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Modo: Corpus Pro

COPROPIEDAD. PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE SU DISOLUCIÓN ES SUFICIENTE ACREDITAR SU EXISTENCIA Y LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE UNO DE LOS COPROPIETARIOS DE NO PERMANECER EN LA INDIVISIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20885
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 122.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter civil.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron y que a continuación, en la parte que interesa, se transcriben:

I. Con fecha doce de abril de dos mil siete, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito dictó resolución en el amparo directo civil 196/2007, en la cual sustentó en la parte conducente, el criterio siguiente:

"En el tercer concepto de violación las quejosas aducen que la autoridad responsable infringió lo dispuesto en los artículos 951 y 953 del Código Civil y, consecuentemente, el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado, ya que no valoró en su justa medida todo lo actuado en el juicio de origen, al considerar que la carga de la prueba era para ellas, cuando debió ser todo lo contrario, es decir, la carga de la prueba debe ser para las demandadas en el principal, pues al haber afirmado que el inmueble acepta cómoda división, a ellas correspondía probar la factibilidad de la posible división del inmueble motivo del juicio, repartiéndolo sin alterar su naturaleza, esto es, que se puede repartir estableciendo partes iguales en precio, en forma y en accesorios inherentes a la propiedad, sin detrimento del valor de la misma, ya que el que afirma debe probar, lo cual no hicieron con algún medio de prueba, por lo cual se les debió condenar al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Lo expuesto es fundado, ya que si se atiende a los términos en los que se ejerció la acción, podrá advertirse que existen elementos suficientes para que aquélla sea acogida en la sentencia definitiva. En efecto, las quejosas, actoras en el juicio de origen, reclamaron de las demandadas las prestaciones siguientes: ‘a) La terminación de la copropiedad existente entre las actoras y las hoy demandadas, en virtud de que su dominio no es divisible y la finca no acepta cómoda división, respecto del inmueble ubicado en el no. 230 de las calles de Vázquez del Mercado, con una superficie de seiscientos veintiocho metros cuadrados, con las siguientes medidas, linderos y colindancias: ... b) Como consecuencia de la copropiedad que tenemos entre las demandadas y las suscritas, ellas al igual que nosotras tienen el derecho del tanto, sobre la finca motivo del presente asunto, previo avalúo que de la misma se realice y de no ejercerlo se saque a remate; c) Para que en su caso se divida en partes iguales el producto de la venta en pública almoneda; y d) El pago de gastos y costas que origine el presente juicio.’. El texto antes reproducido pone en relieve que las demandantes ejercieron como acción principal la terminación o cesación de la copropiedad habida entre ellas y las demandadas, respecto del inmueble ubicado en la calle Vázquez del Mercado doscientos treinta de esta capital, y como acción accesoria, la venta de ese bien raíz porque éste no admite cómoda división. Ahora bien, para que proceda la acción de terminación o cesación de la copropiedad, es suficiente con que se demuestre la existencia de ésta, es decir, que una cosa pertenece pro indiviso a varias personas; y que aquélla se ejerza, cuando menos, por uno de los copropietarios, poniendo de manifiesto su voluntad de no permanecer más en copropiedad. En el caso concreto, consta del expediente de origen que lo atinente a la existencia de la copropiedad y que las actoras tienen el carácter de copropietarias, no fue materia de controversia en el juicio de origen, por lo que al no constituir puntos litigiosos, debieron tenerse por demostrados, al margen de establecer a cuál de las partes correspondía probarlos. Luego, la terminación de la copropiedad es procedente, y así debe decretarse en la sentencia definitiva, ya que en términos del artículo 952 del Código Civil vigente en el Estado, los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa no pueden ser obligados a conservarlo indiviso; además de que en la especie no se encuentra demostrado que el bien inmueble objeto del debate sea indivisible por su naturaleza o por disposición de la ley, por lo que no se trata de una copropiedad forzosa. Y tocante a la venta del inmueble en litigio, asiste razón a las peticionarias de garantías en cuanto a que lo relativo a que dicho bien admite cómoda división, correspondía probarlo a las demandadas, acorde al artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, porque fueron ellas quienes afirmaron ese hecho, es decir, porque fue un hecho fundamento de la excepción opuesta contra la acción de venta ejercida por las actoras. En efecto, por lo que respecta a Clara de Jesús Pérez Gaona, al contestar la demanda -fojas 21 a 32- opuso, entre otras excepciones, las siguientes: ‘Falta de acción y de derecho; la fundo en el sentido de que las actoras no tienen acción en contra de la suscrita, por virtud del acuerdo que tenemos de aceptar la división de copropiedad y de que el bien admite cómoda división, por lo tanto no les asiste la razón y el derecho del cual pueda derivar su acción, por lo que les arrojo la carga de probar todos los elementos constitutivos de su acción, por virtud de esta excepción. La que emana del artículo 953 del Código Civil para el Estado; misma que se funda en una interpretación a contrario sensu, ya que la finca que pretenden que se venda en subasta las actoras, sí admite cómoda división, por lo tanto es improcedente la acción que pretende se venda la finca.’