PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBE TENÉRSELE POR ACREDITADA A QUIEN SE OSTENTA COMO ENDOSATARIO EN PROPIEDAD, AUN CUANDO DEMANDE EL PAGO DE UN TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSADO A SU FAVOR CON POSTERIORIDAD A SU VENCIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 161/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en relación a una materia que corresponde a la especialidad de esta Primera Sala.
SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo ********** sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Son infundados en parte, y fundados en lo demás los anteriores conceptos de violación.
"...
"En cambio, tiene razón la quejosa cuando aduce que el Juez Mixto de Paz municipal responsable, debió examinar oficiosamente el carácter con que se ostentó el actor en el juicio ejecutivo mercantil, esto es, su calidad de endosatario en propiedad, atento a que el endoso del título fundatorio de la acción (pagaré), se verificó con posterioridad a su vencimiento, con lo cual se está ante una cesión ordinaria y no de un endoso, en términos del artículo 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece: ‘Artículo 37. El endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de cesión ordinaria.’
"Esto es así, porque ciertamente la transmisión de los derechos amparados por el título de crédito, tuvo lugar después del vencimiento de éste, y en esas condiciones se surte la hipótesis de que trata el artículo 37 transcrito en el párrafo anterior, es decir, se está ante una cesión ordinaria y, por ende, el actor no tiene la calidad de endosatario en propiedad con que se ostentó al demandar en la vía ejecutiva mercantil, pues el supuesto endoso tuvo lugar según se advierte al reverso de dicho documento (foja 3), el cuatro de junio del presente año y era pagadero el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y tres, siendo que dichos documentos según lo establece el artículo 172 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al ser exigibles a cierto plazo de la vista (26 de junio de 1993), deben ser presentados dentro de los seis meses que sigan a su fecha (debió presentarse y por tanto endosarse hasta el 26 de diciembre de 1993), en consecuencia, es evidente que de la fecha en que debía pagarse el documento (26 de junio de 1993), al en que se verificó el hipotético endoso, (4 de junio de 1996), transcurrieron en exceso los seis meses a que alude el precepto recién invocado, por lo cual se trata, se insiste, de una cesión ordinaria y no de un endoso.
"Tiene aplicación la jurisprudencia número 312 de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas números 210 y 211 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, años 1917-1995, Tomo IV de Jurisprudencia, Materia Civil, Primera Parte, tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: ‘PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA. La personalidad de las partes es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio por el juzgador, como expresamente lo dispone el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación con los artículos 35, fracción IV, y 36 del mismo ordenamiento, por lo que, también debe resolver la objeción que al respecto presenten las partes, cualquiera que sea el momento en que lo hagan, porque la falta de impugnación oportuna no puede generar la existencia de una representación que no existe, y solamente debe omitir la reiteración del examen de la personalidad, en caso de haber sido resuelto antes de manera expresa y esté consentido el fallo, porque entonces opera el principio de la preclusión.’
"En las narradas circunstancias, siendo fundado el argumento planteado por la solicitante del amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que demanda, para el efecto de que el Juez mixto de paz municipal responsable, deje insubsistente la sentencia que se reclama, y emita otra en su lugar, en la que examine la personalidad con que se ostentó al juicio ********** al demandar en la vía ejecutiva mercantil, y hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que proceda conforme a derecho. ..."
La resolución anterior dio origen a la tesis aislada cuyos rubro, texto y datos de localización son del tenor literal siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"V, febrero de 1997
"Tesis: XXI.1o.58 C
"Página: 773
"PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. SU EXAMEN ES OFICIOSO. El carácter con que se ostente el actor en un juicio ejecutivo mercantil es un presupuesto procesal que debe examinar de oficio el juzgador, esto es, su calidad de endosatario en propiedad, ya que si la transmisión de los derechos amparados por un título crediticio tiene lugar después del vencimiento de éste, en esas condiciones se surte la hipótesis de que trata el artículo 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es decir, se está ante una cesión ordinaria y, por ende, el actor no tiene la calidad de endosatario en propiedad con que se ostentó al demandar en el juicio."
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Son parcialmente fundados los agravios expuestos por el recurrente, pero insuficientes para revocar la sentencia recurrida.
"...
"No obstante, esa circunstancia es insuficiente para revocar la sentencia recurrida, puesto que en cuanto al fondo carece de razón el solicitante del amparo, ya que en el presente caso no puede existir falta de personalidad del actor en el juicio de origen, pues según se desprende de la demanda con que se inició el mismo, **********, promovió como endosatario en propiedad; es decir no promovió en representación de ninguna otra persona, por lo que no puede argumentarse que carece de personalidad.
