REVISIÓN EN AMPARO. CUANDO EL ÓRGANO REVISOR CONSIDERA FUNDADOS LOS AGRAVIOS Y REVOCA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, DEBE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUYO ESTUDIO OMITIÓ EL JUEZ DE DISTRITO, SIN IMPORTAR QUIÉN INTERPONGA EL RECURSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, y el sentido de los acuerdos plenarios 4/2002 y 6/2003, pues si bien se trata de una contradicción de criterios en materia común entre Tribunales Colegiados de Circuito, como lo es el tópico de la forma de acreditar la personalidad en el juicio de amparo, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, al no tratarse de un asunto que revista un interés excepcional, máxime que existen precedentes que auxilian a resolver la discrepancia de criterios.
En efecto, los acuerdos mencionados, en la parte que interesa, disponen lo siguiente:
Acuerdo 4/2002
"SEGUNDO. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que estén con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos serán enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los señores Ministros integrantes del Comité de listas ..."
Acuerdo 6/2003
"PRIMERO. El Pleno enviará a las Salas y, en su caso, éstas conservarán para su resolución, los asuntos anteriores al año dos mil tres, con excepción de los siguientes:
"...
"e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto; ..."
Ahora bien, atendiendo a las razones que dieron origen a esos acuerdos, debe decirse que subsiste la clara intención por parte del Pleno de agilizar la resolución de asuntos que se tramitan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual ha estimado necesario conservar únicamente los de mayor interés y relevancia para el ámbito jurídico nacional, correspondiendo a las Salas la resolución de los demás asuntos que no revistan estas características, según se desprende de la siguiente transcripción:
Acuerdo 4/2002
"SÉPTIMO. Que si bien la aplicación de los acuerdos citados en el considerando que antecede permitió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre asuntos de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; sin embargo, a la fecha se encuentran pendientes de resolución en el propio Pleno más de cuarenta contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, así como más de cuarenta amparos en revisión programados en términos de lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo General 2/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno;
"OCTAVO. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre diversos asuntos que revisten un interés excepcional como son, entre otros, las controversias constitucionales relacionadas con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, las reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz, la reforma constitucional en materia indígena y los conflictos de límites entre diversos Estados de la Unión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, los amparos en revisión relacionados con la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 224 del Código Penal Federal; las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas y por los Tribunales Colegiados cuando sean varias sobre el mismo tema y las suscitadas entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Pleno; lo que le impide resolver con la prontitud necesaria los asuntos referidos en la parte final del Considerando que antecede;
"NOVENO. Que para agilizar la resolución de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por razón de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios disímiles al seno de este Alto Tribunal, los que deberán resolverse con la mayor prontitud, se establecerá el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los respectivos puntos de derecho y permitirá cumplir con la finalidad de esa institución; máxime que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido; ...".
Acuerdo 6/2003
"SÉPTIMO. Que para avanzar en el cumplimiento de la garantía de una justicia pronta y completa establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente remitir a las Salas de la Suprema Corte de Justicia los asuntos anteriores al año dos mil tres de la competencia originaria de este Pleno. ...".
En este sentido, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Pleno, dado que no reviste un interés excepcional, se estima que su conocimiento corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló la Magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ya que establecen que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pueden denunciar la contradicción, entre otros, los Magistrados que los integren, dicho numeral expresamente dispone:
"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes algunos antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.
