NOTIFICACIÓN POR CÉDULA FIJADA EN LA PUERTA DEL DOMICILIO DONDE DEBA REALIZARSE. SURTE EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).
AMPARO DIRECTO 145/2017. 1 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO ROBERTO SUÁREZ MUÑOZ. PONENTE: GUILLERMO CUAUTLE VARGAS. SECRETARIO: JESÚS MANUEL MÉNDEZ MALDONADO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Oportunidad de la demanda.
La sentencia reclamada se notificó al quejoso por medio de cédula, que se fijó en la puerta del domicilio señalado para tal efecto, el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, según se advierte de la constancia que obra en la foja 66 del toca de apelación; notificación que surtió efectos el mismo día, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y 63 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.
En cuanto al momento en que la notificación aludida surtió efectos, resulta importante recordar que el acto de notificación está destinado a crear un estado de conocimiento en su destinatario, pero la producción de los efectos jurídicos ligados a ellos, depende de que dicho conocimiento se haya logrado efectivamente.
Así, la plena producción de los efectos jurídicos por los actos de comunicación depende de su realización válida; es decir, de haberse practicado en cumplimiento a los requisitos previstos en las leyes, situación que se estima de vital importancia considerando que, por regla general, los plazos empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado la notificación correspondiente.
Esa regla general, en el caso de la legislación tamaulipeca, admite como excepción las notificaciones que se efectúan por lista y cédula, según se advierte del contenido del artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, que establece:
"Artículo 63. Las notificaciones por medio de lista y de cédula se considerarán hechas al día siguiente del que sean fijadas aquéllas. Las personales el mismo día de la diligencia respectiva."
Sin embargo, la notificación de la sentencia reclamada surtió efectos el mismo día en que se practicó (treinta y uno de enero de dos mil diecisiete), al llevarse a cabo en el domicilio designado para tal efecto, y si bien se realizó por medio de cédula que se fijó en la puerta de dicho domicilio, ello fue debido a que el notificador se presentó en dos ocasiones, sin encontrar a persona alguna que recibiera la notificación, circunstancia que en términos del último párrafo del artículo 66(1) del Código de Procedimientos Civiles, se traduce en una negativa a recibir la notificación, y faculta al actuario para que ésta se realice por medio de cédula que se fije en el domicilio señalado.
En tales condiciones, el medio de comunicación procesal en comento (cédula), en el caso, proporcionó una certeza semejante a la notificación personal, en tanto que implica que el actuario judicial que la practicó, se constituyó en dos ocasiones en el domicilio señalado para tal efecto y, debido a que no encontró a ninguna persona que lo recibiera, fijó copia de dicha cédula en la puerta del inmueble, misma que contiene todos los datos necesarios para que el destinatario se enterara debidamente del contenido de la sentencia que ahora reclama; datos que proporcionan eficacia en la comunicación procesal.
Además, la notificación por cédula no se verificó a través de una fijada en los estrados del tribunal responsable, para que con ello se pudiera estimar que la notificación condigna debía surtir sus efectos al día siguiente en que se fijó, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 63 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.
En efecto, de dicho numeral se advierte que las notificaciones por medio de lista y de cédula se considerarán hechas al día siguiente del en que sean fijadas aquéllas, mientras que las personales, en el mismo día de la diligencia respectiva.
De acuerdo con ello, se desprende que, por ser fijadas en el tribunal que se trate, las notificaciones por medio de lista y aquellas otras a través de cédula, se considerarán hechas al siguiente día de tal fijación.
La notificación personal surte efectos o se considera hecha el mismo día de la diligencia respectiva; lo que tiene su razón de ser, en que no existe motivo para considerar que el interesado tuvo certeza jurídica de la comunicación inherente en otro momento distinto, sino el mismo día en que aquélla se practicó.
De igual manera, cuando el interesado es buscado precisamente en el domicilio en que deba realizarse la notificación, sin que éste se encuentre en las dos ocasiones en las que se le buscó y aquélla se practica por medio de cédula que se fija en la puerta del domicilio, ello proporciona una certeza semejante a la notificación personal, primero, porque se dejó en el domicilio que para ese efecto se designó y, luego, porque aquélla contiene todos los datos necesarios para que se entere debidamente de la resolución judicial respectiva.
