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ENDOSO. EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO OTORGA UNA FACULTAD DISCRECIONAL PARA QUE EL ENDOSANTE PUEDA EFECTUARLO INDISTINTAMENTE EN EL TÍTULO DE CRÉDITO O EN HOJA ADHERIDA A ÉSTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2018. · Registro digital (IUS): 28387
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Pág. 564.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II de la Ley de Amparo vigente; en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el cual es uno de los órganos entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. El criterio emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual dio como origen al criterio jurisprudencial I.11o.C. J/12.

a. Criterio emitido en el juicio de amparo directo 155/2002, del que se sintetizan los siguientes hechos y consideraciones:

Juicio ordinario civil. **********, por conducto de su administrador único, demandó en la vía ordinaria civil de **********, diversas prestaciones de carácter económico, en virtud del incumplimiento de un contrato verbal de prestación de diversos servicios (utilización de oficinas, líneas telefónicas, servicios secretariales y de recepción, comunicación de llamadas, mecanografiado, uso de las investigaciones de mercado realizadas por peritos valuadores, etcétera).

En proveído de veintiuno de septiembre del dos mil, la Juez Octavo de lo Civil del –entonces– Distrito Federal –actual Ciudad de México–, admitió la demanda en la vía y forma propuesta, la que fue registrada con el número de expediente **********, y ordenó emplazar a la demandada. Al dar contestación a la demanda el enjuiciado planteó la excepción de incompetencia por declinatoria, de la cual conoció la Décimo Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien por interlocutoria de fecha diecisiete de noviembre de dos mil, resolvió declarar competente para conocer del asunto al Juez Primero de lo Civil, de la referida ciudad, para lo cual remitieron los autos respectivos.

Seguidos los trámites procesales, en resolución de fecha de treinta y uno de octubre del dos mil uno, la Juez del conocimiento dictó sentencia en la que resolvió:

1. Declarar procedente la vía intentada, en donde la actora acreditó parcialmente la acción intentada y la demandada no justificó las excepciones opuestas.

2. Se decretó condenar a la demandada a pagar a la actora la cantidad que resulte en ejecución de sentencia de calcular 33% (treinta y tres por ciento) de sus ingresos obtenidos, por un determinado plazo.

Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, tanto la actora como la demandada interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales se sustanciaron ante la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con el toca **********, habiendo dictado sentencia el treinta y uno de enero del dos mil dos, en la que confirmó la sentencia de primer grado.

Juicio de amparo. En contra de la resolución de segunda instancia, la demandada promovió demanda de amparo en la vía directa, de la cual correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; y por resolución del veintidós de abril del dos mil dos, determinó negar el amparo, bajo las siguientes consideraciones:

• En relación con el argumento del quejoso en el que alega que es un criterio confuso, el aducido por la Sala responsable, en el sentido de que no se puede desconocer la legitimación procesal activa de la actora; toda vez que ni del escrito de agravios ni de alguna otra constancia que conforma el testimonio de agravios de la apelación, se aprecia que la apelante haya desconocido de forma alguna la legitimación procesal activa; sino que su agravio fue la falta de acción de la hoy tercera perjudicada, por no ser la actora la titular del derecho ejercido.

• El colegiado calificó dicho argumento como fundado pero inoperante; ya que le asiste razón en cuanto a que el tribunal de alzada incurrió en una imprecisión, pues hizo referencia a que la demandada desconocía la legitimación procesal activa de la actora, cuando en realidad se refería a la legitimación a la causa activa, como lo asevera el quejoso, sobre la base de que ésta no era el titular del derecho ejercido en el juicio natural por no haber celebrado el contrato verbal fundatorio de la acción.

• Al respecto, consideró que la legitimación procesal activa se traduce en la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio, y se produce cuando la acción es ejercida en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho se cuestionará, bien porque se ostenta como titular de ese derecho o bien, porque cuente con la representación legal de ese titular; mientras que la legitimación en la causa activa consiste en la titularidad que tiene el actor sobre el derecho cuestionado.