Para ello es necesario advertir, que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RT. 2383/2006, promovido por Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, por unanimidad de votos en sesión de fecha dieciséis de abril de dos mil siete, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:
"... Sentado lo anterior, lo que procede es revocar la sentencia que se revisa y, por ende, negar el amparo solicitado por el quejoso Federico Bezares Pérez. La conclusión arribada no riñe con lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, que literalmente dice: ‘El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: I. Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.’, en atención a lo siguiente: En efecto, cabe destacar que es un principio general de derecho (non reformatio in peius) que en las segundas instancias cualquiera que fuera la naturaleza del recurso utilizado, no puede agravarse la situación del recurrente, salvo que la parte contraria, hubiera recurrido independientemente, o se adhiera al recurso ya formulado. En aplicación de este principio el recurrente único no verá agravada su posición o, dicho de otra forma, nadie resultará perjudicado en virtud de su propio recurso. En ese orden de ideas, si el quejoso Federico Bezares Pérez, que es la parte que le perjudica (sic) que la Juez Federal haya omitido el estudio de dos conceptos de violación, no interpuso recurso de revisión, debe entenderse que ha consentido la resolución, ya que no mostró interés en recurrir. Tal consentimiento sobre la resolución emitida por la Juez Federal, además de innecesario convierte en ilegal cualquier pronunciamiento al respecto por este cuerpo colegiado, por lo que se entiende que tal omisión ha sido consentida por aquel a quien perjudica y no puede ser modificado en perjuicio de aquel que beneficia. En esa tesitura, debe entenderse que lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo resulta aplicable, en general, cuando el recurrente sea el propio quejoso, pero no cuando quien recurre es el tercero perjudicado. SEXTO. En atención a lo señalado y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, este órgano colegiado denuncia ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción que existe entre el criterio que sustenta este Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en el presente asunto y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 344/2003 promovido por el Gobernador Constitucional del Estado de México, dado que se resolvieron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones discrepantes. En efecto, este órgano colegiado sostiene que cuando se estiman fundados los agravios expuestos por el tercero perjudicado y se revoca la sentencia recurrida, no procede considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador. Ello no sólo porque la parte a quien le perjudica dicha omisión no recurrió, sino porque es un principio general de derecho que en las segundas instancias cualquiera que fuere la naturaleza del recurso utilizado, no puede agravarse la situación del recurrente, salvo que la parte contraria, hubiera recurrido independientemente, o se adhiera al recurso ya formulado."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 344/2003, promovido por el Gobernador Constitucional del Estado de México, por unanimidad de votos en sesión de fecha veintisiete de noviembre de dos mil tres, sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO. Toda vez que se ha revocado la sentencia recurrida al haber resultado fundado el agravio expresado por la autoridad recurrente y, desprendiéndose de la demanda de garantías que el quejoso no sólo tildó de inconstitucional el artículo 122, párrafo segundo, tabla relativa del Reglamento de Tránsito del Estado de México, por considerarlo violatorio de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que además alegó que el mismo es violatorio del artículo 133 constitucional; en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado procede a analizar lo alegado por el quejoso en su demanda de garantías en relación a ello, pues como se desprende de la sentencia recurrida el Juez de Distrito omitió pronunciarse respecto de dicho argumento, al considerar que dado el sentido de su sentencia, resultaba innecesario su análisis. La segunda y tercera tesis relacionadas con la jurisprudencia número 1678 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 2719 y 2720, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyos rubros y textos son: ‘REVISIÓN.’ (se transcribe). ‘REVISIÓN.’ (se transcribe). Ahora bien, de la demanda de garantías se desprende que para demostrar la inconstitucionalidad del artículo 122, párrafo segundo, tabla relativa del Reglamento de Tránsito del Estado de México, el quejoso se limita a manifestar que el mismo es violatorio del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque deja de observar lo previsto en el diverso artículo 22 constitucional, que prohíbe la imposición de multas fijas. En ese sentido, debe decirse que lo alegado por el quejoso se considera insuficiente para que este Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de analizar la constitucionalidad o no del referido precepto. En efecto, para que se analice la constitucionalidad o no de una norma de carácter general es menester que los conceptos de violación que se expresen en ese sentido cubran ciertos requisitos mínimos, conforme lo establece el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, mismos que son: a) Que el precepto que se tilda de inconstitucional sea impugnado confrontándolo expresamente con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Que los conceptos de violación demuestren jurídicamente que la ley impugnada resulta ser contraria a la hipótesis normativa del precepto constitucional en cuanto al marco de su contenido y alcance. De lo anterior se advierte que no basta que se señale que una norma secundaria vulnera un precepto constitucional, sino que es menester que para que surja la actualización de un problema de constitucionalidad, así como la procedencia de la declaración respectiva en relación a la ley secundaria, en los conceptos de violación se debe demostrar jurídicamente que la ley impugnada es contraria a la norma constitucional en cuanto a su contenido y alcance. Cabe precisar, que de lo que alega el quejoso se advierte que al tildar de inconstitucional el artículo 122, párrafo segundo, tabla relativa del Reglamento de Tránsito del Estado de México, omite demostrar jurídicamente que la ley impugnada resulta ser contraria al precepto constitucional que