. Mientras que la demandada María de Lourdes Paulina Pérez Gaona, en su escrito de contestación -fojas 32 y 33- se excepcionó diciendo, entre otras cosas: ‘3. Es improcedente la acción intentada por la parte actora ya que reclama la venta de la finca ubicada en la calle Vázquez del Mercado #230 (sic) de esta ciudad basándose sólo en el hecho de que por no admitir subdivisión no es materia de cómoda división; mas al respecto es de manifestar que existen diversas formas de aprovechar un inmueble de manera común, respetando un área privativa para cada condueño, sin necesidad de recurrir a su subdivisión, y que como consecuencia repercuten en una cómoda división, lo que excluye la venta de la finca materia de copropiedad.’. Es por eso que la autoridad responsable, en el nuevo fallo que habrá de emitir, deberá examinar lo atinente a la venta del inmueble en litigio, partiendo de la base de que es a las demandadas a quienes corresponde la carga de acreditar que dicho bien sí admite cómoda división, para lo cual ponderará todas las pruebas que éstas hayan rendido. Y en el hipotético caso de que ese aspecto no se haya acreditado, habrá de reservar su demostración para la fase de ejecución de sentencia, pues como la demanda encaminada a obtener la cesación o terminación de la copropiedad no requiere que se demuestre que la cosa no admite cómoda división -sino sólo que existe copropiedad y que hay voluntad de cuando menos uno de los copropietarios de no querer permanecer en la indivisión- nada impide que aquel aspecto -que el bien no admite cómoda división- pueda ser objeto de prueba en el periodo de ejecución, incluso, al prever el artículo 991 del Código Civil vigente en el Estado que tratándose de la terminación de la copropiedad pueden observarse, de ser el caso, las reglas previstas para la partición de la herencia, de no admitir cómoda división el bien en litigio, podrá ordenarse la venta de dicho bien, pudiéndose adjudicar por mitad de su valor a uno de los copropietarios, designado por la suerte, si verificadas tres almonedas no hubiere postor, tal como específicamente lo prevén los artículos 760 y 761 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que literalmente dicen: ‘Artículo 760. Si se suscitare cuestión sobre si los bienes admiten cómoda división, el Juez oyendo a un perito que él nombre, decidirá lo que proceda en justicia.’. ‘Artículo 761. Si verificadas tres almonedas no hubiere postor para que los bienes que no admitan cómoda división, se sortearán y al que designe la suerte se adjudicarán por la mitad de su valor.’. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis III.5o.C.83 C, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 1758, con el rubro y texto que dicen: ‘DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN. NO ES ELEMENTO DE LA ACCIÓN LA FACTIBILIDAD DE LA DIVISIÓN MATERIAL DEL BIEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable la diversa tesis I.8o.C.266 C, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 1336, que dice: ‘DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN, ACCIÓN DE. PROCEDE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL PREDIO ADMITA O NO CÓMODA DIVISIÓN.’ (se transcribe). Por las razones anteriores, este órgano colegiado discrepa del criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el cual se apoyó la autoridad responsable, contenido en la tesis I.3o.C.726 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, septiembre de 1994, página 297, con el rubro: ‘COPROPIEDAD DE INMUEBLE, DIVISIÓN DE LA. ES IMPROCEDENTE DEMANDAR CON ESE OBJETO LA VENTA DEL INMUEBLE SIN ANTES COMPROBARSE ALGUNA DE LAS CAUSAS QUE SEÑALA LA LEY QUE CONDUZCA A ESA MEDIDA.’, en cuyo texto claramente establece que si uno de los condueños demanda que se ponga fin a la indivisión mediante el remate del inmueble respectivo, es improcedente tal demanda si no se prueba alguna de las causas previstas por el artículo 940 del Código Civil, esto es, que el dominio es indivisible, que la cosa no admite cómoda división, y que los partícipes no han convenido en que sea adjudicada a alguno de ellos; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo procedente. En las condiciones relatadas, lo que se impone es conceder a las quejosas el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar dicte otra, en la que, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, decrete la terminación o cesación de la copropiedad habida entre las partes, respecto del inmueble en litigio; y en cuanto a la solicitud de venta de ese bien, pondere las pruebas que al respecto hayan ofertado las demandadas, dado que es a ellas a quienes corresponde la carga de demostrar si el citado bien admite cómoda división, y para el caso de que tal aspecto no se haya acreditado, reserve su demostración para la fase de ejecución de sentencia, determinando lo conducente en cuanto a las costas ..."

