, la autoridad señalada como responsable ordenadora, debió estudiar y analizar si la autoridad ejecutora ciudadana diligenciaria non, en primer lugar, observó lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que textualmente establece: ‘Artículo 80. Cuando la ley no señale el término para la práctica de un acto judicial o para el ejercicio de algún derecho procesal, se tendrán por señalados tres días.’. O sea, si el suscrito fui debidamente citado en mi domicilio, con la debida anticipación, para que acudiera al desahogo de la audiencia de conciliación procesal dentro de los autos del expediente ********** lo cual no hace. De la misma forma, en segundo lugar; previo a la emisión del ilegal acuerdo, la responsable ordenadora, omite analizar si la diligenciaria non adscrita a ese honorable juzgado, se sujetó para citar al suscrito, a lo dispuesto por los artículos 65, fracción IV y 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, o sea; para el caso en particular, por tratarse de una citación para el objeto de que el suscrito acuda al recinto judicial para efectos de conciliar y en su caso para ser emplazado a juicio, como se deduce del citatorio número ********** de fecha dieciocho de mayo del año dos mil diez. Si al notificar al suscrito, la ciudadana diligenciaria se cercioró que en el domicilio que se señaló en autos, vivo o me hallo, indicando el medio fidedigno para ello; hecho lo anterior; si entregó el citatorio al suscrito y en caso de no haberme encontrado, si lo entregó a persona capaz que ahí se halló o si encontró cerrado el domicilio, en poder de qué vecino más próximo dejó el citatorio, y en este caso, si fijó copia del citatorio en la puerta de acceso del inmueble. Análisis que no hace y que al proceder al desahogo de la diligencia de fecha **********, dio origen al ilegal acuerdo impugnado, generando con ello un agravio al suscrito.-Y no obstante lo anterior, ante tales omisiones, como ya se ha indicado, emite el ilegal acuerdo deducido del desahogo de la diligencia de fecha ocho de junio del año dos mil (sic). Acto de autoridad que considero ilegal, pues al haberme enterado el día quince de julio del año dos mil diez, en la forma que refiero en este apartado, de la fecha para el desahogo de la diligencia ordenada dentro de los autos del expediente de origen, resulta imposible haber podido acudir en tiempo y forma, ante la autoridad ordenadora; al desahogo de la audiencia de conciliación, el día ********** a las ocho treinta de la mañana; y como consecuencia de lo anterior, resulta ilegal e inconstitucional la multa impuesta al suscrito por la inasistencia que refiero, debido a que formalmente no he sido llamado a juicio, la litis no ha sido planteada en juicio entre las partes y no he dado origen con mi actuar a una multa, para que ello dé lugar a algún requerimiento y ante su incumplimiento origine la imposición de una multa como ocurre en el presente caso.-Como consecuencia de lo anterior, en atención a que la citación a la audiencia de conciliación procesal jamás fue practicada en mi domicilio con el suscrito, o con diversa persona; y que la multa impuesta al suscrito es inconstitucional, ello genera violaciones manifiestas de la ley que han dejado al suscrito sin defensa. Lo que obliga necesariamente a usted ciudadano Juez; a suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo ya que la ilegal citación al juicio de origen y la multa que se me impone, no cumplen con las formalidades que requiere la ley para su validez, y por ser violatorio de los artículos 14 y 16 de la (sic) constitucionales, resulta procedente solicitar se me conceda el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la ilegal citación a la audiencia de conciliación procesal y la inconstitucionalidad de la multa impuesta al suscrito dentro de los autos del juicio de origen, ordenando la reposición del procedimiento, para que legalmente sea citado a juicio y se deje sin efecto la multa impuesta al suscrito.-Toda vez que desconozco el contenido de las actuaciones del juicio de origen, me reservo el derecho de ampliar mi demanda de garantías en contra de nuevas autoridades responsables y por nuevos actos, una vez que se me haga del conocimiento por parte de la autoridad federal, el contenido de los informes previos y justificados que rindan las autoridades señaladas como responsables."
SEXTO.-Resultan infundados los conceptos de violación expuestos, en razón de lo siguiente:
La disconforme señala que la autoridad ordenadora no observó lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que tales preceptos señalan que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos; sino mediante un mandamiento escrito de la autoridad que funde y motive la causa legal del procedimiento, violando en su perjuicio disposiciones legales fundamentales.
El anterior motivo de disenso es infundado, en virtud de que la Juez responsable sí precisó el precepto legal en el que fundó su determinación, esto es, el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cual establece en su fracción I, que una vez admitida la demanda el tribunal citará al demandado para que acuda en día y hora señaladas al recinto judicial, con la prevención que en caso de no hacerlo se considerará un desacato y se le impondrá una multa hasta de cien días de salario mínimo vigente, así como que también motivó tal determinación al precisar que el aquí disconforme no compareció a la audiencia de conciliación a pesar de que se le citó debidamente para ello, por lo que era procedente imponerle tal multa, en virtud de que tal negativa constituía un desacato a una orden judicial, así como que también precisó en contra de quienes decretó dicha multa.