invoca, en cuanto al marco de su contenido y alcance. En este orden de ideas, debe decirse que las manifestaciones del quejoso no se consideran suficientes para determinar que existe un problema de constitucionalidad del precepto impugnado, pues carecen de argumentos jurídicos que tiendan a demostrar que el artículo que tilda de inconstitucional transgrede el contenido del precepto constitucional que invocan, pues se limita a realizar expresiones genéricas, sin precisar motivos y razones suficientes por las que considera que el artículo 122, párrafo segundo, tabla relativa del Reglamento de Tránsito del Estado de México, es inconstitucional; siendo que al quejoso corresponde la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de la ley (excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), carga con la cual el quejoso incumplió, al no demostrar la pretendida inconstitucionalidad del precepto reclamado, al no confrontarlo jurídicamente con la disposición constitucional que invoca, que sea detallada en su contexto y alcance jurídico; lo que torna sus argumentaciones en vagas e imprecisas, carentes de sustento jurídico, de tal manera que los argumentos del quejoso resultan inoperantes para el fin que se proponen, lo que imposibilita a este Tribunal Colegiado a pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la ley que se impugna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 58/99, publicada en la página 150, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER.’ (se transcribe). Cabe ponderar, que el argumento del quejoso relativo a la inconstitucionalidad del artículo 122, párrafo segundo, tabla relativa del Reglamento de Tránsito del Estado de México, es inoperante, porque en él se limita a emitir juicios de valor de la norma impugnada, al señalar que su inconstitucionalidad deviene de que en el mismo se permite la aplicación de un precepto inconstitucional (artículo 22); argumentos que no pueden ser tomados en consideración para emprender el análisis de la inconstitucionalidad de la norma reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número III.2o.C.4 K, publicada en la página 1746, Tomo XVII, enero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE LIMITAN A EMITIR JUICIOS DE VALOR DE TIPO MORAL EN RELACIÓN CON LA LEY O ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe). Por tanto, al haber resultado fundados los agravios de la recurrente para revocar la sentencia recurrida, así como inoperante el concepto de violación cuyo estudio omitió el Juez de Distrito, lo procedente es negar el amparo solicitado por el quejoso, respecto de los actos reclamados al gobernador constitucional, al secretario de gobierno y al director del Periódico Oficial ‘Gaceta de Gobierno’, todos del Estado de México, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, refrendo y publicación del artículo 122, párrafo segundo, tabla relativa del Reglamento de Tránsito del Estado de México. OCTAVO. De la demanda de garantías también se desprende que el quejoso no sólo señaló como acto reclamado el 122, párrafo segundo, tabla relativa del Reglamento de Tránsito del Estado de México, sino que además reclamó al director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al tesorero municipal y al agente de tránsito Carlos Manuel Blanco, dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el acto concreto de aplicación de dicho precepto, consistente en la imposición y cobro de la multa por infracción al Reglamento de Tránsito del Estado de México, a que se refiere la boleta con número de folio 0350655 y el recibo de pago con folio TN-36701, ambos de doce de febrero de dos mil tres. Cabe precisar, que dicho aspecto no fue analizado por el Juez de Distrito en razón de que al haber concedido el amparo solicitado respecto de la ley reclamada, consideró que los efectos de la concesión eran precisamente dejar insubsistente el acto de aplicación de la ley; sin embargo, al haber declarado fundado el agravio de la recurrente y revocado dicha concesión, además de haberse negado el amparo solicitado respecto de la ley reclamada; en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado procede a analizar lo relativo a dicho acto concreto de aplicación. En ese sentido, debe decirse que resulta innecesario el análisis de la constitucionalidad o no del acto concreto de aplicación reclamado, en razón de que respecto del mismo este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza una causal de improcedencia, que debe ser analizada de oficio, por ser la improcedencia del juicio una cuestión de orden público que amerita un estudio preferente, conforme lo establece el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número II.1o. J/5, publicada en la página 95, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Así como la tesis publicada en la página 201, Tomo XXII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: ‘IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Ahora bien, este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el quejoso se limitó a expresar conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad del artículo 122, párrafo segundo, tabla relativa del Reglamento de Tránsito del Estado de México, por estimar que es violatorio de los artículos 22, 31, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, por establecer una multa fija y excesiva; sin embargo, omitió expresar conceptos de violación tendentes a impugnar por vicios propios el acto concreto de aplicación de la ley impugnada, lo cual es un requisito necesario en términos del artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, para establecer si dicho acto es o no constitucional, por lo que resulta que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 3a./J. 28/93, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo 72, diciembre de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, (sic) cuyo rubro y texto son: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.’ (se transcribe). Las consideraciones que preceden conducen a concluir que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, respecto del acto concreto de aplicación reclamado al director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al tesorero municipal y al agente de tránsito Carlos Manuel Blanco, dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, consistente en la imposición y cobro de la multa por infracción al Reglamento de Tránsito del Estado de México, a que se refiere la boleta con número de folio 0350655 y el recibo de pago con folio TN-36701, ambos de doce de febrero de dos mil tres."