• Para sustentar esa determinación, citó la siguiente jurisprudencia: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO."(6)

• Sin embargo, declaró inoperantes los argumentos del peticionario del amparo, puesto que de cualquier manera se advertía que la enjuiciante es titular del derecho ejercido en el juicio natural y, por ende, sí se encuentra legitimada, activamente, en la causa. De ahí que a ningún fin práctico conduciría la concesión del amparo, pues de cualquier manera subsistiría el sentido del fallo impugnado, ya que como se indicó, el representante de la actora celebró con la demandada el contrato verbal base de la acción, por lo que dicha enjuiciante era la titular del derecho ejercido en el juicio de origen.

• De las consideraciones antes transcritas, emanó la siguiente tesis «I.11o.C. J/12»: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA.—La legitimación activa en la causa no es un presupuesto procesal sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia de la acción, y consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, de tal manera que la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por ende, es evidente que sólo puede analizarse de oficio por el juzgador en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva y no antes."

b) Similares consideraciones, fueron emitidas en los juicios de amparo **********, **********, ********** y **********, del índice del mismo órgano colegiado, de los que derivó la jurisprudencia por reiteración antes citada.(7) Sin embargo, cabe destacar que fue en la última de dichas ejecutorias donde el Tribunal Colegiado hizo un pronunciamiento más extenso en relación con el momento para examinar la legitimación en la causa, al indicar que ello debía dirimirse al momento de dictarse la sentencia definitiva que resolviera el fondo de la controversia planteada, por ser ese momento procesal en el que se decida –conforme al acervo probatorio– si se acredita o no el derecho controvertido por la actora, o en su caso, se justifican las excepciones opuestas para absolver o condenar, según corresponda.

II. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 588/2017, del que se desprenden los antecedentes siguientes:

Antecedentes. **********, en su calidad de endosataria en propiedad de **********,********** demandó de **********, en su carácter de deudora principal de diversos títulos de crédito, el pago de diversas prestaciones económicas.

Por cuestión de turno le correspondió conocer al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien la radicó con el número de expediente **********, el cual desechó la misma mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, ordenando devolver al promovente la demanda y sus respectivos anexos.

Juicio de amparo. En contra de ese auto, los actores presentaron demanda de amparo, de la cual le correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Seguida la secuela procesal, por sentencia de cinco de abril de dos mil dieciocho, el colegiado decidió negar la protección constitucional. Bajo los siguientes argumentos:

• Calificó como infundados los conceptos de violación, en los que adujo que la resolución recurrida se encontraba indebidamente fundada y motivada.

• Posteriormente, sostuvo que de una interpretación sistemática de los artículos 26 a 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se advertía que a través del endoso se podían transmitir el título en propiedad, en procuración y en garantía, explicando cada una de ellas. Posteriormente, indicó que para que el endoso surta efectos debe ser puro y simple, ya que toda condición a la cual se subordine, se tendrá por no interpuesta, así como que el endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de cesión ordinaria.

• Estimó que, en el presente caso, los pagarés que la actora exhibió como títulos fundatorio de su acción, no contaban con ningún endoso en su anverso ni reverso, ya que los mismos aparecen en hoja por separado.

• No obstante, existía un espacio en los documentos base de la acción para que se efectuaran los endosos, siendo de tal manera que pudieron haberse realizado sin tener a la vista el título de crédito, porque las certificaciones secretariales hablan de la certificación de una hoja correspondiente a cada uno de los pagarés, y a una hoja diversa correspondiente a los endosos en propiedad en hojas separadas, y si bien en el proveído reclamado se hizo constar que se engrapó a cada uno de los pagarés de los que se aprecian dos endosos en propiedad, el primero efectuado a favor de **********, el día tres de abril de dos mil catorce y el segundo a favor de **********, de cuatro de octubre de dos mil dieciséis; lo cierto es que la quejosa carece de legitimación para promover la acción cambiaria directa, basada en los pagarés que se anexaron a su demanda, ya que el legislador estableció que el endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo, pues de lo contrario podría constituirse un diverso tenedor bajo el indebido procedimiento de retirar aquélla y agregar otra, perfeccionando un nuevo tenedor, destruyendo la cadena o serie ininterrumpida, cuando consta que existía espacio suficiente en los documentos base de la acción para que ahí se efectuara el endoso.

• Lo anterior, toma relevancia con el requisito relativo al lugar en donde debe constar el endoso, siendo éste el propio cuerpo del documento basal, o bien en hoja adherida a éste.

