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Modo: Corpus Pro

OFRECIMIENTO DE TRABAJO EN UN JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO (LEGISLACIONES BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y CHIAPAS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20457
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 257.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, porque proviene de criterios emitidos en relación con una cuestión que corresponde a la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula una de las partes en el juicio de amparo directo laboral 679/2006, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, de donde derivó uno de los criterios en conflicto.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo laboral 679/2006, en sesión de diez de enero de dos mil siete, en lo conducente, consideró:

"SEXTO. Del concepto de violación propuesto por Israel o Irrael Cipriano Vinalay, se desprende lo siguiente: En principio cabe precisar, que no se examinarán los argumentos que propone el impetrante del amparo respecto al pago de horas extras, su forma de pago y cuántas horas comprenden; en virtud de que ello es materia de estudio en el diverso juicio de amparo directo laboral 731/2006, que se encuentra relacionado con el presente asunto, en donde se concedió al Ayuntamiento quejoso la protección de la Justicia Federal por este Tribunal Colegiado, para el efecto de que la autoridad responsable haga la cuantificación de las horas extras que efectivamente laboró el actor, tomando en cuenta que éste tenía una jornada de veinticuatro horas de trabajo por veinticuatro horas de descanso. Refiere también el quejoso, que el tribunal responsable no estableció en términos de ley las cargas de la prueba, pues para absolver al Ayuntamiento demandado, consideró suficiente la confesión ficta de él (quejoso), lo que es insuficiente ya que no es la prueba idónea para que la demandada acreditara el pago de las prestaciones que le fueron reclamadas y cita como apoyo la tesis cuyo rubro es: ‘CONFESIONAL FICTA. NO ES IDÓNEA PARA ACREDITAR EL PAGO DE PRESTACIONES AL TRABAJADOR.’; asimismo, que la responsable omitió analizar que los hechos que están sujetos a prueba son aquellos sobre los que existe litis y si en el caso no hubo controversia respecto de la fecha de ingreso del actor, salario, jornada de labores, ni de la jornada de labores de los trabajadores de la parte demandada, entonces, la responsable debió considerar qué hechos estaban en litis y cuáles no, para así asignar las cargas probatorias, por lo que en el presente asunto no existió litis respecto de las vacaciones y prima vacacional, ya que al contestar el hecho dos de la demanda el Ayuntamiento adujo que ‘siempre le fueron otorgados los dos periodos vacacionales de cada año ...’ y contrario a esto la responsable con la prueba confesional de él (quejoso) absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas (vacaciones correspondientes al año dos mil tres, dos mil cuatro y dos mil cinco); aduce también el inconforme, que resulta imposible que se le haya permitido descansar los sábados y domingos, así como los días festivos, situación que no fue contradicha por la demandada, por lo que no fue materia de litis, luego, la prueba confesional ficta de él (quejoso) es improcedente e ineficaz para tener por acreditado el pago de dichos conceptos, ya que deben ser demostrados por la demandada con las documentales correspondientes, en términos de los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo. Contrariamente a lo sostenido por el quejoso, en una parte, cabe señalar, que la carga de la prueba es ajustada a derecho, porque una vez que el tribunal responsable analizó el despido injustificado del que dice el actor fue objeto, así como el ofrecimiento del trabajo (que fue aceptado por el actor), determinó que dicho ofrecimiento fue de buena fe, en virtud de que se ofreció en los mismos términos y condiciones en que venía laborando el trabajador, tan es así, que el actor en diligencia de dieciséis de julio de dos mil seis, fue reinstalado en la fuente de trabajo, lo que trajo como consecuencia que se revirtiera la carga de la prueba y quedó a cargo del quejoso demostrar que fue despedido injustificadamente, circunstancia que de autos no quedó acreditada. Por otra parte, también resulta ajustado a derecho que la autoridad responsable haya absuelto al Ayuntamiento demandado, del pago de vacaciones y aguinaldo de los años dos mil tres, dos mil cuatro y dos mil cinco; de los días