"En efecto, como se indicó en los antecedentes de esta ejecutoria, **********, con el carácter de endosatario en propiedad, promovió el juicio ejecutivo mercantil de origen en contra de **********; exhibiendo con su escrito de demanda como documento fundatorio de la acción ejercitada, un pagaré suscrito el treinta y uno de octubre de dos mil uno, que ampara la cantidad de cuarenta y un mil pesos, con fecha de vencimiento el treinta de noviembre del mismo año, en cuyo reverso aparece el endoso siguiente: ‘**********. Valor en Propiedad. Puebla, Puebla, a los once días del mes de noviembre del 2002. Rúbrica. **********.’
"En virtud de lo anterior, resulta claro que **********, acreditó su personalidad como endosatario en propiedad, con que se ostentó al promover el juicio de origen, toda vez que lo hizo como tal y el valor del pagaré base de la acción ejercitada le fue endosado en propiedad por **********; personalidad que le fue reconocida por la Juez civil en el auto admisorio de la demanda de quince de noviembre de dos mil dos, materia de la sentencia reclamada en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso.
"En consecuencia, como se establece en la sentencia reclamada en la demanda de amparo de donde deriva el presente recurso, el hecho de que el endoso de ese título de crédito lo haya efectuado ********** a favor de **********, el once de noviembre de dos mil dos, es decir con posterioridad al vencimiento del mismo, que fue el treinta de noviembre de dos mil uno, esa circunstancia no implica necesariamente que ********** no esté facultado para demandar en la vía ejecutiva mercantil, el pago del importe del pagaré que exhibió con su demanda como fundatorio de la acción ejercitada, puesto que si bien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de cesión ordinaria, el artículo 27 del citado ordenamiento, establece: ‘La transmisión del título nominativo por cesión ordinaria o por cualquier otro medio legal diverso del endoso subroga al adquirente en todos los derechos que el título confiere; pero lo sujeta a todas las excepciones personales que el obligado habría podido oponer al autor de la transmisión antes de ésta. El adquirente tiene derecho a exigir la entrega del título.’
"...
"Lo anterior es así, puesto que por un lado como se indicó, el hecho de que el endoso del documento fundatorio de la acción por haberse efectuado después del vencimiento surte efectos de cesión ordinaria, y que el artículo 27 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone: ‘La transmisión del título nominativo por cesión ordinaria o por cualquiera otro medio legal diverso del endoso subroga al adquirente en todos los derechos que el título confiere; pero los sujeta a todas las excepciones personales que el obligado habría podido oponer al autor de la transmisión antes de ésta. El adquirente tiene derecho a exigir la entrega del título’; sin embargo, esa circunstancia no hace que el título pierda su ejecutividad.
"Es aplicable la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1313 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y tesis, que establece: ‘ENDOSO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO. Si bien la cesión ordinaria de un documento mercantil vencido, sujeta al cesionario a las excepciones personales que el obligado pueda tener en contra de su acreedor inmediato, no existe disposición alguna ni razón para que esto deba hacerse en la vía ordinaria, puesto que no hay prevención legal que haga desaparecer la ejecutividad del documento, por el hecho de haberse endosado con posterioridad a su vencimiento, y cuando lo que se cede son indudablemente los derechos amparados por el documento, entre los que se cuenta el de que se haga efectivo en la vía que la ley le asigna, dada su naturaleza, y ésta no es otra que la vía ejecutiva, ni existe razón tampoco para que por el hecho de haberse vencido y cedido un documento mercantil pudiera perder su carácter pues de aceptarse este criterio se llegaría al absurdo de que si un documento por vencerse, dejara de ser mercantil, no habría juicio alguno de esta índole, ya que no puede intentarse el juicio sino cuando el documento está vencido, y la cesión, en sí misma no puede cambiar la naturaleza de aquél.’ ..."
CUARTO. Ahora bien, para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, tratándose de la figura jurídica de la contradicción de tesis debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión y para que surja su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
Es decir, la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes. Además, la diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas requiriéndose, por otra parte, que los distintos criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos, porque de no ser así no podría establecerse la existencia de una discrepancia.
Resulta aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 26/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En ese orden de ideas, para que se actualice la contradicción es menester que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes cumplan con los siguientes planteamientos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se hayan adoptado posiciones o criterios jurídicos discrepantes:
Al respecto, es menester señalar que tanto el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito se pronunciaron en el sentido de analizar si cuando el actor se ostenta como endosatario en propiedad con base en un endoso formulado con posterioridad al vencimiento del documento, tiene o no personalidad acreditada para el efecto de demandar en la vía ejecutiva mercantil el cumplimiento de la obligación que se deriva del título de crédito correspondiente, esto es, la ejecución del título de crédito que corresponda.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas:
Sobre el particular y una vez analizadas las ejecutorias antes citadas, resulta claro que los Tribunales Colegiados contendientes sí plasmaron su criterio en dichas resoluciones, siendo éstas las que dan origen a la oposición en estudio.
