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NOTIFICACIÓN POR EDICTOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. LA REALIZADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EN DÍA INHÁBIL ES NULA, CON LAS EXCEPCIONES DERIVADAS DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. · Registro digital (IUS): 28184
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-11-16
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, CHI
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Pág. 1411.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO, REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO, JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA, JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA, IGNACIO CUENCA ZAMORA Y JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA; CON EL VOTO CONCURRENTE DE LOS TRES ÚLTIMOS MENCIONADOS. PONENTE: MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

6. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y el quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

SEGUNDO.—Legitimación.

7. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.

TERCERO.—Criterios contendientes.

8. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.

A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.

9. En sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el indicado Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el amparo en revisión administrativo 35/2017, determinando en la materia de la revisión confirmar la sentencia recurrida; asimismo, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para los efectos precisados en el considerando primero de la sentencia impugnada, contra los actos reclamados al director de Ingresos y tesorero municipal del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua.

10. Las consideraciones esenciales en que se apoyó el sentido del fallo fueron las siguientes:

11. Con relación al estudio de los agravios, señaló que la autoridad recurrente adujo, medularmente, que se transgredió en su perjuicio el numeral 74 de la Ley de Amparo, por lo siguiente:

12. a) Que contrario a lo determinado por el Juez Federal, al establecer que se desconoce el paradero de la persona a notificar, es claro, que no sabe su ubicación y domicilio, ignorando además, si se encuentra fuera del Estado y si dejó representante o autor (sic) después de la sucesión en caso de fallecimiento, tal como lo establece el artículo 320 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua;

13. b) Que el Juez de Distrito pasó inadvertido que las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, sólo se llevan a cabo los días miércoles y sábado de cada semana; de ahí que, la publicación se efectuó de manera correcta; es decir, de forma consecutiva, tal como lo establece la ley;

14. c) Que el juzgador de amparo no tomó en consideración las constancias que se anexaron al informe justificado, de las que se advirtió que cumplió con las formalidades que prevén los artículos 72, fracción I, inciso a) y 320, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, así como el dispositivo 126 del Código Municipal, porque el notificador se trasladó al domicilio del quejoso y una vez que se cercioró, de que era el correcto, no encontró persona alguna en el inmueble, ya que estaba deshabitado y abandonado; aunado a que, agregó una fotografía donde se aprecian las condiciones en que se encontraba dicho inmueble, por tal motivo se procedió a realizar su notificación por medio de edictos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua; y,

15. d) Que indebidamente se aplicó el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, porque la notificación por medio de edictos se realizó en términos del numeral 320 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua; además, el Juez Federal no tomó en cuenta que los dispositivos 325, 331, 333 y 336 del código invocado, facultan a la autoridad para recabar impuestos, requerir a los contribuyentes para que liquiden los créditos fiscales, así como iniciar los procedimientos administrativos de ejecución, de acuerdo a lo estrictamente establecido en la ley de la materia, por lo que dar una interpretación distinta a dichos preceptos, equivaldría a que en la sentencia que se recurre, se limitaría el cobro del impuesto predial sólo a los contribuyentes de los que se conozca el domicilio o se conozca a su representante legal o a su albacea correspondiente.

16. Previo a dar respuesta a lo anterior, se precisó que en la sentencia de amparo sujeta a revisión, se actualizó la suplencia de la queja deficiente, por el hecho de que el acto reclamado destacado, lo constituye, precisamente, la notificación del crédito fiscal que originó el procedimiento administrativo de ejecución, así como la notificación del inicio de éste, cuya ilegalidad resulta la violación procesal de mayor magnitud, dado que afecta al derecho de defensa del deudor, al privarle de la oportunidad de alegar, ofrecer y desahogar pruebas.

17. Resultando aplicable en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:

18. "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.—Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón."