festivos, media hora que laboraba porque no descansaba, sábados y domingos y de (sic) descansos obligatorios, en virtud de que el inconforme fue declarado confeso fíctamente, por lo que, si de las posiciones que le fueron formuladas se advierte que el actor aceptó fíctamente tales hechos, es inconcuso que, de acuerdo con el criterio establecido por la extinta Cuarta Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, la confesión ficta tiene validez para acreditar el pago de dichas prestaciones, pues ello es consecuencia de la inasistencia del actor al desahogo de la prueba confesional a su cargo; motivo por el cual resulta inaplicable la tesis que invoca el quejoso, porque en el caso existe criterio establecido, como antes se dijo de la citada Sala. Apoya la consideración que antecede la jurisprudencia 4a./J. 4/92, sustentada por la extinta Cuarta Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo (sic) 52, abril de mil novecientos noventa y dos, localizable en el CD3 IUS 2006, con registro 207,848, que dice: ‘CONFESIÓN FICTA A CARGO DEL TRABAJADOR. TIENE VALIDEZ PARA ACREDITAR HECHOS, AUN LOS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN TIENE OBLIGACIÓN LEGAL DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO.’ (se transcribe). Asimismo, por identidad de razones y en lo conducente, se cita la tesis que se comparte, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página ciento sesenta y seis del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, localizable en el CD3 IUS 2006, con registro 226,830, que dice: ‘CONFESIÓN FICTA, EFICACIA DE LA.’ (se transcribe). Por otra parte, el impetrante del amparo, en esencia aduce, que el laudo reclamado viola en su perjuicio los artículos 88 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; 14 y 16 de la Constitución General de la República, porque la autoridad responsable analiza la acción principal, sin que tome en cuenta que el demandado se allanó a esta prestación, ya que ofreció el trabajo en los mismos términos y condiciones en que se venía realizando, ofrecimiento que fue aceptado. Contrariamente a lo manifestado por el inconforme, es ajustado a derecho que el tribunal responsable se haya pronunciado respecto a la acción principal consistente en la reinstalación, toda vez que el Ayuntamiento demandado en ningún momento se allanó a dicha acción; si bien es cierto, que de autos se advierte que se hizo el ofrecimiento de trabajo y que éste fue aceptado; tal circunstancia no significa que se haya allanado, toda vez que el allanamiento y el ofrecimiento de trabajo, son actos de naturaleza jurídica diferentes, (sic) pues el primero es el reconocimiento de manera expresa e indubitable de la procedencia de la acción o acciones intentadas por el actor, la veracidad de los hechos narrados y los fundamentos de derecho invocados; mientras que el ofrecimiento de trabajo, únicamente consiste en la oferta de trabajo que se hace al actor para que éste regrese a sus labores; además, del escrito de contestación de demanda se advierte que el Ayuntamiento demandado negó el despido, así como que tuviera derecho para demandar las prestaciones que reclama; asimismo, cabe precisar que el efecto que produce el allanamiento es la conclusión del juicio; mientras que el ofrecimiento de trabajo, lo que produce es que la carga de la prueba se revierta al trabajador (si el ofrecimiento se hizo de buena fe); en tal virtud, al no constituir el ofrecimiento de trabajo un allanamiento a la acción del actor, la autoridad responsable debe analizar la buena o mala fe del ofrecimiento de trabajo y con base en las pruebas aportadas al juicio, resolver lo concerniente a la procedencia de la acción intentada, de ahí que en el presente asunto, es ajustado a derecho que el tribunal responsable haya hecho pronunciamiento al respecto. Apoya la consideración que antecede, la jurisprudencia 4a./J. 11/93, sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo (sic) 63, marzo de mil novecientos noventa y tres, localizable en el CD3 IUS 2006, con registro 207/793, que dice: ‘OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. ES DE NATURALEZA DIFERENTE AL ALLANAMIENTO.’ (se transcribe). Asimismo, por identidad de razones se cita la tesis IV.3o.171 L, que se comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página doscientos cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el CD3 IUS 2006, con registro 208,159, que dice: ‘ALLANAMIENTO Y OFRECIMIENTO DE TRABAJO. CONCEPTOS DIFERENTES.’ (se transcribe). El impetrante del amparo manifiesta también, que la responsable omite pronunciarse respecto de los salarios caídos durante el periodo comprendido del dos de enero (fecha del despido) al dieciséis de junio (fecha de reinstalación), ya que si el Ayuntamiento demandado negó el despido y ofreció el trabajo y éste fue aceptado, entonces debió condenarse al pago de dicha prestación por ser una consecuencia del ofrecimiento del trabajo y de la reinstalación. No asiste razón al quejoso, porque del laudo reclamado se advierte, que el tribunal responsable de manera correcta absolvió al demandado de los salarios caídos, porque estimó que el actor no acreditó que fue despedido de manera injustificada; y el hecho de que se haya ofrecido el trabajo al actor y éste lo haya aceptado y fue reinstalado en la fuente de trabajo, como se precisó en párrafos que anteceden, no significa que el demandado se haya allanado a la acción del actor; por ende, al haberse ofrecido el trabajo, la autoridad responsable tenía que valorar si el ofrecimiento fue de buena o mala fe, y si en el caso, estimó que el ofrecimiento de trabajo fue de buena fe, se revirtió la carga de la prueba y quedó a cargo del actor demostrar que fue despedido de manera injustificada, circunstancia que de autos no quedó demostrada, motivo por el cual era improcedente el pago de salarios caídos, en virtud de que éstos están íntimamente vinculados con la procedencia de la acción principal ejercida y si como antes se dijo, no se demostró el despido injustificado, el pago de salarios caídos era improcedente. Apoya la consideración que antecede la tesis sustentada por la extinta Cuarta Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo (sic) 85 Quinta Parte, localizable en el CD3 IUS 2006, con registro 243,561, que dice: ‘SALARIOS CAÍDOS, PAGO DE, A TRABAJADORES REINSTALADOS.’ (se transcribe). De igual manera, manifiesta el inconforme, que la responsable no resuelve sobre el pago de la prima vacacional, durante todo el tiempo que duró la relación laboral, ya que no le hicieron el pago correspondiente y si bien es cierto que la ley burocrática estatal no la contempla, pero sí señala el derecho a las vacaciones, por lo que la prima debe considerarse como accesoria de la principal. Asiste razón al peticionario del amparo, porque del laudo reclamado se advierte que el tribunal responsable de manera incorrecta absuelve al Ayuntamiento demandado del pago de la prima vacacional por lo que hace al periodo comprendido por todo el tiempo que duró la relación laboral hasta antes del despido injustificado que alegó el actor, lo cual hace incongruente el laudo reclamado y, por ende, violatorio del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, porque la autoridad responsable no consideró que el actor en la prestación marcada con el inciso d), adujo: ‘d) El pago de la prima vacacional desde el ingreso de mi representado hasta que concluya el presente juicio. Prestación que reclamo por todo el tiempo de la relación laboral.’ (foja 2 de autos). Por su parte la demandada al contestar la demanda, manifestó: ‘En cuanto al capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda contenidas en los diversos incisos, las niego por improcedentes; y agrego, las vacaciones y la prima vacacional que reclama le fueron pagadas, el descanso de media hora que dice laboró nunca lo trabajó, todos los aguinaldos a que tenía derecho le fueron cubiertos, tampoco laboró jornadas extraordinarias, los sábados y domingos de cada semana tampoco los trabajó, y los 15 días anuales de descanso obligatorio, asimismo, no los laboró, como se probará oportunamente.’ (fojas 32 y 33 de autos). De lo antes precisado, es inconcuso que el tribunal responsable no tomó en cuenta, que la parte demandada reconoció que ya había pagado lo relativo a la prima vacacional, por el tiempo anterior al juicio, lo que pone de manifiesto que reconoció que el quejoso sí gozó de dicha prestación, aun cuando la ley no contemple ese beneficio, de ahí que, si la demandada hizo tal reconocimiento y no demostró haberlos pagado, ya que a ella correspondía demostrar su afirmación, entonces es procedente la condena de dicha prestación, por aceptación del hecho. Asimismo, se advierte que la autoridad responsable absolvió al Ayuntamiento demandado del pago de la prima vacacional, por todo el tiempo que duró el juicio, al estimar que dicha prestación procede sólo cuando el trabajador se encuentra laborando; sin embargo, omitió considerar que el trabajador tiene derecho al pago de la prima vacacional, a partir de que fue reinstalado, pues con dicha reinstalación