• Si bien, no se advierte, en forma alguna, la obligatoriedad de respetar una forma en que deba estar adherido al documento basal el endoso, ello no significa que pueda constar en hojas separadas que, únicamente, se agreguen sin formar parte en forma alguna del documento base de la acción, máxime que, como antes se ha dicho, había espacio suficiente en el documento base de la acción para realizar el endoso.

• Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.C.T.38 C: "TÍTULOS DE CRÉDITO. LOS ENDOSOS DEBEN SEGUIR UNA SECUENCIA LÓGICA Y CONCORDAR PARA QUE SURTAN EFECTOS JURÍDICOS."

• Por lo que, al encontrarse el endoso en hoja separada, solamente engrapada al pagaré, base de la acción, era inconcuso que el acto en que se realizó la cesión del referido título incumple con el mandato establecido en el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su parte conducente, establece: "El endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo."

• Derivado de ello, dicho Tribunal Colegiado estimó no compartir el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA."; ya que, independientemente de que la legitimación activa en la causa sea una cuestión relativa al fondo de la cuestión litigiosa; ello no impide que pueda analizarse de oficio por el juzgador en otra etapa procesal, pues en este caso, fue al momento de dictar el acuerdo inicial en el juicio de origen y no únicamente al momento de dictar sentencia.

• De igual forma, indicó que tampoco compartía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito «VI.2o.C.575 C» de rubro: "ENDOSO. PUEDE CONSTAR INDISTINTAMENTE EN EL TÍTULO DE CRÉDITO O EN HOJA ADHERIDA A ÉL, CONFORME AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; en razón de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuando exista espacio en un documento para realizar el endoso, ahí deberá asentarse o, en su defecto, en hoja adherida a él, sin que esto último pueda considerarse satisfecho cuando únicamente se engrapa al documento base de la acción una hoja en la que consta el endoso; de ahí que, tales criterios, además resultan inaplicables en el caso que nos ocupa.

III. Criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 220/2007.

Juicio ejecutivo mercantil. ********** y **********, demandaron en la vía ejecutiva mercantil de **********, en su carácter de suscriptora y deudora del pagaré fundatorio de la acción, diversas prestaciones de carácter económico.(8)

Del asunto correspondió conocer a la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Puebla, la cual desechó la demanda.

Recurso de apelación. Inconforme con la resolución anterior, los actores interpusieron recurso de apelación; del cual conoció el entonces Tribunal Unitario del Sexto Circuito bajo el toca **********, el cual fue resuelto mediante sentencia de veinticuatro de abril de dos mil siete, en el sentido de confirmar el auto apelado.

Juicio de amparo. En contra de esa resolución, los recurrentes promovieron juicio de amparo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien lo registró con el número de expediente **********, habiendo dictado sentencia el treinta de agosto de dos mil siete, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo(9) y concedió la protección constitucional solicitada, conforme a los siguientes razonamientos:

• Estimó que los conceptos de violación expresados por la quejosa resultaban fundados y suficientes para conceder el amparo a la quejosa.

• Estimó que contrario a lo expresado por el Unitario responsable, conforme a la letra del artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,(10) misma que no requiere una interpretación jurídica, el endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo, el que se infiere una alternativa entre dos cosas; ya que la conducta que ahí se encuentra, está separada por la conjunción disyuntiva "o", que denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas.

• Derivado de ello, por imperativo constitucional, debe estarse al sentido literal de la norma, por lo que el endoso puede constar en el título de crédito relativo o en hoja adherida al mismo; de ahí que si en la especie, el pagaré cuenta con una hoja adherida donde aparece el endoso de que se trata, es claro que la autoridad responsable actuó contrario a derecho, al considerar que los demandantes carecían de legitimación para promover.

• No es obstáculo lo anterior, lo establecido en el artículo 38 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,(11) ya que como lo establece la propia Sala responsable: "en caso contrario, se permitiría y contribuiría al absurdo de que se contravenga, bajo el amparo del órgano judicial, con la propia naturaleza circulativa de los títulos nominativos, porque al adherir a dicho título una fracción de hoja en el que obre el endoso, como ocurre en el caso, se consentiría que diverso tenedor bajo el indebido procedimiento de retirar aquella fracción de hoja y agregar una nueva, perfeccionaría un nuevo endoso, destruyendo con ello la cadena o serie ininterrumpida que exige el artículo 38 invocado, situación que indubitablemente contraviene el espíritu de la legislación mercantil (...) lo cual traería como consecuencia inseguridad jurídica"; para lo cual, el tenedor de un título nominativo en que hubiere endosos, se considerará propietario de título, siempre que justifique su derecho mediante una serie de endosos no interrumpidos de aquéllos; cosa que en el caso no ocurrió, ya que existe un solo endoso, con el que inicia la cadena ininterrumpida del numeral antes citado, misma que el tenedor debería demostrar.