De ahí que, a fin de determinar cuándo debe tenerse por hecha, no se puede asimilar la cédula como notificación que se fija en un área visible del tribunal, a aquella que se deja en el domicilio designado, debiendo estimarse que la practicada en este último caso, surte efecto el mismo día de la diligencia correspondiente.
Ilustra sobre lo detallado, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 45/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"NOTIFICACIÓN POR CÉDULA. SURTE EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-De los artículos 112, 112 bis, 118 y 127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, así como de los diversos numerales contenidos en su título segundo, capítulos quinto y sexto, se advierte que el legislador previó dos reglas en relación con el inicio de los términos judiciales, a saber: a) La general, en la que empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se efectúa el emplazamiento o notificación (artículo 127 del citado código), por lo que las notificaciones surten efectos el mismo día en que se practican; y b) La especial, consistente en dos excepciones a la regla general, pues de conformidad con el artículo 118 del código mencionado, las notificaciones por Boletín Judicial o en lista de acuerdos, donde no exista aquél, surten efectos a las doce horas del día siguiente al en que se efectúen. En ese tenor, se concluye que la notificación por cédula surte efectos el mismo día en que se practica y, por ende, los términos judiciales relativos empiezan a computarse a partir del día siguiente, conforme a la regla general prevista en el referido artículo 127, pues al caso no es factible aplicar, por analogía, la regla especial para las notificaciones por Boletín Judicial, ya que no existe similitud entre ambas vías de comunicación procesal. Lo anterior es así, porque la notificación por cédula proporciona una certeza semejante a la notificación personal, en tanto implica que un servidor público adscrito al juzgado de que se trate comparezca en dos ocasiones al domicilio del interesado, y al no encontrarlo le deje un documento en poder de sus parientes o empleados, o de quien se encuentre en el lugar, que contenga todos los datos necesarios para que se entere debidamente del contenido de la resolución judicial respectiva, datos que proporcionan eficacia en la comunicación procesal. Por el contrario, tratándose de la notificación por Boletín Judicial, no se realizan los pasos necesarios para que el juzgador se asegure que la resolución se comunicó eficazmente al interesado, pues corresponde a éste la carga de revisar periódicamente dicho documento a fin de advertir la existencia de resoluciones que tengan relación con su persona que pretenda comunicársele; de manera que debe comparecer ante el juzgado de que se trate para enterarse del contenido de la resolución, lo que demuestra que este método de comunicación procesal no otorga una certeza jurídica, por ello el legislador dispuso un momento distinto para que surta efectos. Además, en caso de que se estimara que las notificaciones por cédula y por Boletín Judicial son análogas, de cualquier manera no se podría concluir que la primera de ellas surte efectos a las doce horas del día siguiente, en términos de la regla especial prevista para la notificación por el mencionado boletín, pues al constituir ésta una excepción a la general, no puede aplicarse analógicamente a un caso distinto, por similar que sea, ya que el artículo 14 del Código Civil para la propia entidad federativa, reconoce un principio general de derecho, consistente en que las leyes de excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes."(2) (lo resaltado es propio)
En tales condiciones, el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, transcurrió del uno al veintidós de febrero de dos mil diecisiete, sin contar los días cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero, por haber sido inhábiles (sábados, domingos y un día no laborable); lo anterior, en términos del artículo 19 del ordenamiento legal en cita.
Por tanto, si la demanda se presentó el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, el juicio se promovió en tiempo. (fojas 4 a 14 del juicio de amparo)
CUARTO.-Sentencia reclamada y conceptos de violación.
No se transcribirán las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada ni los conceptos de violación planteados, teniendo en cuenta que no existe precepto legal que obligue a ello; no obstante, se integra al expediente copia certificada del fallo reclamado.
Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(3)
QUINTO.-Estudio.
Los conceptos de violación expuestos por el quejoso son infundados en una parte, e inoperantes en una diversa, como se evidenciará.
A. Antecedentes relevantes.
El aquí tercero interesado promovió juicio de prescripción positiva contra **********, respecto del inmueble identificado como: lote **********, manzana **********, calle **********, número **********, colonia **********, en Reynosa, Tamaulipas.
