REVISIÓN AGRARIA. LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA SÓLO PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO SOBRE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CUANDO AFECTAN DERECHOS AGRARIOS COLECTIVOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 197/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, constitucionales, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero (en sentido contrario) y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
TERCERO. En relación con la resolución dictada el trece de octubre de dos mil seis, por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver la improcedencia 409/2006, relativa al juicio de amparo 427/2006, en la parte que interesa destaca lo siguiente:
"QUINTO. Los agravios expresados devienen infundados. Ciertamente, y contrario a lo que afirma el recurrente, el acto reclamado es la resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil seis, dictada en el juicio agrario bajo el número de expediente 232/2004, por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 48 con sede en Ensenada, Baja California; sin embargo, en el caso de análisis y en concordancia con el Juez de Distrito, fue correcto que desechara la demanda por notoriamente improcedente al estimar que en contra de la sentencia reclamada procede un recurso. En efecto, del expediente agrario relativo aparece que María Martha Martínez Campa, ahora tercera perjudicada, reclamó de la demandada, hoy parte quejosa, Comisión Federal de Electricidad, la restitución de una superficie de trescientos treinta y un metros de longitud, respecto de la parcela ejidal con número 41-Z-1 P-1, ubicada en el Ejido Nacionalista de Sánchez Taboada, y que el tribunal responsable, en la sentencia combatida, declaró improcedente la pretensión de la parte actora en cuanto a la restitución de la superficie demandada; y, por otra parte, condenó a pagar una indemnización a la titular de una cantidad determinada de acuerdo a los peritajes. Teniendo en cuenta la citada premisa, cuando un Tribunal Unitario Agrario dicta sentencia en un juicio donde se reclamó la restitución de una tierra ejidal, el recurso de revisión a que se refieren los artículos 198, fracción II, de la Ley Agraria y 9o., fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es procedente; lo anterior obedece a la interpretación sistemática de los artículos antes mencionados, en relación con el diverso artículo 18, fracción II, de la ley orgánica últimamente citada, y a la circunstancia de que la procedencia del recurso de revisión de la competencia del Tribunal Superior Agrario, es de naturaleza restrictiva. El método de interpretación sistemático de las leyes, consiste en considerar a las normas aplicables a un caso determinado como un solo cuerpo o conjunto orgánico único, integrado por reglas y principios vinculados inseparablemente entre sí, en el cual el significado de cada una de sus disposiciones debe determinarse en armonía con las demás, por lo cual, ninguna de las porciones legislativas del texto legal debe considerarse de forma aislada ni superfluamente, sino como parte de un sistema único; de tal suerte que bajo este enfoque, siempre ha de preferirse la interpretación que armonice todas las partes de la ley, en vez de la que las ponga en pugna, afectándose así la homogeneidad, cohesión y coherencia que debe existir en todo texto legal. Sobre esas bases, resulta claro para este Tribunal Colegiado que la procedencia del recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, en términos de los artículos 198, fracción II, de la Ley Agraria y 9o., fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es procedente cuando se trate de restitución de tierras, y que la sentencia que se dicte en el juicio correspondiente y pretenda ser recurrida en su caso, se identifique con la hipótesis a que se contrae la fracción II del artículo 18 de la Ley Agraria. Ilustra esta aseveración la transcripción de tales artículos: Ley Agraria. Capítulo VI. ‘Artículo 198. El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: I. Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales; o III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.’. En congruencia con el artículo anterior, los artículos 9o., fracciones I a III y 18 de la Ley Orgánica de los tribunales agrarios establecen lo siguiente: ‘Artículo 9o. El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer: I. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios, en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II. Del recurso de revisión de sentencias de los Tribunales Unitarios relativas a restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal; III. Del recurso de revisión de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias.’. Capítulo quinto. De los Tribunales Unitarios. ‘Artículo 18. Los Tribunales Unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los Tribunales Unitarios serán competentes para conocer: ... II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares.’. De los anteriores artículos se desprende lo siguiente: De la interpretación armónica de los citados numerales, y en relación con el diverso numeral 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece que el recurso de revisión procede contra las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre la tramitación de un juicio en el que se reclame la restitución de tierras ejidales, es decir, es suficiente que la demanda promovida se haya tramitado como acción de restitución de tierras, para que proceda la segunda instancia (recurso de revisión), ante el Tribunal Superior Agrario, sin que sea óbice la circunstancia de que la acción intentada se hubiese estimado improcedente por actualizarse el estudio de una excepción; en consecuencia, antes de ocurrir al juicio de garantías el quejoso debió agotar ese recurso. Sobre el particular es aplicable la tesis del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1215, del Tomo XXI, marzo de 2005, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. PROCEDE SI LA ACCIÓN PRINCIPAL CONSISTIÓ EN LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS, SIN DISTINGUIR SOBRE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA. El artículo 198, fracción II, de la Ley Agraria establece que el recurso de revisión procede contra las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre la tramitación de un juicio en el que se reclame la restitución de tierras ejidales, es decir, es suficiente que la demanda promovida se haya tramitado como acción de restitución de tierras, para que proceda la segunda instancia (recurso de revisión), ante el Tribunal Superior Agrario, sin que sea óbice la circunstancia de que la acción intentada se hubiese estimado improcedente por actualizarse el estudio de una excepción, en atención a que la demanda fue promovida en representación del núcleo de población ejidal y no de un ejidatario en lo particular, sin que sea válido argumentar que el recurso es improcedente sólo porque la acción intentada también resultó improcedente, puesto que el precepto legal en comento es claro al disponer que el recurso de revisión procede contra las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre la tramitación de un juicio agrario en el que se reclama la restitución de tierras ejidales, máxime que el artículo 9o., fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece que el Tribunal Superior Agrario será competente para conocer del recurso de revisión de sentencias de los Tribunales Unitarios relativas a la restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal, es decir, para que proceda dicho recurso es suficiente que la acción principal haya consistido en la restitución de tierras, pues la ley no exige que en la resolución recaída al juicio agrario se haya resuelto absolutamente la pretensión del actor, sino únicamente que tenga relación con la tramitación de la acción de restitución de tierras ejidales o comunales.’-Asimismo, resulta también aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 389, del Tomo VIII, octubre de 1998, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘AMPARO EN MATERIA AGRARIA. RESULTA IMPROCEDENTE, CUANDO NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA. Entre las condiciones establecidas en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, no está la relativa a que para actualizarse, sea necesario que conforme a la ley del acto que se reclame, se suspendan sus efectos; por tanto, el hecho de acudir al juicio constitucional sin agotar el recurso de revisión establecido en el artículo 198 de la Ley Agraria, hace improcedente el amparo, sin ser obstáculo a ello lo dispuesto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo respecto a que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no existe obligación de agotar un recurso antes de promover el amparo, pues los Tribunales Unitarios Agrarios, son verdaderos órganos jurisdiccionales y las resoluciones que pronuncian son el resultado de los juicios seguidos ante esa instancia.’. Como puede advertirse de la anterior reseña, la resolución reclamada, no es susceptible de impugnarse en la vía de amparo indirecto, pues no se trata de una sentencia definitiva ni de una resolución que ponga fin al juicio; por tanto, fue correcto que en el caso el Juez de amparo haya desechado la demanda de garantías por notoriamente improcedente en términos del artículo 145 de la citada ley, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es confirmar el auto recurrido con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la misma ley reglamentaria. No es óbice a lo antes expuesto, las tesis que invoca el recurrente en su escrito de agravios, toda vez que, de una interpretación lógica del artículo 198 de la ley de la materia, cuya transcripción obra en los párrafos anteriores, se desprende que el legislador no distingue quienes son los que podrán interponer el recurso de revisión tratándose de restitución de tierras; esto es, simplemente establece los supuestos en los que procede el citado medio de defensa, sin que ello incida como lo pretende el recurrente que solamente tratándose de tierras de núcleos de población ejidal o cuando sólo afecten intereses individuales procederá el recurso de revisión; en tales condiciones, este tribunal considera que en la especie se está dentro de los presupuestos de procedencia del recurso al no precisarse los supuestos a que alude el recurrente para no interponerlo, tal como ya se evidenció con antelación. Por tales motivos este tribunal no comparte el criterio reflejado en la jurisprudencia del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto, son los siguientes: No. Registro: 201,061. Jurisprudencia Materia(s) Administrativa, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, Tesis VII.A.T. J/10, página 453 ‘RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA, CUANDO NO PROCEDE CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN JUICIOS SOBRE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EJIDALES. De acuerdo con el contenido de la fracción II del artículo 198 de la Ley Agraria y de la fracción II del artículo 9o. de la Ley Orgánica de los tribunales agrarios, no procede el recurso de revisión en contra de resoluciones pronunciadas por los Tribunales Unitarios Agrarios en juicio sobre restitución de dichas tierras ejidales cuando éstas sólo afectan intereses individuales y no de los núcleos de población ejidal o comunal.’. Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. Como se anticipó, este órgano colegiado no comparte ese criterio, pues, resulta claro que el recurso de revisión procede contra las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre la tramitación de un juicio en el que se reclame la restitución de tierras ejidales, es decir, es suficiente que la demanda promovida se haya tramitado como acción de restitución de tierras, para que proceda la segunda instancia, ante el Tribunal Superior Agrario, por tanto, en términos del último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena denunciar la posible contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta resuelva lo que en derecho corresponda."