El anterior criterio originó la tesis número XXIII.3o.19 C, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"COPROPIEDAD. PARA QUE SE DECLARE LA TERMINACIÓN DEL ESTADO DE INDIVISIÓN ES INNECESARIO QUE SE ACREDITE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSAS PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 953 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PORQUE ÉSTAS SÓLO ATAÑEN A LA ACCIÓN DE VENTA DEL BIEN COMÚN. Si en la demanda promovida por uno o más de los copropietarios se solicita, por un lado, la cesación o la terminación de la copropiedad, y por otro, la venta del bien común, como se trata de dos acciones, así deben examinarse en la sentencia definitiva, es decir, sin que para la procedencia de una se exija la demostración de aspectos que tienen que ver con la otra. Por tanto, para que se declare la terminación o la cesación de la copropiedad no es necesario que la parte actora demuestre que se han actualizado las causas previstas por el artículo 953 del Código Civil, es decir, que el dominio no es divisible o que la cosa no admite cómoda división, y en cualquiera de las dos anteriores, que los partícipes no han convenido en que la cosa sea adjudicada a alguno de ellos, pues además de que tales aspectos sólo están relacionados con la acción de venta del bien común, aquella acción prospera siempre que se pruebe la existencia de la copropiedad, así como la voluntad de uno o más de los copropietarios de no querer permanecer en la indivisión, de ahí que una vez demostrados estos elementos, debe ordenarse la terminación de la copropiedad, ya que de lo contrario se obligaría a los copropietarios demandantes a permanecer en la indivisión, lo cual prohíbe el diverso artículo 952 de la referida legislación cuando, como en el caso, no se trata de una copropiedad forzosa.

"Amparo directo 196/2007. Martha Rosalía Pérez Gaona y otras. 12 de abril de 2007. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretario: Gelacio Villalobos Ovalle."

(Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, tesis XXIII.3o.19 C, página 2058).

II. Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dictó sentencia en el amparo directo 3843/94 el once de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en los siguientes términos:

"QUINTO. Se advierte de la sentencia reclamada que la Sala responsable acogió el agravio que le plantearon los ahora quejosos, en el sentido de que en la sentencia recurrida se omitió el estudio de la excepción que opusieron consistente en la falta de acción de los actores porque demandaban el remate y desocupación del inmueble respectivo sin antes haber obtenido la liquidación del negocio establecido en esa finca y también sin obtener la cesación de la copropiedad; y esa autoridad, enmendando así la sentencia de su inferior, advirtiendo que la falta de acción (sine actione agis) no constituye propiamente una excepción sino una simple defensa que consiste sólo en negar el derecho del actor para reclamar las prestaciones que señala, quien tiene a su cargo la prueba de la acción conforme a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, consideró que dicha excepción es improcedente, en razón de que si bien es cierto que para proceder a disolver una sociedad, primero existe la obligación por parte de los socios de liquidarla, y que también es cierto que se hace necesario solicitar la cesación de la copropiedad, sin embargo si del escrito de demanda se desprende claramente la intención de la actora de no continuar con el bien indiviso en copropiedad; es incuestionable que la acción resulta procedente; por lo que se refiere a la liquidación de la sociedad, debe decirse, que este rubro quedó también acreditado en autos, en las copias que anexó de las diligencias de jurisdicción voluntarias promovidas por la propia actora, en donde se solicita que se le notifique a los copropietarios el derecho que les asiste respecto de la rendición de cuentas; en esas condiciones, la acción intentada por la parte actora, no adolece de vicio alguno que la haga improcedente. De lo antes asentado, los criterios de la Sala acerca de que para disolver una sociedad previamente debe liquidarse (debe ser lo contrario; primero es la disolución y posteriormente la liquidación) y que es necesario solicitar la cesación de la copropiedad, son conformes a derecho (con la salvedad anotada), ya que si lo controvertido en el juicio básicamente es la cesación de la copropiedad que existe entre las partes sobre el inmueble a que se refiere la demanda inicial, y de acuerdo con lo confesado por los actores y demandados, en dicha finca funciona un negocio de hospedería del que todos ellos participan, que significa la existencia de una sociedad dedicada a esa actividad, resultaría ilógico declarar la cesación de la copropiedad perdurando aquel contrato entre los mismos condueños, que en esa hipótesis necesariamente equivaldría a su disolución, en su perjuicio y también presuntamente de los terceros, y de la subsecuente liquidación que exige la ley en caso de disolverse una sociedad; y en lo que ve a la terminación de la copropiedad del inmueble para dar nacimiento a la propiedad individual en lugar de la parte alícuota de los condueños, o bien de repartirse el precio de la cosa en caso de efectuarse su venta, también hace necesaria la declaración expresa de esa mutación del derecho de propiedad, por parte del órgano jurisdiccional, por tratarse de una institución regida por la ley civil. En ese orden de ideas, es contradictorio con el criterio expuesto (admitido por la Sala), el considerar procedente la acción inicial en donde los actores demandan el remate del inmueble efecto a la copropiedad y otras prestaciones accesorias, dado que no la hace procedente el hecho de que los actores promovieron con antelación las diligencias de jurisdicción voluntaria a que se contrae la copia certificada de esas actuaciones que corre a foja 7 y siguientes del principal, pues sus fines de que los después demandados disponen de cuarenta días para rendir cuentas sobre los productos o utilidades del negocio de renta de departamentos amueblados, proceden a liquidar ese negocio, y la expresión de la voluntad de los después actores en venderles a sus contrarios el cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que les asisten sobre la finca de la propiedad común, independientemente de la utilidad o no del contenido de las precitadas diligencias como justificativas de los hechos fundatorios de la acción del juicio principal, no purgan las apuntadas deficiencias de la demanda, de no comprender la cesación o terminación de la copropiedad y haberse demandado la disolución de la sociedad a que se hizo mérito, que, conforme a lo acabado de exponer, debió encaminarse a esos particulares, o sea la comprobación de algunas de las causas que señala el artículo 940 del Código Civil, que, actualizada, hiciera procedente la venta judicial del inmueble de referencia y repartirse el precio entre los interesados, habida cuenta que a nadie (copropietario) puede obligarse a mantener en la indivisión, como lo estatuye el artículo 939 del Código Civil, con la salvedad que consigna. En tal virtud, la sentencia reclamada de la Sala, al confirmar la pronunciada en el juicio de origen y sólo en lo tocante a los resolutivos primero y segundo del propio fallo, se aparta de los principios establecidos que devienen de la lógica y recta interpretación de los preceptos de la ley que rigen la copropiedad y la disolución de la sociedades, y por tanto viola en perjuicio de los quejosos las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, que da lugar a concederles el amparo que solicitan contra dicho acto."