Lo anterior, con base en que el dieciocho de junio de dos mil nueve celebró un convenio de cesión de derechos de propiedad con **********, documento que, a la postre, presentó ante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y el trece de julio de dos mil diez, pactó la compraventa con dicho organismo respecto del inmueble en mención.
Luego, señaló que debido a que se percató que **********, contaba con una escritura a su nombre respecto del mismo bien, compareció a juicio a solicitar la usucapión del inmueble, atendiendo a que desde el dieciocho de junio de dos mil nueve entró en posesión de él, con base en un justo título, de manera pública, pacífica y continua.
De dicha demanda correspondió conocer al Juez Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, quien la admitió a trámite y ordenó que se corriera traslado al demandado, para que dentro del plazo de diez días contestara lo que a sus intereses conviniera.
**********, contestó la demanda oponiéndose a los hechos narrados por el demandado y señalando -en esencia- que el inmueble era de su propiedad, pues le fue otorgado en donación pura y simple, como se acreditaba del instrumento público que anexó a su ocurso.
Seguido el trámite del juicio, una vez que se desahogaron las pruebas ofrecidas por ambas partes, el Juez del conocimiento dictó sentencia en la que estimó que el actor acreditó los elementos de la acción, el demandado no justificó sus excepciones y, por tanto, declaró procedente el juicio de prescripción positiva, y que ********** adquirió por usucapión la propiedad del inmueble en litigio.
Inconforme con dicha determinación, ********** interpuso recurso de apelación en su contra, del que tocó conocer a la Primera Sala Colegiada Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, donde el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, atendiendo a los agravios propuestos por el apelante, se modificó la sentencia de primer grado, únicamente en cuanto a la condena a costas.
B. Análisis de los conceptos de violación.
I. Calificación de las posiciones formuladas en la prueba confesional.
En la primera parte del concepto de violación, el quejoso aduce que una de las posiciones que le fue formulada en el desahogo de la prueba confesional, se efectuó en contravención al contenido del artículo 309, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, pues se prestaba a la confusión, ya que en el momento del desahogo de la diligencia no se encontraba en posesión del inmueble.
Como se ve, de las manifestaciones de la parte quejosa se obtiene que ésta plantea, propiamente, una violación al procedimiento, pues atribuye un vicio en la prosecución del juicio de origen, específicamente en lo que atañe a la calificación de una de las posiciones formuladas en el desahogo de la prueba confesional a su cargo.
Motivos de disenso que resultan inoperantes, dado que, en la especie, no se satisfacen las condiciones legales para que la violación procesal alegada se analice en esta instancia constitucional.
i. Reglas de impugnación en el amparo directo.
Conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, así como los diversos 170, 171, 172 y 174 de la Ley de Amparo, la materia del juicio constitucional uniinstancial, además de ser la sentencia definitiva, también incluye las violaciones a las leyes adjetivas que se estimen cometidas durante la sustanciación del proceso natural, ya sea por indebida aplicación de la ley, o por la inconstitucionalidad de ésta, cuando sea el sustento del propio acto que se considere lesivo.
De ese modo, la instrumentación del juicio de amparo directo respecto al estudio de las transgresiones en mención, no es otra cosa que el reconocimiento del principio consecuencial de concentración procesal, el cual se refiere a que, por regla general, la consumación de los distintos actos y diligencias procesales sea próxima entre sí y, en caso de estimar que alguna actuación contravenga la ley adjetiva aplicable, su reclamo debe hacerse hasta el dictado de la sentencia definitiva, para que la secuela del juicio no pierda su concentración.
En efecto, de la interpretación sistemática de los preceptos en consulta se desprende que, previo a que el Tribunal Colegiado se avoque al estudio de las violaciones procesales alegadas por la quejosa, deben satisfacerse los presupuestos y condiciones que a continuación se enuncian:
a) Que exista el acto donde se haya verificado la transgresión que indique la parte agraviada.
b) Que se subsuma a alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 172(4) de la Ley de Amparo;
c) Que la violación se haya preparado (artículo 171);(5)
d) Que trascienda al resultado del fallo (artículo 171); y,
e) Que el quejoso señale la forma en que la violación alegada trascendió al resultado del fallo (artículo 174).(6)
ii. Caso particular.