se actualiza la relación de trabajo y, si como antes se dijo, el patrón acepta que ha pagado al actor dicha prestación, y no demostró que lo hubiera hecho, es evidente que la condena por lo que a dicha prestación se refiere, también debió ser procedente, pero a partir de que fue reinstalado a la fuente de trabajo, ya que por lo que hace al periodo que no trabajó, al no haber demostrado que fue despedido de manera injustificada, carece de derecho para que le sea pagado por el tiempo que no laboró. Por último, el impetrante del amparo, en esencia aduce, que el tribunal responsable de manera incorrecta absuelve al Ayuntamiento demandado del pago de las prestaciones marcadas con los incisos g), h) e i), lo que es violatorio de la fracción XI del artículo 123, apartado B de la Constitución General de la República, ya que ello no significa que se esté ampliando el catálogo de prestaciones contenidas en la ley de la materia, ya que dichas prestaciones están conferidas en la Ley Suprema, por lo que la consideración de la responsable viola en su perjuicio los artículos 6o, 33, fracción II, de la Ley Número 51, de los Estatutos (sic) de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; así como el artículo 59, fracciones III, VI y XVI, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo que regirán para los Trabajadores de los Tres Poderes del Gobierno del Estado de Guerrero y de los Organismos Desconcentrados, Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Asiste razón al impetrante del amparo, porque del laudo reclamado se advierte que el tribunal responsable, de manera incorrecta absolvió al Ayuntamiento demandado de las prestaciones marcadas con los incisos g), h) e i), consistentes en exhibir los comprobantes de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, aportaciones al fondo de vivienda y la inscripción retroactiva al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque dichos conceptos no se encuentran contemplados en la ley de la materia y de condenar a dichas prestaciones, sería como ampliar el capítulo de prestaciones contenidos en la ley de la materia; sin embargo, tal consideración es incorrecta, porque, por lo que hace a la inscripción ante el citado instituto de seguridad, ésta sí es procedente, ya que se encuentra contemplada en la Ley Número 51, de los Estatutos (sic) de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, ya que el artículo 33, fracción II, prevé lo siguiente: ‘Artículo 33. Son obligaciones de los Poderes del Estado, Municipios, y de los Organismos Públicos, Coordinados y Descentralizados del Estado: ... II. Proporcionar a sus trabajadores, dentro de sus posibilidades económicas, servicios médicos y farmacéuticos en forma permanente.’. De lo que ha quedado precisado, es inconcuso que, al subsistir la relación de trabajo entre el actor y el demandado, y si este último tiene la obligación de prestar a sus trabajadores el servicio médico, en el presente asunto, debió demostrar que otorgó dicha prestación al actor; sin embargo, de autos no se advierte que existan pruebas que acrediten dicho extremo, motivo por el cual el tribunal responsable debió condenar al demandado al pago de dicha prestación. Por lo que hace al fondo de vivienda y Sistema de Ahorro para el Retiro, el tribunal responsable de manera incorrecta absuelve al Ayuntamiento demandado de dichas prestaciones, porque no las contempla la ley de la materia; sin embargo, tal consideración es inexacta, porque si bien es cierto que en autos se encuentra demostrado que el actor es trabajador de confianza; también lo es que de acuerdo con el artículo 6o. de la Ley Número 51, de los Estatutos (sic) de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, dicho trabajador gozará de los beneficios de la seguridad social, por lo que si las prestaciones que reclama el inconforme corresponden a este rubro, es inconcuso que el tribunal responsable debió hacer el pronunciamiento correspondiente. Apoya la consideración que antecede, por identidad de razones y en lo conducente, la tesis 2a. CXVI/2003, sustentada por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, octubre de dos mil tres, localizable en el CD2 IUS 2006, con registro 182,922, que dice: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.’ (se transcribe). Asimismo, por identidad de razones y en lo conducente, se cita la tesis XXIV.3o.T.141 L (sic) que se comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página mil quinientos treinta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de dos mil seis, Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el CD2 IUS 2006, con registro 174,170, que dice: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y FONDO DE LA VIVIENDA. CUANDO SE CONDENA A UNA DEPENDENCIA PÚBLICA AL RECONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN LABORAL, TAMBIÉN PROCEDE RETROACTIVAMENTE RESPECTO DE LAS APORTACIONES RELATIVAS A DICHOS FONDOS, AUN CUANDO NO HAYAN SIDO RECLAMADAS.’ (se transcribe). De igual manera, sólo en lo conducente, se cita la tesis VII.2o.A.T.77 L, que se comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página mil trescientos ochenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el CD2 IUS 2006, con registro 178,768, que dice: ‘CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO. CUANDO SE RECLAMA SU PAGO LA CARGA DE LA PRUEBA DE HABERLAS CUBIERTO CORRESPONDE AL PATRÓN.’ (se transcribe). Por último, sólo en lo conducente, se cita la tesis I.6o.T.147 L, que se comparte, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página mil setecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de dos mil tres, Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el CD2 IUS 2006, con registro 185,166, que dice: ‘FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO. EL PATRÓN TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR AL TRABAJADOR LOS COMPROBANTES DE LAS APORTACIONES RELATIVAS.’ (se transcribe). Consecuentemente, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación en estudio, debe otorgarse la protección de la Justicia Federal, a efecto de que la Junta responsable, dicte un nuevo laudo en el que: a) deje insubsistente el que se reclama; b) condene al Ayuntamiento demandado al pago de la prima vacacional por todo el periodo que duró la relación de trabajo, así como a partir de que fue reinstalado a la fuente de trabajo; y, c) condene al Ayuntamiento demandado a que exhiba los comprobantes de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, aportaciones al fondo de vivienda y la inscripción al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y si no lo hace, deberá condenarlo al pago respectivo."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo laboral 561/2004, en sesión de cuatro de mayo de dos mil cinco, adujo lo siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación aducidos devienen por una parte infundados y por otra inoperantes. La quejosa señala que el laudo reclamado es violatorio del artículo 32, fracción I, de la Ley del Servicio Civil, pues a la trabajadora actora se le levantaron actas administrativas, ya que faltaba frecuentemente a laborar, por lo que presentaba diversas recetas médicas, donde se desprendía su imposibilidad para laborar, y esa continua incomparecencia obedecía a que podría ser despedida justificadamente, y el inconforme agregó que la responsable le condenó a reinstalar a la empleada en los mismos términos y condiciones, así como al pago de salarios caídos, todo lo cual sin realizar un estudio profundo de las pruebas, a pesar de exhibirse en la audiencia de ley, inobservando lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la Ley del Servicio Civil del Estado, además que no resultan suficientes las probanzas de la actora una vez revertida la carga de la prueba, virtud al ofrecimiento del trabajo, siendo entonces que la empleada debió acreditar sus ‘extremos’ para entonces condenar a la patronal al cumplimiento de las prestaciones reclamadas. Los capítulos de queja revisten la calidad de infundados, toda vez que a fin de que opere el cese a un trabajador, deben cumplirse los requisitos a que se contrae el artículo 32 en relación con el 31 de la Ley del Servicio Civil, lo cual no aconteció así, pues si de lo que se duele la parte quejosa es que la autoridad emisora del acto reclamado no ponderó debidamente las distintas probanzas obrantes en autos, lo cierto es que no existe el acta a que se contrae el segundo numeral en cita, la cual sería indispensable, ya que la base de la defensa del demandado hoy quejoso, es que la operaria con frecuencia no se presentaba a laborar, lo cual no justificó de modo alguno, causal de terminación de la relación de trabajo prevista en el artículo 31, fracción IV, inciso g), de la Ley del Servicio Civil del Estado, lo que conllevaría en su caso a que la patronal levante un acta, en los términos contemplados en el precepto 32, del propio ordenamiento, cuyo tenor es el siguiente: ‘Artículo 32. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere el artículo anterior, el jefe inmediato de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con audiencia del trabajador si se encuentra presente y un representante del sindicato respectivo, el que será citado para tal efecto; en caso de no concurrir se procederá sin su presencia y se hará constar en el acta, la forma en que fue citado y su ausencia, asentando con toda precisión los hechos. La declaración del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia y si lo llegara a estimar pertinente el titular podrá en el mismo acto cesar al trabajador. Del acta de despido levantada se entregará copia al trabajador y otra a su representante sindical; y en caso que el trabajador se negare a recibirla, el titular lo hará constar en la misma asistido por dos testigos, dentro de los cinco días siguientes de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del tribunal, para que haga la publicación en estrados.’. En ese entorno se advierte que si no se reúnen esas taxativas, como acto preliminar al cese no será considerado operante y, por tanto, el despido será considerado injustificado, de ahí que si en el caso particular no se está en presencia de un acto de esta naturaleza, el tribunal responsable no incurrió en violación de garantías al concluir que el despido tuvo la calidad de ser injustificado, pues si bien obran diversas constancias de donde podría demostrarse que la actora faltó a su trabajo en distintas fechas, ese particular no se impuso en un acta con las características apuntadas. La propia opinión ha sostenido este tribunal en la tesis XX.21 L, visible a foja 491, Tomo II, noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: ‘ACTAS ADMINISTRATIVAS. PARA QUE OPERE EL CESE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DEBEN SATISFACER LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).’ (se transcribe). En otro orden de ideas, los conceptos de violación resultan inoperantes, pues la quejosa no señala con precisión qué pruebas no fueron valoradas debidamente y el alcance probatorio que tendrían, y en su caso si la ponderación de referencia trascendería al resultado del fallo y de qué manera. Además que el inconforme no controvirtió mediante argumentos lógicos-jurídicos los razonamientos de la autoridad responsable que le llevaron a desestimar la excepción, consistente en que la actora había dejado de presentarse a laborar y la de obscuridad en la demanda, lo cual conlleva a calificar inoperantes los conceptos de violación, sin que en el caso proceda suplir la deficiente queja acorde al artículo 76 Bis, fracción IV, de Ley de Amparo, al tratarse de un juicio constitucional planteado por la patronal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 42/97, visible a foja 305, Tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere lo siguiente: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA.’ (se transcribe). Por otro lado, carece de fundamento el señalamiento de la parte quejosa, consistente en que la carga de la prueba en lo que ve al despido injustificado se debe revertir, dado que la patronal ofreció el trabajo; lo anterior se dice es así, pues la operaria actora demandó la reinstalación por cese injustificado, lo cual no produce la reversión en comento, dado que en materia burocrática local no está prevista la oferta de trabajo. En mérito a lo anterior, al considerar la responsable injustificado el despido materia de la acción, no agravia a la patronal la condena a las demás prestaciones que le fueron impuestas en divergencia a los motivos de inconformidad, al ser consecuencia de la calidad del despido. En las relatadas consideraciones, y al resultar por una parte infundados y por otra inoperantes los conceptos de violación en estudio, se impone negar la protección de la Justicia Federal solicitada."

El criterio anotado dio lugar a la tesis aislada, cuyos datos de identificación y contenido, son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIII, enero de 2006

"Tesis: XX.1o.111 L

"Página: 2423

"OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES IMPROCEDENTE EL REALIZADO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA ESTATAL, POR SER UNA HIPÓTESIS NO CONTEMPLADA EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando la acción de despido injustificado ejercitada por el trabajador es negada por el patrón, y éste ofrece el empleo en los mismos términos y condicion

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20457-ea62070c/ofrecimiento-de-trabajo-en-un-juicio-laboral-burocratico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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