CUARTO. En relación con la resolución dictada el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 112/1995, en la parte que interesa destaca lo siguiente:
"SEGUNDO. Resulta parcialmente fundado lo aducido como agravios. En efecto, aun cuando no cabe estimar que el resolutor federal procedió en materia incorrecta al establecer, en suplencia de queja y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley de Amparo, que aparece probado un acto distinto al señalado como tal, consistente en el acuerdo de dieciocho de agosto del año retropróximo, dictada por el tribunal agrario responsable, mediante el cual desechó el recurso de revisión hecho valer por el quejoso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de junio del año en cita, que expresamente se reclama, puesto que en el capítulo de conceptos de violación de la demanda de amparo relativa se hicieron valer argumentos encaminados a combatir dicho acuerdo, la cual el a quo analizó en forma integral, tiene razón el recurrente, en cambio, al sostener que indebidamente el a quo concedió el amparo, ya que -al margen de cualquiera otra consideración que pudiera hacerse al respecto-, cabe señalar que no es verdad que en el caso procede el recurso de revisión contra la referida sentencia, toda vez que al relacionar lo dispuesto por la fracción II del artículo 198 de la Ley Agraria, con lo que a su vez establece la fracción II del artículo 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se llega a la conclusión de que el recurso previsto por el primero de esos preceptos sólo es procedente contra sentencias dictadas en juicios en que se reclama la restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal, esto es, en conflictos de orden colectivo, lo que no sucede en el caso, en el cual se plantea un conflicto de carácter individual. En tales condiciones, procede revocar la sentencia impugnada, en cuanto concedió al quejoso la protección federal respecto del mencionado acuerdo de dieciocho de agosto del año retropróximo y, en su lugar, negar dicha protección, y a la vez, dado que este tribunal advierte que el diverso acto reclamado por el aludido quejoso, consistente en la resolución dictada por el tribunal agrario responsable en el juicio número 63/994, constituye una sentencia definitiva en términos de lo dispuesto por el artículo 46 de la indicada Ley de Amparo, contra la cual procede, atento a lo dispuesto por el artículo 158 del mismo cuerpo de leyes y 200 de la Ley Agraria también ya mencionado, el amparo directo, del que corresponde conocer a este Tribunal Colegiado, debe, en consecuencia, con apoyo en el contenido del diverso artículo 94 de aquella ley, la secretaría del mismo, previa la compulsa de la copia certificada, de tramitar en esa vía la demanda de que se trata."
En similares términos se resolvieron los amparos en revisión 189/95, promovido por el Comisariado Ejidal del poblado Jaltipan, Municipio del mismo nombre, Veracruz; 323/95, promovido por Julio Castro Morales y otros; 45/96, promovido por Julián Palmeros Sánchez y otro y 103/96, promovido por Mariano Delgado Hernández y otra.
El anterior criterio dio origen a la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de identificación, enseguida se transcriben:
"Novena Época
"Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IV, octubre de 1996
"Tesis: VII.A.T. J/10
"Página: 453
"RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA, CUANDO NO PROCEDE CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN JUICIOS SOBRE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EJIDALES. De acuerdo con el contenido de la fracción II del artículo 198 de la Ley Agraria y de la fracción II del artículo 9o. de la Ley Orgánica de los tribunales agrarios, no procede el recurso de revisión en contra de resoluciones pronunciadas por los Tribunales Unitarios Agrarios en juicio sobre restitución de dichas tierras ejidales cuando éstas sólo afectan intereses individuales y no de los núcleos de población ejidal o comunal."
QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.
Al respecto, los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103, se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrá denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidiera cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieren sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubieren dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
De los preceptos anteriormente transcritos, se advierte que la figura de la contradicción de tesis se presenta cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno de la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que establezca la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
Por su parte, la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, correspondiente a abril de dos mil uno, establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
SEXTO. En la especie, la materia de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito fue sobre un mismo tema, esto es, determinar si es procedente o no el recurso de revisión en contra de resoluciones dictadas por los Tribunales Unitarios Agrarios sobre restitución de tierras ejidales cuando se estima que hay afectación de derechos individuales y no de los núcleos de población.