En el caso, la parte quejosa endereza argumentos tendientes a evidenciar la ilegalidad de la calificación de una de las posiciones que le fueron formuladas en el desahogo de la prueba confesional.
Sin embargo, en la especie no se colma la condición relativa a que la violación procesal haya sido preparada para su impugnación en el amparo.
La preparación de la violación procesal ocurre cuando durante la sustanciación del controvertido natural se agota el recurso o medio ordinario de defensa, dentro del término que la ley respectiva señala y, además, se plantea como agravio en segunda instancia, cuando proceda.
Sustenta lo anterior, el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. PREPARACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO.-Si las violaciones procesales expresadas por el quejoso se sujetaron a las reglas establecidas por el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, pues se impugnaron dichas violaciones en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario correspondiente, dentro del término que la ley respectiva señala y fueron reiteradas como agravios en la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva, a la que indudablemente trascendieron, es evidente que con ello se dio debido cumplimiento al artículo 161 del citado ordenamiento legal y por tanto procede su estudio en el amparo directo."(7)
Ahora, del análisis de las constancias que integran el juicio de origen, no se advierte que el peticionario haya interpuesto el medio de defensa ordinario para controvertir la calificación de la posición en comento.
Cierto, la violación procesal planteada se hace consistir en que la Sala responsable soslayó que en el desahogo de la prueba confesional se transgredió el contenido del artículo 309, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, debido a que una de las posiciones se calificó de legal, pese a que se formuló en forma insidiosa; sin embargo, como ya se indicó, el quejoso no interpuso el medio ordinario de defensa contra la calificación de dicha posición.
En efecto, el artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de Tamaulipas, dispone lo siguiente:
"Artículo 914. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo."
Conforme al artículo transcrito, el recurso de revocación procede contra los autos y decretos que no fueren apelables y, por su parte, el diverso 928(8) del ordenamiento legal en cita dispone que sólo podrán ser objeto de apelación: i) las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; y, ii) los autos que resuelvan un incidente o los que expresamente disponga la ley.
De lo anterior se obtiene que contra la calificación que se realice de las posiciones formuladas en el desahogo de la prueba confesional, procede el recurso de revocación, al no ser de los decretos que expresamente señala la ley que puedan recurrirse en apelación.
En ese sentido, como ya se dijo, de las constancias que integran el expediente natural se aprecia que el quejoso omitió hacer valer dicho medio de impugnación; de ahí que la aludida violación procesal no fue preparada de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, pues la amparista no la impugnó a través del medio de defensa señalado en la ley ordinaria.
II. Indebida distribución de las cargas procesales.
El quejoso arguye que el tribunal responsable aplicó, de manera incorrecta, el contenido del artículo 273 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, al estimar en el considerando tercero de la sentencia reclamada, que le correspondía la carga de demostrar sus excepciones, cuando lo correcto era que se estimara que el actor debía probar su acción.
Motivos de disenso que se estiman infundados.
Una vez analizados los argumentos anteriormente sintetizados, se obtiene que el quejoso, a lo que se refiere (atendiendo a la parte en específico que señala de la sentencia reclamada), es que fue indebido que se estimara que le correspondía probar la excepción consistente en que la firma de **********, que obra en el contrato de cesión de derechos exhibido por la parte actora, no correspondía al puño y letra de dicha persona.
Sin embargo, no le asiste razón al quejoso, ya que de manera correcta la Sala responsable desestimó los agravios formulados por el aquí quejoso, debido a que fue él quien opuso la excepción de falsedad de la firma de uno de los documentos exhibidos por el accionante.
Lo anterior es así, pues en términos del artículo 273 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, corresponde al actor la carga de probar los hechos constitutivos de su acción, pero también dicho dispositivo le impone la carga a la parte demandada de probar sus excepciones.