La anterior ejecutoria dio origen al siguiente criterio:
"No. Registro: 182,091
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, febrero de 2004
"Tesis: II.2o.A.3 K
"Página: 1137
"REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO CONCEDE EL AMPARO POR ESTIMAR INCONSTITUCIONAL UN PRECEPTO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO CONSIDERA FUNDADOS LOS AGRAVIOS Y REVOCA LA SENTENCIA RELATIVA, DEBE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUYO ESTUDIO OMITIÓ EL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se colige que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundados los agravios planteados por la autoridad recurrente y, en consecuencia, revoque la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo estimando inconstitucional un precepto analizando sólo uno de los conceptos de violación, la resolución que se pronuncie en el recurso no sólo debe concretarse al análisis de los agravios propuestos, sino que deberá ocuparse del estudio de los demás conceptos de violación planteados en la demanda de garantías respecto de los cuales no se haya pronunciado el Juez de Distrito en el fallo recurrido, por haber considerado que, dado el sentido de su sentencia, resultaba innecesario su análisis."
CUARTO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes algunos antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.
Para ello es necesario advertir, que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que además, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.
Es aplicable, la jurisprudencia número P./J. 26/2001 sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En efecto, como ya se precisó, para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que en las resoluciones relativas exista un pronunciamiento respecto de una situación jurídica esencialmente igual, y que lo afirmado en una se haya negado en la otra, o viceversa, por lo que para determinar si efectivamente existe dicha oposición, no basta con atender a todos los razonamientos vertidos en las correspondientes actuaciones judiciales, sino que es indispensable identificar las circunstancias de hecho y de derecho que por su enlace lógico sirven de sustento al criterio respectivo, ya que sólo cuando existe coincidencia en tales circunstancias podrá válidamente afirmarse que existe una contradicción de tesis cuya resolución dará lugar a un criterio jurisprudencial que por sus características de generalidad y abstracción podrá aplicarse a asuntos similares.
De ahí que al estudiar las circunstancias fácticas y jurídicas que sirven de sustento a las resoluciones que generan una probable contradicción de tesis, la Suprema Corte debe distinguir entre las que por servir de basamento lógico a los criterios emitidos constituyen verdaderos supuestos que han de presentarse en las determinaciones contradictorias, y entre aquellas que aun cuando aparentemente sirven de base a las consideraciones respectivas, no constituyen un supuesto esencial del criterio emitido.
Por así estimarlo, conviene precisar que el sistema para la solución de la contradicción de tesis proveniente de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto lograr la seguridad jurídica a través de una tesis de jurisprudencia que decida o supere la discrepancia de las tesis relativas, uniformando el criterio conforme al cual habrán de resolverse asuntos jurídicos iguales o semejantes.
En efecto, la finalidad perseguida por el legislador al implementar el sistema de la contradicción de tesis, para que un tribunal jerárquicamente superior decida cuál tesis debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia obligatoria, fue la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica.
Así las cosas, basta con que los Tribunales Colegiados sostengan posturas diferentes respecto de una cuestión jurídica, e inclusive sus criterios no siempre deben ser necesarios e indefectiblemente expresos, sino que pueden ser implícitos y, en consecuencia, no confrontarse abiertamente, sino simplemente no coincidir para que se den los supuestos de la contradicción de tesis.
Esto es, las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicos vertidos en la sentencia, no obstan para determinar que sí existe contradicción y decidir cuál tesis debe prevalecer, cuando los órganos jurisdiccionales, arriban a conclusiones diversas respecto de la sustancia de un mismo problema jurídico, mientras no se trate de aspectos accidentales o meramente secundarios, ya que para dilucidar cuál tesis ha de prevalecer, debe existir cuando menos, formalmente, un criterio diverso sobre la misma cuestión jurídica.
Sobre el particular son aplicables los criterios siguientes:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Número: 81, septiembre de 1994
"Tesis: P. XLIV/94
"Página: 42
"TESIS CONTRADICTORIAS. SU CONCEPTO JURÍDICO COMPRENDE LAS QUE LO SEAN DESDE EL PUNTO DE VISTA LÓGICO Y TAMBIÉN LAS DISCREPANTES. La finalidad perseguida por el constituyente, de que la Suprema Corte de Justicia unifique los criterios jurisprudenciales, permite considerar que el concepto jurídico de contradicción de tesis que establece la fracción XIII del artículo 107 constitucional, en relación con los artículos 192, último párrafo, 197 y 197-A, de la Ley de Amparo, comprende no sólo aquellas tesis que desde el punto de vista puramente lógico son contrarias o contradictorias, esto es, que enuncian juicios sobre el mismo sujeto c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20274-fcf49f93/revision-en-amparo-cuando-el-organo-revisor-considera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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