19. Además, se agregó que el derecho de audiencia se encuentra consagrado en el artículo 14 constitucional, segundo párrafo, que se cumple mediante cuatro exigencias, las cuales resultan necesariamente concurrentes:

1. El juicio previo al acto privativo;

2. Que dicho juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se instaure ante tribunales previamente establecidos;

3. El cumplimiento o la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento; y,

4. La decisión jurisdiccional ajustada a las leyes vigentes con anterioridad a la causa que origine el juicio.

20. Para cumplir con el citado principio de audiencia de que se habló, fue establecido que se deben atender dos aspectos, uno de forma y otro de fondo.

21. En cuanto al primero, se dijo que comprende los medios previstos en el propio texto constitucional, por la existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento; mientras que, el segundo, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue, que es evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas.

22. De ese modo, se dijo, que los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa, deben facilitarse al gobernado de manera que no se produzca un estado de indefensión, erigiéndose en las formalidades esenciales que así lo garanticen.

23. Agregó, que todo gobernado debe gozar del derecho de audiencia frente a la actuación del poder público, por virtud de la cual, el particular tiene que ser oído antes de la realización del acto privativo, a la vez que tiene un derecho genérico a la defensa que se manifiesta, comúnmente, en la promoción de recursos, juicios ordinarios e inclusive del juicio de amparo.

24. Entonces, para que una autoridad cumpla con lo establecido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, se requiere que previamente a cualquier acto de privación, aquélla observe las formalidades esenciales del procedimiento que dicho precepto concede a todo gobernado y que se traducen en la obligación por parte del Estado hacia los gobernados para que antes de ser afectados por un acto de privación, tengan la posibilidad de conocer la instauración del procedimiento, para así acudir al proceso o procedimiento respectivo, a efecto de ser oídos en defensa de sus intereses y ofrecer las pruebas que a su derecho convenga.

25. En tal virtud, se precisó, que la primera notificación que se hace en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se considera de gran importancia, porque permite el cumplimiento del derecho humano de audiencia, establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

26. Sobre el particular, se tomó en cuenta, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dispuesto que el principio de audiencia obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio o procedimiento en forma de juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra la notificación de su inicio y que de no cumplirse con ellas, se infringe el referido principio, cuya finalidad es evitar que la persona física o moral, a quien está destinada, quede en estado de indefensión.

27. El criterio citado, se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

28. "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.—La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

29. Establecido lo anterior, puntualizó, que los agravios identificados en los incisos a) y c), se estudiarían de manera conjunta, al tener una estrecha relación entre sí, los cuales calificó de infundados.

30. Destacó que el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, no establece de manera expresa las formalidades para la práctica de las notificaciones; sin embargo, cuando en dicha legislación se encuentre una omisión o un vacío legislativo, respecto de un caso concreto, ésta prevé la institución de la supletoriedad en el artículo 126 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua.

31. En tal virtud, interpretó de manera sistemática los arábigos 72, 320, fracciones I y III, 323 y 336 del Código Fiscal para el Estado de Chihuahua, que precisan las directrices para llevar a cabo las diversas clases de notificaciones que se practiquen en el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, sostuvo que el encargado de realizarlas, debe atenderlas de acuerdo a la hipótesis que se le presente al acudir al domicilio del deudor que se haya señalado en autos, a efecto de hacer de su conocimiento el procedimiento.

32. Agregó que en este acto, pudieran acontecer diversos supuestos; el primero, que el jefe de la oficina recaudadora o en su caso, la persona designada como ejecutora, previo a cerciorarse del domicilio correcto del deudor, encuentre a la persona buscada y realice de manera personal la diligencia de mandamiento de ejecución.

33. El segundo, que no encuentre al deudor en el domicilio, por lo que el encargado respectivo le dejará citatorio para que espere al día siguiente, a la hora que le fije; citatorio que se dejará con algún familiar o con cualquier otra persona que se encuentre en el lugar en que se practique la diligencia y si no hay ninguna, con el vecino más próximo o con un policía, para que se lo entregue; además, fijará copia del citatorio en la puerta del domicilio del deudor; al día siguiente deberá acudir al citado domicilio, a la hora que señaló en el citatorio y si se encuentra al deudor, realizará con éste la diligencia de mandamiento de ejecución.

