INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 186/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia administrativa cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen lo siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos transcritos anteriormente, establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios, a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine el que debe prevalecer.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis la formuló el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y como se trata de uno de los órganos jurisdiccionales que sustentó uno de los criterios que se estiman contradictorios, debe concluirse que la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en sesiones del seis de septiembre y cuatro de octubre de dos mil seis, resolvió en términos similares los amparos en revisión administrativa números RA. 208/2006 y RA. 210/2006 (improcedencia); por lo que únicamente se transcriben las consideraciones del primero de ellos, que en la parte que interesa, son las siguientes:
RA. 208/2006
"QUINTO. Resultan infundados en una parte e inoperantes en otra los agravios que hace valer la parte inconforme. En los motivos de inconformidad, el recurrente señala que la resolución dictada por el Juez de Distrito es ilegal, toda vez que el acto que reclama lo hace por vicios propios, al cuestionar que fue emitido violando las garantías de seguridad jurídica, fundamentación y motivación protegidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, entre otras cosas, al no haber sido emitida siguiendo las formalidades establecidas para ello y por autoridad competente. Sostiene la impugnante, que con la emisión del acto reclamado reciente (sic) una afectación irreparable al verse afectado en sus derechos patrimoniales, pues se vería interrumpida su actividad diaria e incluso con el riesgo de tener que suspender actividades; que con la naturaleza del acto es evidente que conlleva daños y perjuicios de difícil reparación en la esfera jurídica, ya que se somete a la vigilancia y control de sus ingresos por parte del interventor, quien no sólo inspecciona, sino puede valorar la manera en que son utilizados los bienes, tomando medidas provisionales. En las relatadas condiciones, concluye el recurrente que el acto reclamado consistente en el oficio por el que se nombra interventor con cargo a la caja es un acto de ejecución irreparable, que si bien no finaliza el procedimiento administrativo de ejecución, sin embargo, se efectúa el retiro de ingresos de la empresa hasta cubrir el monto del crédito, lo que implica su imposible reparación al no poderse reparar el tiempo en que se afectó su patrimonio. Los motivos de disenso recién sintetizados resultan infundados, pues como lo consideró el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, del análisis de la demanda de garantías se advierte la existencia de la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVI, en relación con el diverso 114, fracciones II, párrafo segundo y III de la Ley de Amparo. Sostuvo el Juez de Distrito que el acto reclamado por la quejosa no es el último dentro del procedimiento administrativo de ejecución, pues no se trata de aquel en que se aprueba o desaprueba el remate, sin que obste que también se reclame la constitucionalidad de la ley, pues sólo se puede reclamar cuando se reclame la resolución definitiva. Tal consideración del Juez Segundo de Distrito, como se adelantó, resulta correcta, pues para arribar a tal conclusión realizó la interpretación de los artículos de la Ley de Amparo que señaló y además citó la jurisprudencia 17/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, visible en la página 187, del rubro y texto siguientes: ‘EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie.’. Del contenido de la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito, se advierte que ésta es exactamente aplicable al asunto que nos ocupa, de tal manera que con ella se da contestación a los motivos de disenso que hace valer la parte quejosa, máxime que el propio Juez de Distrito transcribió parte de la ejecutoria que le dio origen, lo que corroboró su aplicabilidad al presente asunto. En efecto, del contenido de la ejecutoria que transcribió el Juez de Distrito, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en lo medular las siguientes consideraciones: a) Que debe tenerse al procedimiento administrativo de ejecución, que contempla el Código Fiscal de la Federación, como un procedimiento seguido en forma de juicio, pues se efectúa mediante una serie de actos que tienen una inicial orientación; b) Que en el procedimiento administrativo de ejecución sólo procederá el amparo en contra de la resolución que culmine con dicho procedimiento, en el que se podrán hacer valer todas las violaciones que se cometieron en él; c) Que dicha regla opera aun cuando se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que en ese procedimiento rigen; d) Que la finalidad de dicha regla es que no se obstaculice injustificadamente la secuencia ejecutiva; y, e) Que lo anterior no implica dejar en estado de indefensión al gobernado, pues podrá reclamar, conjuntamente con la resolución definitiva, las violaciones cometidas en el procedimiento. En ese sentido, si el quejoso señaló como acto reclamado el oficio por el cual se nombró interventor con cargo a la caja a María Esther Martínez Alonso, así como la inconstitucionalidad del artículo 164 del Código Fiscal de la Federación, que fue emitida dentro del procedimiento administrativo