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos:
En dicho orden de ideas, el estudio que realizaron los Tribunales Colegiados contendientes partió del mismo acto reclamado, sentencia definitiva derivada de un juicio ejecutivo mercantil.
Asimismo, los órganos colegiados partieron del análisis de la misma figura jurídica, pues para sustentar sus posturas se basaron en el sentido y alcance del concepto de endoso posterior al vencimiento del título de crédito previsto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En ese orden de ideas, es evidente que los Tribunales Colegiados, al calificar los conceptos de violación que atacan o controvierten los argumentos vertidos en las sentencias definitivas derivadas de los juicios ejecutivos mercantiles respectivos, lo hacen partiendo del examen de los mismos elementos.
En ese orden de ideas, del análisis de las ejecutorias antes transcritas y al haberse actualizado las premisas necesarias para la procedencia de la contradicción de criterios, se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada. Ello, en virtud de que las conclusiones a las que respectivamente llegaron los tribunales contendientes resultan evidentemente encontradas, no obstante que en esencia analizaron supuestos jurídicos similares.
En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito sostuvo esencialmente que el carácter con que se ostente el actor en un juicio ejecutivo mercantil es un presupuesto procesal que debe examinar de oficio el juzgador, esto es, su calidad de endosatario en propiedad, toda vez que si la transmisión de los derechos amparados por un título de crédito tiene lugar con posterioridad al vencimiento del mismo, en tales condiciones se surte la hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es decir, se está ante una cesión ordinaria y, por lo tanto, el actor no guarda la calidad de endosatario en propiedad con que se ostentó en un primer momento al demandar en el juicio correspondiente.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito consideró que cuando el actor se ostenta como endosatario en propiedad con base en un endoso formulado con posterioridad al vencimiento del título de crédito sí tiene acreditada esa personalidad, toda vez que aun y cuando el artículo 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito prevé la regla general traducida en que el endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de cesión ordinaria, el artículo 27 del mismo ordenamiento, al señalar que la transmisión de un título nominativo por cesión ordinaria o por cualquier otro medio legal diverso del endoso subroga al adquirente en todos los derechos que el título confiere -sujetándolo asimismo a todas las excepciones personales que el obligado habría podido oponer al autor de la transmisión antes de ésta-, hace que el título de crédito mantenga su ejecutividad.
De lo anterior se desprende que al haber resuelto problemas jurídicos esencialmente iguales las determinaciones de los tribunales contendientes evidentemente se encuentran en contradicción, puesto que mientras en la primera hipótesis el órgano colegiado sostuvo que el endoso formulado con posterioridad al vencimiento del título de crédito surte efectos de cesión ordinaria y, por tanto, el actor carece de la personalidad (endosatario en propiedad) con que se ostentó al demandar en el juicio ejecutivo mercantil (artículo 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito); en la segunda hipótesis el Tribunal Colegiado concluyó que el hecho de que el actor se ostente como endosatario en propiedad con base en un endoso formulado con posterioridad al vencimiento del título de crédito no implica que carezca de esa personalidad por estar en presencia de una cesión ordinaria ni que el documento pierda su ejecutividad, toda vez que existe disposición expresa en la ley de la materia que prevé que la transmisión de un título nominativo por cesión ordinaria o por cualquier otro medio legal diverso del endoso subroga al adquirente en todos los derechos que el título confiere -sujetándolo asimismo a todas las excepciones personales que el obligado habría podido oponer al autor de la transmisión antes de ésta- (artículo 27 del citado ordenamiento).
En ese orden de ideas, la materia de la contradicción consistirá en determinar si cuando el actor se ostenta como endosatario en propiedad con base en un endoso formulado con posterioridad al vencimiento del documento, tiene o no personalidad acreditada para el efecto de demandar en la vía ejecutiva mercantil el cumplimiento de la obligación que se deriva del título de crédito correspondiente, esto es, la ejecución del título de crédito de que se trate.
QUINTO. Una vez fijada la materia sobre la que versa la presente contradicción, así como las circunstancias de hecho y de derecho que se erigen en los supuestos esenciales que dieron lugar a ella, se impone reiterar que sí existe la contradicción de tesis denunciada y, por ende, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que debe prevalecer es el que sustenta la presente resolución.