34. El tercero, que se ignore el domicilio del deudor; se encuentre fuera del Estado sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales correspondientes; o hubiere fallecido y no tenga representante legal su sucesión; o, se ignore quien es o donde tenga su domicilio, sin perjuicio de que las notificaciones que deban hacérsele en los términos que dispone el artículo 320, el requerimiento y, en su caso, el embargo, se entenderá con la autoridad municipal del lugar.

35. Bajo la óptica jurídica anterior, se consideró necesario acudir al texto de la constancia de diecisiete de septiembre de dos mil doce, que expresó:

36. "En Ciudad Juárez, Distrito Bravos Estado de Chihuahua, siendo las 11:50, del día diecisiete de septiembre de dos mil doce, el notificador adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Tesorería Municipal, me constituí en el domicilio ubicado en calle Rufino Tamayo número 8448 del Fraccionamiento Parajes del Sol etapa décima primera de esta ciudad, a efecto de notificar liquidación de fecha doce de septiembre de dos mil doce a nombre de ********** y ********** por concepto de pago del impuesto predial identificado con el número de cuenta **********, haciendo constar que la vivienda se encuentra totalmente abandonada. (Imagen). No habiendo más que agregar, se da por terminada la presente diligencia, firmando en ella los que intervinieron y así quisieron hacerlo. Ministro ejecutor."

37. Agregó que el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil doce, dice:

38. "... ÚNICO.—Con fundamento en el artículo 320, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria en materia fiscal municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente se puede constatar que se desconoce el paradero de ********** y **********, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número **********, ubicado en calle ********** de esta ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de (sic) contener un resumen de las resoluciones que se notificarán ..."

39. De lo transcrito, se puso de manifiesto, en principio, que la autoridad denominada directora de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Ciudad Juárez, ordenó la notificación de liquidación de impuesto predial de doce de septiembre de dos mil doce, por medio de edictos, en virtud de que se desconocía el paradero de ********** y ********** hipótesis que a consideración del juzgador federal, no encuadraba en el artículo 320 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, pues la notificación por edictos no procede en los casos en los que se desconoce el paradero de la persona a notificar y no dejó representante legal, porque en la ley de la materia no se advierte una disposición legal en tal sentido, sino exclusivamente cuando la persona a quien debe notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio, se encuentre fuera del Estado sin dejar representante legal ante la autoridad fiscal, o ya hubiere fallecido y no se conozca el albacea de la sucesión, lo que según estableció, no fue destacado por la autoridad respectiva.

40. Dicha decisión del juzgador, a criterio del Tribunal Colegiado de Circuito, resultó excesiva, pues no debe perderse de vista que en la gramática, el vocablo "paradero", cuenta con diversos sinónimos; a saber, destino, final, meta, dirección, sitio, señas, situación y posición; entonces, si en el caso concreto la autoridad manifestó que desconoce el paradero del deudor, resulta lógico que se desconoce el domicilio de la persona que se busca.

41. Empero, lo antes expuesto, en modo alguno condujo al órgano colegiado a sostener una calificativa diversa a los agravios que se examinan, porque el Juez Federal también determinó que la autoridad fue incongruente con la constancia en la que se basó para ordenar la notificación por edictos, puesto que en dicha constancia se asentó la imposibilidad de practicar la notificación, debido a que el domicilio relativo se halló totalmente abandonado, sin mayor explicación al respecto.

42. Asimismo, que la autoridad no justificó la razón por la cual, el hecho de que el domicilio esté abandonado, implica o, al menos puede llevar a considerar el desconocimiento del paradero de la persona a notificar; máxime que, no existe en el procedimiento administrativo alguna probanza encaminada a demostrar el extremo de que se trata.

43. Por tanto, tampoco había motivo para que la autoridad responsable ordenara la notificación por edictos en el procedimiento administrativo de ejecución.