Luego, si en el caso, la Sala responsable atendió los agravios del apelante, partiendo de la base de que en primera instancia se estimó que el actor probó los elementos constitutivos de la acción e, incluso, convalidó dicho criterio al desestimar el resto de los motivos de disenso propuestos; no se incurrió en la inversión probatoria que alude el quejoso, pues fue correcto que se estimara que estaba obligado a probar la excepción referida pues, se insiste, tanto la autoridad de primer grado como el tribunal de alzada, estimaron que el actor cumplió con su carga de demostrar los hechos constitutivos de su acción.
En tales condiciones, contrario a lo argüido por el quejoso, no se actualizó la inversión de las cargas probatorias a que hace referencia.
III. Transgresión a la litis de segunda instancia.
En el inciso 3) del concepto de violación "único" el quejoso aduce, en esencia, que la Sala responsable analizó en forma oficiosa cuestiones relacionadas con la identidad del bien inmueble materia de la prescripción, pues señala que comparó los datos contenidos en los instrumentos públicos agregados por el actor y el demandado, para concluir que se referían al mismo predio.
Circunstancia con la cual, aduce, relevó de la carga de la prueba al actor, pues señala que realizó apreciaciones que la parte accionante no solicitó.
Motivo de disenso que resulta infundado.
El artículo 949, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, dispone lo siguiente:
"Artículo 949. La sentencia de segunda instancia se sujetará a lo siguiente:
"I. Se limitará a estudiar y decidir sobre los agravios que haya expresado el apelante, sin que pueda resolver cuestiones que no fueron materia de éstos o consentidos expresamente por las partes."
Del contenido del artículo transcrito, se advierte que la sentencia de segunda instancia se limitará a estudiar y decidir sobre los agravios que haya expresado el apelante, sin que pueda resolver cuestiones que no fueron materia de éstos o consentidos expresamente por las partes.
En el caso, el recurrente -aquí quejoso- en sus agravios señaló, entre otras circunstancias, lo siguiente:
"A) La posesión de un inmueble. El resolutor da por cierto que queda debidamente acreditado este elemento, en virtud de que hay un documento que otorga la posesión originaria al actor, del 18 de junio del 2009; sin embargo, no obra en autos la plena identificación del inmueble, es decir, no existe levantamiento topográfico respecto del inmueble que se pretende usucapir, lo cual considero necesario debió promoverse por el actor, máxime cuando en su escrito inicial de demanda confiesa, en el hecho 4, al establecer literalmente que ‘...me di cuenta que mi sobrino el C. **********, contaba con una escritura a su nombre respecto del mismo bien que es de mi propiedad, pero con distinto número de finca...’.
"Así las cosas, considero que el resolutor natural se extralimita al pasar por alto un hecho incierto, restándole toda importancia al hecho que el mismo actor manifiesta expresamente, respecto de la identidad del inmueble que pretende usucapir, y que (sic) del cual no queda plenamente identificado mediante levantamiento topográfico, por lo que existe incertidumbre respecto del inmueble objeto de la acción." (foja 13 del cuaderno de apelación)
Transcripción de la que se obtiene que el apelante (aquí quejoso) señaló que el inmueble materia de la prescripción no se encontraba plenamente identificado.
Frente a dichos argumentos, la Sala responsable estimó que si bien existía una diferencia en el número de finca de los certificados de registración que exhibieron las partes contendientes, lo cierto era que del contenido de los instrumentos públicos agregados al juicio, se obtuvo que se referían al mismo inmueble e, incluso, que el propio apelante reconoció dicha circunstancia (identidad del predio).
Como se ve de lo reseñado con antelación, el ad quem, contrario a lo expuesto por el peticionario, no analizó oficiosamente lo relativo a la identificación del inmueble a prescribir, pues si bien es cierto que el accionante no se refirió a dicho tema en su demanda, sin embargo, éste se introdujo a la litis de segunda instancia por **********; de ahí que el tribunal responsable, en términos del artículo 949, fracción I, de la legislación procesal en comento, se encontraba obligada a analizar dicha problemática.
En ese orden, la responsable no incurrió en la violación formal que le atribuye el quejoso pues, en todo caso, esto hubiera ocurrido si no hubiera atendido a los temas que le fueron propuestos vía agravio, entre ellos, la identificación del predio a usucapir.