En primera instancia y con el propósito de brindarle mayor claridad al estudio de mérito es que procederemos a analizar las siguientes figuras jurídicas sobre las que, en buena medida, gira la contradicción de criterios sustentados por los diversos Tribunales Colegiados: la personalidad, el endoso y la cesión ordinaria.
En tal sentido y previa explicación del concepto de personalidad resulta oportuno señalar que, en principio, el vocablo "persona", en su aceptación común, denota al ser humano, es decir, tiene igual connotación que la palabra "hombre", que significa individuo de la especie humana de cualquier edad o sexo.
La persona es, a la vez, una hipótesis de trabajo y un valor fundamental para el derecho: el hombre en toda su plenitud, considerado como un ser dotado de voluntad y al mismo tiempo como destinatario de las disposiciones legislativas.
Además, al derecho sólo le interesa una porción de la conducta del hombre, aquella parte de la conducta que el derecho toma en cuenta para derivar de ella consecuencias jurídicas. En este sentido se dice que es persona el sujeto de derechos y obligaciones.
El concepto jurídico "persona" es una noción de la técnica jurídica. Sin embargo, su constitución obedece a una necesidad lógico formal y a la vez a una exigencia imperiosa de la vida del hombre que vive en relación con sus semejantes.
Así pues, en la medida en que esas relaciones humanas interesan al derecho, la persona humana se convierte en persona en el mundo de lo jurídico, como un sujeto de derechos y obligaciones, es decir, el derecho ha constituido un instrumento conceptual que se expresa con la palabra "persona" (sujeto de derechos y obligaciones), instrumento creado en función del ser humano para realizar en el ámbito de lo jurídico aquella porción de fines de su existencia que el derecho se ha encargado de proteger a través del ordenamiento jurídico.
Es ilustrativo recurrir a la raíz etimológica y al sentido que en el arte dramático tiene la palabra persona. En el teatro griego, los actores, para interpretar y caracterizar al personaje al que daban vida en la comedia o en la tragedia, usaban una máscara dotada de un cierto aditamento que les permitía hacer oír su voz en el foro (en latín per sonare, que se relaciona en castellano con las palabras personaje, persona, personalidad).
Así, el ser humano, para actuar en el foro del derecho, adquiere, en el sentido antes dicho, la calidad de persona, sujeto de las relaciones jurídicas; para intervenir como sujeto de derechos y obligaciones, en la medida en que los fines que se propone realizar (ya comprar, ya vender, ya adoptar un hijo, ya hacer un testamento, etcétera) merece la tutela, la protección y la garantía del ordenamiento jurídico.
Asimismo, ciertos fines que el hombre se propone no son realizables o lo serían de manera difícil si pretendiera alcanzarlos mediante su solo esfuerzo individual, por lo que, ante ese supuesto, el hombre se asocia con los demás hombres y constituye agrupaciones (sociedades o asociaciones de diversa índole) para lograr conseguirlos, combinando sus esfuerzos y sus recursos con los de otros individuos, con el propósito de lograr aquello que no puede por sí solo realizar.
En ese evento, el derecho ofrece instrumentos idóneos para dar unidad y coordinación a esas fuerzas, que de otra manera actuarían dispersas y así atribuye la calidad de personas (personas morales) a esas colectividades que adquieren unidad o cohesión, a través de la personalidad (personalidad moral, jurídica o colectiva) permitiéndoles por medio de esa construcción técnica, adquirir individualidad a imagen y semejanza del ser humano, y actúan así en el escenario del derecho, como sujetos de derechos y obligaciones.
En fin, ya se trate de la persona física, es decir, de los seres humanos, individualmente considerados o de la persona moral (el Estado, el Municipio, las sociedades y asociaciones, etcétera) el derecho protege y garantiza sólo aquellos fines que estima valiosos y para lograr esa protección y garantizar la realización de tales fines, construye el concepto de personalidad, que es susceptible de aplicarse a la persona humana individualmente o a un conjunto de hombres o de bienes organizados (sociedades, asociaciones y fundaciones) para la realización de ciertas finalidades jurídicamente valiosas.
Así pues, una vez explicado el significado y alcance del término "persona" es que abundaremos en las notas características del concepto de "personalidad".
El derecho, a consecuencia de la naturaleza intrínseca del hombre, como ser dotado de inteligencia, de libertad y de responsabilidades, reconoce a la persona humana, como una realidad que viene impuesta al ordenamiento jurídico.