44. Lo razonado por el juzgador de amparo, se estimó correcto, pues los edictos son medios de comunicación procesal y deben realizarse mediante publicaciones para hacer saber a las partes o a terceros, las resoluciones que afectan a sus intereses en un proceso determinado, cuya comunicación puede comprender emplazamientos, notificaciones, citaciones, requerimientos, etcétera, y se realiza en los casos específicamente señalados por la ley cuando no es posible llevarlos a cabo mediante las notificaciones personales a los destinatarios y sus efectos se equiparan a los de estas últimas.

45. De ahí que, procedía la notificación por edictos cuando se desconoce o ignora el domicilio de la persona cierta a quien va destinada la notificación; por tanto, se consideró que la difusión de la publicación de que se trata tiende a asegurar la mayor probabilidad de que ésta o los destinatarios lleguen a tomar efectivo conocimiento de su contenido –los medios que el legislador ha considerado más eficaces para ese objeto son las publicaciones en periódicos, en Boletín Judicial y en los diarios de mayor circulación–.

46. Agregó, que la notificación por medio de edictos en términos del artículo 320, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, exige como requisito indispensable, que se ignore el domicilio del interesado; esto es, que se desconozca por completo el lugar en el que éste habita a efecto de que se le pueda notificar la resolución que determinó el crédito fiscal o la citación al procedimiento administrativo.

47. Destacó, que ese desconocimiento al que se refiere el citado precepto, debe entenderse de manera general; es decir, la ignorancia del domicilio debe ser a grado tal, que se desconozca por completo el domicilio de la persona a la que se pretende notificar; esto es, que habiendo agotado los medios necesarios para la obtención de datos que permitan a la autoridad conocer de algún domicilio en el que el destinatario de esa citación al procedimiento seguido en forma de juicio, pueda ser notificado, es entonces que se debe ordenar la notificación por medio de edictos.

48. En ese orden de ideas, se precisó, que si de las constancias se advirtió que se ordenó la notificación personal, entre otros, a **********, respecto de la liquidación del impuesto predial identificado con el número de cuenta **********; también lo es que, el Ministro ejecutor adscrito a la Tesorería del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, cuando se constituyó en el domicilio ubicado en calle **********, en la razón de diecisiete de septiembre de dos mil doce, asentó, únicamente, que se encontraba totalmente abandonado; sin embargo, no expresó que se trataba de la casa donde aquél habitaba, y correlativamente, tampoco que se cercioró de dicha circunstancia, así como tampoco los medios de que se valió para llegar a esa conclusión, pues no se constituyó en diversas ocasiones para constatar lo aseverado, o que algún vecino del lugar corroborara dicho aserto.

49. Resultó aplicable al caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 101/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son:

50. "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO DE TERCERO.—La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 494, sostuvo que el notificador debe levantar razón circunstanciada, no sólo cuando la persona que se encuentre en el lugar o un vecino se nieguen a recibir la notificación, tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, sino al diligenciar cualquier notificación personal, en atención a sus características propias, su finalidad, su eficacia y los requisitos generales de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer. Ahora bien, conforme al criterio anterior y al texto del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, al constituirse en el domicilio del interesado, el notificador debe requerir su presencia o la de su representante y, en caso de no encontrarlo, dejarle citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil siguiente, ocasión esta última en la cual debe requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo, pero si éste o su representante no aguarda a la cita, previo cercioramiento y razón pormenorizada de tal circunstancia, la diligencia debe practicarse con quien se encuentre en el domicilio o con un vecino, en su defecto. Lo anterior, porque el citatorio vincula al interesado o a quien legalmente lo represente a esperar al fedatario a la hora fijada con el apercibimiento de que, de no hacerlo, tendrá que soportar la consecuencia de su incuria, consistente en que la diligencia se entienda con quien se halle presente o con un vecino; por tanto, en aras de privilegiar la seguridad jurídica en beneficio de los particulares, debe constar en forma fehaciente que la persona citada incumplió el deber impuesto, porque de lo contrario no podría estimarse satisfecho el presupuesto indispensable para que el apercibimiento legal pueda hacerse efectivo. En ese tenor, si al requerir la presencia del destinatario o de su representante, la persona que atienda al llamado del notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, el fedatario debe asentarlo así en el acta relativa, a fin de que quede constancia circunstanciada de la forma por la que se cercioró de la ausencia referida."