De lo anterior se originó la tesis I.3o.C.726 C, que es del texto y rubro siguientes:

"COPROPIEDAD DE INMUEBLE, DIVISIÓN DE LA. ES IMPROCEDENTE DEMANDAR CON ESE OBJETO LA VENTA DEL INMUEBLE SIN ANTES COMPROBARSE ALGUNA DE LAS CAUSAS QUE SEÑALA LA LEY QUE CONDUZCA A ESA MEDIDA. Tratándose de la copropiedad de un bien inmueble, la demanda de uno de los condueños con el objeto de que, para poner fin a la indivisión se proceda al remate del inmueble respectivo, es improcedente, ya que la promoción en tal sentido debió encaminarse a demostrar alguna de las causas que señala el artículo 940 del Código Civil, que, actualizada, hiciera procedente el remate de dicho bien y repartirse el precio entre los interesados." (Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, septiembre de 1994, tesis I.3o.C.726 C, página 297).

"Amparo directo 3843/94. Guillermo Desachy Espíndola y otra. 11 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Gustavo Sosa Ortiz."

CUARTO. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.

Tienen aplicación las siguientes tesis que a continuación se transcriben:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así." (Tesis P. L/94, publicada en la página treinta y cinco, tomo ochenta y tres, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Pleno, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados." (Tesis de jurisprudencia 2a./J. 94/2000, Segunda Sala publicada en la página trescientos diecinueve, Tomo XII, noviembre de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).

QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, reúnen o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 26/2001, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Tesis P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis).

También lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirve como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales prevén:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial transcrito, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicción de tesis, como son: a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y, c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

De lo anterior, cabe destacar que la existencia de la contradicción de tesis requiere de manera indispensable que la oposición de criterios surja entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretación de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que, precisamente, como antes se definió, esas consideraciones justifican el criterio jurídico que adopta cada uno de los órganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a través de las ejecutorias de amparo materia de la contradicción de tesis.

Precisadas las premisas aludidas, que delimitan el marco teórico en que se desenvuelve este asunto, debe establecerse si en el caso existe oposición entre los criterios denunciados y, para ponerlo de manifiesto, son de considerarse los antecedentes medulares de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados que dieron origen a la presente contradicción, mismos que a continuación se resumen.

I. En el amparo directo número 196/2007, se advierte lo siguiente:

El doce de abril de dos mil siete, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito pronunció sentencia, en la cual otorgó el amparo y protección a la parte quejosa, porque estimó fundado el tercer concepto de violación relativo a que la Sala responsable transgredió los artículos 951 y 953 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, porque estimó que a la actora le correspondía demostrar que el inmueble afecto a la controversia es indivisible, que no admite cómoda división y que no es voluntad de los copropietarios que sea adjudicado a alguno de ellos.

Lo anterior el órgano colegiado lo consideró, pues del juicio de origen advirtió que las actoras en ese p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20885-3ca87788/copropiedad-para-que-proceda-la-accion-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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