Asimismo, cabe destacar que ambos Tribunales Colegiados de Circuito examinaron como antecedentes comunes los siguientes:
a) En los juicios de garantías se reclamaron sentencias dictadas por el Tribunal Unitario Agrario en juicios en los que se planteó la acción de restitución de tierras y se estima que hay una afectación de derechos individuales.
b) La existencia de autos desechatorios de la demanda de garantías por parte del Juez de Distrito, en los que se consideró que el acto reclamado era consentido, ya que previamente procedía el recurso de revisión.
c) Los Tribunales Colegiados de Circuito determinaron el alcance de los artículos 198, fracción II, de la Ley Agraria y 9o., fracción II y 18, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, reformada la segunda de ellas el nueve de julio de mil novecientos noventa y tres.
No obstante, mientras el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito consideró que cuando un Tribunal Unitario Agrario dicta sentencia en un juicio donde se reclamó la restitución de una tierra ejidal, es procedente el recurso de revisión a que se refieren los artículos 198, fracción II, de la Ley Agraria y 9o., fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dada la interpretación sistemática de los citados preceptos en relación con el diverso 18, fracción II, de este último ordenamiento, sin distinción de quién lo interponga aunado a la circunstancia de que la procedencia del recurso de revisión de la competencia del Tribunal Superior Agrario es de naturaleza restrictiva.
En cambio, el entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consideró que de acuerdo con el contenido de la fracción II del artículo 198 de la Ley Agraria y de la fracción II del artículo 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, no procede el recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por los Tribunales Unitarios Agrarios en juicio sobre restitución de tierras ejidales cuando sólo se aduce se afectan intereses individuales, ya que sólo puede interponerse cuando se trate de los núcleos de población ejidal o comunal.
Así, aun cuando ambos Tribunales Colegiados de Circuito abordaron esencialmente el mismo problema jurídico, lo cierto es que adoptaron posturas opuestas.
De este modo, queda evidenciada la existencia de la contradicción de tesis y debe resolverse el fondo de la misma, considerando que la materia consistirá en determinar si procede o no el recurso de revisión previsto en la fracción II del artículo 198 de la Ley Agraria, en contra de resoluciones pronunciadas por los Tribunales Unitarios Agrarios en juicios relacionados con la restitución de tierras ejidales dependiendo de quién lo haya de interponer.
SÉPTIMO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que sustenta esta Segunda Sala conforme a los razonamientos que a continuación se desarrollan:
Los artículos 49 de la Ley Agraria y 18, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, disponen:
Ley Agraria
"Artículo 49. Los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, ante el tribunal agrario para solicitar la restitución de sus bienes."
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
(D.O.F. 26 de febrero de 1992)
"Artículo 18. Los Tribunales Unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.
"Los Tribunales Unitarios serán competentes para conocer:
"...
(D.O.F. 9 de julio de 1993)
"II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares."
Del análisis de las disposiciones acabadas de transcribir se desprende que tanto los núcleos de población ejidal o comunal, como sus integrantes, que por actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares hayan sido privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir ante el Tribunal Unitario Agrario a solicitar su restitución.
Tales disposiciones legales tienen como finalidad poner a disposición de los núcleos de población ejidal o comunal, o de sus integrantes, un instrumento jurídico a través del cual puedan obtener la restitución de las tierras que les hayan sido arrebatadas, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo, de la Ley Agraria, de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, que en lo que interesa dice:
"Protección a las tierras ejidales y comunales.
"La iniciativa propone una caracterización de las tierras ejidales por orden de protección legal. Las que se destinan al asentamiento humano son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
"Éstas constituyen el patrimonio irreductible del núcleo de población ejidal, e incluyen la zona de urbanización y el fundo legal, la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, además de las áreas específicamente reservadas para los servicios del asentamiento. Las tierras de uso común pueden disfrutarse por todos los ejidatarios. El núcleo puede también decidir aportarlas a una sociedad mercantil o civil en que participen como accionistas el núcleo de población o los propios ejidatarios, con objeto de lograr una explotación más adecuada y remunerativa de estos recursos, y ofrecer así una alternativa más para su aprovechamiento, sin lesionar la naturaleza común de dichas tierras.
"Finalmente están las tierras parceladas cuyos derechos pertenecen a cada ejidatario.
"El precepto constitucional ordena proteger la tierra de los ejidatario
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19939-4bb7b7e1/revision-agraria-la-prevista-en-la-fraccion-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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