Por otra parte, precisa el disconforme que la Juez natural debió estudiar y analizar si la diligenciaria non adscrita al juzgado responsable, observó lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, lo anterior porque no fue debidamente citado con la debida anticipación para poder acudir al desahogo de la audiencia de conciliación.
El anterior motivo de disenso deviene infundado, en virtud de que el artículo 75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, textualmente establece:
"Artículo 75. Los términos empezarán a correr al día siguiente en que se hubiere hecho la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento.
"Por tanto, de conformidad con el precepto legal antes transcrito, si la citación se llevó a cabo el tres de junio de dos mil diez y la audiencia de conciliación se efectúo el ocho siguiente, por lo que es claro que a partir del día siguiente al en que se realizó la citación, esto es el cuatro de los citados mes y año y el día en que se celebró la audiencia de conciliación que fue el ocho de ese mismo y año, sí mediaron los tres días a que alude el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla."
Por otro lado, señala el recurrente que la Juez responsable omitió analizar si la diligenciaria non adscrita a su juzgado, se sujetó a lo previsto por los artículos 65, fracción IV y 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, así como que tampoco verificó si la citada diligenciaria se cercioró que en el domicilio que se señaló era el correcto, si indicó el medio fidedigno para ello, si entregó el citatorio a la parte demandada y en caso de no haberlo encontrado si lo entregó a persona capaz o si encontró cerrado el domicilio, en poder de qué vecino dejó el citatorio, si fijó copia del mismo en la puerta de acceso del inmueble, así como que ante tales omisiones la Juez responsable emitió el ilegal acuerdo derivado de la diligencia de ocho de junio de dos mil diez, acto que resulta ilegal ya que al haberse enterado el día quince de julio del citado año, de la fecha para el desahogo de la diligencia ordenada en autos, resultaba imposible acudir en tiempo y forma a la audiencia de conciliación, por lo que resulta ilegal la multa impuesta por su inasistencia a la referida audiencia, debido a que formalmente no ha sido llamado a juicio, por lo que la litis no ha sido planteada.
Asimismo, manifiesta el impetrante que la citación a la audiencia de conciliación procesal jamás fue practicada en su domicilio, ni con él o con persona diversa, y que la multa impuesta resulta inconstitucional, por lo que generan violaciones manifiestas de la ley que lo han dejado sin defensa, lo que obliga a suplir la deficiencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
Ahora bien, contrario a lo expresado por el recurrente, en el caso, se estima que la diligencia de citación reclamada fue realizada conforme a derecho.
Para mejor entendimiento de la conclusión anotada, se hace necesario transcribir el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, el cual dispone:
"Artículo 52. Por su forma las notificaciones son: I. Por lista; II. Domiciliarias; III. Personales; IV. Por edictos, y V. Por oficio.
"El precepto en comento es claro al señalar que, por su forma, las notificaciones pueden ser por lista, domiciliarias, personales, por edictos y por oficio."
Por su parte, el primer párrafo del artículo 71 del código en comento, prevé que las citaciones, como la reclamada en el presente asunto, se formularán a través de oficio; dicho artículo textualmente establece:
"Artículo 71. Las citaciones se formularán mediante oficio, que contendrá los requisitos siguientes: ..."
De lo anterior es posible concluir que la citación contemplada en la legislación procesal en comento, constituye una clase de notificación, es decir, ésta es el género y la primera la especie, ya que la citación se formula mediante oficio y, éste es una forma de llevar a cabo una notificación.
A su vez, el diverso numeral 72 del código en cita, precisa las disposiciones que se deberán cumplir al efectuarse una citación, cuyo texto señala:
"Artículo 72. En la citación deberán observarse por el personal judicial las disposiciones siguientes: I. Se entregará en el lugar designado para tal fin, o en su defecto, en el lugar que se localice el citado.-II. Deberá cerciorarse previamente que en ese domicilio o lugar, habita o se halla temporalmente la persona citada; indicando el medio fidedigno de que se valió para ello.-III. Se entregará el citatorio al interesado y en el caso de que éste no se encuentre presente, se entregará a cualquier persona capaz que ahí se halle.-De encontrarse cerrado el domicilio, se dejará en poder del vecino más próximo fijándose además copia del citatorio en la puerta de acceso del inmueble.-IV. Si el citado designó en forma previa al citatorio, domicilio para re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23465-969785a0/definitividad-caso-de-excepcion-a-este-principio-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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