• Las referidas consideraciones dieron origen a una tesis que a la letra establece: "ENDOSO. PUEDE CONSTAR INDISTINTAMENTE EN EL TÍTULO DE CRÉDITO O EN HOJA ADHERIDA A ÉL, CONFORME AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.—Es contrario a derecho que el tribunal de alzada determine que carece de legitimación quien promueva un juicio ejecutivo mercantil con base en un pagaré que teniendo espacio en su reverso, realice el endoso en hoja adherida, bajo el argumento de que el legislador estableció que éste debe constar, primero, en el título relativo, y sólo en caso de no haber espacio, en hoja adherida a él pues, de lo contrario, podría constituirse un diverso tenedor bajo el indebido procedimiento de retirar aquélla y agregar otra, perfeccionando un nuevo tenedor, destruyendo la cadena o serie ininterrumpida. Al respecto cabe señalar que por imperativo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las sentencias en materia civil, lato sensu, deben dictarse conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, razón por la que resulta claro que primero debe acudirse a la literalidad del texto normativo, cuando es completamente claro y no dé lugar a confusiones, sin que sea necesario realizar una labor hermenéutica compleja, de lo que deriva que si el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su parte conducente, establece: ‘El endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo.’, es claro al señalar que el endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida a él, por lo que no amerita interpretación jurídica alguna, como lo hace el tribunal de alzada. En efecto, el numeral en cuestión no contiene en su redacción acciones que puedan entenderse en sentido diferente ni, por ende, cabe la explicación en tal o cual sentido, ya que las conductas que establece están separadas por la conjunción disyuntiva ‘o’, que denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas. Máxime que en la legislación aplicable no existe un diverso numeral que establezca un sentido diferente al texto del citado numeral."(12)

CUARTO.—Inexistencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse, a continuación, si existe la contradicción de tesis denunciada.

Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.

Así es, la finalidad que persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está contenida en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 225 a 227 de la Ley de Amparo vigente; de los cuales se desprende una facultad para unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados –o las Salas de la Corte, en su caso– llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto; lo que proporciona certidumbre en las decisiones judiciales y otorga mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.

En ese sentido, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Derivado de lo anterior, es posible afirmar que, para la procedencia de una contradicción de tesis, deben verificarse las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Que entre los ejercicios interpretativos, respectivos, exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, como lo ha determinado el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial «P./J.» 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(13)

De igual forma, dicho criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, aprobadas por la Primera Sala de este Alto Tribunal, que respectivamente, a la letra dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(14)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(15)

Con base en lo anterior, esta Primera Sala debe verificar si los criterios contendientes cumplen los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis.

Ahora, el primer requisito se cumple, pues los Tribunales Colegiados ejercieron su arbitrio judicial mediante un ejercicio interpretativo al resolver los asuntos que tuvieron a su consideración.

En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 588/2017, puntualizó que la quejosa carecía de legitimación activa en la causa para promover la acción cambiaria directa basada en los pagarés que se anexaron a su demanda, ya que si bien el legislador estableció que los endosos debían constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo; lo cierto era que primero debía agotarse el llenado del endoso en el cuerpo del título de crédito cuando exista espacio suficiente y, posteriormente, en hoja adherida a éste, ello con la finalidad de que al adherirse al documento basal, los endosos, formen parte del mismo, de forma que no sean susceptibles de substituirse por otros, a conveniencia del portador del título basal. Por ende, si en los pagarés que exhibió, los endosos aparecían en hojas por separado (de la propia sentencia se advierte que se hizo una certificación secretarial en donde se hizo constar que los endosos en propiedad aparecían engrapados a cada uno de los pagarés en hojas de papel), ello a pesar de que se advertía espacio restante en los documentos fundatorios de la acción, era claro que los demandantes carecían de legitimación para promover la acción cambiaria direc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28387-6183b78f/endoso-el-articulo-29-de-la-ley-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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