51. De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, cuyos rubro y texto son:

52. "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).—Si bien es cierto que dicho precepto únicamente prevé la obligación del notificador de levantar razón circunstanciada de las diligencias, tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución y, en concreto, cuando la persona que se encuentre en el lugar o un vecino con quien pretendan realizarse aquéllas, se negasen a recibir la notificación, también lo es que atendiendo a las características propias de las notificaciones personales, en concordancia con las garantías de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, la razón circunstanciada debe levantarse no sólo en el supuesto expresamente referido, sino también al diligenciarse cualquier notificación personal, pues el objeto de las formalidades específicas que dispone el numeral en cita permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados."

53. No pasó inadvertido que, si bien, conforme al artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, los actos de la autoridad tienen la presunción de validez, ello, no relevó al notificador de cumplir con las exigencias de que se satisfagan los requisitos de motivación exhaustiva, de los que debe estar revestida el acta cuestionada, en términos del artículo 16 constitucional, que está por encima del ordenamiento ordinario mencionado.

54. A mayor abundamiento, se tomó en cuenta, que el hecho de que en la diligencia en cuestión aparezca una fotografía a blanco y negro de un domicilio, no justificó que la persona a quien debía notificar desapareció, que se ignora su domicilio, que se encuentre fuera del Estado, sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales o que falleció y no se conozca al albacea de la sucesión; lo cual, resulta necesario para ordenar la notificación por edictos.

55. En ese sentido, se dijo que el proceder de la autoridad responsable al decretar el emplazamiento de la parte quejosa al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por medio de edictos, sin haber satisfecho el aspecto relativo al desconocimiento general del domicilio de éste, resulta contrario al marco de derecho aplicable al caso concreto; pues al omitir recabar información necesaria de diverso domicilio en el que pudiera ser notificado el deudor fiscal, resulta inconcuso que no se podía hablar de un desconocimiento general de su domicilio, porque no se agotó la investigación de búsqueda del domicilio, a pesar de que existen fuentes de información idóneas para tales efectos.

56. De ahí que se consideró que si la investigación del domicilio del interesado no se realizó en forma general por la autoridad responsable y, pese a ello, ordenó la notificación de la resolución que determinó en su contra el crédito fiscal de mérito, por medio de edictos, ello constituye la violación a las formalidades esenciales del procedimiento seguido en forma de juicio, lo que impidió al quejoso el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado; esto es, de su derecho de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo.

57. En lo conducente resultó aplicable, la tesis II.1o.C.T.200 C, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, cuyos rubro y texto establecen:

58. "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS, LEGALIDAD DEL.—Para estimar legal un emplazamiento por edictos, no basta la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio, pues es indispensable que lo desconozca, tanto el actor, como las personas de quienes se pudiera obtener información y haga imposible su localización, es decir que sea general, para lo cual, el Juez, de oficio, debe investigar, agotando los medios pertinentes."

59. Al igual que la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa:

60. "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS, INVALIDEZ DE LA.—La disposición que autoriza para hacer el emplazamiento por medio de edictos, cuando se ignora el domicilio del demandado, debe entenderse que tiene aplicación a los casos en que la ignorancia es absoluta, al grado de que resulta imposible la localización de la persona que debe ser notificada."

61. De lo anteriormente expuesto, se apreció que contrario a lo argüido por la recurrente, el Juez de amparo sí tomó en consideración las diversas constancias que adjuntó a su informe justificado; pues de ahí, se destacó la ilegalidad de llevar a cabo la notificación por medio de edictos.

62. En otro orden de ideas, el agravio identif

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28184-7b10161c/notificacion-por-edictos-en-sede-administrativa-la-realizada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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