IV. Valoración de la prueba confesional.
En parte de los incisos 4) y 5) del concepto de violación "único", el peticionario señala que la Sala responsable valoró de manera indebida la confesional a su cargo pues, por una parte, le otorga valor probatorio pleno a la parte en la que aceptó que se trata del mismo inmueble, pero, por otra, "desdeñó" sus manifestaciones relativas a que la posesión que ejerció el accionante era derivada, debido a que en el dos mil doce él le prestó el inmueble en comento.
Motivos de disenso que resultan infundados.
De los argumentos sintetizados se obtiene que la cuestión efectivamente planteada por el peticionario radica en que fue ilegal la valoración que se efectuó de la prueba confesional, pues se dividió y sólo se dio eficacia probatoria a ciertas manifestaciones, cuando lo correcto era -a su manera de ver- que se diera la misma eficacia a todos los hechos de ella obtenidos.
Establecido lo anterior, tenemos que el artículo 394, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, establece lo siguiente:
"Artículo 394. ...
"...
"La confesión judicial expresa sólo produce efecto en lo que perjudica al que lo hace, pero no puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la confesión esté probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a las leyes. Debe el Juez razonar cuidadosamente esta parte de su fallo."
El numeral transcrito señala, en lo que interesa, que la confesión judicial expresa sólo produce efecto, en lo que perjudica, al que la hace, pero no puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la confesión esté probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a las leyes.
En efecto, dicho numeral atiende al principio de derecho, relativo a que la confesión judicial sólo produce efectos en los que perjudica al que la hace y no en lo que le aprovecha; sin embargo, establece la posibilidad de que la confesión pueda dividirse cuando se refiera a hechos diferentes.
Así, para la correcta valoración de la prueba confesional, debe atenderse a si ésta es divisible o indivisible.
La confesión es divisible cuando se trata de dos hechos diferentes o independientes el uno del otro, por lo que a la confesión se refiere, de modo que, el primero constituye la base de la acción y, el segundo, una excepción propiamente dicha, que debe comprobar el que la opone y, por tanto, en este caso, para la prueba de la acción basta el hecho confesado.
Por otra parte, la confesión es indivisible cuando las circunstancias o modificaciones agregadas al reconocimiento de la verdad del hecho no son independientes de éste, de tal manera que no puedan separarse de él, sino que están unidas al propio hecho, de tal suerte que, de separarlas, cambiaría por completo la naturaleza del mismo.
Así, en la confesión divisible, la modificación o circunstancia que se agrega, no se tiene por cierta si no la prueba el confesante; en tanto que, en la indivisible, no puede aceptarse la confesión en la parte favorable y desecharse en la adversa, sino que hay que admitirla íntegramente, debiendo el litigante que la haya solicitado probar la falsedad de la circunstancia añadida, para poder aprovecharse de la parte favorable.
Ilustra lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:
"CONFESIÓN CUALIFICADA.-Si bien conforme a un principio de derecho, la confesión judicial sólo produce efectos en los que perjudica al que la hace y no en lo que le aprovecha, también lo es que si el confesante hace una confesión cualificada, o sea, reconoce la verdad del hecho contenido en la pregunta, pero añade circunstancias o modificaciones que restringen o destruyen la intención del contrario, el juzgador debe estudiar, para apreciar la confesión cualificada, si tal cualificación es dividua o individua. La confesión es dividua cuando se trata de dos hechos diferentes o independientes el uno del otro, por lo que a la confesión se refiere, de modo que el primero constituye la base de la acción y el segundo una excepción propiamente dicha, que debe comprobar el que la opone, y por tanto, en este caso, para la prueba de la acción basta el hecho confesado; la confesión es individua, cuando las circunstancias o modificaciones agregadas al reconocimiento de la verdad del hecho no son independientes de éste, de tal manera que no puedan separarse del él, sino que están unidas al propio hecho, de tal suerte que de separarlas cambiaría por completo la naturaleza del mismo. En la confesión individua, la modificación o circunstancia que se agrega, no se tiene por cierta si no la prueba el confesante, en tanto que en la individua, n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27607-9fcb21cd/notificacion-por-cedula-fijada-en-la-puerta-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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