de ejecución iniciado en su contra, es indudable que tal supuesto actualiza la hipótesis a que contrae la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es así, pues del contenido de la documental exhibida por la parte quejosa, consistente en el nombramiento de interventor con cargo a la caja, de veinticuatro de abril de dos mil seis, se advierte que la quejosa fue requerida del pago por concepto de aportaciones y amortizaciones que omitió enterar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que al no haber cubierto el monto de los pagos requeridos dentro del plazo legal, se requirió de pago y se le practicó embargo sobre toda la negociación el veintitrés de marzo de dos mil seis; que al encontrarse autorizada esa autoridad para designar los depositarios, removió a la persona designada y designó como interventor con cargo a la caja a María Esther Martínez Alonso. Como se advierte, es claro que el acto reclamado fue emanado dentro del procedimiento administrativo de ejecución y que éste no constituye la resolución definitiva en el citado procedimiento. Ahora bien, resulta infundado lo alegado por la recurrente cuando señala que se trata de un caso de excepción a la regla, pues el acto se reclama por vicios propios al constituir un acto de imposible reparación. Lo anterior es así, pues tanto la Constitución como la Ley de Amparo establecen las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. Los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 114 de la Ley de Amparo, señalan: (se transcriben). Como se advierte, la ley es clara al especificar las reglas a las que se sujetará la procedencia del amparo indirecto, a saber: a) La primera regla, se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y consiste en que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; b) La segunda regla de procedencia del juicio de amparo, se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción III, primer párrafo, de Ley de Amparo, en el sentido de que en (sic) el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia; c) La tercera regla específica de procedencia se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio de garantías en la vía indirecta es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y tratándose de remates sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueban o desaprueban. En el asunto que se revisa, el acto reclamado, para que pudiera ser impugnado mediante el amparo indirecto, tendría que ubicarse necesariamente en la tercera de las reglas señaladas, pues no existe duda en cuanto a que se trata de un acto dictado en ejecución de sentencia. Sin embargo, dicha regla específica de procedencia del juicio de amparo, fue instrumentada con la finalidad de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituía verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución, sin que múltiples amparos la obstaculizaran y, por tanto, el legislador limitó su procedencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a dicho procedimiento de ejecución. En el entendido de que es criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por otra parte, debe decirse que las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto señaladas con antelación, no pueden adminicularse o relacionarse entre sí sin desnaturalizar los principios y reglas que rigen el juicio constitucional. Esto es, a los actos dictados dentro de juicio que causen una ejecución de imposible reparación, no se les pueden aplicar las reglas de los actos después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia. Lo mismo sucede tratándose de actos dictados después de concluido el juicio y de aquellos dictados en ejecución de sentencia, pues bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo indirecto resulte procedente, pasando por alto que uno de los motivos por el cual se instrumentó tal regla, fue evitar el abuso del juicio de garantías. En esa condición, como se señaló, el que la parte quejosa manifieste que el acto reclamado es de imposible reparación, no hace procedente el amparo impetrado, pues dicha regla sólo es aplicable a los actos dentro de juicio y no a los realizados en ejecución de sentencia, como el que nos ocupa, en el cual la regla es específica, al señalar que sólo contra la última resolución procede el amparo. Al efecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, que es del tenor literal siguiente: ‘AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías.’ (Lo subrayado corresponde a este tribunal). Resultando inaplicable la tesis de rubro: ‘INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA DE UNA NEGOCIACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO BIINSTANCIAL, AL NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.’, pues como lo señaló el Juez Segundo de Distrito, dicho criterio fue superado con motivo de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada en la resolución recurrida. Tampoco resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. LA ORDEN DE PONERLO EN POSESIÓN DE SU ENCARGO ES UN ACTO DERIVADO DE LA APROBACIÓN JUDICIAL DE SU DESIGNACIÓN, POR LO QUE SI ÉSTA SE CONSINTIÓ, CONTRA AQUEL ACTO NO PROCEDE EL AMPARO, SALVO QUE SE COMBATA POR VICIOS PROPIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’; pues por una parte está referida a diversa legislación que la que nos ocupa, y por la otra, se refiere a un supuesto jurídico diferente, pues lo que se analizó en dicho criterio es lo relativo a las causales de improcedencia referidas a actos consentidos expresa y tácitamente ..."
CUARTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Primer Circuito, en sesión del veintidós de diciembre de dos mil cuatro, dictó resolución en el amparo en revisión RA. 411/2004-5697, las consideraciones en la parte que interesa son del tenor siguiente:
"SEXTO. Es fundado y suficiente para revocar la resolución recurrida, el segundo de los agravios que se (sic) hace valer la parte recurrente, de conformidad con las siguientes consideraciones: En efecto, es fundado el concepto de agravio expuesto por la parte recurrente, en el cual manifiesta que la Juez de Distrito, en la resolución recurrida, no debió sobreseer el juicio, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que si bien es cierto que el acto reclamado, consistente en la emisión de los acuerdos de nombramiento de interventor GF/GFDF/PAE/INT/VMQ22/10403/04 y GF/GFDF/PAE/VMQ22/10405/04, de veinte de mayo de dos mil cuatro, en los cuales se designa a Angélica Campos Santiago, como interventora con cargo a la caja de la empresa quejosa y sus consecuencias, no constituyen una resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo de ejecución, también lo es que dicho acto es de los que pueden tener una ejecución irreparable. Para contestar el presente agravio, es necesario tener presente que los artículos 73, fracción XVIII y el artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, al respecto establecen lo siguiente: (se transcriben). De la interpretación armónica de las fracciones II y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se desprende, en la especie, que la orden de intervenir una negociación constituye un acto de autoridad reclamable en el amparo indirecto, en razón de que tal actuación forma parte de un procedimiento administrativo y si bien no constituye la última resolución de éste, por una razón análoga a la que se prevé en tratándose de los actos que derivan de procedimiento seguido en forma de juicio y que generan una afectación irreparable en la esfera jurídica del gobernado, es reclamable en amparo, en la medida en que de manera directa e inmediata puede conculcar derechos sustantivos de éste. Por similaridad de razones, debe considerarse que en los procedimientos administrativos pueden emitirse resoluciones o realizarse actos que no tienen consecuencias limitadas al ámbito procedimental, sino que por sí solos son susceptibles de ocasionar daños imposibles de reparar en los derechos y bienes de los gobernados, caso en el cual, el juicio de amparo resulta procedente. Apoya a la anterior consideración, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos setenta y ocho, Tomo XVIII, febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: ‘SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado procede siempre que se colmen los siguientes supuestos: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. En ese tenor, en el caso del nombramiento de un interventor con cargo a la caja, efectuado con motivo de la traba de un embargo en la negociación por parte de las autoridades fiscales, procede decretar la suspensión solicitada, ya que, dada la naturaleza de las funciones propias del interventor, que se desprenden del artículo 165 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 555 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es evidente que su nombramiento conlleva daños y perjuicios de difícil reparación en la esfera jurídica de la empresa intervenida, pues ésta se somete a la vigilancia y control de sus ingresos por parte del interventor, quien no sólo inspecciona el manejo de la negociación, sino que, además, puede valorar si los fondos y los bienes de la empresa son utilizados convenientemente e, incluso, puede tomar medidas provisionales que redunden en las actividades propias de aquélla; además, con la concesión de esta medida cautelar no se origina perjuicio alguno al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que los efectos legales de su otorgamiento únicamente recaen sobre la esfera jurídica de la empresa intervenida. Por tanto, debe estimarse procedente la suspensión pedida en contra del nombramiento del interventor con cargo a la caja de una negociación, en la inteligencia de que el juzgador deberá resolver lo relativo a la garantía correspondiente con base en su prudente arbitrio, en términos de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo.’. De lo anterior, se advierte que es inexacto lo que señala la Juez de Distrito, en el sentido de que en tratándose de la emisión de los acuerdos de nombramiento de interventor GF/GFDF/PAE/INT/VMQ22/10403/04 y GF/GFDF/PAE/VMQ22/10405/04, de veinte de mayo de dos mil cuatro, en los cuales se designa a un interventor con cargo a la caja de la empresa quejosa y sus consecuencias, ésta constituye un acto que por no considerarse colocado puntualmente en los términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo antes invocada, el juicio de garantías deducido por la quejosa, ahora recurrente, deba considerarse improcedente, pues es inconcuso que los oficios que imponen la intervención con cargo a la caja de una negociación, establecen por ese solo hecho a cargo de su propietario diversas obligaciones, entre las que se destacan las consignadas en el artículo 165 del Código Fiscal de la Federación, entre ellas, la de retirar de la negociación intervenida el diez por ciento en dinero y observar las medidas que dicte el interventor en cuanto al manejo de la negociación y las operaciones, lo cual sin lugar a dudas restringe la administración que de manera natural corresponde al propietario, situación que genera consecuencias de ejecución imposible de reparar en relación con la negociación afectada y que pueden comprometer su viabilidad como empresa y su solvencia, lo que se traduce en una afectación en su patrimonio y en sus derechos. De acuerdo con lo establecido, tomando en consideración que la aceptación del cargo de interventor con cargo a la caja constituye una de las consecuencias del acto de autoridad antes pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19928-82831b86/interventor-con-cargo-a-la-caja-su-designacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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