La persona es el centro imprescindible alrededor del cual se desenvuelven otros conceptos jurídicos fundamentales, como la noción y la existencia misma del derecho objetivo y del derecho subjetivo, la obligación, el deber jurídico y la concepción de toda relación jurídica. Todos estos conceptos básicos en la dogmática y en la realidad del derecho no podrían encontrar una adecuada ubicación en la sistemática jurídica sino a través del concepto de "persona".
El concepto de "personalidad", íntimamente ligado al de persona, no se confunde con ésta, toda vez que la personalidad es una manifestación o proyección del ser en el mundo objetivo. En el lenguaje ordinario se dice que una persona tiene o no personalidad o que tiene, de acuerdo con su modo de ser, mayor o menor personalidad, sin que esto implique la negación de su categoría de persona.
De la misma manera, en el aspecto jurídico, la persona participa en las relaciones jurídicas creándolas, modificándolas o extinguiéndolas, suprimiendo esas relaciones jurídicas o sufriendo las consecuencias de la violación de un deber jurídico, como sujeto activo o pasivo de un determinado vínculo de derecho.
Los conceptos de personalidad y de capacidad de goce no significan lo mismo, aunque se relacionan entre sí. La personalidad significa que el sujeto puede actuar en el campo del derecho. Diríamos que es la proyección del ser humano en el ámbito de lo jurídico. Es una mera posibilidad abstracta, para actuar como sujeto activo o pasivo, en la infinita gama de relaciones jurídicas que puedan presentarse.
Por otro lado, la capacidad alude a situaciones jurídicas concretas (para celebrar tal o cual contrato, para contraer matrimonio, para adquirir este o aquel bien mueble o inmueble, etcétera). De tal manera que sin mengua de su personalidad, una persona puede carecer de capacidad para adquirir un bien determinado.
La personalidad es única, indivisa y abstracta. La capacidad de goce es múltiple, diversificada y concreta. En tanto que el derecho es impotente para crear a los seres humanos, es decir, a las personas físicas, puede construir y ha construido un dispositivo o instrumento que se denomina personalidad, a través de la cual las personas físicas y las personas morales, jurídicas o colectivas pueden actuar en el tráfico jurídico (comprando, vendiendo, tomando en arrendamiento, adquiriendo bienes, etcétera) como sujetos de las relaciones jurídicas concretas y determinadas.
Así, resulta oportuno señalar que el concepto de interés jurídico surge relacionado con la naturaleza del derecho subjetivo, entendido este último como la facultad reconocida a la persona por la ley que le permite efectuar determinados actos, es decir, un poder otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que merecen la tutela del derecho.
Así pues, cuando en el siglo XIX se abordó el problema de la naturaleza jurídica del derecho subjetivo (el derecho como facultad), Windscheid propuso como elemento sustancial a la voluntad y definió a este derecho como "poder o señorío de la voluntad conferido por el orden jurídico". Como contrapartida, Ihering sostuvo que la naturaleza jurídica del derecho subjetivo se desprendía del interés, que cuando obtiene la protección de la ley se conoce como tal, esto es, el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido; este interés, agrega Ihering, está asociado con las ideas de goce, de bien valor y de utilidad. Una tercera postura estaría representada por Del Vecchio, quien afirma que el derecho subjetivo tiene dos elementos: uno interno y el otro externo; al primero lo distingue como "la posibilidad de querer y de obrar conforme a la norma jurídica" y al segundo lo expresa como "la no concurrencia de un impedimento ajeno".
Ahora bien, cuando la voluntad adquiere un sentido teleológico, esto es, cuando se dirige a un fin concreto, cuando "quiere" se transforma en interés y, cuando el interés se exterioriza, es decir, cuando el interés "obra", se denomina consentimiento, elemento esencial del acto jurídico que a su vez es fuente de derechos subjetivos. Luego entonces, voluntad-interés-consentimiento son etapas del mismo proceso que concurren y conforman el derecho subjetivo.
De lo anteriormente relatado se desprende que el interés descrito va indisolublemente ligado al derecho sustancial o material y, por lo tanto, participa de la misma naturaleza de éste, es decir, es un interés sustancial o material. Además, este interés sustancial está asociado con las ideas de goce, de bien valor y de utilidad, por lo que podemos calificarlo como interés-utilidad.
Cornejo Certucha, al analizar el mismo tema afirma que "La noción de interés está estrechamente vinculada con los fines del derecho ya que, una de las funciones primordiales del derecho es la de proteger los intereses que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales. Por esta razón, el contenido de las normas jurídicas se integra por facultades y derechos concedidos a las personas que representan estos intereses; de esta manera se tutelan las aspiraciones legítimas de los miembros d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21445-41901c18/personalidad-en-los-juicios-ejecutivos-mercantiles-debe-tenersele · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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